La farsa ambientalista de Correa

El sábado 9 de enero en su monólogo sabatino, el presidente Rafael Correa acabó con el proyecto de dejar en tierra el crudo que posee el ITT, propuesta que nació en el 2007 de las comunidades indígenas de las provincias del Oriente, de organizaciones ambientalistas y del pueblo, y que este gobierno lo acogió como la “Iniciativa Yasuní ITT”.

En los días posteriores, quien representaba el ala verde del gobierno y miembro del buró político del M. País, Fander Falconí, presentó su renuncia al cargo de canciller de la República, sumándose también la renuncia de los miembros de la comisión, quienes no estaban de acuerdo con que hayan sido “una vergüenza” las negociaciones y lo logros obtenidos, como lo manifestó el primer mandatario.

Varios sectores sociales se han pronunciado ante tal arrebato del presidente Correa, entre ellos está la bancada plurinacional, progresista y de izquierda conformada por MPD y Pachacutik, la cual a través de un comunicado enviado por la asambleísta María Molina, rechazó la actitud del gobierno de Rafael Correa de boicotear el preacuerdo de fidecomiso con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la iniciativa Yasuní ITT.

“Estas negociaciones se constituían en un mecanismo de vital importancia no solo para el país sino para el planeta; no podemos claudicar en la lucha contra el calentamiento climático, la criminal emisión de CO2, la deforestación, la contaminación del suelo y prohibirnos el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de nuestra región”, sostiene Molina.

La legisladora, en su comunicado hizo conocer que el pasado 8 de diciembre la Asamblea Nacional aprobó una resolución a través de la cual a parte de apoyar todos los esfuerzos que realice el gobierno para impulsar la iniciativa ITT además se exhortó a la comunidad internacional, a las organizaciones de la sociedad civil, a las empresas con responsabilidad social y ambiental y en general a todas las ciudades del mundo a contribuir con el Fondo Fiduciario Internacional que se cree para el mantenimiento bajo tierra de las reservas del campo ITT. “Resolución que debe ser respetada y la Asamblea debe insistir en su decisión de apoyar las negociaciones que en esta materia se venían realizando”, manifiesta.

Para Edgar Isch, catedrático universitario y ex ministro del Ambiente, “las declaraciones del Presidente son resultado de presiones que vienen del sector petrolero, no hay otra explicación coherente a esa reacción. El gobierno conoció de todos los avances y logros de la Comisión, no había tal afectación a la soberanía como él lo señaló, el fideicomiso es solo un elemento de confianza para quienes iban a entregar el recurso, además es el instrumento para que los depósitos pueden llegar al Ecuador, si no hay un fideicomiso nadie puede hacer un depósito por más buena voluntad que tenga”.

Según Isch, se conoce que de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, con Alexis Mera en particular, viene la argumentación para frenar la iniciativa, de hecho el planteamiento de Correa siempre dejaba una duda porque decía: “solo si los otros nos pagan nosotros cuidamos”, ahí hay una debilidad desde el punto de vista ético, además un infantilismo; algo como: “me porto bien siempre y cuando me den el premio”, y eso no puede hacer un gobierno cuando tiene un compromiso serio en el exterior; a lo interno debe llevarlo adelante porque hay una fuerte vinculación con la nueva Constitución, en los art. 414, 416, 407, en Derechos de la Naturaleza el art. 71. El compromiso ya no es solo con el ITT sino con cumplir o no la Constitución.

Al preguntarle si se trata de un viraje del gobierno, manifestó: “hay que decirlo, hay un viraje o manifestaciones fuertes hacia la derecha de parte del gobierno, y de abandono de su propuesta inicial, al grado tal que comienza a significar una amenaza al respeto de la Constitución recién aprobada, y eso es grave”.

La explotación petrolera en los distintos bloques del parque Yasuni, y particularmente en lo que tiene que ver con el ITT, pone en peligro a pueblos que están en aislamiento voluntario. Se debe traer a la memoria los trabajos de la Texaco, que terminaron con los Tetetes y los Anzahuaris, dos pueblos cuyos nombres llevan dos pozos petroleros, pero como culturas han desaparecido de la amazonía.

“La propia Constitución señala que es prohibido hacer actividades extractivas de recursos no renovables en áreas protegidas, y el ITT está en un parque que es área protegida, según el art. 407 de la Constitución. Si se pretende iniciar en junio estas actividades es porque en el fondo ya tenían todo preparado para hacerlo”, sostiene Isch, y recuerda que cuando el presidente Correa señaló que esta es la primera propuesta del Ecuador, el dejar el crudo bajo tierra, el presidente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanunceli negoció con empresas extranjeras la explotación del ITT.

Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, señala que no ha habido falta de soberanía en las negociaciones de la Comisión, “existe falta de soberanía desde hace mucho tiempo en el parque Yasuní, en el bloque 16, donde para entrar se debe pedir permiso a la REPSOL, una suerte visa. A esta empresa no solo se le mantiene el status sino que se le amplió el contrato, algo vergonzoso”. Este gobierno, añadió Martínez, “tiene una gran deuda en materia ambiental, en la propuesta Yasuní claramente se ve que su prioridad no son las políticas ambientales, está en sus discursos pero no en la práctica”.

Se conoció que los aportes sería de: Alemania con 974 millones de dólares, España y Bélgica con 1232 se habían comprometido a aportar a lo largo de 13 años, además había la oferta de Suecia y Francia por 532, sumado da el 49% del objetivo del presidente, había otras ofertas; países nórdicos también estaban interesados en esta propuesta innovadora, la idea era que también depositen organizaciones conservacionistas, gente interesada en la protección del ambiente, ciudadanos comunes alrededor del mundo, lo que aumentaba las posibilidades rápidamente.