Red Voltaire
La Prueba - Capítulo 6

Los padres de la Patria

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-¿En qué consiste la normalidad democrática? -
En que la corrupción y la violencia del Estado la controlen los civiles, nunca los militares.

Manuel Vázquez Montalban, Quinteto de Buenos Aires Planeta, Barcelona, 1997.

Si quería vagabundear por los meandros y recodos de la ciudad de corrupta de los senadores -al fin y al cabo, acerca de ellos debía tratar en el capítulo que me proponía escribir- lo mejor sería recurrir, me dije, a la ópera Décima de Tomaso Albinoni. Me gustaba sobremanera ese dilettante veneciano que, a horcajadas de los siglos VXII y XVIII, había dado un salto a lo desconocido y creado la estructura de los conciertos en tres tiempos que tan popular se haría a partir de entonces. Apenas comencé a escuchar el primer movimiento de la obra, los personales y las secuencias comenzaron a ordenarse casi mágicamente en la pantalla de mi computadora.

El 27 de febrero de 2000, la media sanción de la Reforma Laboral votada por los diputados nacionales ingresó en la Cámara Alta.

El proyecto de ley quedó estancado un mes, sometido estudio en la Comisión de Trabajo presidida por el justicialista de Jujuy Alberto Máximo Tell. Lo secundaba el radical Alcides López, de Entre Ríos. Las consultas con los Ministros de Trabajo y Economía, y el contraste con la redacción inicial, ponían de relieve que el texto encerraba infracciones a la legislación nacional e internacional. Convocaba a renegociar los convenios ultraactivos en el plazo de dos años y establecía que, si en dicho lapso no se lograba acuerdo, salvo que una de las partes no pidiera arbitraje, el convenio se caía. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y el artículo 954 del Código Civil eran rotundos: el arbitraje es irrenunciable y no es necesaria solicitud alguna para activarlo. En la reta guardia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reafirmaba el criterio. Sus normas, que tienen validez en todo el mundo, prohíben recurrir a la coerción para renegociar convenios colectivos vigentes, pues ese extremo viola la pauta de la negociación.

Los artículos 24 y 25 de la ley rondaban la abyección. En caso de concurrencia hacían primar el convenio menor, no el mejor. Con la ley en la mano, las empresas podían hacer prevalecer un salario menor sobre uno mayor. No era difícil calcular que los ingresos netos de cualquier trabajador se reducirían en un 20 por ciento, lo que daría rienda suelta a la supresión de vales alimentarios, reintegros por maternidad, guardería infantil y gastos por medicamentos.

En lo sustancial, el documento aprobado por los Diputados reforzaba el compromiso asumido por el gobierno de Carlos Menem con el FMI, cuyo objetivo era la precarización del empleo. La ley en vías de promulgación ahorcaba aún más a los asalariados que la precedente, incoada por el entonces ministro Erman González, sancionada el 15 de marzo de 1995. El estrangulamiento programado implicaría el cese gradual de la ultraactividad de los convenios de 1975 y 1988, y la descentralización de las negociaciones colectivas de trabajo.

El senador Alberto Tell dio el puntapié inicial para la negociación formal entre el Legislativo y el Ejecutivo. A comienzos de abril fue al Ministerio de Trabajo y conversó con Ernesto Kritz y Adrián Goldín, dos de los asesores clave de Flamarique. Sus preocupaciones eran tres. Pidió detalles sobre el rol de las federaciones sindicales, firmantes de los convenios que quedarían eventualmente superados por otros, de rango inferior. Tomó apuntes acerca de lo que acontecería con la salida de los convenios colectivos ultraactivos, y preguntó si la descentralización de la negociación colectiva implicaría rebajas saláriales. Por sus alambicadas declaraciones públicas, se avizoraba que iba a resultar muy complicado arribar a un acuerdo. "Hay un fuerte avance sobre la alternativa de que la reforma sea rechazada si no se logra un consenso en corto tiempo", rumiaba después de enterarse de la intransigencia del dirigente camionero, Hugo Moyano.

Entre tanto, el entrerriano Augusto Alasino -presidente del bloque de senadores peronistas y, al igual que Tell, miembro de la Comisión de Trabajo-, se negaba a aprobar "a libro cerrado" el proyecto del gobierno. Cuando se reunió con Carlos Menem y seis de sus colegas del Senado en las oficinas de Nuñez Autos S.A. -la concesionaria Toyota ubicada en Figueroa Alcorta 7576 de Buenos Aires que está a nombre de Zulema Eva María Menem, la hija del ex presidente-, la suya fue la voz discordante. Terminante, Alasino se negó rotundamente a suscribir la ley tal como estaba. Públicamente, subía la apuesta para dejar asentado un voto positivo de su bancada. Lo que se esbozaba en su postura era la intención de permutar una aprobación por unanimidad -así el proyecto no volvería a Diputados-, por 160 millones de pesos en planes Trabajar. Supuestamente, los que motorizaban el pedido eran los gobernadores de Córdoba y Formosa, José Manuel de la Sota y Gildo Insfran.

Pero en la negociación real Alasino iba por otros andariveles, que quedarían palmariamente demostrados promediando la noche del 12 de abril de 2000. Con su colega salteño Julio San Millán, fue a cenar al piso 29 "B" de la torre Le Parc, en la calle Demaría 4950, de Capital Federal, domicilio porteño del senador tucumano Ramón Bautista Palito Ortega y su esposa, Evangelina Yolanda Salazar.

La comida incluyó fiambres y quesos, y unos exquisitos sorrentinos a la crema. Corno por arte de magia, se sumaron a la mesa el Ministro del Interior, Federico Fredi Storani, y su brazo derecho, el subsecretario de Interior, César Martucci. El diálogo entre el ministro Storaní y el senador Alasino, fue ensordecedoramente diáfano.

"El Presidente cree que la ley marcha muy lentamente -afirmó Storani-. Por eso me pidió que operara en este tema. A pesar de que yo no tengo mucha onda con ustedes, porque siempre fui diputado, me gustaría que habláramos."

«Nosotros somos muy peronistas y vos sos muy radical -replicó Alasino-, así que creo que nos vamos a ir entendiendo. Nosotros en el Congreso dimos sobradas muestras de que queremos ayudar, votamos las leyes que ustedes nos mandaron, incluido el impuestazo. Pero ahora, con este tema será distinto. Primero, no va a ser gratis. Segundo, desde hoy, quisiera que tengas en cuenta cualquier planteo de nuestros senadores.»

«Está bien -concedió Storani-. Yo, desde el ministerio, vengo de conseguir el compromiso de Machinea para aumentar en 100 millones el presupuesto de los Planes Trabajar para este año. Así que ahora, ustedes aceleren el acuerdo y saquen la ley adelante.»

La repugnancia de Alasino por la gratuidad del voto -planteada entre fiambres, quesos y sorrentinos-, era fidedigna. En el mismísimo recinto senatorial, Alasino martilleaba con su sonsonete: la sanción de la ley, repetía, «no iba a ser gratis Se lo dijo, delante de su propia banca, a su colega Daniel Varizat, de Santa Cruz, quien no sólo lo comunicaría más tarde a la justicia, sino que en señal de repudio abandonaría la bancada justicialista y formaría bloque aparte con Antonio Cafiero (Buenos Aires), Héctor María Maya (Entre Ríos) y Jorge Antonio Villaverde (Buenos Aires). En sede judicial, tanto Alasino como San Millán, negarían de plano haber probado bocado alguno en la casa del matrimonio Ortega y, con la misma vehemencia, que hubiesen entablado conversación con el Ministro del Interior Storani y su lugarteniente Martucci.

Es significativo que el convite en aquellas alturas, un piso 29 en el corazón de Buenos Aires, hubiese ocurrido el 12 de abril de 2000. Que había sido justamente día de interregno entre el primero y segundo tiempo del partido en que la SIDE retiró por ventanilla bancaria el dinero metálico de los dos archifamosos cheques por 6.500.000 dólares para inundar de coimas el Senado. Algo era sintomáticamente evidente: con la remesa extraída el 11 no había alcanzado para saciar el apetito de Alasino quien, durante la cena del 12, pasó el mensaje al emisario Storani: la SIDE debía abultar la oferta. Esto explica que en la cuenta que tenía al Presidente de la República como derechohabiente, se haya producido una segunda extracción, el 13, con los mismos fines que la del 11.

Siete noches después, el núcleo de hierro de los senadores justicialistas -Alasino, Costanzo, San Millán y Branda-, apuntalados por el radical mendocino José Genoud, anunciaron a Fernando de Santibañes y Enrique Coti Nosiglia, que al día siguiente, 19 de abril, bajarían al recinto para debatir la ley.

El camionero Moyano, por su parte, se sintió traicionado, y se rebeló ante la cobarde entrega en perjuicio de las conquistas de los trabajadores. Las imágenes de la brutal represión desatada contra los trabajadores convocados por los gremialistas a manifestarse frente al Congreso para denunciar la patraña fueron dantescas, y vergonzosas, para la democracia argentina. La Policía Federal cargó con saña, por orden del secretario de seguridad, Enrique Mathoy, quien comprometía así políticamente al ministro Federico Storani.

La televisión aportaba sus cámaras y micrófonos para registrar el apaleamiento a mansalva. Rodó por el suelo Carlos Hernández, un camionero con 25 años de antigüedad laboral. Tres policías lo golpeaban con las culatas de sus Itakas en la nuca: " ¡Negro hijo de puta, negro sucio, querés seguir dándole al bombo, querés seguir a Moyano... Tomá, tomá Moyano ...!". Carlos López, un recolector de residuos pedía clemencia a seis uniformados: "Así que vos sos basurero... Querés que te dejemos tranquilo basurero hijo de puta...! ¡No, te vamos a matar!". El secretario de prensa de la CGT disidente, y líder de la Unión de Empleados de la justicia Nacional, julio Piumato, recibió un proyectil de plomo en los genitales. En el dirigente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Juan Manuel Palacios, hicieron blanco perdigones de goma disparados a quemarropa por la Guardia de Infantería.

Esa noche ingresaron en los hospitales treinta heridos. El comisario inspector José Laino y trece efectivos policiales fueron procesados por el juez Gabriel Cavallo, que los consideró penalmente responsables de las agresiones previstas en el artículo 144 bis del Código Penal. Rubén Santos, jefe de la Policía Federal pidió disculpas. Fredi Storani ensayó un juego a dos puntas. "Quedó al desnudo que el intento era el de impedir por la fuerza y la violencia que el Congreso de la Nación sesionara. El accionar de las fuerzas de seguridad para preservar el funcionamiento de las instituciones democráticas es una decisión del Gobierno."

Cuatro días después, el mismo Storani descargaba culpas sobre su subordinado Mathoy, y se contradecía. "La represión fue brutal e innecesaria", aseguró.

Promediaba el segundo movimiento de la obra de Albinoni y nopude evitar una imagen nostálgica. Me parecía estar viendo al joven Fredi Storani junto a sus compañeros de la Universidad, afines de los años setenta, enfrentando en los bosques de La Plata a la Policía montada. En aquella ocasión, los uniformados los gaseaban por difundir en una movilización un documento de Franja Morada: «La Contradicción Fundamental», el mamotreto fundacional de la Junta Coordinadora Nacional de la juventud Radical que, emitido el 27 de abril de 1979, desarrollaba una prolija autocrítica histórica y política del accionar des partido, y colocaba a la UCR en la disyuntiva de ponerse de parte del interés popular, o apoyar a los sectores oligárquicos y dominantes. Fue una ráfaga, nada más. Debía continuar con el relato de los acontecimientos.

Tras la violenta represión frente al Congreso, los senadores peronistas pospusieron el debate para el miércoles 26 de abril. En sesión especial, y antes de que se pusiera a consideración de la Cámara la Reforma Laboral, el senador justicialista por Santa Fe, Jorge Massat, pidió la palabra y dijo: "Hemos logrado consensuar un proyecto de ley en el bloque de senadores justicialistas, y hemos intercambiado opiniones también con legisladores de la oposición y llevado adelante diálogos con los gobernadores y referentes provinciales. Estamos proponiendo un proyecto de ley que amplía en 160 millones las partidas presupuestarias para un nuevo sistema de programas de empleo temporario para el año 2000".

Según la versión taquigráfica oficial del Senado, intervino luego el riojano Raúl Alfredo Galván (UCR), dirigiendo la palabra a Carlos Chacho Álvarez, que presidía la sesión: "Señor presidente: el bloque de la Alianza va a acompañar este proyecto». La operación para implementar el Plan Canje se ponía en movimiento.

Quienes la habían urdido eran el propio Galván y sus correligionarios José Genoud (Mendoza), Leopoldo Moreau (Buenos Aires), Alcides López (Entre Ríos) y el delarruista José García Arecha (Capital Federal), y los peronistas Alberto Tell, José Carbonell (Tucumán), Antonio Cafiero (Buenos Aires), y el ineludible Augusto Alasino (Entre Ríos).

Consistía en que el gobierno desbloqueara subsidios que fluctuaban entre 100 y 200 pesos por persona, que representaban prestaciones de ayuda para crear puestos de empleo relacionados con microemprendimientos y actividades comunitarias.

Cabe señalar que, aunque el Senado votó en particular los nueve artículos del proyecto que proponía la ampliación de los planes Trabajar y lo giró con media sanción a la Cámara Baja, más de un año después de aquellos hechos, la iniciativa seguía siendo letra muerta en la Cámara de Diputados.

Cuando Carlos Chacho Álvarez puso a consideración sobre tablas el expediente C. D. 179/99 procedente de Diputados, sobre Reforma Laboral, el senador entrerriano Héctor Maya pidió: "Señor presidente: antes de la votación del proyecto, como mínimo quisiera tener el dictamen porque realmente me parece imposible abordar esta cuestión sin conocerlo en forma concreta. Me han llegado dos fotocopias: una dice "A" y otra dice «PJ", y no sé cuál es el dictamen o si los dos textos son iguales. Digo esto a los efectos de poder tomar un conocimiento básico de la cuestión».

El puntano Alberto Rodríguez Saa (PJ) tomó el relevo: «Señor presidente: si ya fue votado el tratamiento sobre tablas, corresponde ponerlo en consideración, y supongo que habrá un miembro informante que nos dirá qué vamos a votar ya que no tenemos el proyecto sobre las bancas».

José Antonio Romero Feris (Partido Autonomista de Corrientes) también estaba sobre ascuas: "... no cuento en mi banca hasta este momento con el dictamen de la comisión, que hoy se ha expedido. Es decir que lamento no conocer en profundidad este tema...".

Estaba palmariamente claro que algunos justicialistas ni siquiera sabían qué había que votar. Impasible en uno de los palcos, el ministro Flamarique marcaba números de teléfono a diestra. Entre los escaños, un ordenanza se sacudía la modorrra y repartía el dictamen de la Comisión de Legislación Laboral como si fuera un boletín de últimas noticias.

El secreto se escondía en un laberinto de mentiras. El senador Ricardo Alberto Branda (PJ, Formosa), puso en cortocircuito la falta de escrúpulos: «Señor presidente: voy a ser muy breve, atento a que es conocida y pública mi postura con respecto a esta ley; yo siempre he sido contrario porque consideré que no era oportuna, conveniente ni necesaria (...) Así que con estas palabras quería adelantar, por disciplina del bloque, mi voto afirmativo".

El jefe de la bancada justicialista, Alasino, casi pierde su turno. Se había retrasado analizando hipotéticas modificaciones con el gremialista y diputado Saúl Ubaldini y con el abogado laboralista Héctor Recalde, algo inútil en realidad, porque ya todo estaba irreversiblemente arreglado. Alasino lo reconoció implícitamente al final de su discurso: "Creo, y ésta es una íntima convicción -como lo dije al principioque sin duda la instrucción vino del más alto nivel para que introdujéramos las garantías. ( ... ) Ésta es nuestra contribución a la gobernabilidad y a la posición del presidente. Se lo dejamos picando. Y le pedimos que, si esto no funciona y hay que retroceder, dé la orden para que lo corrijamos".

Cuando llegó el momento de votar, los justicialistas Carlos Sergnese (San Luis), Alberto Rodríguez Saa (San Luis), Héctor Maya (Entre Ríos) y Daniel Varizat (Santa Cruz) lo hicieron contra la Reforma Laboral. A las 21.33 Carlos Chacho Álvarez, bajó el martillo: "Sobre 58 señores senadores presentes, resultan dos tercios de votos afirmativos. ( ... ) Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Cámara de Diputados. Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión".

Flamarique salió del recinto con la satisfacción pintada en el rostro. Un rato después compartía una mesa en el Restaurante Vasco Francés con sus colaboradores, Jorge Sappia, Enrique Espínola Vera, Julián De Diego y Aldo Pérez, y su secretaria privada, María Eugenia Paredes. Comieron gambas al ajillo, arroz con mariscos y helado, todo rociado con champán. A la celebración no podían faltar los inseparables Fernando de Santibañes y Enrique Coti Nosiglia. También estuvo el secretario de Cultura y Comunicación, Darío Lopérfido. En la lista de comensales quedó asentado un tal Eduardo De la Rúa, acto fallido, camuflaje o confusión de quien dictó o escribió el nombre de pila en el registro de reservas del restaurante. Pudo ser Eduardo De la Rúa, primo de Fernando, un cetrino abogado de 46 años, que ocupó oficinas con Fernando de Santibañes en Fundar, una sociedad ubicada en Florida 375, 8vo B, dedicada a los negocios por fuera de los cargos públicos. 0 debió de ser al que se conoce como Jorge De la Rúa, quien porta como segundo y tercer nombres Eduardo y Enrique respectivamente, y que come, sueña y vive para cuidar la salud política y jurídica de su hermano Presidente. 0 quizá fueron los dos. Por cierto, rememorando tal vez la presencia de algunos convidados a esa comida, Jorge De la Rúa le comentó días después a Carlos Manuel Garrido, director del Área de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, que «de Santibañes no participó en las negociaciones, pero fue muy importante para convencer al Presidente de la Nación de la importancia del proyecto y consideró el éxito de la ley como propio (...) Nosiglia... existían rumores de que había negociaciones paralelas, y si bien esto era posible, no eran legítimas, porque el único legitimado para negociar era Flamarique».

Necesité el Sexto Concierto en Re mayor de la Décima ópera de Albinoni para verificar si no me quedaba nada en el tintero. Cuando Piero Toso retomaba el violín de Giuliano Carmignola para brincar entre dos allegros saltando sobre un larghetto, descubrí que sí.

La ley volvió a Diputados, que la aprobó el jueves 11 de mayo de 2000. En el envés de la trama del expediente de sanción y publicación, una mano pérfida dejó la marca de otra fechoría. En el artículo 33, que reglamenta el derecho constitucional de huelga, los legisladores no dijeron que se ¡e asignaba al Ministerio de Trabajo mayores facultades. Se lo autorizaba a «... disponer la fijación de servicios mínimos Pero, en la publicación del Boletín Oficial, alguien adulteró el texto violando la Constitución Nacional, y haciendo nulo de nulidad absoluta ese artículo. Pues en esa versión se faculta al Ministerio a "disponer intimidatoriamente la fijación de servicios mínimos". La fechoría fue intimidatoria.

Al día siguiente mi mujer tenía franco. Dejé que me homenajeara haciendo saltar en salsa de ostras un buen pedazo de carne vacuna cortada en rodajas, mientras le contaba cómo respiraba el Senado. Estábamos en la cocina y desde la sala llegaban, tenuemente, los seis conciertos de la Décima ópera de Tomaso Albinoni de la que todavía no podía desprenderme. Nina me escuchaba atentamente mientras cortaba la carne para después dejarla veinte minutos en salsa de sola, aceite de sésamo, vino de arroz, jerez y maicena.

Mientras yo seguía hablando, ella calentó la sartén hasta que el aceite de maní comenzó a humear. Con una espátula de madera volcó la carne marinada y la dejó cocer durante cinco minutos, revolviéndola sin cesar. La retiró y, en un colador, hizo escurrir el jugo Lavó la sartén, agregó una fina capa de salsa de ostras comprada en un negocio de comida china y la puso nuevamente en el fuego. Cuando percibió que el líquido se calentaba, puso otra vez la carne en la sartén y la roció con las cebollas cortadas muy finas. Controló que el arroz al vapor estuviera a punto, y removió la carne hasta que la consideró impregnada del sabor de las ostras.

El plato estaba casi listo, así que puse la mesa y destapé dos botellines de cerveza thai. Recién entonces ella me preguntó:

«Y Chacho, ¿no sabía nada de todo eso? ».

Fuentes

Causa 9900/00, «Ortega, Ramón B. y otros s/cohecho», declaración testimonial del 2 de noviembre de 2000 de Héctor P. Recalde, Tomo XII folios 2234-2236. «Conciliación y arbitraje en los conflictos de trabajo, Estudio Comparativo», Boletín Oficial de la OIT, vol. 1, xxviii, 1995, serie b, nro. 3 e Informes del Comité de Libertad Sindical, 20 de junio de 1996. La Ley 25.013 fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 22 de marzo de 1995 y se publicó en el Boletín Oficial del 28 de marzo de 1995. Además de confirmar la vigencia de los denominados contratos de fomento de empleo con despido sin indemnización (los llamados "contratos basura»), fijados en la Ley de Empleo 24.013, estableció la rebaja de los aportes jubilatorios patronales a los trabajadores.

Río Negro, General Roca, 6 y 23 de marzo de 2000. La Nación, Buenos Aires, 8 de marzo de 2000. Clarín, Buenos Aires, 17 de abril de 2000. Ámbito Financiero, Buenos Aires, 13, 18 y 23 de abril de 2000.

Causa 9900/00, "Ortega, Ramón B. y otros s/cohecho", declaraciones testimoniales del 29 de agosto de 2000 de Augusto Alasino, Tomo ii, folios 224-228 y julio San Millán, del 30 de agosto de 2000, Tomo II folios 261-266. Alasino dijo textualmente: "Paralelamente ( ... ) se negoció el aumento en ciento sesenta millones el Plan Trabajar...". San Millán, manifestó: «... nunca hablé con nadie del Poder Ejecutivo m* con nadie en nombre del Ejecutivo".

Causa 9900/00, "Ortega, Ramón B. y otros s/cohecho», declaración testimonial del 1 de noviembre de 2000 de Jorge J. Sappia, Tomo xi, folios 2142-2145.

La Nación y Página 12, Buenos Aires, 20 y 22 de abril; 6, 13 y 27 de agosto de 2000, y Río Negro, General Roca, 20 y 25 de abril de 2000.

H. Senado de la Nación. Fragmentos de la versión taquigráfica oficial de la Sesión Especial del 26 de abril de 2000. Copia completa en el archivo de los autores. La Nación, Ámbito Financiero, Clarín, Página 12 y Río Negro, del 27 de abril de 2000.

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