De no ser por periodistas temerarios como Héctor A. González y por medios informativos de gran calidad como Tinta negra y Bajo palabra, o la revista Contralínea, no habría manera de conocer la verdad de las entretelas del narcotráfico en México y sus complicidades con el poder público. Gracias a ellos podemos completar una visión desmitificada de la delincuencia en este país.
Arresto de una presunta traficante. Fotos DEA.
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El periodista mexicano Héctor González ha informado de que con frecuencia causa risa enterarse de las supuestas novedades que las principales agencias de investigación estadounidenses revelan acerca del crimen organizado en México y sobre todo su relación con la delincuencia proliferante en México.
En efecto, tal es el caso del análisis de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), elaborado en 2006, y que el periódico mexicano Milenio presentó a ocho columnas en la edición correspondiente al lunes 15 de enero.
Según la CIA, el problema del «tráfico de estupefacientes y de personas de México hacia Estados Unidos se debe, en gran parte, a la complicidad que existe entre funcionarios del Estado mexicano con miembros de diversas organizaciones delictivas que operan en el país».
De acuerdo con la información publicada por el reportero Omar Sánchez de Tagle en Milenio, en el documento de la agencia estadunidense (actualizado hasta diciembre de 2006) se explica «que desde hace varias años los cárteles de la droga han hecho alianzas y negocios con organizaciones dedicadas a otros delitos, como el tráfico de personas, lo que ha generado una gran red criminal».
Agrega: «Las redes criminales están con frecuencia implicadas en corromper y penetrar a funcionarios del Estado mexicano», y afirma que «la aplicación de la ley local o de los estados impide a menudo investigaciones a fondo y, en consecuencia, resultado nulos contra la delincuencia organizada».
Desde luego, aunque el diagnóstico de la CIA es exacto, llama la atención que se presente como novedoso, pues desde hace algunos años la columna Tinta Negra y la revista Bajo Palabra, han denunciado con pelos y señales los importantes y crecientes vínculos políticos, económicos y personales existentes entre los capos del crimen organizado e importantes personeros del poder político en México, incluidos procuradores y subprocuradores, gobernadores, secretarios de Estado, jefes militares y demás fauna de la nomenklatura en el país azteca.
Siendo así, cabría entonces preguntarse cuál es el interés de los encargados de la Inteligencia anglosajona en dar a conocer esta información, la cual, por supuesto, ellos conocían muy bien desde hace años porque es de sobra conocido que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) tiene en México uno de sus principales centros de investigación y que sus agentes pululan, con la venia del gobierno mexicano, a lo largo y ancho del territorio nacional.
Si de presionar al gobierno de Felipe Calderón se trata, pues allá ellos y sus puterías, pero que no intenten impresionarnos con información dizque novedosa que en México nos es conocida desde hace tiempo, y la cual hemos publicado en numerosas ocasiones con lujo de detalles. Y no sólo Tinta Negra y Bajo Palabra; también por numerosos y valientes compañeros como los de Contralínea.
Los periodistas valerosos del estilo de Héctor González han difundido los siniestros nexos establecidos entre múltiples y poderosos funcionarios con el hampa y que el narco cogobierna la República. Y aunque los sucesivos gobiernos siempre lo han negado, la CIA confirma hoy que tenemos y que hemos tenido razón. A ver qué dice el gobierno de Felipe Calderón, que de manera ridícula y muy prematura se atrevió a autoelogiarse, según él por el éxito de sus operativos contra el narco en algunos estados. De risa.
Conforme al presidente, México «está en orden y en paz». Sí, cómo no. Ja, ja, ja, ja, ja! Por cierto, los primeros en carcajearse son los propios barones de la droga, pues los operativos antinarco previenen de su presencia con la antelación suficiente para que aquéllos puedan esconderse a tomar unos buenos coñacs mientras pasa el temporal. Como si la PGR, el ministerio del Interior y Defensa Nacional no supieran en dónde se encuentran los empresarios del tráfico de estupefacientes.
Y para que comprueben que no exageramos sobre la denuncia cabal que hemos hecho de las ligas mafia-gobierno, permítanme reproducir parte de un extenso reportaje publicado en la edición 56 de la revista Bajo Palabra -hace alrededor de dos años sobre la omnipotente presencia de la narcodemocracia azteca.
En la reseña se advierte que en la nómina de los capos de la droga han estado presidentes de la República, gobernadores, secretarios de Estado, generales, senadores, diputados, magistrados, jueces, banqueros, empresarios, procuradores y jefes policiacos. Se indica, asimismo, que desde hace más de dos décadas, la fuerza del narcotráfico echó raíces en México y, a partir de entonces, toda la extensa gama de los personeros del poder político ha estado embarrada en la rentable corrupción generada por el dinero sucio, desde luego no contable, del narcotráfico.
Por consiguiente, no entraña novedad alguna la información de que el narcotráfico se infiltró en la residencia presidencial de Los Pinos, que también se ha entrometido en las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina y, más recientemente, en la Secretaría de Seguridad Pública federal con todo y titulares. Primero Alejandro Gertz Manero y Martín Huerta (ya fallecido). Entrevistados por nuestra revista Bajo Palabra, especialistas en Inteligencia advierten que para describir los vínculos de los barones de la droga con el poder político son insuficientes las conceptualizaciones de narcopanismo o narcopriismo, porque en la actualidad impera una auténtica narcocracia en el país.
Obligado por la reciente publicación del análisis de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) -elaborado en 2006-, según el cual el problema del «tráfico de droga y de personas (de México) hacia Estados Unidos se debe, en gran parte, a la complicidad que existe entre funcionarios del Estado mexicano con miembros de diversas organizaciones delictivas que operan en el país», la columna Tinta negra publicó que tales revelaciones mucho se parecen a las de los charlatanes que suponen haber descubierto el hilo negro, pues tal información ha sido hecha del conocimiento público por varios periodistas mexicanos.
En efecto, como recuerda Bajo Palabra, hemos sostenido desde hace años que el narco cogobierna la República y ejerce ubesencia de la narcodemocracia azteca. Continúo citando la información de Bajo Palabra:
Desde 2001, el influyente «Observatorio Geopolítico de las Drogas», cuya sede estaba en París, reveló en un exhaustivo informe, que en el transcurso de los gobiernos tecnocráticos, México se constituyó en una narcodemocracia. Entre más de 80 países analizados por el organismo, a México se le dedica el mayor espacio en el documento, en el cual se advierte, sin eufemismos, que en tan sólo una década en la República se apuntaló a una nueva aristocracia mafiosa. El caso más significativo de este fenómeno, que convierte a México en otro Colombia, ocurrió en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En ese periodo, su hermano Raúl -recluido en el penal de Almoloyita acusado de ser el probable asesino intelectual de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu- desde la cúspide del poder protegió a varias organizaciones criminales.
El hermano incómodo del presidente maoísta estaba vinculado, se afirma, con varios cárteles delictivos, entre otros con el Del Golfo, dirigido por Juan García Ábrego; el de Juárez, cuyo jefazo en esa época era Amado Carrillo Fuentes, «El Señor de los Cielos», y con el de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix. De acuerdo con testimonios de Rubén Jaime Gutiérrez, confinado en Santa Marta Acatitla, Raúl Salinas y José Córdoba Montoya -el entonces superpoderoso jefe de la Oficina de la Presidencia- y Amado Carrillo visitaban, en el Reclusorio Sur, al narcotraficante Juan José Esparragoza El Azul, quien realizaba grandes fiestas para los hombres de confianza de Carlos Salinas.
Según Jaime Gutiérrez, mozo de Esparragoza, Raúl y Córdoba Montoya podrían estar involucrados en el asesinato contra Luis Donaldo Colosio Murrieta. De las 24 hipótesis sobre el magnicidio, en cinco de ellas aparecen personajes del hampa incrustados en la campaña del malogrado candidato priista. De ahí surge la versión de que los capos de las drogas financiaron con 10 millones de dólares su campaña presidencial.
Durante el salinato, Juan José Esparragoza, El Azul pretendió formar una «federación del narcotráfico», la cual encabezarían los hermanos Arellano Félix, Juan García Ábrego (recluido en un penal de Estados Unidos), el presumiblemente extinto Amado Carrillo Fuentes y El Mayo Zambada, intocable en el sexenio foxista. El narcotraficante sonorense Moisés Juárez Cisneros, El dientón, vecino de Luis Donaldo Colosio en Mafia Elena de Quino, perdón, Magdalena de Quino, presumía de su amistad con Colosio. Este malandro también es amigo de Alfonso Durazo, exsecretario particular de Vicente Fox, como también de Nahum Acosta Lugo, hasta recientemente director de la Coordinación Nacional de Giras Presidenciales.
Extraña coincidencia. Guillermo Murrieta, ex agente judicial federal coludido con poderosos barones de la droga, era primo de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Hasta que su pariente fue victimado, se sentía director de la hoy desaparecida Judicial Federal. Finalmente, siendo director operativo de la Judicial capitalina, fue asesinado.
En la administración de Ernesto Zedillo se repitió la narcocorrupción. En efecto, el gobierno zedillista protegió algunas organizaciones criminales, pero combatió a otras. A la propia familia del entonces mandatario se le involucró con el narcotráfico. De acuerdo con versiones del comisionado antidrogas de la época, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, zar antidrogas, fue encarcelado por revelar a sus superiores la complicidad de la familia de Zedillo con grupos criminales, entre ellos a Enrique Cervantes, entonces secretario de la Defensa Nacional y a Jorge Madrazo Cuéllar, procurador general de la República.
Aquí suspendo la cita del reportaje, el cual es mucho más extenso. Sirva tan sólo para documentar que las dizque revelaciones de la CIA no sorprenden a nadie, por lo menos a nadie con tres dedos de frente y dos de información.
Un grupo de jóvenes cineastas y de periodistas elaboró, basado en datos duros y en una rigurosa investigación, un guión sobre la historia del narcotráfico en México. Héctor González Sánchez participa en el documental, el cual se encuentra en su etapa de elaboración.
Por su sentido didáctico y claridad, juzgo pertinente presentarle, amigo lector, la referida investigación. Por su extensión, la dividiré en tres colaboraciones: La presente y las próximas dos. Se intitula El Otro Poder. Vale la pena conocerla.
Aunque en México el narcotráfico surge a partir del porfiriato y se consolida en el gobierno de Lázaro Cárdenas como un affaire del estado, no fue sino hasta el régimen de Miguel De la Madrid Hurtado (1982/88) cuando se destapó, a gran escala, la cloaca de este flagelo criminógeno. En ese sexenio florecieron los cárteles de las drogas y los poderosos capos del trasiego de estupefacientes, entre los cuales destaca Miguel Ángel Félix Gallardo, «il capo di tutti i capi» —el jefe de jefes.
La encarnizada guerra librada entre las mafias del narcotráfico por conquistar las narcorrutas en territorio nacional —singularmente la de la frontera norte— no ha tenido límites: Decenas, cientos de asesinatos para “ajustar cuentas” han alterado la paz pública en México y han hecho evidente la incapacidad del Estado para combatir a los capos y sus secuaces.
En síntesis, el narcotráfico se ha convertido en «El Otro Poder».
Así es, indudablemente:
En relación con la época anterior al gobierno De la Madrid —antes de 1982— los escenarios del narcotráfico han cambiado radicalmente. Ahora operan en el país más de siete cárteles, todos empeñados en ganar la vertiginosa carrera por conseguir más y más dinero y más y más poder aun a costa de implantar el narcoterror, y no sólo contra las bandas rivales, también en contra de las autoridades policiales de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal) que no aceptan someterse a su imperio criminal.
En otras palabras: El narcotráfico ha implantado, en la República, su nefasta ley: Plata o plomo. Y la que de ésta se deriva: La Ley de la ráfaga, es decir, fuego de metralleta.
La existencia de este poder sería imposible de explicar sin la complicidad de un enorme número de miembros de cuerpos policiales, del Ejército y del gobierno, como advierten organizaciones internacionales, entre ellas la ONU, la cual asegura que el narcotráfico y el crimen organizado jamás podrían funcionar sin la protección de los gobiernos federal, estatales y locales. De acuerdo con un informe de la Fiscalía de la República, las bandas de narcotraficantes más poderosas son las siguientes:
El Cártel de Tijuana. Liderado por los hermanos Arellano Félix, lo dirigen Enedina Arellano Félix y, hasta muy recientemente, Francisco Javier Arellano Félix, «El Tigrillo». El cártel, también conocido como Los Aretes, durante más de dos décadas de operar en Tijuana, Baja California Norte ganó, justamente, la fama de ser uno de los grupos más violentos y mejor equipados, pues la prensa afín al Partido republicano, The Washington Times asegura que merced a su asociación con la mafia rusa este cártel dispone de equipo de detección sofisticado e incluso de un submarino.
Esta organización criminal ha sufrido tres bajas significativas: Francisco Javier -apenas aprehendido en agosto de 2006- y Benjamín Arellano Félix se encuentran recluidos en la prisión de máxima seguridad Del Altiplano, antes La Palma. Uno de los hermanos más sanguinarios, Ramón, cayó abatido el 10 de febrero de 2002 en una balacera con policías municipales de Mazatlán. La influencia del grupo se extiende a varios estados de la República. Además de Baja California, a Sinaloa, Michoacán, Oaxaca y sus tentáculos se extienden hasta Centroamérica. En colaboración con Francisco Cázares Beltrán y miembros de la familia Zatarín, el clan mantiene grupos operativos en municipios de Mazatlán, Culiacán y La Noria, en Sinaloa. En Oaxaca, los Arellano mantienen una importante célula encabezada por Miguel Aguirre, «El Caballo», considerado el heredero del capo Pedro Díaz Parada, El Zorro de Oaxaca, recientemente detenido en esa entidad.
El Cártel de Colima. Lo encabezan los hermanos Amezcua Contreras, apodados «Los Reyes del Éxtasis» y/o «Los Reyes de las Anfetaminas».
De acuerdo con la PGR, el área de influencia de este grupo alcanza a siete entidades: Baja California, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán y Distrito Federal. La organización se especializa en la elaboración de drogas sintéticas con base en efedrina, seudoefedrina y fenilpropanolamina. Por consiguiente, ha realizado robos de sustancias químicas, como la efedrina, utilizada en la industria farmacéutica para fabricar antigripales.
En el gobierno de Ernesto Zedillo, a los hermanos Amezcua Contreras se les vinculó con el suegro del entonces presidente Zedillo y padre de la esposa de éste, Nilda Patricia. Al entonces zar antidrogas, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, le costó el puesto haber intentado investigar este presumible caso de narcopolítica de altos vuelos. Gutiérrez Rebollo, actualmente preso, fue acusado de sostener nexos con el poderoso capo Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. Pero en sus declaraciones, el general Gutiérrez Rebollo acusó a su vez a Enrique Cervantes Aguirre, a la sazón secretario de la Defensa Nacional, de proteger, entre otros, a los narcogenerales Mario Arturo Acosta Chaparro y el hoy finado Humberto Quiroz Hermosillo, encarcelados por su participación en la guerra sucia de los años ochenta que causó el exterminio de la guerrilla urbana en México.
El Cártel de Juárez. Sus orígenes están marcados por el famoso narcotraficante Pablo Acosta, «El Zorro de Ojinaga». A la muerte de éste, ocurrida en un enfrentamiento con la Policía Judicial Federal, heredó el negocio Amado Carrillo Fuentes, quien se dedicó a traficar cocaína a gran escala, la cual transportaba en aviones Jumbo, lo que le ganó el mote de «El Señor de los Cielos». Carrillo Fuentes logró éxito en sus actividades delictivas gracias a la complicidad del gobierno de Carlos Salinas, y en parte del de Ernesto Zedillo, en cuyo sexenio se ha hecho creer al público que falleció al practicársele una intervención quirúrgica en una clínica de la ciudad de México.
Esta organización mantiene su área de influencia en 21 entidades federativas: Chihuahua, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Morelos, Distrito Federal, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Según la fiscalía federal, los Carrillo han incursionado en la compra de hoteles, constructoras y líneas aéreas. También han establecido alianzas con organizaciones independientes, como las de los hermanos Beltrán Leyva, Ignacio Coronel y células colombianas.
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