Las organizaciones barriales y la propuesta de la ciudadanía y participación ciudadana

La instauración en nuestro país del gobierno de Rafael Correa levantó grandes expectativas entre los sectores populares, no solo por el discurso que en campaña electoral impulsó sino, sobre todo, porque fue el resultado de años de lucha popular en contra de gobiernos oligárquicos y neoliberales, entregados a los intereses del capital extranjero. El pueblo vio materializado su anhelo de cambio, sin embargo hoy asistimos a un proceso de desencanto, pues, Rafael Correa experimenta una derechización en su gestión gubernamental que lo acerca a lo que fueron los gobiernos que lo precedieron y lo aleja de las aspiraciones y anhelos populares.

El actual gobierno en base a una dispendiosa política clientelar y a una gran capacidad de comunicación mantiene todavía un significativo respaldo popular. Su discurso combina la demagogia con expresiones de contenido democrático y progresista junto a conceptos y puntos de vista reaccionarios y altisonantes que dejan en claro su compromiso con el actual sistema de dominación. Vale recordar que hace pocos días, aprovechando la presencia de Hillary Clinton en Ecuador, declaró ante la prensa mundial que no era ni anticapitalista ni antiimperialista.

En el discurso correísta, con relativa frecuencia, escuchamos hablar –como si se tratara de una innovación de la denominada “revolución ciudadana”- de conceptos como “participación ciudadana”, “democracia y participación”, entre otros, con los que se quiere crear la ficción de que los pueblos del Ecuador serían los artífices de un proceso de cambio social que, por supuesto, no está en curso.

Pero ese discurso, en realidad, no es novedoso. En el Ecuador, desde la década de los ochenta, la derecha y la socialdemocracia implementa la llamada “participación ciudadana” recogiendo las orientaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico y otros que plantean la necesidad de fortalecer el sistema a través de la reconstrucción de dos conceptos “democracia y participación”. Este último que constituye “el componente central en el discurso institucional de la mayoría de los organismos internacionales… El BM promueve la participación de la sociedad civil como un mecanismo para apuntalar la calidad de los gobiernos…” El BID aprobó el documento titulado “Estrategia para Promover la Participación Ciudadana en las Actividades del Banco Interamericano de Desarrollo” en el que define al “desarrollo participatorio” como un proceso en el cual todas las partes interesadas, especialmente los más pobres, deben formar parte. De ello se desprende que la “participación ciudadana” constituye un aspecto medular en el discurso y acción de los organismos internacionales y gobiernos para enredar a los sectores populares en la dinámica capitalista, para palear y mediatizar la lucha de las organizaciones sociales y así contribuir a la “gobernabilidad” demandada por la oligarquía que no es otra cosa que mantener intacto el sistema capitalista.

La propuesta de “participación ciudadana” va de la mano con los procesos de “descentralización y autonomías” impulsada por distintas facciones burguesas que tienen la finalidad de fortalecer los gobiernos locales en la misma línea de promover y contribuir a la “gobernabilidad” del Estado Capitalista. Esta es una línea internacional en la que coinciden sectores neoliberales y socialdemócratas. En el VIII Congreso Iberoamericano de Municipalidades, realizado en la ciudad de Guayaquil en el 2006, se señalaba que “la era de la globalización implica la emergencia de un nuevo rol y un mayor autogobierno para los entes locales, dada la necesidad de afianzar la autonomía de éstos y de fortalecer los mecanismos de cooperación intergubernamental a fin de que los municipios asuman un nuevo papel.....”. Sin lugar a dudas ese nuevo papel y, sobre todo, ese autogobierno, significa, entre otros aspectos, descargar la responsabilidad económica de los gobiernos locales sobre los hombros de los pobladores (con la famosa co-gestión) y hacer de esas instituciones “organismos reguladores y privatizadores de los servicios públicos”, propuesta que choca con la levantada por las organizaciones barriales de izquierda y revolucionarias quienes planteamos que los gobiernos locales se constituyan en instituciones de servicio a la comunidad, proveedoras de bienes y servicios públicos, que garanticen buenas condiciones de vida y seguridad a sus habitantes, democráticos, participativos y sin fines de lucro; propuesta que ha sido implementada por los municipios y consejos provinciales dirigidos por el MPD.

A partir del 2008 el discurso de la “participación ciudadana” cobra mayor vigencia y es formulado a través de la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana, instrumentos legales que prescriben que la participación es un derecho de l@s ciudadan@s en forma individual y colectiva, que se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad; que se reconocen todas las formas de organización; que los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público; que en todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno; y que estos deberán elaborar presupuestos participativos, organizar audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios; las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán públicas y en ellas existirá la silla vacía que ocupará una representante o un representante ciudadan@. Derechos que se encuentran establecidos por la acción de diversos sectores sociales y populares del país y que en su mayoría no dejan de ser letra muerta. Bien se dice que el papel soporta todo.

El gobierno de Correa señala que al Ecuador “llegó la hora de los ciudadanos” y que un “triunfo de la revolución ciudadana es la participación ciudadana”. Con ello se busca poner en primer plano a la ciudadanía para esconder la existencia de clases y de la lucha de clases, pues, supuestamente la condición de ciudadanos nos pone en igualdad de condiciones a todos sin excepción ante la ley. También busca desmovilizar a las

organizaciones sociales y populares bajo el argumento de que el deber ciudadano es respetar la institucionalidad, que el diálogo individual del presidente con algún interlocutor es la vía para la atender los requerimientos sociales y que las movilizaciones son cosas del pasado que llego la hora de la concertación.

Bajo esa óptica el gobierno actual hace esfuerzos por minimizar y desconocer el valor de las organizaciones sociales y populares, sataniza su acción; trabaja por descalificar y peyorizar a sus dirigentes. La criminalización de la lucha popular es un fenómeno nuevo en el Ecuador, al punto que cerca de 150 dirigentes sociales del magisterio, indígenas, campesinos, estudiantes universitarios, transportistas, se encuentran enjuiciados y el compañero Marcelo Rivera, presidente de la FEUE Nacional, lleva siete meses de prisión bajo la temeraria acusación de “agresión terrorista”, constituyéndose en el primer preso político del actual régimen.

En el ámbito local la socialdemocracia y el reformismo implementan con fuerza el discurso de la “participación ciudadana” con dos elementos: los “presupuestos participativos” y la “cogestión”. Con los “presupuestos participativos” venden la idea de que ahora las organizaciones barriales y/o territoriales determinan cómo y en qué se invierten los recursos de los gobiernos autónomos; sin embargo, al momento de tomar decisiones la población decide en qué se van a invertir los recursos de una parte mínima del presupuesto. Por ejemplo, en Quito el presupuesto es de 540 millones de dólares y la población discute cómo y en qué se van a invertir 8 millones de dólares para 2.800 barrios, lo que representa el 1.98% del presupuesto total, a más de que deben alcanzar un puntaje mínimo para acceder a una obra, lo que provoca que enfrentamientos entre dirigentes barriales. La “cogestión o autogestión” es impulsada a través de la convocatoria a reuniones de la población a través de distintos nombres y buscan que la población avale la elevación o creación de tributos, bajo la premisa de que no hay obras sin esfuerzos materiales individuales, de que se debe acabar con la visión paternalistas de los municipios, y que el pueblo debe pagar por lo que recibe, por lo cual la población debe aportar económicamente entre el 50% y 100% del costo de las obras. Así es como las clases dominantes entienden la participación ciudadana y la cogestión, por ello las rechazamos y planteamos como lo señalamos anteriormente que los gobiernos seccionales sean instituciones de servicio a la comunidad y no máquinas creadoras de tributos.

Frente a esta realidad la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador plantea la necesidad de fortalecer la organización barrial; trabaja por promover y desarrollar una auténtica participación popular en la que sean las masas las actoras fundamentales de los procesos político-sociales y la fuerza motriz para el cambio, escenario en el que hemos tenido experiencias aún pequeñas pero importantes a nivel nacional en distintas ciudades en las que con la movilización forma principal de participación de los pueblos hemos alcanzado reivindicaciones en beneficio de las barriadas populares y enfrentado propuestas neoliberales. Hoy nos encontramos enfrentando las pretensiones de la Asamblea Nacional y del gobierno de aprobar el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización que busca establecer una nueva estructura territorial, política y administrativa en el país; implementar el neoliberalismo a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados entregándoles a los mismos las competencias de privatizar los servicios públicos bajo la figura de delegación de servicios públicos; municipalizar los sectores educación y salud, al dejar a estos fuera de los sectores privativos del gobierno nacional; establecer nuevos impuestos como las sobretasas en los gobiernos municipales, provinciales y regionales, elevar el precio de los combustibles, entre otros aspectos. Circunstancia frente a la cual hemos planteado la necesidad que se convoque a una CONSULTA POPULAR y sea el pueblo quién decida con esta ley de carácter neoliberal.

Nuestra lucha por las reivindicaciones materiales y los derechos políticos de los moradores de los barrios populares, de los trabajadores y los pueblos la concebimos como parte del proceso de acumulación de fuerzas con el objetivo estratégico de lograr la transformación revolucionaria de la actual sociedad, la conquista del socialismo.