Salvo honrosas excepciones, el comportamiento del sistema mediático boliviano durante los sucesos de octubre fue marcadamente prooficialista; censurando la información en algunos casos y manipulándola en otros, tal como sostiene el autor de esta nota
La revuelta de septiembre y octubre, además de otras enseñanzas, nos sacó la venda de los ojos en tres aspectos:
1) El poder de los sectores oligárquicos -partidos, empresarios y embajada- no es indestructible.
2) La prensa del poder o afín a él (los medios de des/comunicación) fue eficiente y eficaz para ocultar las masacres en Warisata, Ventilla, El Alto, La Paz, Apaña, San Julián y Patamacaya, que culminaron con 82 muertes y más de 400 heridos.
3) No hemos medido aún la magnitud del derrumbe del sistema político, más allá de la huida del “Presidente masacrador”.
En esta nota vamos a ocuparnos centralmente del punto 2: de la labor que cumplieron los medios de des/comunicación. Partimos del hecho de que las consecuencias políticas y económicas de la movilización boliviana de octubre fueron reducidas a su mínima expresión por las empresas de la desinformación ligadas al procesamiento y comercio de otras mercancías [1]. Aunque, paralelamente a ello, también se notó cierto nivel de “maduración” en la gente, que no sólo desconfía de los políticos tradicionales y su praxis; ahora mira con creciente desconfianza a los medios de des/comunicación.
El poder político y económico en Bolivia está formado por un grupo de personas que controla el país mediante el gobierno y algunas empresas o representaciones de transnacionales en el país. Uno de los soportes estratégicos de este consorcio son los medios (la prensa del poder) y sus operadores y, dentro de ellos, los propietarios. ¿Cómo operan? ¿Quiénes son? ¿Qué riesgo implica su trabajo?
Esbozaremos algunas respuestas. Un hecho es innegable: la información, ese elemental derecho ciudadano, parece ahora una mercancía bien envuelta, como una golosina, un zapato o un plato de comida. Empero, esa información-mercancía es manipulable, peligrosa y sirve para distraer, mentir, maltratar y hasta aumentar la discriminación, el racismo y la marginación. Esto se agrava en Bolivia, país poco lector y casi adicto a “la tele”.
El diario La Prensa, no es coherente con su machacón slogan: “La verdad nos hace líderes”. Los periodistas de ese medio denunciaron públicamente que el jefe de redacción, Marco Zelaya, modificó deliberadamente titulares de la edición del 11 de octubre (en plena masacre por la Guerra del Gas), quizás tratando de apaciguar el clima de convulsión social que Bolivia vivía.
El 14 de octubre, ese mismo diario dejó de lado, entre sus titulares, a los 26 muertos en El Alto y La Paz. A ello se sumó la censura del 17 de octubre, a 34 años de la nacionalización de la transnacional petrolera Gulf Oil (de EE UU), y de la edición especial con motivo de la renuncia de Goni, que finalmente no salió. Estas denuncias están contenidas en la carta enviada por los trabajadores de ese diario a las organizaciones gremiales de prensa, el 18 de octubre de 2003.
En la televisión la censura fue abierta y el mensaje distractivo más efectivo: Reality shows, telenovelas o El Chavo se emitían con indiferencia en momentos en que ocurrían las matanzas en Villa Ingenio, ese paupérrimo barrio alteño que parece una villa miseria argentina, sólo que más grande y con más polvo y basura.
La excepción fueron RTP, Giga Visión y, eventualmente, la Cadena A. En contraste, casi todas las redes de Tv, entre el fatídico sábado 11 y el lunes 13 de octubre (tres días con más de 40 muertes) los “informativos de último momento” mostraban (y repetían) declaraciones de personeros de un gobierno herido de muerte (Mauricio Antezana, Javier Tórrez Goitia, Carlos Saavedra y otros) leyendo comunicados de apoyo al presidente de entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, los mensajes llegados de la OEA y otras entidades, que desconocían lo que pasaba en Bolivia. La censura había sido efectiva...
En la actualidad, los medios de des/comunicación cuidan al detalle su lenguaje. Por ejemplo, casi no utilizan la palabra “masacre” -que fue lo que realmente ocurrió en octubre- pero llenan minutos radiales y televisivos así como páginas de cobertura con declaraciones de cuestionados personajes de partidos del gobierno expulsado. Por ejemplo, en radio Panamericana es frecuente escuchar a ex funcionarios similares a Guido Meruvia (MNR) -aquel que se resistía a reconocer a la COB y hoy se da a la tarea de dar consejos a la ciudadanía-.
El diario La Razón, que en sus editoriales de octubre defendió al fugado gobierno, comenzó a reaccionar del shock social y sus efectos y concedió sendas entrevistas a funestos personajes como Javier Tórrez Goitia (31-10-03), Yerko Kukoc (8-11-03) entre otros.
En ese mismo diario, es común leer a Carlos Alberto López (ex personero de la capitalizada Chaco) o Carlos Miranda [2], aquel ex secretario de energía de Goni y luego superintendente de Hidrocarburos. Ambos escriben como eruditos (seguramente lo son) pero igualmente sabían (saben) de las tropelías de Goni-Revollo en el tema gas y sus consecuencias y no dijeron nada.
La consecuencia de estos hechos de des/comunicación y des/información, se mantiene y amplía la restricción al ejercicio de la libertad de expresión. Los ciudadanos tienen voz en determinados medios (muy pocos) pero están censurados en la absoluta mayoría. Es más, los analistas sistémicos hablan y hablan en redes como ATB o Uno pero no dicen nada. Su mensaje es incoherente con lo que pasa en el país.
Peor aún, el ejercicio de la libertad de prensa está amenazado de muerte. Los periodistas se ven impedidos de realizar su trabajo dentro de los límites de la libertad legal y real. Por ejemplo, los reporteros de la red Unitel (los trabajadores) no pudieron ingresar a la sede de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE), donde Carlos Mesa se estrenó públicamente como Presidente aquel sábado 18 de octubre de 2003. Los dirigentes vecinales vieron el logotipo de Unitel en el micrófono y cerraron la puerta. Con esto, los trabajadores de la prensa, aquellos reporteros que cubren la información son los que pagan los "platos rotos" de lo que deciden los dueños de la información del poder.
Ante este panorama, la salida parece ser volcar la tortilla comunicacional. Esto puede hacerse mediante dos acciones.
1) La gente comenzó a identificarse con otros medios, por ejemplo los alternativos: Desde la internet (Bolpress; Econoticias; Indymedia Bolivia; Indymedia Argentina), pasando por las radios (Erbol, por ejemplo) o periódicos (Pulso y otros) o esos comunicadores-hormiga que emiten boletines sobre “La Guerra del Gas”, la Asamblea Constituyente o la Capitalización. El costo de esos boletines (tamaño medio oficio doblado y 12 páginas) con deficiente diagramación e impresión pero ricos en contenido es de Un Boliviano, al alcance del bolsillo de un trabajador y están “en la Pérez Velasco o en la Ceja”, es decir, muy al alcance del bolsillo trabajador.
2) En este tipo de medios la población discutirá (ya discute) las consecuencias de la caída de Goni y su séquito, el referéndum sobre el gas o la Asamblea Constituyente, tema que ahora quieren monopolizar los partidos sistémicos. Ni qué decir de los video-debates, teatro popular y los volantes en barrios, sindicatos y colegios de algunas ciudades, o las campañas que realizan, periódicamente, entidades como Gregoria Apaza y Zárate Willka (El Alto), Fundación Solón (La Paz), Juan Azurduy de Padilla (Sucre) o el CEDIB de Cochabamba y Radio Alternativa (Santa Cruz). Los movimientos sociales llevan la delantera y la reflexión quedó rezagada. Incluso poetas y músicos quedaron a contramano o al menos retrasados.
La mayoría de las redes de televisión de alcance es nacional están radicadas en La Paz. ¿Quiénes Son sus propietarios? Aquí lo anotamos:
Red Unitel (2): Su principal accionista, Osvaldo Monasterio Áñez, es potentado cruceño de oleaginosas, dueño del Banco Ganadero y fue senador del MNR en la primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), cuando se aprobó la capilatlización.
Red RTP (4): Su principal accionista es Mónica Medina viuda de Palenque, ex subjefa de Condepa. Incluye radios Metropolitana y Doble 8 Latina.
Bolivisión (5): Su principal accionista es Ernesto “Tito” Asbún Salaues, dueño del Shoping Norte de La Paz y otras empresas; ex socio de Raúl Garáfulic en el diario Opinión ATB y en la cuestionada compra de acciones de la capitalizada LAB a la brasileña VASP. Incluye la red Radio Cadena Nacional RCN.
TV Boliviana (7): Propiedad del Estado. Utilizado por el gobierno en funciones con fines de propaganda contra movimientos y dirigentes sociales y sindicales. Incluye Radio Illimani.
ATB (9): De manos de Raúl Garáfulic, pasó al grupo mediático Prisa -dueña del prestigioso diario El País, de Madrid- cuyo principal accionista es Jesús de Polanco (España, país que tiene varias empresas con capitales invertidos en Bolivia como Iberdrola (Electropaz, distribuidora de electricidad), Repsol (productora y distribuidora de petróleo, gas y derivados).
Red Uno (11): De Ivo Kuljis, potentado agroindustrial cruceño, promotor de la Universidad rovada de Bolivia (UPB) y dueño de industrias Kupel (papel higiénico y derivados); ex candidato vicepresidencial con Carlos Palenque (Condepa, 1993), Johny Fernández (UCS, 1997) y Manfred Reyes Villa (2002) y socio de Goni hasta el 17 de octubre de 2003.
Total TV (15): De fugaz aparición y propiedad de Alberto "Toto" Arévalo, identificado con el MIR, cuya productora que acaba de dejar TVB paralela a la caída del gobierno de MNR-MIR. Incluye la red Radio Mundial.
Red CTV (18): Propiedad de la Iglesia Católica, sin incidencia comunicacional y presa de un desvío político, como la jerarquía católica, impulsora del frustrado Reencuentro Nacional.
Giga Visión (21): De los hermanos Arias (de Santa Cruz) con fuerte incidencia en "noticias en vivo".
TV-Norte 24: De José Luis Paredes, dirigente mirista y alcalde de El Alto y su esposa María del Carmen Zalles. Incluye Radio Ciudad.
TVU (13): Propiedad de la Universidad Mayor de San Andrés. Canal preso de un extravío ideológico, como la UMSA.
Canal 33: De Antonio Bocángel, canal local sin incidencia.
Cadena A (36): Su principal accionista es Luis Mercado Rocabado, vinculado a Mauro Bertero, actual jefe en ejercicio de ADN. Sus estudios están en el edificio EMUSA, empresa creada por Mario Mercado Vaca Guzmán.
Red PAT (39): Su principal accionista es Carlos Diego Mesa, actual Presidente y último compañero de fórmula de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR, 2002).
Canal 42: Parte de la Red Uno, de Ivo Kuljis.
Copacabana TV (57): Su director, RP Sebastián Obermaier, fue delegado presidencial "Anti pobreza" en El Alto durante el último gobierno de Hugo Banzer (1997-2002). Incluye la Agencia de Noticias Veritas-ANV.
Sistema Cristiano de Comunicación-SSC (27): Dirigido por el "hermano" Eduardo Salcedo, acusado públicamente de importar ilegalmente equipos de televisión y de enriquecerse "en nombre de la fe". Incluye la red radial Sonido de la Vida.
Cristo Viene (30): Dirigido por el "pastor" Luis Fernando Claure, canal de apologéticos y cuadrangulares mensajes. Incluye la red radial "Cristo Viene".
TV Poder de Dios (45: Dirigido por el "pastor" Luis Guachalla. De adoración a Dios, al minuto. Incluye la red "Radio Sol".
[1] Sobre los vínculos entre empresas medieaticas y empresas comerciales a secas ver el libro de Rafael Archondo Incestos y Blindajes (Plural, 2003).
[2] Carlos Miranda es un de los consultores favorecidos por la Capitalización. Según el informe del Delegado presidencial para la revisión de la Capitalización, entre febrero y septiembre de 1996, Miranda cobró 76 mil dólares por su trabajo como consultor. Es comprensible, pues, la opinión favorable que tiene de Goni y la Capitalización.
Los artículos de esta autora o autor
Autores: diplomáticos, economistas, geógrafos, historiadores, periodistas, militares, filósofos, sociólogos… 
