La narcocorrupción estadunidense

McAllen, Texas. Javier Cavazos, un exagente federal con una carrera de 16 años en el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, tiene enfrente la acusación más grave de su vida: aunque el gobierno lo considera inocente hasta que no le pruebe lo contrario, el fiscal federal lo señala como la persona que permitió la entrada ilegal de un indocumentado a cambio de 4 mil 800 dólares.

Los cárteles mexicanos y otras bandas del crimen organizado han aprovechado los vacíos de seguridad y los bajos salarios en las policías fronterizas de Estados Unidos para corromper a sus agentes a cambio de pagos que en promedio no rebasan los 5 mil dólares.

Eso era lo que cobraba, por ejemplo, Richard Padilla Cramer, un exagente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), destacado en el consulado estadunidense de Guadalajara que, según los documentos de la acusación en la corte federal del sur de Florida, sacaba los nombres de los informantes estadunidenses dentro de los cárteles mexicanos. Padilla fue, de hecho, detectado por uno de los informantes que operaban en México.

Cavazos podría recibir una sentencia de 15 años de prisión si es encontrado culpable en el juicio que tiene lugar en la corte federal en Brownsville, Texas, a unos metros de la línea fronteriza con Matamoros, Tamaulipas.

Las acusaciones contra Cavazos no son un caso aislado en este lado de la frontera y siguen, en cambio, una tendencia creciente. Según las cifras de la Agencia Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), el número de casos de corrupción va en aumento.

Otros agentes federales, estatales y municipales han sido acusados de recibir el pago promedio de 5 mil dólares por dejar pasar a indocumentados, cuidar el paso de cargamentos de drogas y entregar información de inteligencia a los cárteles del narcotráfico mexicanos.

Cavazos fue arrestado el 29 de septiembre pasado después de una investigación de la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE. Sus excolegas lo acusan de permitir el paso de un indocumentado francés a cambio de 4 mil 800 dólares a través del Puente Internacional Gateway en Brownsville.

Meses atrás, el 18 de diciembre de 2008, los agentes federales detuvieron en el aeropuerto de Harlingen, Texas, a Brian Atlan, un indocumentado francés que portaba documentos de inmigración falsos. Luego de varias semanas de interrogatorios, el detenido confesó más tarde que él contrató a David de la Fuente, un coyote de Matamoros, para que lo ayudara a cruzar la frontera.

Atlan logró su cometido. Según la acusación federal, De la Fuente se puso en contacto con Cavazos; el 17 de diciembre éste lo llamó a su casa en Los Fresnos, un pequeño poblado al norte de Brownsville, para poner ahí los sellos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el pasaporte del francés. Un video grabado en el puente internacional de Brownsville el 18 de diciembre de 2008 captó el momento en el que Cavazos dejó pasar a Atlan, sin cotejar su nombre en las bases de datos del Servicio de Inmigración.

De acuerdo con el reporte de Thomas J Morrisey, agente de la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE, Atlan pagó 5 mil dólares al agente federal a cambio de obtener los sellos oficiales en su pasaporte, una tarjeta I-94 y por dejarlo pasar después a Estados Unidos. De la Fuente corroboró esa información y añadió que él se había quedado sólo con 200 dólares. El resto habría sido para Cavazos.

Casos como éste no son raros en la frontera entre México y Estados Unidos. “Yo creo que ésta es una tendencia, pero al mismo tiempo creo que son problemas con los que nos hemos enfrentado desde hace mucho tiempo a lo largo de la frontera con México y otros estados”, dice el doctor Phillip Lyon, investigador de Justicia Criminal de la Universidad Sam Houston.

Según reportes del fiscal general de Estados Unidos citados por Associated Press (AP), entre noviembre de 2008 y agosto de 2009, 21 agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza han sido acusados de delitos de corrupción, y existen 63 investigaciones criminales abiertas contra agentes de CBP, que incluyen ese tipo de casos.

Esa agencia federal tiene más de 2 mil casos de disciplina interna –de acuerdo con información de AP recogida a través de la Ley de Libertad de Información en Estados Unidos– y alrededor de 100 de ellos están relacionados con acusaciones de corrupción.

En algunos casos, la conducta y el prestigio del agente federal acusado de corrupción se habían mantenido sin mancha. El caso contra Cavazos fue una sorpresa por su largo historial de servicio a la institución.

“Ninguno de los empleados arrestados por corrupción ha tenido serios casos de mal comportamiento”, dijo Tomsheck a AP. “Los empleados que están activamente involucrados en la corrupción hacen todo lo que pueden para pasar desapercibidos y no ser detectados”.

Según información del Departamento de Seguridad Interna de Texas, existen 515 agentes estatales acusados de cometer delitos en 2007 y 550 agentes en 2008.

La información vertida en los casos recientes indica que los cárteles mexicanos están constantemente buscando la corrupción de agentes veteranos o bien tratando de infiltrar las agencias con miembros de su organización criminal.

“Desde el punto de vista de los cárteles mexicanos, resulta más barato darle a un agente varios miles de dólares que arriesgarse a perder un cargamento de droga en un decomiso”, escribieron Scott Steward y Fred Burton en un análisis difundido por la empresa Stratfor, una entidad privada de inteligencia con sede en Austin, Texas.

La tarifa de 5 mil dólares ha durado años y, al parecer, sigue vigente. Lyon, de la Universidad de Sam Houston, afirma que el bajo salario en las policías locales es una de las razones del éxito de los narcotraficantes.

“Pienso que el asegurar salarios adecuados para los oficiales de policía hará que otras alternativas sean menos atractivas”, dice Lyon. “Si los agentes (en la frontera) reciben salarios decentes, competitivos con otras agencias de policía de Texas, será menos probable que ellos sean seducidos y se vuelvan corruptos”.

Lyon afirma que la estructura salarial de los agentes de policía en la zona fronteriza, en algunos casos menor a los 30 mil dólares anuales, es bajo en comparación con lo que ganan los agentes en otros departamentos en Houston o Dallas, por ejemplo.

Reymundo Guerra, exjefe de policía o sheriff del condado de Starr, un condado fronterizo con el poblado de Miguel Alemán, Tamaulipas, recibió en agosto pasado una sentencia de 64 meses de prisión por haber colaborado con narcotraficantes.

Guerra cobraba por lo menos 5 mil dólares por cada servicio que hacía a la célula de Los Zetas, encabezada por José Carlos Hinojosa, un expolicía mexicano que trabajaba con el brazo armado del cártel del Golfo.

Al dictarle la sentencia, el juez Randy Crane dijo en la corte federal de McAllen que era “una gran decepción” que Guerra haya participado con el narcotráfico. El exsheriff había aceptado previamente su culpabilidad ante el mismo juez.

Guerra protegía el paso de los cargamentos de narcóticos y pasaba información sensible sobre las operaciones antidrogas a Hinojosa. El exsheriff había pasado desapercibido hasta que en una ocasión le pidió a una subordinada suya que le diera a Hinojosa el nombre del informante que había revelado la ubicación de una casa de seguridad en el condado. La agente desconfió de su propio jefe y pasó la información al FBI, quien integró el caso al expediente de una operación contra Los Zetas llamada Carlito’s Weigh.

La investigación federal arrojó la detención de Guerra y varios integrantes de la célula de Los Zetas, entre ellos Hinojosa. Unos 19 coacusados en el caso han aceptado su culpabilidad; otros siete están prófugos.

Éste es el segundo sheriff del Valle de Texas en ser detenido, acusado y sentenciado por colaboración con narcotraficantes en los últimos cinco años. El anterior fue Conrado Cantú, exjefe de la policía del condado de Cameron, fronterizo con Matamoros, Tamaulipas, el cuartel general del cártel del Golfo.

Cantú fue sentenciado en diciembre de 2005 a pasar 24 años de prisión por proteger narcotraficantes, lavadores de dinero y organizadores de juegos de apuesta ilegal.

Además de corrupto, Cantú era pintoresco. Siempre vestido de vaquero y con sombrero texano, el sheriff del condado de Cameron acudía a Matamoros a participar en los actos de campaña electoral de sus amigos mexicanos y estaba dispuesto a tocar la guitarra y cantar rancheras en cualquier oportunidad que se presentara. Con ese carisma, Cantú logró ganar la elección de 2000 y se convirtió en sheriff. Ese arrastre popular no le sirvió en el momento en que la policía comenzó a investigar su asociación con narcotraficantes mexicanos.

“Sé que soy culpable, pero me perdí en la ambición; estoy aceptando las consecuencias de mis actos”, dijo Cantú el día de su sentencia ante la jueza federal Hilda Tagle. “Quiero aclarar que nunca he estado involucrado en drogas, ya que odio las drogas y lo que traen ellas”, dijo el exsheriff.

Tagle le cuestionó que si tanto odiaba las drogas, por qué se había asociado con narcotraficantes. “No sólo utilizó su carisma, sino también su posición para buscar el enriquecimiento propio, el cual lo llevó a traicionar la confianza de esta comunidad”, dijo la jueza.

Ese sentimiento de traición ha estado presente en los agentes de policía cuando un colega es investigado por corrupción. Pero ellos argumentan que la mayoría de los agentes es honesta.

“El 99.9 por ciento somos ciudadanos que nos importa nuestro pueblo, que nuestro pueblo no se eche a perder”, dijo Juan Carlos Aguirre, agente de la Policía de Pharr, una ciudad de 3 mil habitantes que hace frontera con la parte oriental de Reynosa.

La corrupción de servidores públicos ha llegado a convertirse en una prioridad de la FBI, dice William Carter, agente de la División de Investigación Criminal de esa agencia federal. “Nosotros tenemos las habilidades necesarias para realizar operaciones encubiertas y realizar vigilancia electrónica, y más importante aún, estamos aislados de la presión política”.

Según Carter, unos 680 agentes de la FBI se dedican a realizar más de 2 mil 500 investigaciones pendientes. El número de casos pendientes se ha incrementado en 63 por ciento desde 2003 y el número de agentes, en 54 por ciento. La cifra total de acusaciones formales contra funcionarios corruptos es alta: “Desde 2003, más de 3 mil 600 agentes federales, estatales y locales han sido acusados por la FBI por corrupción”.

La FBI ha creado un Grupo de Inteligencia Fronterizo (SWIG, por sus siglas en inglés) para manejar todos los casos que tienen que ver con México, además de seis Fuerzas de Tarea de Corrupción Fronteriza, dice Carter al añadir que la agencia federal incrementará su atención en la corrupción pública, los secuestros y la extorsión relacionada con la frontera.

Para Scott Henson, consultor en justicia criminal y libertades civiles, la FBI ha hecho su labor, aunque la corrupción es quizá más grande que las capacidades para combatirla. “Los agentes federales investigaron los casos más importantes de corrupción pública en Texas durante el gobierno de (George W) Bush”, dice Henson. “Los agentes locales no detenían a los policías corruptos y a lo mejor ni lo intentaban”.

Henson afirma que el trabajo de la administración de Barack Obama contra la corrupción pública aún está por verse. Sin embargo, resalta la magnitud del problema como el reto principal: “Ellos están tratando de combatir la inundación del tamaño de un océano sólo con cubetas”.