Documentos exclusivos, a los que tuvo acceso El Periodista, muestran la participación de un ex agente de la Operación Cóndor en la detención de Galvarino Apablaza, el rol que jugó el FBI y establecen claramente que tanto la policía chilena como la Argentina sabían el domicilio del frentista desde el año 2000.
Todo pareció posible para las fuerzas de seguridad luego de la detención en Buenos Aires del famoso “Comandante Salvador” del Frente Patriótico Manuel Rodríguez por las policía chilena y argentina. Tras las primeras horas de conocido el caso, casi toda la prensa chilena llegó a afirmar su expulsión de Argentina “en las próximas horas”, pero a nadie se le pasó por la mente que un antiguo miembro del Plan Cóndor (que hoy podría llevar a Augusto Pinochet al arresto domiciliario) fue el hombre que proporcionó supuesta información “verosímil” sobre Galvarino Apablaza al FBI para lograr una recompensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Se trata de Miguel Angel Furci, un agente de los grupos de tareas que regían sobre la vida y la muerte de los 120 detenidos desaparecidos uruguayos que pasaron por el centro clandestino de detención “Automotores Orletti” que funcionó en la Capital Federal, bajo órdenes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) desde 1976 hasta 1979. Así como Orletti carga con el agravante de haber retenido ilegalmente entre sus paredes a 6 embarazadas y 6 recién nacidos, Furci lleva esa misma marca sobre su conciencia. El “pato Fillol” como lo conocen sus colegas de inteligencia, fue procesado y condenado por la apropiación ilegal de la niña de casi dos años Mariana Zaffaroni Islas, hija de un matrimonio de uruguayos desaparecidos en Orletti. Ese crimen de lesa humanidad, fue el que provocó la detención del ex dictador argentino Jorge Rafael Videla el 26 de septiembre de 2001, por ser la cabeza de un “plan sistemático de apropiación ilegal de hijos de desaparecidos”, donde Furci era uno de sus más destacados ejecutores.
Pocas horas después de la detención de Galvarino Apablaza, El Periodista pudo saber por fuentes judiciales que un documento del Departamento de Estado norteamericano había acelerado la pesquisa sobre el ex frentista y que la información señalaba que “Salvador” vivía en la Argentina con identidad sueca. La fuente sólo erró la nacionalidad, ya que la supuesta identidad no era sueca, sino austriaca y el resto de la información sería guardada bajo estricto silencio hasta ahora.
Lo cierto es que el famoso documento que forma parte del expediente contiene una serie de denuncias recibidas el 16 de agosto de 2004 por la “Sección Recompensa por Justicia” del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, desde el mail patofillol2002@yahoo.com.ar, perteneciente a un hombre llamado Marcel Arturo Fillol. Un mes después, el departamento jurídico de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) giró a la jefatura de Asuntos Internacionales de la Policía Federal Argentina una solicitud de colaboración para investigar los datos enviados por “Fillol”.
La denuncia señalaba que Apablaza vivía en la Argentina con la identidad de Johann Knoch, de nacionalidad austriaca, junto a su mujer argentina María del Carmen Jonte. Tras el pedido de investigación, a fines de septiembre este año, la Policía Federal Argentina concluyó que Knoch había fallecido en 1998 y “que las impresiones dactilares del buscado corresponden con las de Héctor Daniel Mondaca”. Este dato que apareció intempestivamente en el informe que debería haber ampliado los datos del denunciante, llevó a la defensa de Apablaza a preguntarse cómo la Policía Federal y la Interpol llegaron tan rápido a esta identificación.
Esta cuestión clave fue explicada en el escrito judicial al que tuvo acceso en exclusiva El Periodista: “su identificación y posterior detención procedió de las labores de inteligencia derivados de la causa 1281, elementos que no fueron informados tanto por el subcomisario Salvador Bellusci, de Interpol, ni por el Comisario Jorge Rojo, del Departamento Unidad Investigación Antiterrorista de la PFA, con lo cual ambos incurrieron en una falsedad, con el fin de inducir a error, tanto a las partes como al juez interviniente”.
Quince días después, a mediados de octubre, la pesquisa policial avanzaba sobre la identidad de Mondaca, y no sólo confirmaba que la familia Knoch no tenía mucho que ver, sino que quien suponían que era “Salvador”, finalmente resultó ser un ciudadano chileno de carne y hueso, con nombre propio e identidad genuina, con causas judiciales pero “sin ningún impedimento a nivel internacional”. El informe de la policía agregó que el mail y el celular aportados por el denunciante, pertenecen a Miguel Angel Furci, “condenado a la pena de siete años de prisión por ocultación y retención de una menor de diez años en concurso real por el delito de supresión del estado civil de una menor y falsificación ideológica de identidad, y además consta como profesión para el año 1971 empleado en Presidencia de la Nación-SIDE”.
El informe que forma parte del expediente judicial y que desenmascaró al denunciante, también reconocía que los datos sobre Apablaza ya constaban en la causa “1281”, consistente en una serie de investigaciones realizadas en el año 2000 sobre varios ciudadanos argentinos y decenas de chilenos residentes en Argentina ante la suposición de que los evadidos de la Cárcel de Alta Seguridad estaban en el país trasandino. El entonces juez federal Gabriel Cavallo declaró “la nulidad de las tareas de seguimiento realizadas por personal de la SIDE y de todo lo actuado en consecuencia”, porque “la realización sin orden judicial por parte de Interpol constituye una trasgresión al orden jurídico intolerable en un estado de derecho puesto que se omitió obligatoria intervención de un juez”.
La propia Policía Federal Argentina recomendó al juez Claudio Bonadío que cite a declarar a Furci, un hecho que ya no resulta curioso entre agentes secretos y policías federales. En este caso, ya tuvieron su primer problema de competencia en la causa “1281”, donde sus actuaciones fueron consideradas “intolerables en un estado de derecho”. Fuentes judiciales consideraron que hay cada vez más evidencias sobre “la utilización política” de la detención, ya que “era evidente que sabían desde hace 4 años donde estaba Apablaza” y que toda la actuación se aceleró por las denuncias giradas por Furci, que finalmente resultaron inconsistentes.
En un escrito judicial al que tuvo acceso El Periodista, el abogado defensor Rodolfo Yanzón sostiene que “la persecución política de la que ha sido víctima Apablaza Guerra se ha trasladado a nuestro país, y uno de los responsables ha pertenecido (y, sostengo, aún pertenece) a la Secretaría de Inteligencia del Estado, que le ha brindado cobertura durante la vigencia de gobiernos constitucionales”.
En cuanto a la causa 1281, Yanzón argumentó ante el juez que “la Policía Federal, en complicidad con su par chilena, exhumó estos informes -que no pueden tener ningún efecto jurídico- en esta causa (para) robustecer la línea investigativa sobre Apablaza”. Según señaló un funcionario del juzgado de Claudio Bonadío, los elementos son muy contundentes y “el juez ya habría acogido a dos puntos del planteo de nulidad de la defensa”.
Es que a la luz de los documentos que forman parte del expediente, El Periodista pudo saber que “hasta los integrantes del juzgado pudieron verificar que primero los agentes policiales hicieron una mágica e imposible comparación de las huellas dactilares enviadas desde Chile y las del documento a nombre de Mondaca mientras descartaban por completo que Apablaza fuera Knoch”.
Lo cierto es que ya en la causa 1281 del año 2000 figuraba un teléfono intervenido a nombre de Felipe Guerrero, cuyo domicilio coincidía con el registrado en el documento de Héctor Mondaca, la identidad bajo la cual fue detenido Galvarino Apablaza.
Para los abogados defensores de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, “la Federal y su par chilena conocen desde hace años la existencia de Felipe Guerrero, de su teléfono y de su domicilio”, por lo que hasta ahora nadie puede explicar una razón que justifique que Galvarino Apablaza haya sido detenido a finales de noviembre de 2004 y no antes.
Ha quedado comprobado que Furci, tiene una larga experiencia en perseguir “opositores políticos” desde hace 30 años y ahora ha vuelto a la carga, pero ni siquiera sus pares de la Policía Federal lo protegen. Miguel Angel Furci, según la propia Policía Federal Argentina, ingresó a la SIDE en 1971. De su paso por la inteligencia no hay rastros hasta 1976 donde pasó a formar parte del equipo destinado por el jefe de la inteligencia del Estado Argentino, general Otto Paladino, para encargarse de los exiliados chilenos, paraguayos, bolivianos y uruguayos que se refugiaban en Buenos Aires a principios de 1976. Paladino, llamado “Dios” entre sus subalternos, seleccionó para esa tarea a su grupo preferido y más cercano: la banda encabezada por Aníbal Gordon, un delincuente común ultranacionalista, cuyos integrantes eran reconocidos “por su predisposición para cualquier actividad, especialmente para las misiones que requerían riesgo y audacia”.
El grupo de Gordon había trabajado para la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como Triple A, entre 1973 y 1975. Según el libro Operación Cóndor, El Vuelo de la Muerte, de Francisco Martorell, “Cóndor” se inició formalmente en un encuentro organizado por el entonces coronel Manuel Contreras, director de la DINA, realizado en Santiago a fines de noviembre de 1975 y contó con la participación de Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil.
Tras el rastro de Furci, El Periodista pudo saber que la operación del Plan Cóndor en Buenos Aires comenzó cuando Paladino fue designado jefe de la SIDE a finales de 1975 poco antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, a pedido del futuro presidente de facto, Jorge Rafael Videla. Cuando asumió como jefe de la SIDE a finales de 1975, Paladino convocó a Gordon y a su lugarteniente Eduardo Ruffo y les dijo: “ustedes dejan de hacer lo de la Triple A, porque dentro de poco lo vamos a hacer nosotros, ahora van a tener una misión especial”.
La referencia de Paladino por el “nosotros” inclusivo, significaba que los asesinatos y persecuciones que venían haciendo como banda parapolicial, pasaría a manos del propio Estado Argentino. La nueva misión era arrendar un lugar para poder llevar a todos los extranjeros secuestrados y torturarlos e interrogarlos. El lugar fue conocido como “Automotores Orletti” y fue alquilado por el agente de la SIDE Eduardo Alfredo Ruffo, también condenado por la apropiación ilegal de hijos de detenidos desaparecidos. Junto a este último operaba Miguel Angel Furci, que ya en esa época era conocido como “Marcelo Fillol”.
Luego de la reinstauración democrática, las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron en 1984 que la hija que tenía Furci, probablemente no le pertenecía, sino que era de detenidos desaparecidos. Proporcionaron la identidad de cobertura del agente de inteligencia y, luego de una larga serie de triquiñuelas judiciales, un juez ordenó en 1985 el análisis de histocompatibilidad de Furci con su hija, Daniela Romina Furci de 9 años.
El resultado arrojó que la pequeña era Mariana Zaffaroni Islas, hija de dos detenidos desaparecidos uruguayos que habían pasado por el centro clandestino donde Furci operó. Furci aunque es un ilustre desconocido para los chilenos, es una figurita conocida para argentinos y uruguayos.
Según el periodista-investigador uruguayo Samuel Blixen, luego de la denuncia de Abuelas en 1984, “Furci viajó a España en 1985 con pasaportes falsos y tomó contacto con Raúl Guglielminetti”, otro reconocido torturador prófugo “quien gracias a sus relaciones con la ultraderecha española había reproducido la impunidad del otro lado del Atlántico y se movía libremente a pesar del pedido de captura cursado mediante Interpol” hasta que cayó ese mismo año.
Tras la caída de Guglielminetti, la justicia argentina pidió la captura de Furci. La SIDE lo protegió, dijo que estaba “en misión”, pero caería preso 7 años después tras vivir un año en Asunción del Paraguay con Mariana a cuestas y bajo la identidad de “Marcelo Altemir”.
Paradójicamente, el “denunciante” en la detención de Apablaza Guerra, antes de ser detenido en Buenos Aires en 1992, fue perseguido por Interpol en Asunción, pero tenía la protección del gobierno de Alfredo Stroessner que lo protegió del pedido de extradición girado desde Buenos Aires.
Desde 1987 hasta su caída mantuvo protección de los servicios de inteligencia tras presionar a los paraguayos y a sus cómplices argentinos de contar “la verdad”. Hoy está en libertad tras cumplir la prisión aunque “sigue callando los secretos de la coordinación represiva que conoció intimamente”.
El oscuro prontuario de Furci, agrega un elemento sumamente sospechoso a la investigación que dio con el “Comandante Salvador”, ya que la justicia argentina esta vez está escuchando con más atención las reiteradas denuncias en Santiago y Buenos Aires de una coordinación represiva que continúa operando.
Los antecedentes del seguimiento de la causa 1281 significó una operación ilegal en democracia que fue anulada y que ahora es utilizada nuevamente a pesar de los fallos judiciales en su contra, pero la presencia de un comprobado apropiador ilegal de hijos de desaparecidos que trabajó para el Plan Cóndor y que ahora denuncia datos falsos, abre interrogantes que los gobiernos constitucionales de Argentina y Chile deberían comenzar a responder.
La llamativa coincidencia entre la curiosa aceleración de la pesquisa sobre Apablaza Guerra que determinó su detención y la difusión del informe sobre la Tortura en Chile, ha encontrado quizás su primera respuesta.
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