La militarización del TLCAN

Líderes de Canadá, Estados Unidos y México han estado reuniéndose secretamente para ampliar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se trata del bloque comercial formado por los países antes mencionados, que establece una zona de libre comercio. Entró en vigor en enero de 1994. Pero ahora se avanza en la “integración profunda” de una fuerza trinacional más militarizada bajo el concepto estadunidense de “seguridad de la patria”.

La llamada Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN), impulsada hacia el interior de los países por los respectivos gobiernos y sin conocimiento ni mucho menos el consentimiento público –con su oficina central en Washington–, se propone integrar a las tres naciones en un sólo bloque político, económico y de seguridad.

La ASPAN se fundó durante una reunión de los presidentes George W Bush, Vicente Fox y el primer ministro Paul Martin, en Waco, Texas, el 31 de marzo de 2005. El sitio web oficial de Estados Unidos describe a la ASPAN como “…una iniciativa entre Estados Unidos, Canadá y México dirigida por la Casa Blanca para aumentar la seguridad y ampliar la prosperidad…” La ASPAN no es una ley ni un tratado y ni siquiera un acuerdo firmado. Cualquiera de estas definiciones requeriría discusión pública y la participación del Congreso.

La SPP nació en la era de la “guerra contra el terrorismo” y refleja un énfasis excesivo en la seguridad de Estados Unidos, como la interpreta el Departamento de Seguridad de la Patria. Sus acuerdos autorizan acciones militares fronterizas, entrenamiento de policías, modernización de equipos y adopción de nuevas tecnologías, todo bajo la lógica de la campaña contra el terrorismo de Estados Unidos. El jefe de la Seguridad de la Patria (puesto que ocupa) Michael Chertoff, junto con la secretaria de Estado (entonces Condoleezza Rice; Hillary Clinton ahora), y el secretario de Finanzas, (entonces Carlos Gutiérrez; ahora Gary Locke), son los tres altos funcionarios designados para asistir a las conferencias ministeriales de la ASPAN.

Las medidas para coordinar la seguridad han presionado a México para que militarice su frontera sur. Los elementos militares estadunidenses que ya operan dentro de México, más los efectivos de la agencia antidrogas estadunidense y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) han iniciado programas de entrenamiento para el Ejército Mexicano (ahora involucrado en la “guerra” contra la droga), la policía federal y estatal, y unidades de inteligencia.

El periodista Stephen Lendman indica que una página de instrucciones del Pentágono insinúa una invasión de Estados Unidos a México si el país se desestabiliza o si el gobierno tiene que hacer frente a una amenaza de derrocamiento debido a “un generalizado caos económico y social” que comprometa las inversiones de Estados Unidos, el acceso al petróleo, el funcionamiento global del comercio, y dé lugar a que una gran cantidad de inmigrantes se dirigiera al norte.

El influyente departamento de Defensa Nacional de Canadá, a través de su nuevo jefe del Estado Mayor de Defensa, General Rick Hillier, y el ministro de Defensa, Gordon O’Connor, también están alineados con esta campaña. Están obligados a aumentar los gastos militares de la nación y unirse a los estadunidenses en su “guerra contra el terrorismo”.

La ASPAN creó el Consejo de la Competitividad de América del Norte (NACC, por sus siglas en inglés), que presta servicios como grupo oficial trinacional de trabajo. El grupo está compuesto de representantes de 30 compañías gigantes de Estados Unidos, incluyendo General Electric, Ford Motors, General Motors, Wal-Mart, Lockheed-Martin, Merck y Chevron.

Las recomendaciones del NACC se centran en la “participación del sector privado” por ser “un paso clave para mejorar la posición competitiva de América del Norte en los mercados globales e impulsora de la innovación y el crecimiento”. El NACC hizo énfasis en la importancia de establecer políticas para obtener ganancias máximas.

La agenda guiada por Estados Unidos prioriza el acceso sin complicaciones de las compañías a los recursos naturales canadienses y mexicanos, especialmente al petróleo y agua. El Consejo de la Competitividad de América del Norte establece que “la prosperidad de Estados Unidos se basa principalmente en un suministro seguro de energía importada”.

La seguridad energética de Estados Unidos es vista como una prioridad absoluta, alentando a Canadá y a México a que permitan la privatización de las empresas operadas por el Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex).

En enero de 2008, Halliburton (del exvicepresidente Dick Cheney) firmó un contrato con Pemex por 683 millones de dólares para perforar 58 nuevos pozos de prueba en Chiapas y Tabasco, y para asumir el control del mantenimiento de los oleoductos. Éste fue el último de los contratos por 2 mil millones de dólares que Halliburton recibió de Pemex durante las administraciones de Calderón y Fox, lo que en opinión de la oposición en México se ha convertido en la fachada pública de la privatización del capital monopolístico estadunidense. La política de Estados Unidos también busca asegurar su acceso ilimitado al agua de Canadá.

Connie Fogal, del partido Canadian Action, dijo: “La ASPAN es una toma hostil de posesión del aparato del gobierno democrático… un coup d’état (golpe de Estado) a las operaciones de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México”.

Actualización de Stephen Lendman

La cuarta reunión de la ASPAN se llevó a cabo en Nueva Orleáns, del 22 al 24 de abril de 2008, con la participación de George Bush, el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, y el presidente de México, Felipe Calderón. Un grupo de manifestantes realizó lo que llamaron una “cumbre del pueblo”, con mítines en las calles y talleres en centros de trabajo para informar a la gente cuán destructiva es la ASPAN; fortalecer los lazos organizativos y de contacto; mantener información en línea sobre sus actividades; promover esfuerzos y conseguir apoyo adicional, y declarar su determinación de continuar resistiendo una agenda enormemente represiva financiada por las corporaciones.

Esta coalición tiene aliados en el Congreso. En enero 2007, el representante republicano Virgil H Goode y seis copatrocinadores presentaron la Resolución Concurrente 40, de la Cámara de Representantes, que expresa “el sentimiento del Congreso: Estados Unidos no debe tomar parte en un Sistema de Autopistas (estableciendo un TLCAN) o entrar en una North American Union con México y Canadá”.

La cumbre de abril reafirmó las intenciones de la ASPAN: crear una Norteamérica sin fronteras, disolver la soberanía nacional, establecer el control de los gigantes corporativos, y asegurar la mayor parte a las grandes compañías de Estados Unidos. También se propone convertir a Norteamérica en una fortaleza a través de la militarización del continente, bajo el mando de Estados Unidos.

La ASPAN mantiene un sitio web con “logros relevantes” desde agosto 2007, actualizado con fecha 22 de abril de 2008. La información es demasiado detallada para esta actualización, pero se puede obtener acceso mediante el siguiente enlace: http://www.spp.gov/pdf/key_accompli… 2007.pdf.

El sitio lista los principios acordados, convenios bilaterales adoptados, negociaciones concluidas, valoraciones de estudios publicados, acuerdos sobre el “libre flujo de información”, actividades del cumplimiento de la ley, esfuerzos relacionados con la propiedad intelectual, cumplimiento del transporte por carretera fronterizo y de larga distancia, procedimientos para permisos de importación, asuntos relativos a la seguridad de los productos y la alimentación, temas de energía (focalizada especialmente en el petróleo), desarrollo de la infraestructura, manejo de las emergencias, y mucho más. Todo expuesto en tonos aparentemente moderados para ocultar su objetivo continental: posibilitar una explotación corporativa mejorada con el menor conocimiento público posible.

La militarización incluye al Comando Norte de Estados Unidos, establecido en octubre de 2002, que tiene la responsabilidad aérea, terrestre y marítima para el continente, sin importar las limitaciones de Posse Comitatus que ya no se aplican o fronteras soberanas que se borran fácilmente. El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas también desempeñan grandes papeles. Igual sucede con la FBI, la Agencia Central de Inteligencia y todas las agencias de espionaje de Estados Unidos, la policía local y estatal militarizada, las fuerzas de la Guardia Nacional, y los mercenarios paramilitares provenientes de Blackwater USA. Se dirigen a cualquier lugar del continente con licencia para operar tan libremente como en Irak y en el Nuevo Orleáns post Katrina. Podrían convertir todas las calles del hemisferio en versiones de Bagdad y crear condiciones para vivir en la luna.

También existen otros procesos de militarización. El 14 de febrero de 2008, Estados Unidos y Canadá acordaron permitir la presencia de tropas estadunidenses en Canadá. A los canadienses no les dijeron nada sobre este acuerdo, cuyo borrador se redactó en 2002. Tampoco se discutió en el Congreso o en la Cámara Canadiense de los Comunes. El acuerdo establece la “integración bilateral” de las estructuras de mando militar en áreas de inmigración, policía, inteligencia o cualquier otra estructura que el Pentágono o Washington deseen. En términos generales, forma parte de la “guerra contra el terror” y la militarización del continente para hacerlo “más seguro” para los negocios y estar preparados para cualquier oposición civil.

México también ha sido otro objetivo, con un “Plan México” anunciado en octubre de 2007. Se trata de un plan de seguridad para México y Centroamérica llamado Iniciativa Mérida, con 1 mil 400 millones de dólares en ayuda asignada. Es “una iniciativa de cooperación de seguridad regional” similar al Plan Colombia y presentada como esfuerzo para luchar contra el tráfico de drogas.

En realidad, la Iniciativa Mérida es parte de la militarización de México por la ASPAN y otorga más control del país a Washington. La mayor parte de la ayuda va a las fuerzas militares y policiales de México, con una parte importante destinada a los contratistas privados de defensa de Estados Unidos para equipamiento, entrenamiento y mantenimiento. Se evitará el delicado asunto del despliegue de tropas de Estados Unidos mediante el uso de fuerzas privadas de seguridad de Estados Unidos, es decir, Blackwater y DynCorp.

Una página de instrucciones del Pentágono insinúa una invasión de Estados Unidos a México si este país se desestabiliza o si el gobierno tiene que hacer frente a una amenaza de derrocamiento que comprometa las inversiones de Estados Unidos, el acceso al petróleo, el funcionamiento global del comercio, y dé lugar a que una gran cantidad de inmigrantes se dirigiera al norte