Los millonarios fideicomisos de la sedena

En dos de los tres fideicomisos públicos administrados por la Secretaría de la Defensa, el monto de los recursos, de acuerdo con documentos oficiales, supera los 400 millones de pesos.

Uno de los fideicomisos, el que causa más controversia, es el denominado Fideicomiso Público de Administración para la Adquisición de Equipo Militar, que tiene por objeto “realizar inversión de recursos y administrar disponibilidades para la adquisición de equipo militar”, y en el que se evidencian egresos de más de 200 millones de pesos.

El rubro es muy amplio, dice Mario Di Costanzo, especialista financiero y asesor del grupo parlamentario del PRD en el Senado. Con los recursos de este fideicomiso la Defensa podría estar adquiriendo equipo para actividades de inteligencia militar. “Puede ser el parapeto o la cortina de humo para labores de espionaje”.

La Sedena administra, además, el Fideicomiso de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos en Actos del Servicio de Alto Riesgo, con objeto de “proporcionar apoyo económico a los deudos de militares que fallezcan en actos del servicio”. Cuenta con un saldo de más de 200 millones de pesos.

El tercer fideicomiso bajo control de la Sedena está dirigido a la “administración y operación del hotel propiedad del ISSFAM”, denominado Fideicomiso de Administración y Operación ISSFAM del Hotel Mazatlán”, y tiene un saldo de más de 6 millones de pesos.

Fideicomisos opacos

“Los fideicomisos creados sobre todo durante la administración de Vicente Fox, representan uno de los problemas más importantes en cuanto a rendición de cuentas se refiere en materia de finanzas públicas”, dice Mario Di Costanzo. “Poco se ha podido saber acerca de no solamente estos tres fideicomisos, sino de los más de 300 que se han constituido durante esta administración”.

Y es que, explica el especialista, “no ha habido ninguna disposición del Ejecutivo que busque transparentar estos recursos”. Recuerda que en agosto de 2004 se firmó un convenio entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública para transparentar todos los fideicomisos “y no lo han hecho”.

“Se firma el convenio y no se da para adelante. El Congreso sigue sin tener información suficiente sobre estos fideicomisos que además se constituyen con recursos públicos, es dinero de los contribuyentes, y al final de cuentas se utiliza el argumento del secreto bancario o del secreto fiduciario para evitar rendir cuentas”, comenta Di Costanzo.

El investigador critica al Congreso por la falta de atención al rubro de fideicomisos públicos y el magro seguimiento a estos recursos. “Es una obligación de la Cámara de Diputados conocer la información al detalle de estos fideicomisos y sobre todo tratándose de fideicomisos de sectores estratégicos, como sería en este caso la Sedena, máxime si son para adquisición de equipo militar.

“Es una partida de la que no se rinde cuentas, y hasta labores de espionaje se podrían estar dando a través de estos recursos, que puede traducirse en grabaciones de llamadas y de otro tipo de actividades de inteligencia militar”, dice Di Costanzo.

En la información en torno a los fideicomisos públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, contenidos en tres documentos de la Dirección General de Administración, obtenidos por Contralínea, sólo se proporcionan datos muy elementales, como el nombre, el objeto y algunos datos sobre disponibilidad y utilidades del fideicomiso.

No obstante, se omiten los datos referentes al desglose y destino concreto de los recursos. “El desglose y a qué se está destinando en específico; por ejemplo, el de adquisición de armamento militar, pues es un concepto muy vago, pueden ser pistolas 38 o 45 o puede ser otro equipo sofisticado de inteligencia, eso es lo que el Congreso no conoce”, comenta Mario Di Costanzo.

“Existen muchos fideicomisos que ya se volvieron una caja negra con una suma cuantiosa de recursos de los cuales el Congreso no tiene mayor conocimiento que el saldo y con cuánto inician y con cuánto terminan, pero es lo único que se sabe.

“Y no solamente eso, sino de dónde proviene el dinero, cómo son constituidos los fideicomisos; porque muchas veces a éstos se les destinan recursos que sobran del presupuesto o que no ejercen las dependencias, y por ley las dependencias, al término del ejercicio presupuestario, tienen que regresar todo ese dinero a la Tesorería de la Federación.

“En este caso quizá es dinero que no se está regresando, que se deposita ahí y que al final del día tiene un destino extrapresupuestario, y que no sólo constituye una irregularidad sino que es un delito, porque la Cámara de Diputados aprueba anualmente todo lo que se va a gastar y en qué se va a gastar, y además en el decreto del presupuesto queda establecido que el dinero que no se utilice se regresa a la Tesorería.

“El presidente Fox durante su mensaje del Sexto Informe nos habló de transparencia y es precisamente lo que ha faltado en esta parte de las finanzas públicas” , advierte el especialista.

El Fideicomiso Público de Administración para la Adquisición de Equipo Militar, de acuerdo con la información de la Dirección General de Administración de la Defensa, consigna que la “unidad responsable” de este fideicomiso es la “120 comandancia de la Primera Región Militar”.

El dato que proporciona esta relación de información oficial sobre los egresos, consigna 216 millones 723 mil 863 pesos, además de “rendimientos financieros” por 33 millones 541 mil 484 pesos. Menciona también un dato referente a “disponibilidad” y señala un monto de 15 millones 619 mil 315 pesos.

Cabe destacar que se omite la fecha de expedición de los documentos oficiales de la Sedena y sólo se aclara lo siguiente en torno a los tres fideicomisos en relación con el rubro de la disponibilidad: “El importe en disponibilidad se refiere a los saldos de caja, bancos y valores de fácil realización, registrados en el estado de posición o situación financiera al 30 de junio de 2006”.

El Fideicomiso de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos en Actos del Servicio de Alto Riesgo, también tiene como “unidad responsable” a la “120 comandancia de la Primera Región Militar”. Se consigna un ingreso de 2 millones 499 mil 999 pesos; rendimientos financieros de 2 millones 916 mil 559 pesos y egresos de un millón 204 mil 500 pesos. En disponibilidad se proporciona la cifra de 209 millones 387 mil 526 pesos.

El Fideicomiso de Administración y Operación ISSFAM del Hotel Mazatlán, cuenta como “unidad responsable” al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM).

El documento no consigna el monto del ingreso y aclara que esta cifra que se omite es “por concepto del producto de rentas y utilidades operativas del hotel”.

Se proporciona el “rendimiento financiero” con un monto de un millón 542 mil 373 pesos y una cifra de egresos de un millón 973 mil 549 pesos. La disponibilidad que se consigna es de 6 millones 502 mil 59 pesos.

Los documentos están firmados por el director general de administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, Rodrigo A. Arteaga Ocampo.

Para el asesor financiero Mario Di Costanzo, no obstante que la Defensa proporciona cifras sobre los fideicomisos que administra, el problema radica en las omisiones de información. “Ése es el problema, que nosotros le tenemos que creer a la Secretaría de Hacienda (fideicomitente en dos de los fideicomisos) por norma de fe, y esto es algo que no puede existir cuando es la obligación constitucional del Congreso de fiscalizar el gasto público”.

“No solamente es que cuadren los números, porque finalmente se pueden hacer argucias contables, sino que sepamos los verdaderos montos y que sepamos el verdadero destino de los recursos; si el ejército compra pistolas calibre 45, bueno, pues está bien, pero si compra equipo para interceptar llamadas o para grabar videos, ahí habría que especificar muy bien con qué objeto se está haciendo e informarle al Congreso, no quedarnos con el título y el saldo del fideicomiso; esto no indica nada a la transparencia, al contrario, deja más dudas”, señala el especialista.

El papel del Congreso

“El Congreso debería pedirle en primer lugar una amplia explicación tanto al secretario de la Defensa como al secretario de Hacienda, porque por ley el fideicomitente de todos los fideicomisos públicos del gobierno federal es la Secretaría de Hacienda, entonces los secretarios de Hacienda y Defensa deben explicar a detalle esto y más aún si ya hay un convenio entre la Función Pública y la Secretaría de Hacienda para dar a conocer toda esta información; el Congreso debería de requerirlo”, reitera Di Costanzo.

Dice que en el Congreso debería integrarse una comisión especial para investigar la creación, constitución, operación y liquidación de todos los fideicomisos que se hayan formado durante la administración del presidente Fox. “Sería una mínima acción de rendición de cuentas”.

El especialista considera que ha faltado voluntad en todas las fuerzas políticas para sacar adelante una investigación a fondo en este delicado asunto.

“Ha faltado voluntad; el Congreso debería de aprobar, por ejemplo, la iniciativa que a finales de la legislatura anterior se propuso y que modificaba la Ley Orgánica del Sector Público que establecía que en cada Comité Técnico de los fideicomisos públicos se debiera incluir la presencia de la Auditoría Superior de la Federación.

“Esa iniciativa ahí está, pero congelada, y la mejor prueba de que al Congreso no le gustó fue que a raíz de que se presentó esta iniciativa, casualmente la Secretaría de la Función Pública y Hacienda firman este convenio de cooperación.

“Éste es un asunto que Felipe Calderón tiene que atender a la brevedad y entonces sí vamos a ver de qué está hecho Calderón; si decide instruir y apoyar a sus propios diputados para que se presente una iniciativa así y se establezcan estas comisiones investigadoras o bien sigue con la actitud de no propiciar la rendición de cuentas.”

Mario Di Costanzo dice contar con esperanzas que durante el sexenio que iniciará a finales de año se pueda investigar a fondo no sólo los fideicomisos de la Defensa sino los más de 300 que hay en la administración pública federal.

“Tengo esperanzas porque hay que recordar que el artículo 93 constitucional establece que el Congreso podrá crear comisiones investigadoras siempre y cuando tenga la cuarta parte de sus miembros, es decir, con 125 firmas se puede crear una comisión especial investigadora, en este caso en el grupo del PRD se tienen diputados de sobra para crear estas comisiones; todo depende de la voluntad política”, advierte Di Costanzo.

Revista Contralínea. Publicado: Octubre 1a quincena de 2006 | Año 4 | No. 65