La vinculación de niños y niñas al conflicto armado: más allá del reclutamiento directo

En Colombia, las cifras más conservadoras señalan que existen entre 8.000 y 13.000 niños y niñas vinculadas a las partes en conflicto[1]. En lo que respecta a los grupos insurgentes, las FARC-EP han desconocido el ofrecimiento hecho por esta organización al Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para niños en el conflicto armado, en junio de 1999, donde señaló que no reclutaría más niños y niñas menores de 15 años[2]; por su parte, el ELN ha incumplido los acuerdos firmados en Mainz, Alemania, denominados “Acuerdos de Puerta del Cielo”, en los cuales se comprometió a no reclutar menores de 16 años.

Así mismo, los grupos paramilitares agrupados en las AUC, en la Declaración de Paramillo, el 26 de julio de 1998, establecieron que a partir de la fecha no reclutarían a menores de 18 años en sus filas, ni los utilizarían en actividades de inteligencia o vigilancia. Además, en “la declaración por la paz de Colombia”, de noviembre de 2002, este grupo ofreció entregar a UNICEF a niños y niñas vinculados a sus filas[3], sin embargo, hay evidencias que demuestran que ninguno de estos acuerdos se ha cumplido.

Por su parte, el Estado colombiano, aunque formalmente no recluta personas menores de 18 años, la Coalición contra la vinculación de niños y niñas al conflicto armado en Colombia, y otras organizaciones no gubernamentales, han encontrado que continúa la vinculación indirecta a las hostilidades por parte de las distintas entidades que hacen parte de la Fuerza Pública[4].

Ahora bien, teniendo en cuenta que dentro de la opinión pública se han difundido y conocido los casos de reclutamiento directo comentados anteriormente, pero se ha omitido aquellos donde el Estado colombiano, de distinta forma, lo sigue haciendo, el objetivo de este pequeño escrito es describir y denunciar tal situación, en procura que cese dicha práctica violatoria de los derechos humanos de niños y niñas.

Programas cívico-militares

Uno de los primeros casos denunciados se ha venido presentando desde el año 2003, cuando el Ejército Nacional comenzó un programa denominado “Soldado por un día”, que busca “la integración de los niños con el Ejército, a través de actividades lúdicas y la visita de los menores a las instalaciones militares del país”, y en la cual montan en tanques de guerra, conocen los helicópteros y ensayan maquillaje de camuflado.

En el 2003, la Procuraduría General de la Nación solicitó la suspensión del programa en Arauca, argumentando que (i) el ánimo de hacer que se cuestionen respecto de situaciones sociales y políticas va en contravía con el grado de desarrollo y vulnerabilidad de los niños; (ii) es notorio el riesgo que corren al estar en un sitio que podría ser claramente determinado por los actores armados al margen de la ley, como objetivo militar, y (iii) la principal misión del ejército no es educar a los niños, lo cual no quiere decir que no sea indispensable la presencia de otras instituciones estatales especializadas en la construcción de valores desde la niñez[5].

El Ejército de Colombia, con leves modificaciones formales, continúa desarrollando el programa, que busca “enseñar los símbolos patrios, la identidad de los soldados e inculcar el sentimiento patrio” en varias zonas del país[6]. En su página web se encuentra un vínculo para ingresar a un espacio que se ha creado con el objeto de invitar a los niños y las niñas a participar en acciones “lúdicas y educativas” denominado Club Lancita. Allí se hace referencia a una actividad denominada “sé lancita por un día”, la cual parece ser una reproducción del programa de “soldado por un día”[7].

Actividades de inteligencia

El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en su más reciente informe sobre la situación de la niñez en Colombia, señaló su preocupación por el uso de niños y niñas en actividades de inteligencia, pues los pone en un grave riesgo ante los grupos combatientes, además de ser un acto contrario al derecho humanitario, en particular, el principio de distinción[8]. Lo mismo fue señalado por la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), quien aseguró que “el irrespeto de esos principios es también atribuida a miembros del Ejército por la utilización de niños como informantes”[9].

Un ejemplo de lo anterior fue denunciado por la OACNUDH, quien “tuvo conocimiento de que un niño de 10 años y su padre fueron ejecutados por presuntos miembros del Frente 48 de las FARC-EP. Los hechos ocurrieron en octubre de 2005 en el resguardo de Teteyé, municipio de Puerto Asís, en Putumayo, el 9 de octubre de 2005. Se presume que el niño era inducido a dar información al Ejército, violando de esta manera el principio de distinción que prohíbe involucrar a los menores de edad en actividades militares”[10].

En conclusión, el Estado colombiano, aunque no reclute formalmente a niños y niñas en sus fuerzas armadas, continúa violando diferentes instrumentos internacionales de protección ratificados e incorporados a nuestra legislación, en particular el Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y el Convenio 182 de la OIT relativo a las peores formas de trabajo infantil, en tanto ha desarrollado diferentes estrategias y programas que vinculan la población civil al conflicto armado interno, desconociendo principios como el de distinción y poniendo en grave riesgo la vida e integridad de niños y niñas que son forzados a participar de los mismos.