A casi cuatro años de iniciado el movimiento de las comunidades que se oponen a la presa La Parota, los gobiernos federal y estatal buscan enfrentar a comuneros y ejidatarios para que se decidan a dejar sus tierras. Para ello regalan dinero, despensas y, como nunca antes, realizan obras públicas en las comunidades que quedarían bajo el agua.
Agua Caliente, Gro. Se lanzan epítetos de “revoltosos” y “vendidos”. Siempre han vivido y trabajado juntos, pero ahora ya no se reconocen como parte de la misma comunidad. Son igualmente campesinos pobres que no apean el machete y calzan huaraches, usan sombrero costeño y llevan las mangas y pantalones remangados; crían “cuches” o cerdos que, aunque macilentos, brotan por todos los callejones, caños y rincones de los pueblos, y siembran maíz o “cintli”.
Pero ahora se dividen entre los que se resisten a dejar sus tierras y entre los que han sido convencidos por el gobierno del estado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de las “bondades” de la presa La Parota.
La mayoría de las familias de las 36 comunidades afectadas se mantienen en la organización que los pueblos crearon para oponerse al proyecto gubernamental: el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP); sin embargo, el gobierno del estado, sobre todo después de la llegada al poder del perredista Zeferino Torreblanca, ha logrado articular a un “grupo de choque”, a decir de los que se mantienen en resistencia, que pugna por la venta de sus tierras.
En efecto, las riñas que han dejado tres muertos y varios heridos por machete comenzaron en 2005, pero amenazan con recrudecerse ante la injerencia del gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, quien incluso ha organizado y encabezado marchas de apoyo a las obras de la CFE. Para los campesinos de Agua Caliente, sólo con la anuencia del gobierno los grupos a favor del proyecto han logrado obtener y portar ostentosamente armas de “alto poder” y con ellas amedrentar a sus adversarios.
Y es que pueblos, donde las calles siempre fueron de tierra, ahora se empiezan a pavimentar, aunque se llegue a ellos por caminos de “terracería”. También ya cuentan con algunas canchas y centros de salud y se electrifican las regiones donde se tuvo conocimiento de la CFE hasta que les dijeron que esta empresa quería sus tierras.
“Quieren comprar conciencias con obras sociales. En lugares como San Juan Cacahuapetec el gobierno está pavimentando las calles. Es un pueblo chico y les hizo clínica, les reparó la iglesia. Con eso quieren engañar a la gente y hacer crecer lo que no les ha resultado: el movimiento que quieren oponer al CECOP”, dice José Venus Hernández, uno de los líderes y voceros del movimiento.
El CECOP logró detener las obras que ya se realizaban en las tierras y arrancó del subcomandante Marcos el compromiso de poner a su disposición el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en caso de que el movimiento fuera reprimido por el Ejército Mexicano.
La presa La Parota “sólo podrá hacerse con una guerra en el sureste mexicano”, había dicho el guerrillero el 16 de abril pasado cuando, como parte de la gira de La Otra Campaña, llegó hasta Agua Caliente para reunirse con alrededor de dos mil comuneros que lo recibieron con los machetes en alto gritando “vivas” al EZLN y “mueras” a los gobiernos federal y estatal.
“Y en su momento nosotros vamos a decidir si aceptamos el apoyo que nos han ofrecido todas las organizaciones. Porque nuestra lucha es justa, es pacífica y tenemos la razón; pero estamos dispuestos a llegar hasta lo máximo en la defensa de nuestras tierras. No saben lo que es para nosotros la tierra, es nuestra madre y la vamos a defender”, dice con tranquilidad el indígena nahua Alfonso García Vázquez, presidente del Comisariado Autónomo de los bienes comunales de Arroyo Verde.
Rechaza que las autoridades hayan tenido éxito al tratar de impulsar una organización a favor de la presa. “No han podido hacer crecer ese grupo, pero lo que nos preocupa es que ellos traen armas de alto poder y las andan mostrando todo el tiempo. Por menos de eso a nosotros ya nos hubieran metido a la cárcel. Y, además, de dónde sacan las armas. Pensamos que se las dio el propio gobierno”.
A principios de noviembre se enfrentaron simpatizantes de ambos grupos en San Isidro Cacahuatepec. Hubo lesionados y ambos bandos se acusan de portar armas. Dicen tener conocimiento de una lista de alrededor de 10 órdenes de aprehensión que ejecutarían agentes de la Procuraduría General de la República en los próximos días. Por ello varios líderes del CECOP han dejado de participar en las movilizaciones sin dejar de militar en el movimiento.
Se le conoce simplemente por presa La Parota, pero se trata de un proyecto hidroeléctrico impulsado por los gobiernos federal y estatal. Su realización está a cargo de la CFE y pretende afectar tierras de los municipios Acapulco, Juan Escudero y San Marcos. La obra tiene por objetivo, según la CFE, dotar de energía eléctrica al centro del país, lo cual implica la inundación de 17 mil hectáreas de selva, de 36 comunidades integradas en 16 núcleos agrarios y el desplazamiento directo de 25 mil personas e indirecto de 75 mil.
Las irregularidades comenzaron desde 2003, cuando sigilosamente y sin dar parte a las comunidades ingresó maquinaria para ampliar caminos, rastrear, realizar perforaciones y talar árboles. Entonces no sólo no se había pedido autorización al pueblo de Cacahuatepec, donde iniciaron los trabajos, sino que ni siquiera se contaba con permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La opacidad siempre fue la característica del proyecto. Los gobiernos impulsaron varias asambleas fuera de las comunidades en donde sólo tenían acceso los escasos comuneros y ejidatarios a favor de la presa. Ahí se falsificaron firmas y votaron quienes no tenían derecho a voto.
Sin embargo, los campesinos han ido derribando el “avanzado proyecto” -según las autoridades- por la vía jurídica. En enero de 2005 el Tribunal Unitario Agrario anuló la asamblea de bienes comunales de Cacahuatepec en donde supuestamente se había aceptado la venta de las tierras. Ante los jueces, los comuneros acreditaron la serie de irregularidades que se cometieron durante las “asambleas”. Por ello, el Tribunal consideró que tanto las reuniones, como lo que se había resuelto en ellas, eran ilegales.
A pesar de ello, y de las movilizaciones, la CFE intentó continuar con el rastreo y las perforaciones; pero el 22 de octubre pasado el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 41, resolvió otorgar las medidas cautelares solicitadas dentro del juicio agrario 447/2005 “para efecto de que la Comisión Federal de Electricidad se abstenga de ingresar a las tierras de bienes comunales de Cacahuatepec”.
Asimismo, el Tribunal le señala al Comisariado de bienes comunales que “le está terminantemente prohibido celebrar convenios de ocupación previa o temporal con la Comisión Federal de Electricidad, hasta en tanto concluya el respectivo juicio por sentencia ejecutoriada”. Es decir, los campesinos lograron por las vías legales que las tierras se mantengan intactas.
Decenas de anuncios espectaculares que señalan que la CFE es “una empresa de clase mundial” bordean la cacariza carretera que corre de Acapulco a la entrada de Agua Caliente. Junto a chozas de lámina y chamiza se puede leer: “Nuestra filosofía es ser cada día más competitivos para ofrecer al cliente un servicio de excelencia con pleno respeto al medio ambiente”.
Salomón Hernández, del pueblo El Cantón, echa su sombrero hacia atrás y se reacomoda el machete que porta en el hombro. “Si no fuera porque la lucha es por la tierra, yo ni me metería en nada”. El anciano de ojos grisáceos mezcla en su conversación el español y el náhuatl o “mexicano”. “Muchos pensaron que con Zeferino (Torreblanca, gobernador de Guerrero) ya se iba a solucionar todo; pero más bien vino a tratar de hacer lo que los (gobernadores) pasados no pudieron.
“Pero hay algo que ustedes los catrines no entienden. La tierra es nuestra madre. Y por ella, todo. No tenemos miedo a morir. Estos huaraches me acompañan en el monte, pero van llegar a México si es necesario”.
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