Los injustos tratos que reciben los trabajadores mexicanos en EEUU

Expulsión de indocumentados mexicanos del norte de los estados de Indiana e Illinois en los EEUU, año 1951. Hoy a pesar que México, Canadá y los EEUU hacen parte de un espacio económico común (ALENA) dichas prácticas son cotidianas. Las mercancias tiene más derechos que las personas. En cambio en la Unión Europea tanto las mercancias como las personas en el mercado del trabajo tiene el mismo derecho a la circulación y aceptación.

En opinión del doctor Soberanes, ombudsman mexicano, esa alarmante oleada de discriminación que agravia a los trabajadores migratorios mexicanos en EEUU ameritaría retirar al embajador de México en Washington. Ello amerita ser analizado con mucho cuidado. Nuestro ombudsman es un jurista de prestigio, pero evidentemente desconoce la realidad que impera al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. La idea que propone lograría efectos contrarios. Hoy más que nunca es importante investigar a fondo la larga lista de quejas y denuncias que se acumula sobre esa zona de desastre en que se ha convertido nuestra diplomacia en EEUU.

Lejos de que el gobierno de México piense en retirar o en llamar a a consultas a su actual embajador en Washington, Carlos de Icaza, ante la crispación de ánimos por la falta de un acuerdo migratorio entre México y el país vecino, pensemos mejor en la reconstrucción del sistema consular mexicano, que hoy se encuentra hundido en la ineficiencia y en las complicidades, y que por lo mismo está rebasado sin poder atender las necesidades que en materia administrativa, migratoria, comercial, educativa, cultural y de salud le plantean a los cónsules esos 25 millones de mexicanos que están esparcidos por todo el territorio estadounidense.

En lugar de amenazar con el retiro del embajador de México en Washington, debemos darnos cuenta de que llegó el momento de sustituir nuestra indignación nacional por un enfoque jurídico y diplomático que comience por entablar un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas bilaterales, abriendo en esa embajada de México una sección de relaciones con el Congreso federal de EEUU, no a cargo de empleados administrativos, sino bajo la responsabilidad de diplomáticos que tengan probada experiencia parlamentaria y con capacidad para dialogar directamente con los miembros del Congreso norteamericano.

Esa estrategia de formulación de una nueva agenda legislativa bilateral entre México y EEUU es una de las tareas prioritarias que a nivel regional y estatal deben realizar los diplomáticos de México en EEUU. La protección consular de mayor efectividad que le puede proporcionar la Cancillería mexicana a nuestros connacionales no consiste exclusivamente en que los cónsules acudan a defenderlos ante la policía para enfrentar hechos consumados, muchas veces cuando ya son irreparables. Las policías ejecutan leyes, pero ha llegado el momento de hablar con quienes las aprueban.

La protección estratégica de los derechos humanos de los mexicanos que residen y trabajan en EEEUUU, se ubica en hacerlos parte de la agenda legislativa que los diplomáticos mexicanos logren ir introduciendo y desahogando tanto ante el Congreso federal, como ante las legislaturas de los estados, así como ante los organismos encargados de la administración de los servicios públicos en los condados y en las municipalidades. Ahí es en donde se decide la defensa efectiva que impida y sancione la violación de los legítimos derechos de esos flujos de migrantes mexicanos que van en constante aumento.

La calidad de la defensa diplomática de los derechos humanos de los mexicanos en EEUU no está en aumentar el número de representantes consulares que tengamos acreditados ante el Departamento de Estado en Washington. Podríamos tener muchos más y sin embargo lograr los mismos pobres resultados vistos hasta ahora. La defensa de los derechos humanos de los trabajadores migratorios debe ser una prioridad política y administrativa de la Cancillería mexicana.

Pero el factor diplomático ausente que debilita la política exterior de México frente a Washington es la ausencia de un proyecto con definiciones específicas en cuanto a las medidas legislativas que se quieren apoyar y de aquellas que se buscan derogar. Esa omisión estratégica se deriva del hecho de que nuestra diplomacia actúa frente a Estados Unidos a la defensiva, convirtiendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en una pasiva y obediente oficialía de partes del Tratado de Libre Comercio.

La intención de las declaraciones expresadas por el ombudsman requiere ser escuchada como una llamada de alerta, ante la escalada de nuevas medidas regionales que persiguen y agravian a los mexicanos que se encuentran trabajando en Estados Unidos. Llegará el día que esa legislación persecutoria logre derogarse bajo el peso de los argumentos jurídicos, diplomáticos y económicos que nuestro país haga valer ante el Poder Legislativo y el Poder Judicial de ese país.

Para la diplomacia de Estados Unidos resultó fácil negociar con México concentrando sus gestiones en convencer al Presidente de la República. Pero nosotros, para lograr los acuerdos importantes con EEEUUU tenemos que convencer a la Casa Blanca y además ganar los votos del Congreso, tanto federal como de los estados interesados. Ese es el largo camino que le espera al futuro acuerdo migratorio que México y EEEUUU tendrán que suscribir, en una fecha todavía incierta pero inevitable.