Las prioridades de Washington

Cadáver de un niño abandonado no lejos del centro de negocios de Nueva Orleáns

La terrible tragedia que cayó sobre los habitantes de Nueva Orleáns el 30 de agosto de 2005 sumió a la comunidad internacional en la conmoción y en la más completa incomprensión. ¿Cómo pudo la primera potencia económica mundial abandonar a sus hijos a merced de la furia de la naturaleza? ¿Por qué las autoridades federales no procedieron a la evacuación de la gente más pobre y vulnerable de los Estados de Luisiana, Mississippi y Alabama? ¿Por qué no hubo una respuesta adecuada ante una catástrofe humana –probablemente 10,000 muertos– y material –80% de Nueva Orleáns bajo las aguas– de tanta envergadura [1]? La realidad es simple y cruel. Los pobres, en su mayoría negros, víctimas del huracán Katrina, no representan una prioridad para la administración Bush, que tiene otros objetivos entre manos.

Ante la devastación que provocó el ciclón, la primera medida que tomaron las autoridades fue la incalificable decisión de enviar el ejército a matar a los saqueadores. Estos últimos en realidad no eran más que desdichados que, en la mayoría de los casos, habían perdido a miembros de sus familias, habían perdido sus casas y sufrían gravemente debido a la falta de alimentos. La población que esperaba el envío de médicos y víveres recibió un nuevo golpe al ver llegar a los soldados armados hasta los dientes. Esa respuesta surrealista, más propia de un Estado fascista que de una democracia, ni siquiera dio lugar a la crítica de la prensa internacional [2].

Algunos, como el célebre cantante Kanye West, llegaron a declarar que «a George Bush no le interesan los negros», agregando que Estados Unidos se preparó para «ayudar a los pobres, a los negros y a los menos afortunados lo más lentamente posible [3]». La desesperación de los desheredados de Luisiana, que llevó al suicidio a varios miembros de las fuerzas del orden y de los bomberos, no tuvo más respuesta que la indiferencia de la Casa Blanca [4]. En efecto, el presidente George W. Bush, ocupado en uno de sus acostumbrados y prolongados fines de semana, esperó cinco días para aparecer y no puso un pie en Nueva Orleáns hasta el 12 de septiembre de 2005 [5].

Curiosamente, uno de los principales blancos del fanatismo bélico de Washington –Cuba– fue el primer país en ofrecer su ayuda a las víctimas del desastre natural. El gobierno de La Habana, por vía diplomática y confidencial, se puso en contacto, con el Departamento de Estado para proponerle el envío de 1,100 médicos y más de 26 toneladas de medicamentos como participación en las operaciones de salvamento. Ante el silencio estadounidense, Cuba hizo público su ofrecimiento de ayuda –el más importante hasta la fecha–, que quedó sin respuesta [6].

El presidente cubano, Fidel Castro, subrayó que en menos de 12 horas los primeros médicos cubanos habrían podido llegar a territorio estadounidense, específicamente a los lugares donde más necesaria era la ayuda médica de urgencia. «Tal vez algunos que desconocen el honor y el espíritu solidario de nuestro pueblo pensaron que se trataba de un bluff o una ridícula exageración. Jamás nuestro país juega con asuntos tan serios, ni ha practicado nunca el deshonor de la demagogia o la mentira», subrayó. Dada la proximidad geográfica y la extrema competencia de los profesionales de la salud, el envío del contingente médico cubano desde el mismo 30 de agosto de 2005 habría podido salvar miles de vidas de personas de avanzada edad, de mujeres embarazadas, de madres y de niños víctimas de epidemias [7].

Varios miembros del Congreso exhortaron a George W. Bush a que aceptara la ayuda cubana. «Esperamos que la administración tome las medidas para implementar una respuesta eficaz que incluya la aceptación inmediata de los ofrecimientos de ayuda provenientes de otros países», declaró el grupo de congresistas hispanos (GCH) [8]. Pero Nueva Orleáns no constituye la prioridad actual de la administración Bush, cuyo oscurantismo político parece prevalecer por sobre las vidas de los ciudadanos en peligro. En efecto, el inquilino de la Casa Blanca prefiere dejar morir a sus conciudadanos antes que verse en la incómoda posición política e ideológica que implicaría la aceptación de la mano generosa de un pueblo que él está tratando de destruir por todos los medios [9].

La ausencia de ayuda provocó la muerte de miles de personas. En Cuba, el último huracán de la misma envergadura cobró sólo cinco vidas.

Los poderes públicos estadounidenses incluso aprovecharon el desastre de Katrina para reducir el salario mínimo en la región. Efectivamente, la administración decretó que las empresas que se encarguen de la reconstrucción de la ciudad podrán pagar sueldos inferiores al salario mínimo. El jefe de la central sindical AFL-CIO calificó esa decisión de «vergonzosa» e «increíble». Por su parte, el representante demócrata George Miller acusó a las autoridades gubernamentales de haber « utilizado la devastación de Katrina para reducir los salarios de las personas que buscan desesperadamente cómo rehacer sus vidas [10]».

Washington mantiene a Cuba en la mirilla. Por ejemplo, el 9 de agosto de 2005, la Corte de Apelaciones de 11º Circuito de Atlanta dio su veredicto sobre el caso de los Cinco [11]. Lógicamente, esa Corte anuló todas las condenas impuestas a los cinco antiterroristas, que se habían infiltrado en los grupúsculos criminales de la Florida, y exigió la celebración de un nuevo juicio [12]. Esa decisión convierte en ilegal la actual encarcelación de Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort y René González Sehweret. Lejos de plegarse al veredicto de la propia justicia estadounidense, la administración Bush pidió un plazo de un mes para tratar de salir de ese atolladero jurídico. Desgraciadamente, el silencio mediático se mantiene en gran medida sobre uno de los mayores escándalos judiciales de nuestra época, a pesar del llamado de numerosas personalidades mundiales, entre las que se incluyen varios premios Nobel, a favor de la liberación de los Cinco [13].

Poco después, el 1ro de septiembre de 2005, en El Paso (Texas), el juez William Abbott decidió, contra toda lógica, no proceder a la extradición inmediata de Luis Posada Carriles, asesino reincidente, hacia Venezuela con el tendencioso argumento de que corría el riesgo de ser torturado. Las presiones vencieron a este funcionario de la justicia quien, en un intento por justificarse en el que se refiere sin embargo a las atrocidades que cometió el acusado, recurrió a una analogía muy ilustrativa: «Aunque fuera el propio Hitler quien solicitara protección en nombre de la Convención contra la Tortura (CCT), este tribunal tendría que considerar la suspensión de su deportación. [Un] pasado criminal horrible o antecedentes terroristas no invalidan a un ciudadano extranjero para recibir la protección de ser enviado a un país donde sería torturado [14]».

El argumento de la tortura esgrimido por la defensa y aceptado por el juez Abbott muestra a las claras la voluntad del gobierno estadounidense de proteger a Posada Carriles. Para presionar a las autoridades, el acusado llegó incluso a amenazar explícitamente con revelar «informaciones sensibles y comprometedoras» sobre su propio pasado al servicio de la CIA y la implicación de ciertos altos dirigentes en el terrorismo internacional contra Cuba y América Central [15].

En cualquier democracia normal, toda persona que profiera una incitación pública al asesinato, más aún tratándose de una incitación al asesinato de un Jefe de Estado, puede ser condenada a prisión. No es ese el caso de Estados Unidos.

El reverendo Pat Robertson

En efecto, en medio de un programa televisivo de gran audiencia, el muy influyente y ultraconservador amigo de George W. Bush, el reverendo Pat Robertson, lanzó un llamado a asesinar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sin que haya sido molestado en lo más mínimo por la justicia estadounidense. El asesinato de Hugo Chávez «nos costaría mucho menos dinero que desencadenar una guerra», declaró Pat Robertson [16]. Miembro de la extrema derecha religiosa y fundamentalista, Robertson expresó abiertamente las intenciones de la administración Bush en cuanto a Venezuela [17].

Como respuesta, Hugo Chávez subrayó que « El único país donde una persona se puede dar el lujo de pedir el magnicidio de un Jefe de Estado, es Estados Unidos, como ocurrió hace poco con un reverendo llamado, Patt Robertson muy amigo de la Casa Blanca: pidió públicamente ante el mundo mi asesinato y anda libre, ¡ese es un delito internacional!, ¡terrorismo internacional! [18]!».

Hugo Chávez también acusó a la administración Bush de planificar una invasión militar contra Venezuela. En entrevista concedida a la cadena estadounidense de televisión ABC, el presidente venezolano declaró que hay preparativos de maniobras militares cerca de su país y que dispone de documentos que corroboran su denuncia. «Yo digo que dispongo de pruebas de la existencia de planes de invasión contra Venezuela […]. El plan se llama Balboa y señala a Venezuela como un objetivo», indicó Chávez subrayando la presencia de un portaaviones en la región. También recordó ciertas evidencias: «El golpe de Estado [de 2002] contra Venezuela se fabricó en Washington. Se ordenó mi muerte», e insistió en el hecho de que el gobierno estadounidense «viola todas las normas actuales y futuras de forma descarada [19]».

Washington no puede seguir tolerando la existencia de un dirigente latinoamericano cuyo principal objetivo no es servir los intereses de las transnacionales sino sacar a su pueblo de la miseria. Después del frustrado golpe de Estado de abril de 2002 y del posterior sabotaje petrolero que terminó en estruendoso fracaso, los halcones de la Casa Blanca planean la solución extrema para deshacerse de un presidente cuya popularidad y visión van más allá de las fronteras continentales y que no limita la democracia a su definición doctrinal.

Mientras tanto, a través del mundo, los partidarios de la política agresiva de Estados Unidos contra Cuba prosiguen su labor. La agencia parisina Reporteros Sin Fronteras exhortó al actual presidente de la Unión Europea (UE), Anthony Blair, a restablecer las sanciones contra Cuba para estrangular aún más a sus habitantes [20]. Robert Ménard, secretario general de la organización financiada por Washington [21], afirmó que «la suspensión de las sanciones contra Cuba viola la Posición Común adoptada por la Unión Europea en 1996», demostrando así su fidelidad a la línea del Departamento de Estado estadounidense, que exige sanciones internacionales [22].

En su intervención ante la cumbre de la Organización de Naciones Unidas, el 14 de septiembre de 2005, el presidente George W. Bush declaró su oposición al terrorismo: «Debemos ayudar a los Estados deficientes y a las sociedades estancadas que son terreno propicio para que se fortalezcan los terroristas [23] ». En realidad, se refería únicamente a los «terroristas malos», o sea a los que no están al servicio de los intereses de Washington. Es evidente que Luis Posada Carriles y Orlando Bosh no están en esa categoría, a pesar de su impresionante historial como terroristas y de la cantidad de víctimas que tienen sobre su conciencia. Ambos, además de gozar de una perfecta impunidad, siguen estando bajo la protección del gobierno de Estados Unidos.

En vez de neutralizar a los grupúsculos terroristas activos en Florida, el gobierno de Washington prefiere prohibir la participación de una compañía teatral estadounidense en el XII Festival Internacional de Teatro de La Habana para proteger los «intereses nacionales estadounidenses [24]». De igual forma, al presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Ricardo Alarcón, le fue denegada la visa para asistir a la reunión de la Unión Interparlamentaria en la sede de la ONU en Nueva York, acto que constituye una violación flagrante de la legislación internacional [25].
Pero esta última no ha tenido nunca la menor importancia para los halcones de la administración Bush.

Al actual presidente de Estados Unidos le importa un comino la población negra estadounidense. Aunque esta viva en el país más rico del planeta, desde ciertos puntos de vista su suerte no es mejor que la de los indigentes de Haití o de Bangla Desh. George W. Bush prefiere reservar su protección a los «terroristas buenos» y encarcelar a quienes, aún a riesgo de sus vidas, se atreven a poner al desnudo los crímenes de la Casa Blanca.