La negativa de un juez migratorio estadounidense a otorgar la extradición a Venezuela del terrorista cubano-venezolano Luis Posada Carriles ilustra en forma inequívoca la doble moral y la hipocresía de las esferas públicas estadounidenses en materia de terrorismo.
La máxima potencia mundial, arrastrada por su grupo gobernante a una cruzada mundial contra el fundamentalismo islámico, algunos de cuyos sectores recurren al terrorismo, se resiste en cambio a permitir que otros países sometan a juicio a Posada Carriles, uno de los autores del atentado contra una aeronave civil de Cubana de Aviación que dejó más de 70 muertos, promotor de ataques con explosivos en diversos puntos de la isla y partícipe en una fallida conjura para asesinar en Panamá a Fidel Castro cuando viajó a ese país en el contexto de una Cumbre Iberoamericana realizada hace cinco años.
Cabe recordar que el protegido de la justicia estadounidense no es un mero sospechoso de terrorismo, sino fue hallado culpable, por un tribunal de Caracas, de la voladura de la aeronave; purgó nueve años de su condena en Venezuela y, cuando se encontraba en régimen de libertad condicional, se fugó de ese país.
Posteriormente, tras prestar servicios a las fuerzas irregulares que organizó Estados Unidos en Centroamérica para combatir al gobierno sandinista de Nicaragua y a la guerrilla salvadoreña, Posada Carriles fue encarcelado en Panamá, luego de que el propio Castro dio a las autoridades de esa nación la voz de alerta del atentado que se preparaba en su contra. En suma, las actividades terroristas de Posada Carriles están mejor documentadas y comprobadas que las de Osama Bin Laden.
Se pone de manifiesto, pues, que el poder público estadounidense sigue midiendo este fenómeno condenable en todas sus expresiones, como siempre lo ha hecho, con doble vara: para Washington hay terroristas buenos (usualmente trabajan en coordinación con el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia) que desestabilizan gobiernos, asesinan civiles y ponen bombas en aviones, hoteles y restaurantes, y terroristas malos, como los integristas de Al Qaeda y las organizaciones guerrilleras colombianas.
En otro sentido, sorprende, por cínico, el alegato del magistrado de que Posada Carriles no será entregado a la justicia cubana ni a la venezolana porque podría correr el riesgo de ser torturado, ya que el país que enfrenta acusaciones de Amnistía Internacional (AI) y otros organismos humanitarios por violar la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura no se llama Cuba ni Venezuela, sino Estados Unidos.
En un documento reciente de AI (2005) se consignan las muertes bajo custodia y malos tratos perpetrados por las fuerzas estadounidenses en Irak, así como en Afganistán y Guantánamo, y se indica que "salieron a la luz pruebas de que el gobierno de Estados Unidos había autorizado técnicas de interrogatorio que violaban la Convención de la ONU contra la Tortura": los secuestrados de nacionalidad kuwaití retenidos en Guantánamo, por ejemplo, coincidieron, en entrevistas recabadas por un abogado estadounidense, en que habían recibido palizas terribles, los colgaron de las muñecas y los golpearon, les quitaron la ropa, los encapucharon y expusieron desnudos al frío extremo. "Todos confirmaron que este trato lo infligían estadounidenses [...] Varios mencionaron el uso de descargas eléctricas [...] algunos las recibieron; muchos vieron cómo se aplicaban."
Para no ir más lejos, ayer, mientras un tribunal migratorio estadounidense concedía protección al terrorista cubano, un tribunal militar condenaba a tres años de prisión a la soldado Lynndie England, participante menor, pero famosa, de la barbarie cometida por la tropa estadounidense en la cárcel de Abu Ghraib (Irak), donde los invasores torturaron y asesinaron a integrantes de la resistencia iraquí o meros sospechosos de serlo.
Tras las indignantes revelaciones del año pasado sobre esas atrocidades, la justicia castrense de la potencia ocupante aplicó una política de control de daños y llevó a consejos de guerra a algunos de los soldados y suboficiales, pero ningún oficial de alto rango fue llevado ante los jueces, pese a que resultaba evidente que los malos tratos formaban y siguen formando parte de una estrategia general.
Después de la negativa de extraditar a Posada Carriles, al gobierno de Washington y a las instancias judiciales estadounidenses no les queda ninguna autoridad moral para condenar el terrorismo ni para hacer como que lo combate.
Editorial de La Jornada
Autores: diplomáticos, economistas, geógrafos, historiadores, periodistas, militares, filósofos, sociólogos… 
