Intentar conocer el surgimiento de las ONG’s en Latinoamérica, y de hecho de su trabajo de injerencia en Ecuador, no es difícil hacerlo (leer Opción 85). Organizaciones como Participación Ciudadana, que se financian de la USAID, como lo informó su misma página Web o como lo denunció la investigadora Eva Golinger, cuando intervino en el encuentro denominado “Medios de Comunicación y Democracia” que se realizó en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central y concedió una entrevista para el diario El Telégrafo.

“En Ecuador he visto que agencias como la USAID y la Nacional Endowment for Democracy (NED) son muy parecidas al caso de Bolivia, que tienen un convenio con el Estado para trabajos relacionados con estructura y desarrollo, pero han venido orientando su labor y la asesoría a “promover la democracia”. He revisado ONG’s y partidos políticos que son financiados por EE.UU. aquí en Ecuador. Uno que me llamó la atención se llama Participación Ciudadana, que parece fue un organismo como el que hicieron en Venezuela con Súmate. Son entidades que supuestamente promueven ‘participaciones en acciones’ y en realidad están promoviendo una fuerza opositora contra el Gobierno”, dijo esta investigadora. Participación Ciudadana, por ejemplo, ha sido veedora de algunas elecciones públicas y actualmente es una de las ‘organizaciones ciudadanas’ que vigilan la elección del denominado Quinto Poder o Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además, algunos de sus miembros han pertenecido a este Gobierno como el ex Vicecanciller, José Valencia, que fue director de esta organización, así como Omar Simon, actual Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), y otro que figura como franca oposición al régimen y que también lideró esta fundación como es César Montúfar.

Irregularidades en la elección del Consejo de Participación Ciudadana


Uno de los pasos para intentar transparentar esta elección es demostrar que los ‘elegidos’ sean representantes de organizaciones ‘ciudadanas’ o simplemente ‘ciudadanos’. Si de transparencia se trata, por qué la organización femenina “Mujeres por la Vida”, por ejemplo, forma parte de otra de las “organizaciones ciudadanas”, al igual que Participación Ciudadana, que forman parte de la veeduría del proceso de elección. Movimiento Femenino donde Betty Tola, Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, fue ex dirigente, como así lo informa la Web de Alianza País. Sin embargo, la titular de esta Comisión, luego de las denuncias de irregularidades en el proceso de elección, denunció que existían veedores que estaban ahí (proceso de elección) por los candidatos que tenían. Pese a que su labor debía garantizar “la independencia del proceso”. La veeduría a la cual se refirió, según informó diario Expreso, fue a la Red Cívica Anticorrupción de Pichincha donde los veedores con vinculaciones serían Lucy Estupiñán y Amparo Cevallos. ¿Creen que las otras veedurías no tengan también intereses de por medio?

Si de Betty Tola se trata, no se diga de la empresa calificadora. Sí, TELEACCESS S.A. fue calificada, no sé por quién, para que valide las carpetas de los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana. Esta institución aparece en la Web de la Asamblea Constituyente como una intidad que presta servicios de informática y telecomunicaciones. Qué raro. ¿Resulta ético y transparente además que dentro de sus potenciales clientes a las cuales ha prestado sus servicios se encuentre la empresa ODEBRECHT, que fue expulsada del país por haber sido acusada de posibles irregularidades en la construcción de la central hidroeléctrica San Francisco?

Respecto a los 24 candidatos que en primera instancia fueron elegidos, algunos se relacionan con instituciones conocidas, tal como lo indica su misma hoja de vida publicada en la Web de la Asamblea. Enma Silva, por ejemplo, está relacionada con la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades); Mónica Banegas, está relacionada con Participación Ciudadana, Banco Mundial, Fundación Esquel, USAID, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la Secretaría de Pueblos y Movimientos Sociales. A estas candidaturas se suman: César Cárdenas, relacionado con la Fundación Esquel e INNFA; Joan Egred, con la Presidencia de la República y Secretaria Nacional Anticorrupción; Mariela Yumbay, relacionada con la Fundación Human Rigths Watch, que según la página electrónica Voltaire en un artículo publicado con el nombre “Human Rigths: Espionaje en América Latina” es una organización con claros intereses de la CÍA en América Latina.

Jorge Escala, jefe de bloque del Movimiento Popular Democrático (MPD), además denunció que “se publicó una nómina y en el puesto 21 pusieron a Ramiro Sacoto Aguilar con 69 puntos y le dicen que es del pueblo montubio y este pueblo expresa su inconformidad frente al concurso; en su hoja de vida dice que es de Cuenca y que no pertenece a comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas del Ecuador, y lo peor del caso es que en el puesto donde está, se saltan alrededor de 15 personas con mayor puntaje. Ahí si hay una burda maniobra para beneficiar a alguien que sin ser campesino le otorgan esa categoría para beneficiarlo”.

Ante esto el MPD solicitó al Presidente de la Comisión Legislativa, Fernando Cordero, la transparencia del proceso, para lo cual pidieron la recalificación pública de todos los expedientes a fin de que se actúe con transparencia y se garanticen los derechos constitucionales de las personas que se han postulado para el concurso. Asimismo, que se conforme una Comisión Especial multipartidista que, en coordinación con la Comisión de Participación Social, efectúe el proceso de recalificación y que el acto de recalificación se lo realice con la presencia de la prensa, los postulantes y las veedurías.

Luego de la recalificación han sido elegidos nuevamente a los 24 candidatos, sin embargo, habrá que ver a qué intereses realmente representan.