Las ONG, nuevo brazo de la diplomacia estadounidense

Manifestación en Kiev, el 6 de noviembre de 2004.

El derrocamiento del presidente georgiano Eduard Chevarnadze, en noviembre de 2003, y la ascensión al poder de Viktor Yuschenko en Ucrania, en diciembre de 2004, consagran, según la mayoría de los politólogos europeos, el triunfo de la sociedad civil democrática en los antiguos satélites soviéticos.

Al oír las loas de la llamada «prensa occidental», parece que no puede uno menos que alegrarse de la forma en que los pueblos sometidos por la antigua URSS toman hoy el destino en sus manos y se unen, es debido, al único bando justo, representado por -no hay más escoger- Occidente, Europa o la OTAN.

Todo ello, gracias al formidable trabajo de terreno y de movilización que hicieron numerosas organizaciones no gubernamentales o extranjeras para convencer a los georgianos, los ucranianos y, quizás mañana, a los bielorrusos, de que es importante hacer valer sus propios derechos.

La realidad es más compleja y seguramente mucho menos idílica. Parece en efecto que, conforme a la línea de las teorías del politólogo estadounidense Gene Sharp, desarrolladas en el seno de la Albert Einstein Institution [1], Estados Unidos elaboró desde el final de la guerra fría una nueva doctrina de golpes de estado soft mediante la utilización de técnicas no violentas.

Inspirándose en la eficacia de las luchas políticas que desarrolló en la India Mohandas K. Gandhi, Washington trata desde hace alrededor de diez años de derrocar los gobiernos que no le gustan mediante un dispositivo que le garantice el apoyo de la opinión pública internacional.

En el centro de la nueva doctrina, las organizaciones no gubernamentales, tan populares ante los medios de difusión, juegan un papel esencial. Como señala el periodista de Counterpunch Jacob Levich, «las organizaciones no gubernamentales -asociaciones teóricamente independientes y con la reputación de humanitarias, conocidas bajo de la denominación de ONG- están ya abiertamente incorporadas a la estrategia de conjunto de Washington para consolidar su supremacía global» [2].

El hecho de que la mayor parte de las ONG, sobre todo las más importantes, sean financiadas por fondos «privados-públicos» no es nuevo. Hace tiempo que las agencias gubernamentales de ayuda tienen como objetivo subvencionar, por lo menos parcialmente, organizaciones humanitarias especializadas en el desarrollo. Numerosas ONG aceptan igualmente fondos provenientes del Open Society Institute de George Soros aún cuando los lazos de este último con la diplomacia subterránea estadounidense son bien conocidos [3].

Sin embargo, durante muchos años el carácter dudoso de esos financiamientos -que ponen en tela de juicio la definición misma de lo que debe ser una organización no gubernamental- no tenían influencia real en la integridad con la estas realizaban sus actividades. La cantidad de ONG que apoya, por ejemplo, el Open Society Institut excluía la utilización de esa vía para establecer un control sobre los numerosos proyectos en marcha [4].

Sin embargo, las cosas cambiaron desde principios de los años 2000, y el cambio fue deliberado. En el pasado, Estados Unidos acostumbraba a financiar grupos políticos y guerrillas armadas, así como sindicatos[Ver: «¿AFL-CIO o AFL-CIA?», por Paul Labarique, Voltaire, 19 de enero de 2005; «1962-1979: La AFL-CIO y la contrainsurgencia sindical», Voltaire, 19 de enero de 2005.]]. A partir de la llegada de George W. Bush al poder, en enero de 2001, las ONG fueron integradas poco a poco al aparato estadounidense de ingerencia.

La idea se fue imponiendo, primero en algunos think tanks [Centros de investigación, propaganda y divulgación de ideas, generalmente de carácter político] neoconservadores, luego en el seno de la United States Agency for International Developpment (USAID) [5].

Esta agencia gubernamental estadounidense, dependiente del Departamento de Estado, es el equivalente del ministerio francés de Cooperación. Fundada por John F. Kennedy en 1961, la USAID «apoya el crecimiento económico equitativo y a largo plazo y promueve la política exterior estadounidense apoyando: el crecimiento económico, la agricultura y el comercio, la salud, la democracia, la prevención de conflictos y la ayuda humanitaria».

Para ello, la USAID debe seguir directivas del Departamento de Estado y es financiada por fondos públicos. Su acción en el terreno consiste principalmente en redistribuir esos fondos en los países que Washington desea «ayudar», sobre todo a través de organizaciones no gubernamentales [6].

La llegada al poder de una administración belicista en enero de 2001 no podía dejar de tener consecuencias para un organismo tan ligado a la política exterior estadounidense. Sobre todo si se tiene en cuenta que el director de l’agencia, Andrew S. Natsios, está muy ligado al nuevo equipo de gobierno. Adepto del «conservadurismo compasivo», Natsios fue miembro del equipo que dirigió en 1980 la campaña electoral de George H. W. Bush, quien lo nombró después, en 1988, en el Buró de Ayuda para las Catástrofes en el Extranjero antes de que Natsios se sumara a la asociación caritativa cristiana WorldVision a partir de 1992 [7].

A la par de la Casa Blanca, la USAID modificó por tanto su relación con las ONG para integrarlas progresivamente al aparato de ingerencia articulado alrededor del conjunto NED/CIA. Eso es lo que revela la lectura de un informe publicado por la agencia en enero de 2003, documento en el que nadie reparó en pleno período de preparación de la guerra contra Irak. El informe detalla cómo desea el Departamento de Estado utilizar en lo adelante las organizaciones no gubernamentales.

Bajo el título Ayuda internacional en nombre del interés nacional: Promover la libertad, la seguridad y la oportunidad, el informe nos pone al tanto de las nuevas prioridades de la USAID. La agencia no concebirá ya sus programas con el fin único de aliviar la miseria humana sino que se dedicará más bien a «estimular reformas democráticas» [8].

Ese cambio de política es consecuencia de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional para Estados Unidos publicada por la Casa Blanca en septiembre 2002. La administración Bush afirma en esa estrategia que Estados Unidos necesita garantizar su propia seguridad instaurando regimenes democráticos en los países enemigos.

Esa es la posición que adoptó la USAID al planear que los regímenes «amigos» sean recompensados mediante la atribución de financiamiento para proyectos de desarrollo mientras que les países «hostiles» serán blanco de programas de «reformas» aplicadas por organizaciones no gubernamentales.

Estas últimas, consignan en efecto los autores, dependen cada vez más de sus fuentes de financiamiento y han perdido, por consiguiente, mucho de su independencia: «las ONG trabajaban antes a buena distancia de donantes gubernamentales, pero con el tiempo esa relación se ha hecho más íntima».

Dicho por lo claro, los gobiernos ejercen actualmente mayor control sobre los programas que financian, lo que abre la vía a su utilización como instrumento. Eso es ni más ni menos lo que propone la USAID. Casi sin disimulo, la agencia explica cómo utilizar las ONG para propiciar golpes de Estado: «Es posible aportar una ayuda a los reformadores que permitirán identificar a los ganadores y perdedores más importantes, desarrollar la construcción de coaliciones y de estrategias de movilización y elaborar campañas de relaciones públicas (...) Ese tipo de ayuda puede representar una inversión para el futuro, cuando un cambio político otorgue el verdadero poder a los reformadores» (página 51).

Eso fue precisamente lo que pasó en Georgia en noviembre 2003. Después de haber sido hasta entonces un aliado siempre fiel de Estados Unidos, el presidente Eduard Shervarnadze se vio súbitamente criticado por Washington en cuanto a su «gestión» democrática en el país, cuando emprendió un acercamiento con la Rusia de Vladimir Putin.

Era ese el objetivo de la visita de James Baker III a Georgia, durante el verano de 2003, ocasión en que el ex-secretario de Estado advirtió al presidente georgiano y lo invitó a garantizar la legalidad de las elecciones legislativas. Un discurso que permitió legitimar después la llegada de numerosas organizaciones no gubernamentales con el fin de controlar el escrutinio.

Paralelamente, Washington aplicó al pie de la letra las recomendaciones de la USAID emprendiendo urgentemente el adiestramiento de Mijail Saakachvili como sucesor pro estadounidense. Durante el verano, este jurista, miembro del colegio de abogados de New York y ex-miembro del gobierno georgiano, es invitado a un seminario en Belgrado «para aprender cómo hacer una «revolución de terciopelo» como la de los serbios. El señor Saakachvili recibió instrucciones detalladas que siguió al pie de la letra» [9].

El tal seminario estaba organizado por el Centro para la Resistencia no violenta de Belgrado, ONG subvencionada por el Open Society Institute de George Soros [10]].
Al mismo tiempo, el «filántropo» financia un movimiento de jóvenes opositores -algunos tienen apenas 15 años- para crear en Georgia condiciones con vistas a una sublevación popular. Bajo el nombre de Kmara (¡Basta!), la estructura de esa organización sigue el modelo del movimiento serbio Otpor que había desafiado a Milosevic en Belgrado en el 2000, también gracias a los fondos del Open Society de Soros. Numerosos cuadros de Otpor fueron enviados a Georgia para formar allí a los futuros cuadros de la «revolución no violenta».

Logos de las organizaciones Otpor y Pora. Dos organizaciones juveniles controladas por los servicios secretos estadounidenses.

El factor desencadenante depende también de organizaciones no gubernamentales. Se trata de poner en tela de juicio la limpieza del proceso electoral durante las elecciones legislativas de noviembre de 2003. Durante estas, los movimientos progubernamentales alcanzan una victoria limitada, seguidas de cerca por la oposición que representan Mijail Saakachvili y Nina Bourdjanadze, la presidenta del parlamento.

Pero no son estos últimos quienes iniciarán las protestas sino un responsable estadounidense, Adam Ereli, vocero del Departamento de Estado. Habla de «fraudes masivos» y de «amplias manipulaciones del conteo de votos». Ereli basa sus argumentos en la diferencia existente entre las cifras que anuncia la comisión electoral georgiana, cerca de tres semanas después del escrutinio del 2 de noviembre, y las de «prestigiosas organizaciones independientes» [11].

En este aspecto, el papel de las ONG es también determinante. Los sondeos estuvieron, efectivamente, a cargo de dos organismos diferentes. El primero, la Fair Elections Society (ISFED), financiado por el British Council y, del lado estadounidense, por la USAID y la NED mediante el National Democratic Institute, la International Foundation for Election Systems (IFES) y el International Republican Institute [12].

El segundo sondeo fue realizado por una sociedad estadounidense especializada en análisis electoral, el Global Strategy Group, con la ayuda de la Open Society Georgia de George Soros, de la Eurasia Foundation (también financiada por la USAID y dirigida por un ex-responsable del Departamento de Estado, Charles William Maynes) y de la cadena de televisión «independiente» Rustavi 2, creada en 1994 gracias al financiamiento de George Soros [13].

Paralelamente, asociaciones georgianas de derechos humanos difunden, mediante su sitio en internet y a través de comunicados, informes alarmantes sobre la represión desatada contra la oposición y la omnipresencia de la corrupción.
Estas afirmaciones, de las que se hacen eco constantemente los medios de difusión de Europa occidental, proceden en realidad de una fuente principal: la ONG Liberty Foundation, financiada por la USAID y que hasta mayo de 2003 había sido dirigida por... Mijail Saakachvili [14].

El dispositivo es tan poderoso que no hay posibilidad de fracaso. A finales de noviembre, Eduard Shevarnadze renuncia al poder. Lo reemplaza la presidenta del parlamento Nina Bourdjanadze, hasta la elección, en enero de 2004, de Mijail Saakachvili a la silla presidencial.

Este último no olvidará a la «sociedad civil» que lo llevó al poder. El presentador estrella de la cadena Rustavi 2, Nika Tabatadze, se convierte en segundo del ministro de Relaciones Exteriores antes de ser nombrado presidente de la cadena en octubre de 2004 [15].

El responsable del Open Society Institute en Georgia, Kakha Lomaia, es nombrado ministro de Educación del gobierno de Saakachvili. Otras personalidades pasan con él de la categoría de «miembros de organizaciones no gubernamentales» al rango de miembros del gobierno.

El mismo guión se repitió al parecer en Ucrania en noviembre y diciembre de 2004 [16]. Allí encontramos de nuevo un movimiento de oposición financiado por George Soros, un candidato de oposición muy favorable a la OTAN, sondeos «a boca de urna» realizados por varias ONG financiadas por la NED/CIA y favorables a la oposición, y una campaña de prensa violentamente rusófoba en el seno de la Unión Europea.

El parlamentario estadounidense Ron E. Paul va aún más lejos. Según él, una de las ONG más activas en Ucrania, el International Center for Policy Studies, es financiada por el gobierno estadounidense mediante la Poland-America-Ukraine Cooperation Initiative (PAUCI), organismo subvencionado por la USAID y administrado por la Freedom House [17].

El mismo Viktor Yushchenko es miembro del consejo administrativo de esta organización fundada por el Open Society Institute. Peor aún, el mismo parlamentario norteamericano Ron E. Paul denuncia una sociedad estadounidense de relaciones públicas, Development Associates Inc. que recibió 100 millones de dólares del gobierno norteamericano, esencialmente para garantizar la cobertura de la «revolución naranja» en Ucrania [18].

Una nueva forma de ingerencia está naciendo. Mediante la utilización de elementos de la «sociedad civil», tiene como método esencial el de sembrar la duda sobre los procesos electorales y organizar importantes campañas de propaganda para denigrar a los dirigentes que Washington decide eliminar.

Además de los dos recientes ejemplos, países como Venezuela, Zimbabwe y Bielorrusia son actualmente blancos de presiones similares, hasta ahora sin éxito. Un proyecto de organizaciones especializadas en la supervisión de elecciones, el European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO), nació en septiembre de 2001.

La enumeración de los asociados -entre otros, la OSCE, el National Democratic Institute y el Open Society Institute- es suficiente para tener una idea de los intereses que defienden. En ese dispositivo, el papel de catalizador corresponde a las ONG. Hace diez años se sospechaba ya que, bajo la cobertura de la acción humanitaria, muchas de ellas realizaban trabajo de inteligencia con vista a la preparación de intervenciones militares.

El mundo vive hoy al ritmo de la CNN. Lo que importa no es la realidad de una revolución o de un golpe de Estado sino la imagen que se da del hecho. Es por eso que ciertas organizaciones no gubernamentales están siendo llamadas hoy no solamente a informar sino a intervenir directamente en el seno de los regimenes, como caballos de Troya.