La justicia no encontró agentes de Al-Qaeda en Europa

Ante el tribunal de Hamburgo, el 22 de octubre de 2002, durante el primer proceso contra Munir el Motassadek

11 de septiembre de 2001. El polvo de las torres del World Trade Center enturbia aún el cielo de New York cuando los comentaristas del mundo entero señalan a los responsables ante a la opinión pública preparando así el terreno a los spin doctors de las «oficinas de guerra» de Washington: se trata de Osama ben Laden y sus acólitos.

Durante los días que siguen, Al-Qaeda, sobre la cual había hasta entonces muy poca información, es presentada como una estructura tentacular con ramificaciones en numerosos países orientales y occidentales, donde utiliza siempre a islamistas radicales contra los cuales las autoridades locales están ya tomando medidas.

En Estados Unidos, las autoridades se valen de la USA PATRIOT ACT para arrestar masivamente a miles de extranjeros provenientes del Medio Oriente o de Asia central. En Europa, grupas islamistas son blanco de la justicia antiterrorista, permitiendo así a los aliados demostrar su apoyo a Washington.

Pero los diferentes casos presentados a los tribunales se caracterizan por la fragilidad de las investigaciones y la dificultad que encuentran las autoridades, incluso las de excepción, para demostrar la existencia de una red terrorista organizada en Europa.

Los jueces de base rechazan las instrucciones antiterroristas

En Europa, uno de los primeros casos tiene que ver con un francés, Ouassini Cherifi. En agosto del 2000, la aduana del aeropuerto de Roissy intercepta un paquete proveniente de Tailandia que contiene cuatro pasaportes franceses falsificados. El destinatario era Ouassini Cherifi.

Durante un registro se encontró en su domicilio «una importante documentación islamista, en particular dos casetes de video sobre la guerra de Bosnia (ex Yugoslavia) y un casete de audio sobre “la jihad” en Argelia». Los investigadores encuentran también un casete de audio intitulado Diálogo con el doctor Ayman al-Zawahiri. Detenido por orden del juez Jean-François Ricard, Cherifi es sospechoso de tener relaciones con la internacional terrorista de Ossama ben Laden.

Según el expediente del caso, los pasaportes falsos que le fueron enviados se parecían a los que tenían los cuatro hombres del grupo de Francfort arrestados en Alemania los días 25 y 26 de diciembre del 2000 en momentos en que preparaban un atentado en Estrasburgo (ciudad en Francia).

En una libreta telefónica los investigadores encuentran efectivamente el número de dos miembros del «grupo de Francfort» y el de un pariente de Abu Doha, «encargado de reclutar en Londres a los mudjahidines para Afganistán antes de ser encarcelado» [1]. Cherifi sería, por consiguiente, miembro de una red triangular entre París, Londres y Francfort.

Durante el juicio, Cherifi responde a las acusaciones una a una y explica por que tenía en su poder documentos provenientes del radicalismo islámico: «Quería formarme mi propia opinión sobre todos los aspectos de la religión, incluyendo los más extremistas. Eso no quiere decir que los apoye». El tribunal subraya esa curiosidad sospechosa.

Según la presidenta, los elementos del caso «traducen [una] obsesión en sentido único por las personalidades o agrupaciones que predican la acción violenta», pero invalidan toda implicación terrorista, y condena a Cherifi a cinco años de privación de libertad por posesión de documentos falsos.

Se trata un ejemplo ideal, típico de la justicia antiterrorista: aunque los magistrados encargados de la lucha contra el terrorismo ejercen poderes extremadamente amplios (en lo tocante a las posibilidades de realizar registros y ordenar escuchas telefónicas y arrestos), el expediente del caso Cherifi está vacío. Ningún elemento material permite implicarlo en un atentado, ni siquiera en un proyecto de atentado. Los jueces de base retienen solamente el delito común.

«Guerra al terrorismo» y «Justicia preventiva»

En realidad, la justicia terrorista no busca establecer la culpabilidad en cuanto a crímenes cometidos sino demostrar que ciertos grupos radicales musulmanes tienen intenciones de cometer esos crímenes y opera de manera artísticamente caprichosa y poco convincente. Así fue en el caso del «grupo de Francfort», acusado por la justicia alemana de haber tramado un atentado contra la catedral de Estrasburgo en diciembre del 2000, sin haberlo llevado a cabo.

Días antes de la operación, Aeurobi Beandali (cuyo nombre real es Dillali Benali) es arrestado mientras transportaba armas. Posteriormente, se encontraron armas en su domicilio así como un video casero donde que se ven imágenes del mercado de navidad en Estrasburgo, frente a la catedral, mientras que la persona que opera la cámara se refiere a los católicos de forma poco elogiosa.
Inmediatamente, las autoridades alemanas se exaltan. El ministro alemán del Interior, Otto Schilly, asegura que se ha logrado frustrar un atentado en el último momento.

Otto Schilly

El grupo estaría ligado, según «expertos franceses de la lucha antiterrorista», al Grupo Salafita para la Prédica y el Combata (GSPC), movimiento nacido del GIA y activo en Argelia desde 1998 al que se relaciona, después de 2001, con «la red Al-Qaeda» [2]. Durante el juicio, la acusación cambia completamente: no se trataba de atacar la catedral de Estrasburgo en navidad sino la sinagoga en enero. Obedientemente, uno de los sospechosos -Aeurobi Beandali- afirma que el objetivo del complot era «desestabilizar las relaciones entre Francia e Israel».

Según él, el «cómplice enviado a filmar el video filmó por error la catedral y el mercado de navidad en vez de la sinagoga» [3]. Pero, nada fundamenta la nueva acusación. En enero de 2003, el tribunal señala que, aunque existen confesiones en cuanto a la preparación de un atentado, no hay elementos que permitan relacionar este con una organización terrorista internacional [4].

En marzo, los acusados son finalmente condenados a penas que van a 10 a 12 años de prisión, condena extremadamente dura que permite al ministro alemán del Interior afirmar que en Alemania la lucha contra el terrorismo en «eficaz y exitosa» después de haberse felicitado por la prueba «de firmeza» de los jueces de Francfort [5].

En abril de 2002, durante una operación similar, 11 palestinos son arrestados en Karlsruhe. Según el fiscal federal, Kay Nehm, 8 de ellos preparaban atentados y 6 pertenecían a «una organización islamista desconocida, el grupo Al Tawhid (la unidad de Dios)» [6].

Kay Nehm

Sin embargo, no se encontraron armas o explosivos en sus domicilios. ¿En qué se basan entonces esas acusaciones de terrorismo? Según el periódico alemán Bild, «los miembros de Al Tawhid habían tratado de comprar en varias ciudades alemanas, durante las ultimas semanas, productos químicos que entran en la fabricación de explosivos» así como «grandes cantidades de clavos», elementos que -según la policía federal alemana- solamente pueden servir para una cosa: fabricar «una bomba de fragmentación».

Lo sorprendente, desde un punto de vista jurídico, es que estos casos no tienen como objetivo la búsqueda de los autores de un acto de terrorismo sino imputar intenciones terroristas a grupos de islamistas radicales, lo cual recuerda la doctrina de la «Justicia preventiva», que tanto adora John Ashcroft, y la de la «guerra preventiva» de Paul Wolfowitz.

La administración Bush justifica así mismo su invasión contra Irak al acusar a Saddam Hussein de haber tenido la intención de adquirir armas de destrucción masiva y de utilizarlas contra Estados Unidos. Podemos entonces considerar que la «justicia» antiterrorista permite ante todo a los gobiernos europeos demostrar su propia adhesión a la doctrina estadounidense de «guerra mundial» contra el terrorismo, acreditando la tesis de una amenaza terrorista mundial.
En nombre de esa doctrina los Estados pueden luchar contra los islamistas radicales, ya sea por razones de orden interno o para complacer a sus propios aliados en el extranjero.

Esta manera de actuar no apareció después del 11 de septiembre. Ya en el momento de los atentados cometidos en Francia por el GIA, ciertos responsables franceses dijeron que era posible que las investigaciones de los jueces antiterroristas fueran manipuladas por el régimen de los generales argelinos para incitar a Paris a actuar contra sus opositores políticos en Francia. «La seguridad militar argelina quería que partiéramos de pistas falsas simplemente para que elimináramos a la gente que les molestan a ellos (honrados opositores políticos)», declaró en aquel entonces Jean-Louis Debré, a la sazón ministro del Interior [7].

Hipotéticos «proyectos de atentado»

El aspecto más sintomático de la justicia antiterrorista sigue siendo su carácter arbitrario y poco jurídico. La mayoría de los casos se basan así en un concepto jurídico dudoso, que se podría asociar al delito que el derecho francés designa como «asociación de malhechores».

Para los magistrados antiterroristas no hace falta que se cometa un atentado, ni siquiera que exista un proyecto de atentado. Basta con demostrar que el musulmán que ha sido arrestado conoció, en algún momento de su vida, a otro musulmán ligado al islamismo radical.

Fue así como la justicia holandesa fundamentó varios procesos de instrucción sobre un imaginario proyecto de atentado contra la embajada de Estados Unidos en Paris. Cuatro detenidos estaban acusados de haber fomentado un ataque de ese tipo en septiembre de 2001. Había entre ellos un francés, Jerome Courtailler; dos argelinos, Abel Tobbichi y Abdelkader Rabia, y un holandés de origen etíope, Saad Ibrahim.

Otro blanco de los conspiradores era, según el tribunal de Rótterdam (ciudad en Holanda), la base militar estadounidense de Kleine Brogel, en Bélgica [8]. Arrestados el 13 de septiembre de 2001, los cuatros hombres tienen en su poder pasaportes falsos y una máquina para fabricar tarjetas de crédito. Como a menudo sucede en los juicios por terrorismo, hay varios delitos comunes entre los cargos: Jerome Courtailler fue acusado entonces de tráfico de ropa y de relojes de lujo falsificados.

El francés reconoce ambos hechos así como haber tenido contactos con ciertos militantes extremistas de Europa, pero desmiente la preparación de atentados. Los investigadores trataron por todos los medios de demostrar la tesis de una participación de los cuatro hombres en la red terrorista mundial mediante contactos con Djamel Beghal y Kamel Daoudi, en Francia.

Los indicios no permiten, sin embargo, convertir a los cuatro hombres en cómplices de los atentados del 11 de septiembre. El oficial de justicia holandés Theo D’Anjou, equivalente del asistente del procurador general, presenta el problema al tribunal de la siguiente manera: si Holanda no quiere convertirse en «un islote en el mundo», hay que condenar a Jerome Courtailler y Abdelghani Rabie [9]. Todos los acusados son finalmente absueltos por falta de pruebas.

Según el presidente del tribunal, Stefaan van Klaveren, «parte de las pruebas que aportó el fiscal fueron obtenidas de forma irregular y no fueron retenidas contra los acusados» [10]. Pero eso no es más que un pretexto falso. Si los elementos materiales recogidos hubieran sido convincentes, no hay dudas de que el tribunal no hubiera soltado tan fácilmente a cuatro peligrosos terroristas...»

Sin embargo, el falso atentado sigue dando que hacer. Nazar Trabelsi, ex-futbolista tunecino convertido en traficante de droga, es juzgado por los mismos hechos en Bruselas en mayo de 2003. También se le acusa de haber fomentado un atentado contra la embajada estadounidense.

Nazar Trabelsi

Desde el principio de la instrucción, este afirma sin embargo que su objetivo era la base militar estadounidense de Kleine Brogel [11]. Durante el juicio, uno de los otros 23 detenidos, Tarek Maaroufi, acusado de complicidad con los asesinos de Shah Massoud, a quienes habría procurado documentos falsos, explica que sus viajes a Afganistán, Londres y Milán no tenían como objetivo el reclutamiento de voluntarios favorables a los talibanes o la preparación de atentados sino «fundar un partido de oposición al poder en Túnez» [12].

¿Estrategia defensiva o argumento de buena fe? No se puede excluir que la lucha antiterrorista sea en realidad una artimaña para legalizar en Europa la represión contra movimientos políticos de oposición a ciertos gobiernos árabes aliados.

En lo tocante al atentado contra la embajada estadounidense en París, son los métodos del juez francés Jean-Louis Bruguière y de los servicios franceses de inteligencia los que están en tela de juicio: el magistrado instructor Christian de Valkeneer testimonia ante el tribunal que Nazar Trabelsi no habló nunca de tal proyecto en su presencia y relata la «manera torpe» en que los miembros de la DST (contraespionaje francés) trataron de obligar a Trabelsi a hablar del tema [13]. A pesar de todo Trabelsi es condenado a 12 años de prisión.

Después del fracaso del primer juicio contra la célula de Rótterdam, Holanda tendrá la oportunidad de «redimirse» ante sus aliados del otro lado del Atlántico en mayo de 2003. Doce militantes islamistas comparecen ante el mismo tribunal de Rótterdam. Acusados de haber reclutado combatientes para la «Jihad», dos de los cuales fueron muertos en la frontera de Cachemira en enero de 2002 por las fuerzas indias de seguridad, los presuntos miembros de la red habían sido arrestados sobre la base de informaciones recogidas por los servicios secretos holandeses.

Durante la audiencia, el director adjunto de esos servicios se niega a revelar en qué se fundamentan sus acusaciones. Como consecuencia, cuatro de los doce acusados son liberados durante el juicio. Los ocho restantes quedarán también en libertad días más tarde.

Confirmar la interpretación estadounidense del 11 de septiembre

La «guerra mundial» contra el terrorismo que decretó Estados Unidos sufre por consiguiente tropiezos en Europa. Lo que está en juego es sin embargo esencial ya que esta nueva cruzada busca al mismo tiempo justificar la interpretación oficial de los atentados del 11 de septiembre, aunque en ese plano el celo de los jueces antiterroristas europeos se verá rápidamente frustrado también.

Los primeros momentos son sin embargo bastante prometedores con la apertura, el 22 de octubre de 2002, del «primer juicio del mundo contra un presunto cómplice de los kamikazes del 11 de septiembre de 2001» [14]. Se trata del marroquí Mounir el Motassadek, juzgado por un tribunal alemán en Hamburgo, donde residía Mohammed Atta, uno de los presuntos autores de los atentados del 11 de septiembre.

Munir el Motassadek

En lo concerniente a las pruebas, la fiscalía no logró probar ni el simple hecho de que El Motassadek conociera a las personas que el FBI acusa de haber cometido los atentados del 11 de septiembre en los EEUU. El fiscal general federal alemán Kay Nehm va sin embargo mucho más lejos en sus acusaciones. Según él, el marroquí era un «elemento esencial» del grupo, que comenzó a planificar un ataque aéreo contra Estados Unidos desde octubre del 2000.

El tribunal condena finalmente a El Motassadek a 15 años de prisión, la pena máxima en ese caso. ¿Por haber participado en los atentados o por no haber confirmado la versión oficial? Amigo de Mohammed Atta, Motassadek declaró: «no puedo creer que Atta cometió esos atentados», y agregó que «la violencia no puede resolver los problemas» [15].

Esta primera victoria de los jueces antiterroristas no es sin embargo más que la primera etapa de un largo proceso. En septiembre de 2003, Motassadek es citado como testigo al juicio de Abdelghani Mzoudi, acusado también de haber estado demasiado cerca de Mohammed Atta en Hamburgo. Durante la audiencia, el jefe de los servicios alemanes de inteligencia, Heinz Fromm, afirma que los atentados del 11 de septiembre se prepararon en Afganistán a fines de 1999 y no en Hamburgo en el 2000 [16].

Días más tarde, la famosa revista alemana Der Spiegel publica revelaciones, basadas en los testimonios de dos «cómplices» de Ben Laden, y según las cuales las operaciones estaban ya en proyecto desde 1996. Por consiguiente, Abdelghani Mzoudi es liberado el 11 de diciembre de 2003, lo cual permite presagiar su futura absolución. Decisión que no satisface a las autoridades alemanas. El ministro regional del Interior, Dirk Nockermann, declara entonces que si el acusado es absuelto será inmediatamente expulsado hacia Marruecos. «No hay lugar en Alemania para un terrorista como él», declara.

Abdelghani Mzudi

La fiscalía recibe entonces un apoyo tan inesperado como providencial. Un autoproclamado ex-agente iraní afirma que la República Islámica de Irán es responsable de los atentados y que Mzoudi le servía de «agente de enlace» con Al-Qaeda. Declaraciones que no engañan a la corte. El 5 de febrero, Abdelghani Nzoudi es absuelto.

En conclusión, los atentados del 11 de septiembre no han modificado en lo más mínimo el funcionamiento de la justicia antiterrorista. Las informaciones acusatorias acumuladas siguen siendo de fuentes dudosas -ya sea de servicios de inteligencia occidentales o de «arrepentidos» poco confiables. Los derechos de la defensa siguen siendo poco respetados.

La onda expansiva del atentado contra las Torres Gemelas tampoco ha dado lugar a un reforzamiento particular de las sentencias: ante expedientes vacíos y a pesar de la presión internacional, los magistrados no dudan en ordenar la liberación de los acusados.

La singularidad de los casos que hemos abordado reside en que no permiten acreditar en lo absoluto la tesis estadounidense de una «hidra» terrorista con innumerables ramificaciones en todos los países del mundo, de una organización internacional con pequeños grupos durmientes dispersos por todas partes, capaz de movilizarlos y coordinarlos para que actúen contra objetivos en Occidente.

Lo más que se ha podido demostrar es que hay en Europa un medio sociológico en el cual evolucionan y se reúnen militantes de grupos islámicos radicales comprometidos con la lucha armada contra sus respectivos gobiernos. ¿Cuáles son entonces los «sesenta países» de los que hablaba John Kerry como terreno de operaciones de Al-Qaeda?