Los efectos perniciosos de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) fueron analizados en La Habana por representantes de 31 países que debatieron durante tres días en el VII Encuentro Hemisférico de Lucha contra los TLCs y por la integración de los pueblos.
Obreros y trabajadores norteamericanos protestando contra el Tratado de Libre Comercio, en su pancarta está escrito: El Libre Comercio no lo es [libre], es costo [humano] en perdida de empleos.
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Los participantes abordaron la estrategia del proyecto neoliberal imperial a través de múltiples acuerdos menores que se desprenden del gran paraguas de los TLCs. También pasaron revista a la deuda y los mecanismos financieros de dominación, las tareas de las redes en defensa de la humanidad, la militarización creciente de América Latina y la proliferación de instalaciones militares estadounidenses, sin dejar de lado el medio ambiente y el cambio climático, las amenazas alimentarias encubiertas por las políticas a favor de los bio combustibles y nuevos proyectos de integración continental a favor de los pobres.
La ausencia de un debate público abierto sobre los Tratados de Libre Comercio (TLCs) en los medios de información de América Latina pone de relieve la impotencia de los periodistas ante su responsabilidad de informar verazmente a los ciudadanos sobre los verdaderos alcances de estos acuerdos con Estados Unidos y la Unión europea (UE).
Los grandes medios de comunicación latinoamericanos, periódicos, cadenas de televisión y de radioemisoras son cómplices en la tarea imperial de engañar a la opinión pública y ocultar los verdaderos propósitos que encubre los TLCs. Los medios de información alternativos e independientes y el periodismo comunitario rasguñan este grueso cristal de la mentira, con el apoyo de muchas organizaciones sociales, partidos políticos progresistas, la Federación Latinoamericana de Periodistas, y los medios informativos de las redes horizontales, más el esfuerzo de organismos como la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), entre otros.
Los periodistas no son los dueños de los grandes medios, cuyos propietarios están agrupados en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que es una entidad empresarial estadounidense de apariencia interamericana y en una decena de mega corporaciones que manejan la información hemisférica desde una vasta red de grandes corporaciones cuya cabeza más visible en la región es la cadena de noticias CNN, del consorcio Warner-Times-AOL.
Mucha gente observa como razonables los resguardos de la «propiedad intelectual» que reclaman los TLC en favor de las corporaciones transnacionales, pero nadie explica que no se trata sólo de los razonables derechos de autor de artistas y escritores, sino de una oscura trampa para incrementar las ganancias de las corporaciones de la industria farmacéutica e incluso aquellas que controlan la industria alimentaria. Por ejemplo, los derechos de «propiedad intelectual» sobre las semillas autóctonas cedidos a las transnacionales en las cláusulas de «letra chica» de los TLCs amenazan directamente la seguridad alimentaria de los países signatarios.
La propaganda del capitalismo global presenta a los tratados como una esperanza de progreso para los países subdesarrollados que resultan «agraciados» con esta pretendida merced que les otorgan las naciones desarrolladas, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), mientras los grandes medios informativos de todo el mundo ocultan los dañinos «efectos colaterales» del tipo «fuego amigo» encubierto por los tratados.
Los TLCs permiten a EEUU obtener por la «vía pacífica» los objetivos económicos que suele buscar con onerosas invasiones y guerras interminables. El periodismo tiene la responsabilidad de explicar al grueso público que los llamados «derechos de propiedad intelectual» no se refieren a la protección de los derechos de autor de los artistas, escritores y creadores en general, ni a sus libros, discos y otros productos culturales, cuya propiedad más bien pertenece a las grandes corporaciones editoriales y musicales internacionales, sino que están orientados a proteger los intereses de las transnacionales que explotan negocios que van desde la producción de fármacos a la utilización de las semillas que garantizan la seguridad alimentaria de los pueblos.
La obsesión por abrir mercados aparentemente «seguros» a los productos primarios y recursos naturales carentes de valor agregado y por tanto, generadores de muy escaso empleo, sino al revés, obnubilan a la mayoría de los legisladores que sólo tienen en mente los intereses de los grandes grupos económicos locales que suelen coincidir con el apetito insaciable de las grandes corporaciones transnacionales.
Estos compromisos en letra chica pocas veces son leídos por los legisladores, incluso en países llamados «cultos», como Chile, México, Costa Rica, y otros que han suscrito estos tratados. En rigor, en los tiempos que vivimos no hace falta mucha propaganda para vender productos primarios y recursos naturales que los países ricos están forzados a comprar simplemente porque no los tienen.
Pero en lugar de aprovechar la coyuntura para mejorar la pésima distribución del ingreso en las naciones subdesarrolladas y obtener recursos para erradicar la pobreza, los gobiernos y parlamentos que rubrican estos tratados se comprometen a dictar leyes y a modificar su propia legislación interna para reconocer esos pretendidos derechos de «propiedad intelectual» tal como aparecen en el ordenamiento jurídico de EEUU y de la Unión Europea, por añadidura redactados en el lenguaje enrevesado de los abogados al servicio de las corporaciones. Se trata de unos textos crípticos para el ciudadano común que jamás son objeto de debate ni explicados por la prensa latinoamericana y probablemente inaccesibles para el entendimiento de los miembros habitualmente poco ilustrados de las clases políticas criollas.
No fue casual que una de las primeras «leyes» dictadas por el primer gobernador estadounidense de Irak, Paul Bremer III, designado por George Bush como jefe supremo inmediatamente después de la invasión en 2003, estableció la Orden 81, disponiendo que los «derechos de propiedad» intelectual de las semillas autóctonas sólo pueden ser reconocidos a sus «legítimos dueños», o sea, a las compañías multinacionales que reclamaron y patentaron su «propiedad intelectual», como Monsanto, Carhill o Syngenta, extendiendo esos derechos exclusivos a todos los productos nacidos de esas semillas. Con el fenómeno natural de la llamada «polinización cruzada», el nuevo sistema obliga a los agricultores iraquíes a comprar sus semillas en lugar de utilizar las de sus propios cultivos o las que ofrece el mercado local.
La agricultura del trigo apareció hace más de 19 mil años en la Mesopotamia, es decir en Iraq, pero ahora las variedades nativas comenzaron a reemplazarse por semillas foráneas genéticamente modificadas, destruyendo la diversidad biológica y haciendo vulnerable a la agricultura iraquí a enfermedades hasta ahora desconocidas que obligan a adquirir fertilizantes, desinfectantes y pesticidas fabricados por esas mismas corporaciones que se apropiaron de las semillas por la vía de «los derechos de propiedad intelectual», en una rapiña inmoral, abusiva, con una frescura sin límites.
En cinco años de ocupación los agricultores iraqueses están perdiendo sus tierras y el país fue despojado de su capacidad de auto-alimentarse, generando pobreza y dependencia. Jeremy Smith, del Ecologist, escribió que «la gente cuyos antepasados dominaron por primera vez la domesticación del trigo tendrán que pagar ahora por el privilegio de cultivarlo para otros. Y con eso el patrimonio agrícola más antiguo del mundo se convierte en sólo un eslabón más en la vasta cadena de suministros estadounidense».
La revista Grain, citada por el periodistas progresista estadounidense Greg Palast, que se refugió en la BBC de Londres huyendo de la tiranía de George Bush, argumenta que la «libertad y la soberanía de Irak seguirán siendo cuestionables para largo, mientras los iraquíes no tengan control sobre lo que siembren, cultiven, cosechen y coman».
Palast dice conmovedoramente: «el paraíso de mercado libre en Irak no es libre».
La prensa oculta que los tratados también empobrecen a la clase obrera de EEUU, debido a que las grandes corporaciones buscan mayor rentabilidad en la mano de obra mal pagada de los países subdesarrollados signatarios de TLCs. En realidad, se oculta que está ocurriendo un nuevo reparto del mundo en favor del gran capital de las naciones ricas. El Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de California, que desde hace más de 30 años investiga las noticias más censuradas y ocultas por el periodismo corporativo estadounidense, a su vez «el padre» de la gran prensa latinoamericana, concluyó este año que el tema de los TLCs fue una de las 25 noticias más censuradas del año precisamente por la ausencia de debate público en los medios de EEUU.
Bajo el título Destructivos tratados de libre comercio esclavizan a países pobres, la periodista Laura Rusu, del Oxfam Report, y Sanjay Suri, de InterPress Service, IPS, entregaron un valioso informe periodístico esclarecedor que entre otras afirmaciones dice que:
«recién aparece a la luz el doble estándar en las cláusulas sobre derechos de propiedad intelectual que contienen la mayoría de los acuerdos comerciales, pues los nuevos acuerdos limitan el acceso de los países en vías de desarrollo a la tecnología patentada y a las medicinas –mientras tampoco pueden proteger el conocimiento tradicional– con un creciente perjuicio para la salud pública. Se espera que el TLC EEUU/Colombia reduzca el acceso a las medicinas en 40%, en tanto el TLC EEUU/Perú dejará de 700.000 a unos 900.000 peruanos pobres sin acceso a medicinas comprables».
Sin embargo, la nueva generación de TLCs lleva mucho más lejos esta tradicional imposición de políticas que devienen en reglas dañinas y obligatorias sobre propiedad intelectual, servicios e inversiones, con consecuencias mucho más profundas para el desarrollo y de gran impacto entre los pobres. Los TLCs con EEUU y la UE también imponen «derechos de semillas» que impiden a los granjeros locales ejercer su capacidad ancestral de utilizar sus propias semillas.
Así se hace aún más vulnerable el sustento de los cultivadores de la tierra más pobres del mundo, mientras continúan subiendo los márgenes de beneficio de los negocios agrícolas más grandes del planeta. Los TLCs de EEUU ahora están comenzando a patentar las plantas, algo que no sólo limitará los derechos de los granjeros a intercambiar o vender semillas, sino también les prohíbe guardar y reutilizar semillas que han cultivado por generaciones.
Bajo los TLCs con EEUU, incluyendo los de Perú, Colombia y República Dominicana-Centro América (DR-CAFTA, sigla en inglés), los gobiernos de los países subdesarrollados no podrán rechazar el uso de patentes porque ninguna empresa podría indicar el origen de una planta o demostrar con pruebas el consentimiento para su uso en una comunidad local.
Como resultado, las comunidades podrían verse obligadas a pagar por las variedades de planta patentadas basadas en recursos genéticos de su propio suelo. Esta misma amenaza se cierne sobre el uso de las plantas medicinales autóctonas, de cuyos derechos de «propiedad intelectual» también quiere apropiarse la gran industria farmacéutica transnacional.
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