La propuesta de reforma de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, LTDA debe estar lista para esta primera semana de febrero. Luego pasará a la Plenaria de la Asamblea Nacional para ser discutida. Si es aprobada se enviará, finalmente, al Ejecutivo Nacional para que la publique en la Gaceta Oficial de la República.
Así lo consideró, en entrevista concedida a ABN, el diputado del Movimiento V República, Virgilio Chávez, quien dijo que el vacío del reglamento debe llenarse inmediatamente se apruebe la reforma, en caso de que así llegara a suceder, porque "eso es lo que va a permitir tener cuentas claras".
A tres años y dos meses de entrar en vigencia, los intentos de poner en práctica la Ley de Tierras, como es conocida, han dejado ver que es necesario afinar algunos detalles para precisar varios elementos conceptuales y procedimentales por lo que actualmente se discute en la Asamblea Nacional su reforma.
En tal sentido, el 12 de enero pasado la Comisión Permanente de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional asumió la discusión de la reforma de la LTDA a través de una de sus subcomisiones, que quedó conformada por el diputado Chávez, quien es vicepresidente de la mencionada comisión, así como por el vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Ricardo Gutiérrez, entre otros.
El diputado Chávez opinó que tal reglamentación debe hacerla el Ejecutivo Nacional, y en este caso la responsabilidad recae directamente sobre el Instituto Nacional de Tierras, INTI, porque "es el órgano que trabaja en la aplicación o ejecución de la LTDA".
Sin embargo el presidente del INTI, Eliézer Otaiza, considera que es este organismo, creado en 2001 para hacer cumplir la Ley de Tierras, quien debe asumir esta tarea: "Nosotros creemos que esa es una de las responsabilidades del INTI porque este organismo tiene una función primordial por ser, justamente, quien tiene reservas legales, entre otras cosas, de los procedimientos que tiene la ley".
Agregó que la reforma obedece no a un capricho, sino a la necesidad de "rescatar el espíritu de toda la ley, específicamente de los artículos 89 y 90, y otros que hemos venido considerando. Igualmente, pretende reivindicar lo que ha sido la acción del gobierno para poner productivas las tierras del país y cambiar el modelo económico".
El cambio o revisión de la ley fue propuesto por la Comisión Agrícola Nacional, creada a través de un decreto presidencial el 10 de enero de este año y que tiene la tarea de insertar las tierras ociosas en el proceso productivo del país.
Esta comisión la integran representantes de diversos organismos públicos como el INTI; la Procuraduría General de la República; el Ministerio de Agricultura y Tierras y del Ambiente; el jefe del Cufan, General de División Julio Quintero Viloria; el asesor jurídico de la Presidencia de la República, René Duarte Gómez; y los gobernadores de Cojedes, Monagas, Yaracuy y Apure.
Desde el 12 de enero hasta la fecha ha habido varias reuniones en las que se han debatido diversos aspectos de la ley, tales como la revisión del concepto de latifundio y el esclarecimiento de los procedimientos administrativos para que el INTI emprenda el rescate de las tierras ociosas sin ningún tipo de problemas.
En el artículo 7 se define como latifundio toda extensión de tierra mayor de 5 mil hectáreas que esté ociosa e inculta y sea de sexta o séptima clase, mientras que en el 74 se prohíbe la expropiación de los fundos con esas mismas características, entre otros.
El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), José Luis Betancourt, interpuso un recurso de nulidad en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 6 de febrero de 2002.
El 20 de noviembre de ese año el órgano judicial declaró parcialmente con lugar la petición de Betancourt. De ese modo, el artículo 89 (que estipula la intervención de las tierras ociosas) y el 90 (que niega la indemnización de las bienhechurías a los ocupantes ilegales de algún terreno público) fueron anulados porque, efectivamente, el TSJ los consideró inconstitucionales, mientras que los numerales 25, 40 y 43 fueron sometidos a una nueva interpretación.
El presidente de Fedenaga dijo a ABN que durante la elaboración de la LTDA el gobierno nacional nunca escuchó las propuestas de la federación que él representa. Y más tarde, cuando entró en vigencia, los ganaderos detectaron serias violaciones a la Constitución Nacional, sobre todo lo que tiene que ver con el derecho a la propiedad que está consagrado en el artículo 115.
Hoy día, en el contexto de la reforma, Betancourt dice que le gustaría que todo estuviera más claro en la ley y que se flexibilizara la participación en las decisiones de las políticas públicas porque de nada sirve ser "exclusionista".
Sin embargo, para el presidente del INTI se debe restituir el artículo 89, sobre todo, porque, según Otaiza, es uno de los pilares de la ley ya que la figura de la intervención es la que permite agilizar los procedimientos para disponer de las tierras ociosas y ponerlas productivas.
"Hay que entender que esa ley está dentro de una estrategia que adelanta el gobierno a fin de colocar las tierras productivas. Para eso se necesita luchar contra el latifundio, así como tener claro el Plan de Seguridad Agroalimentaria y Desarrollo Sustentable para luego ir a lo que es el ordenamiento territorial, que son las tres grandes líneas que ordenó el Presidente con el decreto del pasado 10 de enero", explicó a ABN el presidente del INTI.
de ABN (Agencia Bolivariana de Noticias)
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