La violación sexual es el acto más terrible que sufre una mujer y forma el 83% de los delitos sexuales, que son perpetrados por familiares o conocidos de la víctima, lo que pone en evidencia que las mujeres corren riesgos de agresión tanto en la esfera privada como en la pública.
Por: Verónica Díaz
En Ecuador, el 95% de violencia contra la mujer ocurre en casa. Un estudio realizado por la Policía Judicial (PJ), entre 2002 y 2008, reveló que el 58% de agresiones contra mujeres se da por el cónyuge; un 23% por el conviviente y un 4% por algún familiar.
La violencia intrafamiliar, VIF, alcanza una dimensión alarmante: su promedio anual es de 12.712 denuncias, 1.060 denuncias mensuales y alrededor de 35 denuncias diarias. Las mujeres son quienes presentan mayoritariamente las denuncias por VIF, con un 97%, es decir 7.451 casos. En el caso del Distrito Metropolitano de Quito se estima que, al menos, 7 de cada 10 mujeres han afrontado situaciones de VIF.
La violencia doméstica (84%) está a la cabeza de las agresiones que se ejercen contra las mujeres. Pero la violencia no sólo es física, sino también sicológica y sexual. La violación sexual es, hasta hoy, el acto más terrible que sufre una mujer y registra el 83% de los delitos sexuales, que son generalmente perpetrados por familiares o conocidos de la víctima, lo que pone en evidencia que las mujeres corren riesgos de agresión tanto en la esfera privada como en la pública.
La violencia de género, hacia niñas/os, adolescentes y mujeres está reconocida como una violación a los derechos humanos, como un problema de salud pública, de justicia social e incluso de seguridad ciudadana. Incluye actos que causan daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual; implica amenazas, chantajes emocionales, económicos y otras formas de privación de la libertad. Sobrepasa factores de clase, etnia, raza, credos religiosos etc.; es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y ejercicio de libertades que supondrían la igualdad y equidad con relación a los hombres. Provoca el deterioro de la mujer y la familia en la salud física, sexual, reproductiva y psicológica, aumentando la probabilidad del alcoholismo, drogadicción, disfunciones sexuales, intentos de suicidio y depresión. Lo que convierte a la familia en un espacio no acogedor para niñas/os y adolescentes, aumentando las posibilidades de conductas delictivas. Así, la violencia contra las mujeres impone una carga económica enorme que causa pobreza tanto a nivel individual, familiar, comunitario y social en general. La actual Constitución Política de la República considera la violencia de género, hacia niñas/os, adolescentes y mujeres, como un problema de seguridad ciudadana y dispone la obligación del Estado de garantizar a todas las personas el libre y eficaz ejercicio y goce de los derechos humanos establecida en esta y en las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes. Sin embargo, muy poco se ha avanzado en materia de erradicar esta violencia; así, según los informes de la Dirección Metropolitana de Seguridad Ciudadana, en Quito, hasta septiembre del 2008 se presentaron 7.651 denuncias, de las cuales 7.451 corresponden al sexo femenino. Un dato importante radica en que, de acuerdo a estos registros, las agresiones se dan con mayor frecuencia en horas de la mañana y que la mayoría de los ataques se producen en el propio domicilio, tal como lo demuestra el siguiente cuadro:
Conciente de esta realidad y preocupado por contribuir a la mejora de la situación social y la calidad de vida de las mujeres, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM, ejecuta dos proyectos encaminados a combatir la violencia contra las mujeres, jóvenes y niños en la ciudad de Quito. Estos proyectos son: “Prevencón y atención de la violencia intrafamiliar y sexual en dos colegiosd de Quito”, desarrollándose en el Instituto Nacional Mejía y la Unidad Educativa Municipal Experimental “Sucre”; y “Fortalecimiento del acceso a la justicia y ejercicio de ciudadanía, por una vida libre de violencia para jóvenes y ujeres de Quito”, realizado en la comunidad de Guápulo. Estos proyectos están auspiciados por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, en cooperación con la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción- FAD.
Ma. Eugenia Rojas, coordinadora de proyectos del CEPAM, afirma que “estos proyectos consisten en abrir espacios de conversación y reflexión entre jóvenes, padres, madres o familiares con el objetivo de posibilitar prácticas más deliberativas de actuar de cada uno de los involucrados, que permitan establecer relaciones más responsables y de cuidado con uno mismo y con quienes nos rodean”.
Uno de los objetivos de los proyectos es el análisis desde el ámbito cotidiano, generalmente denominado privado, para construir una ciudadanía más activa mediante una metodología de talleres y reflexiones, organizados en base a temas específicos a partir de preguntas o actividades varias, para posteriormente proceder a la entrega de información por medio de charlas o la exposición de temas como violencia intrafamiliar y sexual, acoso, abuso, masculinidades, cultura de paz, marco jurídico para afrontar las agresiones, entre otros, que permitirá a los /las participantes iniciar un proceso reflexivo de debate y discusión, buscando generar un cambio en las prácticas cotidianas de relación, y así contribuir para la erradicación de la violencia, puesto que en cada taller están presentes visiones de género, construcción identitaria, sexualidad, afectividad y autoestima.
Autores: diplomáticos, economistas, geógrafos, historiadores, periodistas, militares, filósofos, sociólogos… 
