La tragedia de Bojayá permanece

Al cumplirse el segundo aniversario de la tragedia de Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, en el departamento del Chocó, que dejó 119 muertos civiles y más de 45 personas heridas, los habitantes de esta olvidada región de Colombia, permanecen en la zozobra, producto del incumplimiento de las promesas y compromisos adquiridos por el Estado frente a la reconstrucción y reparación integral de los daños y del fuego cruzado entre los actores armados.

Pese a los intentos por parte de sus pobladores, de organizaciones civiles y de algunos entes del Estado para que el Gobierno tome las medias necesarias y responda de manera eficaz a la crítica situación económica, social y política que viven los habitantes del Medio Atrato, la tragedia no termina para la población, quien poco a poco ha sido olvidada.

Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo quien en su momento presentó ante el Consejo de Estado una acción de grupo para obtener la indemnización de las victimas de la masacre, recibió como respuesta del Consejo que el procedimiento no era el de acción de grupo sino el de reparación. Dicha acción, según la ley, tiene como fecha de vencimiento, dos años desde el momento en que ocurren los hechos, lo que significa que el plazo legal que obliga al Estado colombiano para reparar e indemnizar a las víctimas termina el próximo 30 de abril.

Yenmin Cuesta, integrante del Comité Dos de Mayo, organización de la comunidad de Bojayá, señala que «el apoyo de la Red de Solidaridad Social hasta el momento se ha limitado a la entrega de dos salarios mínimos para indemnizar la perdida de bienes materiales. El registro incluye a 665 familias, de las cuales solo 305 han recibido el dinero».

Esta realidad y la necesidad de que los acuerdos y los compromisos que hizo el Estado de cara al país y a la comunidad internacional se cumplan, motivaron a la población a presentar una acción colectiva contra el Estado que, de acuerdo con la abogada de la Corporación Jurídica Libertad, Liliana Uribe, asesora del caso, desde el punto de vista penal, busca que la justicia ordinaria evidencie la responsabilidad de quienes intervinieron en los hechos del 2 de Mayo -Fuerza Pública, Farc y paramilitares- y que desde el aspecto humanitario, proclama por la reparación de las víctimas y de sus derechos colectivos. La acción continua su trámite. De acuerdo con la abogada, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación en contra de las Farc, pero aún no se ejecuta contra los paramilitares y algunos efectivos de la Fuerza Pública implicados [1].

Sin embargo, la respuesta que ha dado el Estado colombiano, según lo señala el documento «Bojayá, un año y medio después la tragedia continúa» [2], se ha concentrado en la reubicación del casco urbano de Bojayá. Además, agrega que dicha reubicación de Bellevista no garantiza un cambio sustancial en las condiciones estructurales que afectan el desarrollo de la región y que, por el contrario, la orientación de la mayoría de los esfuerzos hacia ese fin, ha provocado el desconocimiento de realidades históricas como la exclusión, el marginamiento y la indiferencia frente a la protección y prestación de servicios públicos básicos como salud y educación para las comunidades retornadas.

Una tragedia que no para

Fue el 2 de mayo de 2002 en Bellavista en el departamento del Chocó, cuando la población civil fue víctima de cruentos combates entre la guerrilla de la Farc y los paramilitares. Las Farc lanzaron un cilindro bomba contra los paramilitares, quienes se escudaron en el templo católico donde permanecía refugiada la población civil desde el día anterior. El cilindro hizo impacto en medio del altar del templo, dejando 119 muertos civiles, entre ellos 45 niños, y más de 95 personas heridas.

A raíz, de estos hechos y ante el miedo de la población por nuevos combates, más de 4.000 personas de los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte se desplazaron hasta Quibdó. Pero, no encontraron el apoyo prometido por las instituciones estatales, por lo que algunos se vieron obligados a realizar retornos sin ningún tipo de garantías de seguridad y de subsistencia. Unos meses después, entre el 1 de septiembre y el 17 de noviembre de 2002, alrededor de 2.000 personas retornaron a Bojayá con la esperanza de que allí se cumplieran las promesas de reconstrucción y reparación.

El documento «Bojayá, un año y medio después la tragedia continúa» resalta que los gobiernos de Andrés Pastrana y Alvaro Uribe Vélez han priorizado la presencia militar en el territorio, dando mayor importancia a la confrontación con actores insurgentes que a la situación de emergencia social, económica, psicológica y moral de sus habitantes. Por lo anterior, la dinámica que ha tenido el conflicto es difícil de cuantificar debido a la magnitud de los acontecimientos y a los continuos enfrentamientos e incursiones de los actores armados en la zona.

«De nada han servido cuatro alertas tempranas dirigidas a la Gobernación del Chocó, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a la misma Fuerza Pública para que tomen las medidas necesarias y evitar una masacre similar o peor que la ocurrida el 2 de Mayo», dijo el padre Jesús Flórez, de la Diócesis de Quibdó el pasado 16 de Marzo durante la presentación del documento [3].

Según el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, la Organización Regional Embera Wounaan-Orewa y la Diócesis de Quibdó, desde el pasado 17 de enero de 2004, aproximadamente 400 hombres integrantes de los grupos paramilitares llegaron a los territorios de las comunidades negras e indígenas del río Opogadó entre los lugares de Chicao y Vuelta Rota, violando los derechos humanos de las comunidades indígenas de Egoróquera, Unión Baquiaza y Playita y de la comunidad afrodescendiente de Mesopotamia [4].

Así mismo, el diario El Tiempo del 24 de Marzo publicó que Jesús Flórez, sacerdote de la Diócesis de Quibdó manifestó que en los últimos meses los combates entre el Ejército, el frente 57 de las Farc y el Bloque ’Elmer Cárdenas’ de las autodefensas se han expandido a todos los municipios que están en la ribera del río Atrato. Y puntualizó «Allí la comunidad vive una situación de desplazamiento y de miedo».

Hasta la fecha, según han señalado algunas organizaciones de derechos humanos, diferentes grupos armados, han realizado una serie de hechos que violan los derechos humanos e infringen las normas del derecho internacional humanitario, vulnerando de manera fehaciente la vida, la libertad, la seguridad e integridad personal de los habitantes del municipio.

Ni verdad ni justicia El proceso de retorno hacia Bojayá se produjo por la voluntad de las personas desplazadas, motivadas por la falta de oportunidades y de condiciones para subsistir en la ciudad de Quibdo, además influyó las supuestas posibilidades de acceso a una nueva ayuda humanitaria y las falsas expectativas que generó la Red de Solidaridad Social para financiar proyectos productivos y la propuesta de reubicación de Bellavista.

De acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo, sobre la situación de Derechos humanos y Desplazamiento Forzado en el municipio de Bojayá, el proceso de reubicación de Bellavista como respuesta estatal a la situación del municipio de Bojayá, no responde integralmente a la problemática de la región. Tampoco cambia la vulnerabilidad de las comunidades de las zonas rurales ante la presión de los actores armados ilegales, ni incide sobre factores estructurales como las condiciones de pobreza y la marginalidad de las mismas [5].

Pese a lo anterior, el pasado 20 de abril, Everardo Murillo, subdirector de la Red de Solidaridad Social presentó un balance de la situación, en la que manifiesta los adelantos en la adecuación del terreno en donde será reubicado el nuevo Bellavista. El funcionario agrego que en el proyecto, en el cual el Estado invertirá 14 mil millones de pesos, se construirán 264 viviendas donde vivirán aproximadamente 1300 personas y que estarán terminadas en Febrero de 2005, fecha límite propuesta por el proyecto [6].

De la misma manera, manifestó que en cuanto a la generación de ingresos para la comunidad, la Red de Solidariad Social implementó la Bloquera, proyecto productivo para que los pobladores trabajen en la elaboración de bloques, los cuales serán utilizados para la construcción de todas la obras de infraestructura.

Pero este discurso tiene ya un referente bastante desconsolador, manifestó Carmen Lozano, integrante del Equipo de enlace de la Diócesis de Quibdó en Bogotá.

Y son los anteriores pronunciamientos públicos. La manifestación por parte del entonces presidente Andrés Pastrana, en el sentido de que antes del 7 de agosto de 2002, estaría reconstruido el pueblo. Al igual que las declaraciones del actual Vicepresidente de la República, Francisco Santos, quien dijo el 25 de octubre de 2003 que en el transcurso de los siguientes quince días estarían iniciando las obras para la reubicacion del pueblo y que en junio de 2003 estarían terminadas [7].

Lo que viene es la conmemoración de los dos años de la tragedia. Las comunidades del Chocó, realizarán «la peregrinación por la vida» para recordar a las 119 personas asesinas por las Farc. Mientras tanto, cientos de chocoanos continúan viviendo la tragedia de las promesas incumplidas, de las reparaciones que no llegan y de los combates entre los actores armados ilegales que avanzan sin control.