El Congreso del estado se resiste a dar trámite a una decena de solicitudes de comunidades que desde hace cuatro meses demandan la destitución de sus alcaldes, todos impuestos por Ulises Ruiz, e identificados como cómplices de la corrupción del gobernador de Oaxaca. El reconocimiento de asambleas populares que demandan está previsto en la Constitución local, lo que para el PRI significa la pérdida de poder en bastiones claves en la entidad.
Oaxaca, Oax.— El dominio del PRI sufre un descalabro más en las zonas rurales del estado. En la región de Valles Centrales los lugareños se dicen cansados de la manipulación que de ellos han hecho los políticos del estado de todos los partidos.
En el hartazgo que les produjo la forma de gobierno de los alcaldes que llegaron junto con Ulises, una veintena de comunidades se deslindó de políticos y partidos, y tras la aparición de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), aprovechan para promover ante el Congreso del estado la expulsión de sus alcaldes.
En contrapartida, exigen el reconocimiento a la forma de gobierno basada en Usos y Costumbres, con la elección por asamblea general de un alcalde popular, figura reconocida por la Constitución oaxaqueña desde 1998, y a la que el Congreso se niega a dar trámite.
A cuatro meses de que los municipios de Zaachila, Santa María Atzompa, San Antonino Castillo Velasco y Santa Cruz Xoxocotlán, enviaran al Congreso del estado sus demandas de destitución de sus alcaldes y la suspensión de recursos en tanto se formalizaran legalmente los ayuntamientos populares, no tienen respuesta.
En complicidad con los alcaldes del PRI, el legislador priista Bulmaro Rito Salinas, presidente del Congreso estatal, mantiene empantanadas las demandas y el dinero de estos municipios. Aun cuando fueron expulsados de sus alcaldías por la población, se dedicaron a colaborar activamente con Ulises Ruiz en su guerra contra la APPO y el magisterio.
Los alcaldes organizaron campañas mediáticas contra la APPO y el magisterio, coordinaron a sus policías municipales como “parapolicías”, desde el famoso “convoy de la muerte” (a bordo del cual policías vestidos de civil hicieron tiroteos, lo que originó el levantamiento de las barricadas), hasta las violentas agresiones del 27 de octubre, incluido el asesinato de Brad Will, camarógrafo de Indymedia.
Las agresiones fueron protagonizadas por policías municipales cuyos alcaldes coordinaron las acciones de agresión, como el de Santa María Atzompa y Sergio Atalo Enríquez Aguilar, quien el 11 de agosto participó junto con su chofer, Linando Anselmo, y el su síndico, Héctor Gaytán Aguilar, en la detención y posterior encarcelamiento del ex secretario general de la sección 22 del SNTE, Erangelio Mendoza González.
Al salir de los ayuntamientos, los ediles saquearon el armamento y el equipo policiaco, para usarlo contra los integrantes de la APPO y civiles asesinados durante los asaltos por parte de la policía.
Durante sus días de exilio, los ediles no han dejado de recibir sus ingresos y la nómina del municipio, recursos que han sido utilizados para financiar las marchas en el estado y el Distrito Federal en apoyo a Ulises Ruiz.
Mientras tanto, los representantes populares de cada comunidad despachan en las banquetas del municipio y acusan al Congreso de complicidad al permitir que sus recursos se destinen a una causa perdida.
Los representantes de los municipios gestionan su reconocimiento como ayuntamientos regidos por los Usos y Costumbres, y si el Congreso local no resuelve, llevarán sus demandas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el más grande de los antiguos reinos zapotecas resurgió la rebeldía. “Y esto ya nadie lo para”, dice Leopoldo Ortiz Rodríguez, indígena zapoteco de oscura piel curtida, quien, montado en su bicicleta, hace rondines nocturnos por las calles de la comunidad, coordinando los trabajos de los topiles (policías voluntarios) encargados de la vigilancia.
El Ayuntamiento de Zaachila es un extraño edificio hecho a capricho de quien, desde el 1 de enero de 2005, ocupó el cargo de alcalde: José Coronel Martínez, del partido Convergencia
Coronel tenía un negro pasado que fue utilizado por Ulises como moneda de cambio. En 2004, fue acusado de enriquecimiento ilícito en agravio del Ayuntamiento, durante el periodo (1999-2001) en que se desempeñó como regidor de Hacienda.
De acuerdo con la indagatoria, Coronel habría desviado más de medio millón de pesos vía servicios a un taller mecánico propiedad de su esposa, según reza la denuncia integrada en la Averiguación Previa 9747/SC/2004.
Aunque el Ministerio Público ejerció acción penal en su contra, por intervención de Ulises, Coronel libró la orden de aprehensión. A cambio, Coronel renunció a Convergencia, se cambió a las filas del PRI para impulsar trabajos de Ulises, como la Coordinadora Estatal a Favor de la Educación, para restar peso al magisterio en el estado.
Los primeros meses de su desempeño, el trabajo de Coronel en Zaachila se basó en la ampliación del Palacio Municipal, autorizó licencias de taxi y a gestionar para Casas Geo que los campesinos accedieran “voluntariamente” a ceder sus terrenos al consorcio.
De acuerdo con información de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), la remodelación del Palacio Municipal, costó al gobierno estatal y ayuntamiento 5 millones de pesos. Sin embargo, Coronel informó que había invertido 8 millones de pesos en la obra.
Las fotografías de abril de los archivos del gobierno de Oaxaca, muestran a un José Coronel cortando el listón inaugural de su pequeño emporio, que nunca ocupó.
El 15 de septiembre, cuando las manecillas del reloj, adornado con cuatro esculturas en tamaño real de indígenas zapotecas —ideado por Coronel— danzaran en punto de las once de la noche, el “mandamás” de Zaachila se asomaría al balcón y repicaría la campana que mandó colocar justo al centro del palacio, sobre la terraza principal. Aquella noche de celebración, Coronel ya estaba en fuga.
Las lluvias de junio evidenciaron la pésima calidad de los materiales con que fue construida la nueva alcaldía. Las goteras inundan el piso, y el techo comienza a despedazarse y se va al drenaje, como el erario de los zaachilenses.
El excéntrico alcalde mandó colocar un elevador (el único en la región) para los dos pisos del inmueble, cuya presencia resulta chocante y extraña para los indígenas que llegan a palacio.
En la sala de juntas, dos sistemas de aire acondicionado están aún con los plásticos de protección, lo mismo que la enorme mesa desde cuya cabecera el edil presidiría las reuniones. Nada se usó.
Hasta la fecha de su expulsión, el alcalde y sus regidores utilizaban la construcción original en la parte trasera del edificio, instalaciones que fueron clausuradas en julio pasado. Antes de irse, Coronel sacó las computadoras, los archivos, el dinero de caja, el parque vehicular, patrullas, chalecos y armas.
Los regidores de oposición: Tomás Eloy Chacón Pérez, Norberto Mendoza Benítez, Ezequiel Apolinar Chávez Maces, Josefina Martínez Aquino, Gerardo Martínez Ramírez y Tomás Bertín Villareal, solicitaron al Congreso suspender y revocar el mandato de Presidente Municipal a Coronel, por malversación de recursos públicos.
Aseguran que la flota de automóviles que Coronel adquirió, la pagó con dinero del Ayuntamiento y que tampoco le costaron las licencias para taxis que autorizó, amén del discreto manejo que hizo de las licencias que otorgó a Casas Geo para construir 1167 viviendas de interés social en el conjunto habitacional "Real del Valle", y la zona residencial de lujo “La Concordia”.
Lo acusan también de agresiones y amenazas y de organizar grupos de choque (que luego fueron utilizados contra la APPO y el magisterio).
Sobre José Coronel, uno de los colaboradores más cercanos e incondicionales a Ulises Ruiz, llueven denuncias. En febrero pasado las policías de Zaachila, Bernarda Castellanos Avendaño, Elizabeth Estrada Cruz, Ruth Marina Mendoza y Petra Abad Barranco, lo acusaron ante el Ministerio Público en Delitos Sexuales de abuso sexual.
La denuncia involucra también a los policías municipales Alejandro Noé Cruz López, Neptalí Santos Emigdio y Marciano Barranco Vásquez.
En un documento emitido por el Congreso el 10 de julio, en su calidad de presidente de la Gran Comisión, el diputado Bulmaro Rito Salinas se comprometió con los regidores de Zaachila a solicitar a la Secretaría de Finanzas la suspensión temporal de las participaciones que reciben; sin embargo la suspensión no fue promovida.
Fuentes cercanas a Ulises señalan que el dinero sirvió como contribución de los alcaldes para sufragar los gastos por el alquiler, durante más de tres meses, de hoteles, oficinas y casas privadas, donde el gobierno del estado y su gabinete despachó de forma itinerante, y cuyo costo fue de 30 millones de pesos al mes.
Los alcaldes del PRI, que son mayoría en el estado, pagaron en medios locales la campaña mediante la cual “invitaban” a los maestros a regresar a clases.
La comunidad designó a Miguel Ángel Vásquez Hernández como presidente interino de Zaachila. En el patio que sirve de oficina, el alcalde detalla su programa de gobierno, mismo que delineó la propia comunidad:
“No más casas GEO, es el reclamo popular; fortalecer la defensa del agua de Zaachila que se ha convertido en un botín, no sólo para las constructoras de todo el estado, sino para transnacionales, como la Coca Cola. Regresamos a los Usos y Costumbres porque esa es la única forma de que la comunidad salga adelante”.
En tanto el Congreso no resuelva su petición, la alcaldía se seguirá sosteniendo con los dos pesos diarios que locatarios del mercado municipal aportan y con el trabajo colectivo de toda la comunidad.
A Ulises Ruiz y Sergio Atalo Enríquez Aguilar los unen fuertes lazos fraternos. Ulises es padrino de bautizo del hijo de quien hasta junio pasado fuera legalmente reconocido como alcalde de Santa María Atzompa, ubicado a ocho kilómetros de la capital de Oaxaca.
La gente de Atzompa no sabe si fue torpeza o prepotencia, que el 11 de agosto, su alcalde dirigiera abiertamente —portando un chaleco antibalas y una R15— el “levantón” para detener al líder magisterial Erangelio Mendoza.
Al día siguiente, una brigada de la APPO detuvo al alcalde a quien encontraron también una pistola Taurus 9 mm. Pero Atalo tenía demasiadas influencias como para que un “incidente” así le causara conflicto.
Para septiembre, Atalo viajó a la ciudad de México -junto con otros ediles- para exigir que si la fuerza pública federal no intervenía en Oaxaca, ellos resolverían “a su manera” el conflicto.
Con las notas de la banda de viento que encabeza el cortejo fúnebre de un niño que murió en el parto víctima de insuficiencia de desarrollo, y que transita sobre la calle principal, rumbo al panteón, Joel Ruiz Juárez suspende la entrevista y de súbito se descubre la cabeza y se inclina como muestra respeto a los dolientes.
Ruiz Juárez es un hombre de costumbres, “un hombre de bien”, dicen los de Atzompa, y esa fue la razón por la que lo designaron alcalde popular.
Los habitantes de Atzompa “pintan su raya” ante todo partido político, cuyos representantes, durante los últimos trienios, les han hecho las mismas promesas: pavimentar sus polvosas calles, construir drenaje, más escuelas, hospitales. Y de todos: priístas, panistas y perredistas, la palabra sigue empeñada.
Santa María Atzompa es un pueblo de alfareros. En cada casa hay un torno. El 80 por ciento de las familias se dedica a la alfarería, el resto trabaja en labores del campo, o en oficios en la ciudad de Oaxaca.
Las únicas propiedades que destacan en medio de tanta pobreza son precisamente las que construyó el edil mientras permaneció en el cargo. Al igual que a Coronel, también le dio por comprar taxis y ponerlos a trabajar en el mismo municipio. Ni una sola obra hizo Atalo para la comunidad.
En agosto pasado la comunidad pidió al Congreso local la destitución de su alcalde y el reconocimiento al Ayuntamiento Popular, bajo la figura de Usos y Costumbres.
Joel Ruiz es taxista y, como la mayoría en Atzompa, alfarero, pero su popularidad se basa en que tres veces ha sido mayordomo de la fiesta mayor dedicada a la Virgen de la Asunción.
Sus colaboradores: Aurea Aurora Aguilar, ama de casa; Sergio Ruiz, campesino; Mercedes Becerra Hernández, ama de casa; y Francisco Juárez, alfarero y quen ahora coordina a los topiles.
“Mis primeras labores”, dice, “pues, realmente es un sueño: hacer la carretera, pavimentar las calles y el drenaje, usted dirá que es lo mismo que dijeron los otros alcaldes, pero la verdad es lo que necesita el pueblo.
¿La diferencia? -dice- es que a mí me eligió el pueblo, y yo voy a cumplir, sólo que hay que esperar a que el Congreso nos reconozca y nos mande los recursos porque hasta ahorita los sigue cobrando Atalo. ¿Afiliarme a un partido? ¡No! Sería traicionar a mi gente, porque aquí en Atzompa ya no tienen cabida los partidos políticos.
Los habitantes de Atzompa promovieron ante el Congreso una auditoría de los recursos de los ramos 28 y 33 que, hasta el momento, y aunque también está en fuga, recibe Sergio Atalo Enríquez.
Por cierto, los mismos rubros por los que su compadre, el gobernador Ulises Ruiz, se amparó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no se practicaran auditorías a dichas aportaciones del gobierno federal a Oaxaca.
Los habitantes de Atzompa esperan que el compadre del gobernador corra la misma suerte y que ellos puedan, por fin, saber en que se invirtieron sus recursos.
En Santa Cruz Xoxocotlán se evidencia la manipulación de Ulises Ruiz a la alcaldía para alinear a los ediles a su favor y centralizar todo el poder.
Aunque es uno de los municipios más cercanos a la capital, Xoxocotlán muestra el atraso que priva en toda la región. Por su ubicación, Xoxo se ha convertido en botín para constructoras que planean hacer en esta zona centros comerciales y casas de lujo sobre terrenos ejidales que desde tiempos de José Murat, vía despojos y compras forzadas a los campesinos, que adquirieron grandes consorcios, como Casas Geo y Autobuses de Oriente (ADO).
Tras revelar los indicios de una historia de corrupción -congelada por el Congreso local- el perredista Roberto Molina Hernández, entonces alcalde de Xoxocotlán, fue expulsado de palacio con la complicidad del Congreso que dio visto bueno a su destitución como respaldo de los legisladores a Ulises Ruiz.
En diciembre pasado, Molina Hernández solicitó a la PGR iniciar una investigación por malos manejos en el Fondo Nacional de Desastres (Fonden), en que involucra a la Secretaría de Gobernación de complicidad con el gobierno estatal al supuestamente haber enviado recursos de Fonden para Xoxocotlán, afectado por el huracán Stan.
Sin embargo, denunció Molina Hernández, el municipio no tuvo afectaciones de ningún tipo.
El edil solicitó a la PGR determinar la responsabilidad de los secretarios de Gobernación federal y local, Carlos Abascal Carranza y Jorge Franco Vargas, respectivamente, y de funcionarios de la Conagua y del Comité de Evaluación de Daños, por irregularidades en el destino de dichos recursos que nunca llegaron a Xoxo.
En su momento, el edil acusó que estos recursos se estarían enviando a la campaña presidencial de Roberto Madrazo.
Ulises quitó la piedra del camino. Hizo que el Congreso destituyera al edil y colocó en su lugar a Sandra Eugenia Ramírez Flores, quien en agosto pasado fue expulsada del palacio, en tanto la comunidad solicitó, también al Congreso, el reconocimiento de su gobierno popular.
Para el jurista Juan Manuel Cruz Acevedo, la imposición de Ulises Ruiz de la alcaldesa “a modo” es “el más reciente agravio al federalismo mexicano”. Recuerda que la misma artimaña quiso utilizar Ulises con Gabino Cué, pero se contuvo por el respaldo popular con que éste contaba.
Priísta de la vieja guardia, diputado local y ex procurador, Cruz Acevedo dice que los errores de Ulises los seguirá padeciendo el PRI en Oaxaca, entre ellos, la pérdida de presencia en los municipios, que a nivel nacional eran bastiones clave para el tricolor.
De acuerdo con el INEGI, Oaxaca tiene 570 municipios, de los cuales hasta antes del movimiento de la APPO y el magisterio, 418 se regían por Usos y Costumbres, en zonas rurales de las siete regiones, donde se concentra el 70 por ciento de la población.
A partir del 14 de junio la historia de Oaxaca ya no será la misma, coinciden sociólogos, como Isidoro Yescas. En efecto, uno de los resultados del movimiento será la pérdida de poder del PRI en los ayuntamientos cercanos a Oaxaca que son también los que tienen mayor infraestructura en el estado y reciben mayores recursos de la federación.
A diferencia de Chiapas, donde tuvo que pasar casi una década de lucha del EZLN para que las comunidades se agruparan como municipios autónomos, bajo la figura de Caracoles y Juntas de Buen Gobierno, en Oaxaca la Constitución local contempla la figura de gobierno basada en los Usos y Costumbres.
Publicado: Noviembre 2a quincena de 2006 | Año 5 | No. 68
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