La disputa por el Golfo de México

Fuente de petróleo, gas, pesca y minerales estratégicos, los 1.8 millones de kilómetros cuadrados que constituyen el espacio estratégico del Golfo de México albergan un potencial energético, cuya explotación equivale a miles de millones de dólares anuales que se dividirán México, Estados Unidos y Cuba.

La delimitación de esa zona carece de una normativa legal. Ante la posible exploración de hidrocarburos en los yacimientos transfronterizos, México –que tiene el 83 por ciento de las reservas de crudo y el 33 por ciento de las de gas en esta área– se encuentra en desventaja jurisdiccional frente a Estados Unidos.

La falta de un tratado de aguas internacionales que acote legalmente el acceso a los recursos que comparten los países ribereños del Golfo de México –México, Belice, Guatemala, Cuba y Estados Unidos– posibilita a las petroleras trasnacionales hacerse de esos recursos.

En 2000, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la entonces canciller Rosario Green firmó con la secretaria de Estado estadunidense, Madeleine Albright, el tratado con Estados Unidos para delimitar el llamado Hoyo de Dona Occidental, también conocido como Polígono Occidental. Ahí se estableció la moratoria de 10 años para que ninguna de las partes firmantes o sus empresas realizaran actividades de exploración y explotación en hidrocarburos.

Ocho años después, la misma excanciller lanzó un llamado para que al fin de esa moratoria se establezca un “código de ética” entre los Estados firmantes, que impida el surgimiento de controversias en el Golfo de México. Pese a esa moratoria, se afirma que los estadunidenses y las empresas petroleras se anticiparon y ya realizan exámenes prospectivos para determinar su potencial energético, incluso, avanzaron en la explotación.

Al respecto, Andrés Barreda, autor del estudio La explotación petrolera en las aguas profundas de México (2007) e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirma que “los estadunidenses han estado explotando la parte norte del Golfo. No sólo tienen una gran cantidad de pozos, sino que instalaron ahí la red de ductos submarinos más importante del planeta”.

Para Barreda, desde el gobierno de Ernesto Zedillo se planeó que el Golfo de México fuese una zona de desarrollo geopolítico nacional, pues en el Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000 se propusieron distintas zonas de integración urbano regional que contemplaban la construcción de corredores interoceánicos, como el Nogales-Guaymas, el Nuevo Laredo-Manzanillo, el Veracruz-Acapulco y el del Istmo de Tehuantepec.

Fabio Barbosa, investigador e historiador del Instituto de Investigaciones Económicas, asegurar que las firmas petroleras estadunidenses aún no exploran en esa zona del Golfo de México. Para conocer el potencial de riqueza al que pretenden acceder las petroleras trasnacionales, cabe recordar que los mercados internacionales de crudo reaccionaron entusiastas el 11 de septiembre de 2006, cuando Chevron, Statoil y Devon anunciaron el descubrimiento del yacimiento petrolero Jack, en el Golfo.

La producción de Jack se estima en 100 mil millones de barriles, de acuerdo con el Instituto Francés de Petróleo. Dicha cifra contrasta con los 29 mil millones de barriles de las reservas estadunidenses de gas y petróleo, según informes del Departamento de Energía de ese país. El descubrimiento ocurrió cuando el pozo Cantarell –el segundo a nivel mundial por su producción y que provee más del 60 por ciento de la producción total de crudo mexicano– inició su declinación. Recursos y soberanía

El descubrimiento –justo cuando se anuncia el pick oil (el fin del petróleo abundante)– también es importante para México. El 17 de noviembre de 2008, Petroleum Intelligence Weekly destaca que, en “un movimiento sin precedente, el país (México) ha vendido por adelantado su volumen total de exportación de alrededor de 1.4 millones de barriles diarios para 2009, a un precio de 70 dólares el barril, para garantizar 35 mil millones de dólares en ingresos petroleros”.

Esa venta anticipada del crudo mexicano no considera el potencial petrolero de los yacimientos transfronterizos, que existen en las llamadas Donas, cuyo estatuto legal aún está por definirse entre México, Estados Unidos y Cuba. De explotar los recursos que subyacen en esa zona, la renta que el país recibiría anualmente por su crudo se duplicaría, estiman analistas.

En 1998, el Petroleum Intelligence Weekly aseguró que el gobierno mexicano obtuvo 90 por ciento de la zona transfronteriza conocida como Perdido en el Golfo de México, tras la negociación del tratado limítrofe entre México y Estados Unidos. Del otro lado de esa frontera marítima predominaban, y aún lo hacen, los intereses de las trasnacionales petroleras: Shell (holandesa), Exxon (estadunidense), Statoil (noruega), Petrobras (brasileña), Repsol (española), Schlumberger (francesa), Chevron (californiana), Halliburton (texana).

La presión por allegarse parte de los recursos petroleros que yacen en el Golfo de México estaría en función de que la renta petrolera de esa región es la más alta del mundo, como citó una década atrás la Petroleum Intelligence Weekly.

Los riesgos

Un riesgo en ciernes para los intereses de México en general y de Pemex en particular, respecto del Golfo, es que al permitirse la operación abierta de las petroleras en un espacio que comparten tantos Estados nacionales, éstos podrían invocar la protección de instrumentos legales que no siempre respetan la jurisdicción de las cortes de los países en los que trabajan.

Así ocurrió con la estadunidense Exxon Mobil, que para asociarse con Petróleos de Venezuela creó la compañía Mobil-Cerro Negro, con sede en los Países Bajos, para explotar el proyecto Cerro Negro. Cuando estalló el diferendo con el gobierno venezolano, la filial de Exxon Mobil invocó la protección del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones (en vigor desde agosto de 1993) y que le garantizó que el caso se discutiera en el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés).

Tal riesgo estuvo presente en el debate sobre la reforma petrolera en México, como se evidenció en el foro “Yacimientos transfronterizos: una perspectiva de derecho internacional”, en el que el académico Néstor Mártir Romero advirtió que hacia 2010, Estados Unidos podría comenzar a extraer petróleo equivalente a 130 mil barriles diarios sin que el gobierno mexicano contenga la explotación masiva del subsuelo marino que comparte, a través del llamado “efecto popote”: un concepto que explica cómo segundos y terceros países podrían extraer reservas que corresponden a México en los yacimientos transfronterizos.

También en esa ocasión, Rosario Green Macías, actual presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se manifestó por la negociación entre los países; acorde con esa postura estuvo el senador sinaloense y presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida, quien se pronunció por “negociar un acuerdo con los países con los que comparte frontera marítima”. Contralínea solicitó una entrevista con la senadora para abundar sobre el tema, pero no hubo respuesta.

Pugna legal

De acuerdo con la versión de Rosario Green Macías, durante el pasado foro, hasta septiembre de 2008, la Secretaría de Relaciones Exteriores desarrolló “algunas acciones” encaminadas a establecer un acuerdo marco con Estados Unidos sobre esos yacimientos en el Golfo de México. Explicó que el objetivo de esas acciones es proteger los recursos petroleros que corresponden al país, explicó la excanciller, en virtud de que la zona Occidental del Hoyo de Dona está protegido hasta 2010 por el tratado bilateral de delimitación, que establece una moratoria para la perforación petrolera y que vence en enero de 2011.

Entretanto, el llamado Polígono Oriental (que va de Tamaulipas al borde del Polígono Occidental en la zona Perdido) está aún sin delimitar y lo comparten Estados Unidos, México y Cuba. Esa negociación se observa como “difícil” por parte de los especialistas en derecho internacional, en virtud de que Estados Unidos no reconoce la jurisdicción del Tribunal Internacional de Derecho del Mar.

Al preparar un acuerdo marco sobre la región oriental de la Dona, México presentó un informe sobre el Polígono Occidental a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 2007, de conformidad con la “frontera marítima bilateral” que establece el tratado México-Estados Unidos, del 9 de junio de 2000. También, miembros de la cancillería se reunieron el 20 de agosto de 2007 con la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas en busca de información para normar el diseño de ese acuerdo marco.

En opinión del doctor Manuel Becerra Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el derecho internacional existe un concepto que se refiere a la administración de los recursos naturales transfronterizos que define: “Cualquier proceso de cooperación a través de las fronteras que facilita o bien mejora la administración de los recursos naturales para el beneficio de todas las partes involucradas en el área, de acuerdo con la tesis Evaluación del estatuto de la Administración de Recursos naturales Transfronterizos en Botswana (de Chengeta Zuma y Nyasha Chishakwe, 2002).

Esa tesis explica la experiencia internacional en Botswana, donde existe un entramado jurídico, vía tratados internacionales, que establece la administración de esos recursos transfronterizos con una política de acuerdos internacionales relativos al turismo, conservación y protección del medio ambiente. Por lo tanto, indica Becerra Ramírez, en los yacimientos transfronterizos de petróleo y gas los mexicanos carecemos de un régimen jurídico convencional general, aunque ya está en la agenda internacional de Naciones Unidas.

Para el especialista, el espíritu de los representantes del gobierno mexicano cuando se negocien los lindes marítimos del Polígono Oriental con Estados Unidos y Cuba “debe ser nacionalista”, para no permitir que se entregue territorio a manos privadas o extranjeras. Estima necesario crear un movimiento ciudadano que llame la atención a la importancia de esa negociación semejante al que surgió en defensa del petróleo ante la reforma propuesta por el gobierno.

En el fondo del mar

Los actores extranjeros que buscan ser los protagonistas en la exploración y explotación del potencial petrolero del Golfo de México son cada vez más numerosos y variados. Así lo describe el doctor en Ecología Gian Carlo Delgado Ramos en su estudio La nueva geografía petrolera del Golfo (diciembre de 2004). Él señala que a diferencia de Cuba, que depende de actores extranjeros especializados para realizar sus exploraciones petroleras que hace bajo el esquema de coparticipación estatal, el caso de México es incomprensible, porque sólo posee información limitada sobre el potencial petrolero que yace en aguas del Golfo, “al menos eso es lo que se indica públicamente”, apunta.

En la zona económica exclusiva estadunidense operan activamente plataformas situadas ya en el Mississippi Canyon por las petroleras trasnacionales. Es decir, sólo en esa región del Golfo de México concurren los intereses petroleros con sus tecnologías de alto nivel.

De acuerdo con Delgado Ramos, un escenario a futuro en esa zona del Golfo es que habría una mayor proyección militar en la zona, frente a una competencia intercapitalista, como la que suscita la carrera por el petróleo, concretamente en la provincia cenozoica desde la base-radar Rothr de Corpus Christi, en Texas, y en la provincia mesozoica, desde donde tiene su base el Comando Sur estadunidense en La Florida.

De ese criterio militarista provendría el desplazamiento de la IV Flota estadunidense hacia aguas territoriales venezolanas, luego de que el presidente de aquel país, Hugo Chávez, anunció el establecimiento de acuerdos estratégicos con Rusia. Tras la presencia de la IV Flota en las cercanías del Orinoco, donde Venezuela tiene sus reservas estratégicas de petróleo, Chávez anunció la celebración de ejercicios militares con Rusia.

Este juego por el petróleo no sólo tiene como escenario el Golfo de México, pero para los mexicanos es el principal centro de atención, explica el geopolitólogo Miguel García Reyes. Dice que tras el relevo de la administración de George Bush en el gobierno estadunidense y el fin de la moratoria para explorar y explotar los yacimientos del Polígono Occidental, la pugna, que desde hace tiempo libran España y Estados Unidos por acceder a los recursos naturales de México, entrará en una nueva etapa.

Ambición imperial

El 3 de febrero de 2006, el gobierno mexicano expulsó a 16 ciudadanos cubanos del país que negociaban con 45 representantes de empresas petroleras estadunidenses. Detrás de este hecho resalta la renuencia de la administración del presidente George Bush para que Cuba recibiera inversión extranjera en el sector energético que le permitiera realizar mayores descubrimientos en esa área.

Para la especialista Rosío Vargas, autora del estudio Sheraton, cubanos y hoyos de dona (abril de 2006), tras el boicot estadunidense a esa reunión está “la posibilidad de una mayor explotación de crudo del lado estadunidense de la frontera marítima”. Aquel día de febrero, en el hotel María Isabel Sheraton de la ciudad de México, se estudiaba la posibilidad de explorar 43 de los 59 bloques de aguas profundas en su zona marítima del Golfo de México.

Kirby Jones, organizador de ese fallido encuentro, afirmó en dicha ocasión que ése era el primer sector en que “Cuba tiene algo que Estados Unidos necesita”, y precisamente la posibilidad de que firmas estadunidenses incursionen en territorio cubano es lo que anima las presiones para que el gobierno estadunidense levante el bloqueo comercial que mantiene desde hace cuatro décadas contra la isla.

La zona económica exclusiva cubana aloja un gran potencial energético en sus 112 mil kilómetros cuadrados en el Golfo de México. Esa zona está dividida en 59 bloques de exploración abierta a empresas extranjeras, en un principio canadienses, posteriormente la española Repsol, seguida de Petrobras y actualmente de Petróleos de Venezuela, todas ellas operando bajo estricto control estatal.

Aunque la producción petrolera en el Golfo de México es costosa para las compañías estadunidenses, interesadas también en el potencial cubano, gozan del programa de alivio fiscal que las exime de pagar 12 por ciento de impuesto por el crudo y gas que producen. Así, explica Rosío Vargas, “el gobierno estadunidense ha apoyado el desarrollo en aguas profundas de lo que se considera como la nueva frontera”.

el 17 de octubre de 2008, Rafael Tenreiro, director de Exploración y Producción de la Industria Petrolera Cubana, reveló el descubrimiento de una nueva “provincia petrolera”, aún sin perforar, en costas cubanas. Dijo que se asemejaba en riqueza al pozo mexicano Cantarell, es decir, con reservas estimadas de 20 mil millones de barriles.

En Cuba ya trabajan petroleras de Vietnam, China y Francia en proyectos marinos, mientras que en tierra lo hace con firmas de seis países: España, Noruega, India, Malasia, Venezuela y Vietnam.

Biodiversidad

En su análisis sobre la importancia estratégica del Golfo de México y el interés que suscita su potencial en ámbitos internacionales, el economista Gian Carlo Delgado Ramos explica que, además de su riqueza en hidrocarburos fósiles, el Golfo de México posee gran biodiversidad biológica, como corales y especies de fauna marina endémicas que atraen la atención de instituciones académicas.

Ese interés se tradujo, en 2003, en el proyecto estadunidense-cubano para investigar el vasto fondo marino de una de las cuencas más ricas del mundo, lanzada por el Instituto de Investigaciones Harte para Estudios del Golfo de México (HRI, por sus siglas en inglés), dirigido por David Guggenheim en colaboración con el Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana.

En 2007, ambas instituciones realizaron tres expediciones costeras y en 2008 se planificaron cuatro más. “Cuba aún es un misterio para los científicos”, sostiene Guggenheim. Advierte que en los cayos de La Florida se redujeron más de 40 por ciento las formaciones coralíferas y en Veracruz, casi 95 por ciento han muerto. Ese proyecto científico-académico no está fuera de las diferencias políticas entre Cuba y Estados Unidos, pues la inversión de más de 100 mil dólares del HRI, provenientes de donativos privados, propuso el uso de submarinos para la “investigación de las aguas profundas cubanas”. (NE)