Con una masiva presencia en los grandes medios de comunicación social y el manejo del mercado, la burguesía venezolana ha emprendido una nueva batalla para recuperar el poder. Primero provoca el desabastecimiento y para resolverlo exige el aumento de tarifas y la devolución de propiedades confiscadas para reimpulsar la producción agrícola
Aunque el gobierno anuncie y promueva la construcción del socialismo, la sociedad venezolana se sigue rigiendo por las leyes capitalistas. Los esfuerzos de gobierno por regular el mercado, a través de los mercados populares, fijación de precios, impulso a las cooperativas y creación de empresas mixtas y estatales para promover la producción nacional, no logran romper con el control del mercado de las grandes cadenas comerciales privadas.
El consumo de todo tipo de productos está en permanente alza, y esa desesperación por consumir facilita el trabajo de los empresarios que todavía manejan el mercado a su antojo.
Las empresas privadas siguen dominando la producción, la distribución y las bocas de venta.
Mientras, las intenciones del gobierno por quebrar esa dependencia chocan con la burocracia del aparato estatal, la corrupción que parece un mal casi endémico, y cierta desorganización.
La capacidad de consumo de los venezolanos ha aumentado. No sólo porque el gobierno incorporó al mercado a miles de personas que antes no contaban, sino porque además los sectores más pudientes han aumentado sus ingresos.
Cuando Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999, el 50,2% de la población vivía en la pobreza. El 42% estaba en condiciones de miseria. Nueve años después, la miseria se redujo al 9,4% y las personas que viven en la pobreza se stima en el 33,7% de la población.
Esta enorme reducción de ambos factores se debió a una mayor distribución de los recursos petroleros, a través de numerosos programas sociales, las denominadas misiones, para llevar salud y educación gratuita a millones de venezolanos.
Casi todos los índices de consumo han crecido en los últimos años, desde los productos básicos, hasta materiales de construcción y vehículos cero kilómetros.
De esta manera, los sectores empresariales que siguen controlando el mercado, especulan escondiendo mercancías para, por un lado, presentar al gobierno bolivariano como ineficiente y beneficiar a los partidos burgueses de la oposición, y también para lograr aumento de precios y derribar los controles estatales.
Una recorrida por los supermercados capitalinos y ciudades cercanas, muestra que en muchos falta leche en polvo, arroz, azúcar, harina, entre otros productos básicos.
Es una escasez desigual, porque no hay carencia del mismo producto en todos lados, y cuando el gobierno tensa su red de distribución, los productos aparecen nuevamente en todas partes como arte de magia. Es decir, las grandes cadenas esconden los productos y cuando el gobierno comienza a abastecer el mercado, vuelven a asumir la competencia.
En el pasado mes de enero, el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y del Usuario aplicó sanciones a 3.200 comercios, por especular con alimentos y suba de precios.
Jorge Domínguez, director nacional de Inspección y Fiscalización del organismo reveló que no existe un desabastecimiento real, sino que hay fallas puntuales en la distribución de algunos rubros, compra nerviosa de la población preocupada por las informaciones tendenciosas de los medios de comunicación privados, y la especulación de los comerciantes.
Por otra parte, las autoridades venezolanas han denunciado el contrabando de productos básicos del país hacia Colombia.
Ante esta situación han aumentado los controles carreteros y en las últimas semanas han incautado miles de toneladas de alimentos que faltaban en los anaqueles de los supermercados e iban destinados a la frontera.
A principios de mes, representantes de consejos comunales de varios municipios de Caracas manifestaron contra la especulación y exigieron ”mano dura”. Una de las representantes de los consejos comunales, Graciela Torres, reclamó que si el gobierno, ”no es capaz de ponerle coto a la situación, entonces que dejen al pueblo organizado tomar las medidas necesarias para acabar con estos abusos”.
Los mercados subsidiados, Mercal, tiendas privadas que deben distribuir productos básicos entregados por el gobierno a precios bajos y regulados han sufrido retrasos en la entrega de productos, y algunos han caído en la especulación.
Para intentar resolver esta situación, el gobierno se vió obligado a realizar varias acciones, una de ellas, firmar un convenio con una distribuidora mayorista privada para realizar el abastecimiento a esos comercios, incorporar la flota de vehículos de las fuerzas armadas a la distribución, y crear nuevas redes de distribución y ventas a través de la empresa estatal petrolera PDVSA.
El presidente del gremio de empresarios, Fedecámaras, José Manuel González, rechazó la responsabilidad de sus afiliados en el desabastecimiento de algunos productos, y aclaró que para reactivar la producción y el abastecimiento ”es necesario desmentar el control de precios”.
”La causa del desabastecimiento es la política implementada por el Ejecutivo, gobernar no es estatizar empresas, gobernar es crear las condiciones para el desarrollo y diseñar políticas económicas que obedezcan a los intereses del país” exclamó, confudiendo los intereses del país con los del sector empresarial.
Más claro, echarle agua. Si suben los precios, los productos aparecerán.
Por su parte, el presidente de Conindustria, Eduardo Gómez Sigala, pidió mayor flexibilización para la importación de bienes y productos, y acceso a la compra de moneda extranjera sin restricciones.
Los empresarios y varios economistas afiliados al libre mercado, sostienen que las nacionalizaciones de algunos empresas, la entrega de tierras a campesinos en cooperativas, ha provocado una caída de la producción, y que es necesario revertir el proceso.
En una entrevista en televisión, el titular de Fedecámaras también abogó por liberar el tipo de cambios y devaluar la moneda para incentivar la exportación de productos industriales. El industrial quiere exportar materiales de construcción, hoy escasos por el auge del sector a través de las obras estatales, pero también de construcciones privadas en Caracas se construye el mayor centro comercial privado de Latinoamérica pese a que el precio de los productos en el mercado interno ha aumentado entre el 10 y 20%.
La misma situación de vive en el sector automotor, donde además se han generado una nueva modalidad de especulación.
La venta de vehículos cero kilómetros ha crecido exponencialmente y los nuevos propietarios deben esperar hasta un año o más para recibir sus unidades.
Los créditos para la adquisición de vehículos y el aumento del poder de compra llega hasta las clases medias bajas que se anotan para adquirir unidades nuevas.
Venezuela cuenta con 6 plantas armadoras de vehículos, pero sólo una funciona en más de un turno pese a la enorme demanda. Colombia tiene 3 plantas armadoras y funcionan todas en 3 turnos, especialmente para cubrir la demanda de Venezuela.
Es decir que los fabricantes no quieren resolver la escasez de vehículos ni aumentar los puestos de trabajo en Venezuela. Así benefician al gobierno colombiano con más puestos laborales y exportaciones, y fomentan la especulación y el descontento en Venezuela.
En los últimos días se ha denunciado que una mafia de especuladores se anota en la compra de nuevos vehículos que tienen un precios estimado en 30 mil dólares al precio oficial del dólar. Una vez que reciben las unidades nuevas, enseguida las ponen a la venta en internet a precios superiores a 40 mil dólares.
Muchos ansiosos compradores, en lugar de esperar un año por sus nuevos vehículos, pagan ese sobreprecio por unidades que en otros paises podrían catalogarse de ”usadas”.
Los titulares de las prensa opositora sostienen categóricos que ”La recolección de basura en el país está al borde del colapso” (título del diario Ultimas Noticias del 3 de febrero). Las notas son ilustradas con fotos de enormes basureros.
La única manera de impedir el ”colapso” según los titulares de las empresas privadas que recogen la basura en las grandes ciudades, es un aumento de las tarifas que cobran por el servicio urbano.
Los empresarios basureros se quejan que desde hace 6 años no han recibido aumento en las tarifas que el gobierno paga para la recolección de la basura, y sostienen que el costo de recolección de una tonelada de basura es de 140 bolívares fuertes (70 dólares al cambio oficial) mientras que sólo reciben la mitad del gobierno.
Este desfasaje, sostienen, se deben a aumento de los respuestos y del material utilizado, y fundamentalmente a que el salario básico de los trabajadores del sector, pasó de 160 a 614 bolívares fuertes en el mismo período.
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