La punta del Iceberg de la privatización de Ecopetrol

Queremos que muchos colombianos compren a Ecopetrol” [1]. Con estas irónicas declaraciones el presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich, justificó el 28 de julio el anuncio del gobierno nacional de privatizar el 20 por ciento de la mayor empresa del país.

La verdad es otra. Con esta medida los gobernantes del país prosiguen en la concreción de su proyecto estratégico de adecuar para manos particulares el conjunto del Estado. Ya lo había exigido el Fondo Monetario Internacional en sus acuerdos de Stand by con Colombia, y en tal dirección accionaron las directivas de la estatal, por una parte cuando en el año 2004 deciden dividir la empresa entre un ente burocrático administrador de contratos: la Agencia Nacional de Hidrocarburos (A.N.H) y la misma Ecopetrol, encargada de la poca exploración y explotación que aún hace el Estado colombiano, y por el otro cuando en el año 2005 deciden privatizar la refinería (planta de Cartagena).

El olvido histórico y político

Todo indica que la privatización es un hecho, salvo que surjan actores con capacidad de accionar en su contra. Es más, es la punta del Iceberg para iniciar la privatización del 80 por ciento restante de la empresa.

Pero al mismo tiempo esa mencionada punta del Iceberg muestra a su vez que es la privatización del restante 20 por ciento de la industria petrolera colombiana pues el 80 ciento de la misma ya está privatizada, de la cual nadie parece haberse dado cuenta. Así, resulta irónico entonces que se haga tanta alharaca por ese irrisorio 20 ciento, (que no deja de ser significativo) cuando el resto ya está fuera del alcance de las posibles acciones y declaraciones nacionalistas coyunturales. Situación que es el costo del olvido político e histórico que acusa la memoria de los colombianos. Veamos.

La actual situación petrolera colombiana muestra que de los 530 mil barriles diarios promedio que se explotan en la actualidad en el país, la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol, S.A.) sólo produce directamente unos 125 mil barriles el 23.5%, y los restantes 405 mil barriles, el 76.5%, son producidos por las empresas multinacionales. De los 225 mil barriles que aparecen en las estadísticas como exportaciones que hace el país son de Ecopetrol 25 mil (el 13%) pues los restantes 200 mil (87%) son propiedad de las multinacionales.

Esas relaciones ha que ha llegado el comportamiento de la política petrolera colombiana se explican por el efecto de los Contratos de Asociación (llamados 50-50 o del miti-miti) establecidos mediante el Decreto 2310 de 1974, por el entonces presidente Alfonso López Michelsen, con el cual se iniciaba el proceso de privatización de la industria petrolera y carbonera del país. Política que se argumentó entonces en el hecho de que el país no tenía petróleo y se tenía que importar a costa de endeudar al país. Deuda que alcanzó entre 1975-1985 unos 5 mil millones de dólares.

Esos Contratos de Asociación que iniciaron privatizando el 50 por ciento de la explotación petrolera del país, desembocaron en la perspectiva de privatizar el 100 por ciento mediante el Decreto 1760 de 2003 que daba origen a los actuales Contratos de Regalías/Impuestos [2] y a la desaparición institucional de Ecopetrol. Los Contratos de Regalías/Impuestos les da a las Multinacionales el derecho a la prórroga de los Contratos permitiéndoles ir hasta el agotamiento del yacimiento, igualmente, les da total autonomía y responsabilidad en el proceso de explotación como el derecho a hacerse al 100 por ciento de la producción, lo que significa que al no revertir ahora sus campos a la Nación Ecopetrol se queda sin forma de aumentar su patrimonio, como ocurrió hasta entonces, lo que le daba estabilidad y continuidad empresarial.

Como el Decreto igualmente legislaba que la nueva contratación ya no la haría Ecopetrol sino un nuevo ente burocrático administrador de contratos: la Agencia Nacional de Hidrocarburos (A.N.H) [3], Ecopetrol era minada aún más, con la responsabilidad de competir ante esa Agencia los contratos, “en igualdad de condiciones”, frente a las Multinacionales.

Posteriormente con la Ley 179 de 1994 le quita autonomía financiera y presupuestal reformándole el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Más recientemente con la política de privatizar las refinerías, que ya es un hecho con la de Cartagena para continuar con la de Barrancabermeja, resulta que el famoso 20% a privatizar de Ecopetrol nos va resultando menos que irrisorio, con todo eso no deja de ser, teniendo en cuenta el patrimonio, más o menos de $2,66 billones.

Pese a esas condiciones del Gobierno contra la estabilidad y continuidad de Ecopetrol, a diciembre de 2005 la Empresa conserva un patrimonio de $13,3 billones y unos activos por $32,6 billones y le sigue transfiriendo anualmente a la nación la suma de $7,35 billones de pesos. En ese mismo año “sus utilidades fueron de 3,25 billones de pesos, lo que representa aproximadamente tres veces lo que pretende recaudar el Gobierno con la Reforma Tributaria, que es de $1,48 billones y tiene depositados en el Fondo de Estabilidad (FAEP) US$1.500 millones de dólares, más o menos $3,6 billones de pesos” (USO. 2006) [4]. Capital más que suficiente para despertar el apetito de los potenciales compradores.

Por el camino se arreglan las cargas

Las condiciones para efectuar la propuesta parecen inclinarse a favor del Gobierno que lo propone, con argumentos que no dejan de ser razonables, pero que sin duda traerá costosas consecuencias futuras para el país.

El Estado, por no decir que está quebrado, atraviesa por una crisis fiscal cada vez más difícil de ocultar y con tendencia a empeorar. Saben sus gobernantes que se acercan con sus políticas tributarias a un límite crítico sobre una población cada vez más limitada para cumplir su imposición. Los rubros de las exportaciones, entre ellas las del petróleo, tienden a disminuir con el agravante de acrecentar el endeudamiento externo, al tener que empezar a comprarles el crudo a las multinacionales a los altos precios actuales. El conflicto social si bien parece darse un compás de espera, manifiesto en el respaldo electoral al Presidente, llegará hasta donde le alcance la popularidad mediática; y el político militar con la insurgencia, si bien ha amainado no se ha resuelto. Además, Ecopetrol empobrecida, entre otras por las demandas que de sus ingresos hace el Estado, no tiene recursos para invertir y competir con las multinacionales urgiendo de recursos frescos.

De ahí que se tenga que echar mano de lo que va quedando de la privatización que se ha efectuado del patrimonio público, siendo lo más práctico la venta, (de por sí fácil), de los restos de una empresa como Ecopetrol.

Para su efecto ya cuenta con el aval de sectores como los industriales agrupados en la Andi, quienes han señalado que no solo se debe privatizar el 20 por ciento sino el 100%; con ellos están de acuerdo las grandes multinacionales petroleras, aunque no lo hayan hecho público, siendo obvias sus razones, dado que son las más opcionadas para participar en su adquisición.

También estarán de acuerdo toda la clase política nacional, regional y local pues entienden que de esos ingresos penden la suerte de sus promesas de campaña y la estabilidad de sus situados y presupuestos fiscales. Junto a ellos la burocracia militar y civil dependiente de las rentas del Estado.

Igualmente, aunque más incierto, podrá estar de acuerdo el grueso de la población ajena a entender lo que es un patrimonio nacional y lo que implica hoy en el mundo la soberanía energética, opinión, por demás, mediada por la economía del rebusque [5], que solo le interesa dar cuenta del diario que mañana ya veremos, campo ideal y que da razón del éxito del desarrollo de la actual política pragmatista del Gobierno que se guía por el lema: “por el camino se arreglan las cargas.”

Una estrategia que es consecuente con las políticas de apertura y privatización del país, la desaparición de la nación, la neocorporativización del Estado [6], el cumplimiento con los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y vía regia para la adhesión del país al Tratado del libre comercio con los Estados Unidos. Bogotá, agosto 1 de 2006