Los riesgos de un proceso sin política de reinserción

Quien primero prendió las alarmas fue el Alcalde de Medellín Sergio Fajardo Valderrama. Y es normal que sea él quien primero advierta sobre los riesgos de un proceso de desmovilización con los grupos paramilitares sin una política clara de reinserción, por dos razones.

La primera, porque en Medellín y por cuenta de la Alcaldía se esta llevando a cabo, desde hace un poco más de 22 meses, un proceso de reinserción con los 864 desmovilizados del Bloque paramilitar autodenominado Cacique Nutibara. En este proceso la Alcaldía ha ganado en experiencia, pero también ha comprobado en la práctica las limitaciones del proceso.

Pero la preocupación de Sergio Fajardo tiene que ver además con otra realidad a la cual deberá enfrentarse en el futuro inmediato. Según sus propios cálculos de los 24 0 25 mil desmovilizados llegarán a Medellín unos 5600. La inversión que ha realizado el municipio para atender el proceso con los reinsertados del Cacique Nutibara ha sido hasta ahora de 15 mil millones de pesos. Los lectores pueden multiplicar y hacer los cálculos de cuanto debería invertir el municipio para atender a más de 5 mil.

Fajardo señaló en su propuesta para una política nacional de reinserción –El Modelo de Medellín- que “estamos enfrentando una bomba de tiempo” al referirse a la ausencia de una política nacional de reinserción. Esto –agrega en su documento- no es una falsa alarma. En Colombia se ha dado una amplia controversia sobre la negociación con los grupos de autodefensas y sobre la dosis de perdón y de justicia que se necesitan apara avanzar en la consolidación de la paz, pero solo recientemente ha tomado fuerza el debate sobre la reinserción.

La verdad es que además de los graves y grandes problemas del marco legal del proceso que no garantizan ni la verdad ni la justicia ni la reparación y que con una gran debilidad deberá pasar la prueba del examen de la Corte Constitucional que casi con toda seguridad se producirá a finales del mes de abril del presente año, también este marco jurídico deberá afrontar la prueba de fuego de la Justicia Internacional en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. En estos escenarios y principalmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la justicia colombiana viene afrontando serias derrotas y el Estado Colombiano, condenas por violación sistemática en materia de derechos humanos. A esta realidad se sumará en el futuro la Corte Penal Internacional que examinara con lupa el proceso puesto que ya hay demandas admitidas en dicho tribunal que cobijan a guerrilleros, Estado y paramilitares por delitos de lesa humanidad que la justicia colombiana no ha fallado. Pero a todas éstas dificultades se viene a sumar ahora la inexistencia de una política de reinserción.

Esta ausencia no solo fue observada por el Alcalde de Medellín. El sexto informe de la Misión de Verificación de la OEA divulgado este primero de Marzo en Washington, da cuenta principalmente de tres graves problemas que afronta el proceso de negociación con los paramilitares. En primer lugar denuncia que permanecen estructuras armadas sin desmovilizarse y en concreto señala, por ejemplo, que un grupo de entre 60 y 80 antiguos hombre de Alias don Berna se quedó en la parte norte de la represa de Urrá, en Tierralta, departamento de Córdoba y hoy sigue manejando los cultivos de uso ilícito y la comercialización de la base de coca en la región. Estos reductos armados también operan en el Meta, en el Vichada, en Sucre y Bolívar según el informe. Un segundo problema según el informe esta relacionado con la entrega de las armas. A pesar de que ya van un poco más de 22 mil desmovilizados apenas se han entregado 13 mil armas entre fusiles, escopetas y pistolas. Esto plantea según el informe la posibilidad de que centenares de armas estén escondidas. La OEA pidió en su informe acelerar la destrucción del arsenal que ha sido entregado, para evitar que pueda ser reciclado en la guerra o la delincuencia.

Y el tercer gran problema que se plantea en el informe tiene que ver precisamente con la inexistencia de una política de reinserción. El informe denuncia graves fallas en el programa de reinserción “Con la excepción de algunas zonas, está en crisis y pone en peligro la viabilidad del proceso de paz a largo plazo dice la OEA”. Todo ello conduce por ejemplo al reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas. El informe trae denuncias concretas de la existencia de éstas bandas armadas que ejercen control y extorsión sobre comunidades en zonas del Departamento de Sucre, Valle del Cauca, Córdoba, Meta, Cundinamarca y Nariño.

Los riesgos de la inexistencia de una política pública de reinserción tienen que ver precisamente con la bondolerización y narcotización del proceso. Esto fue lo que sucedió precisamente en El Salvador en donde quedaron en la sociedad miles de armas y miles de combatientes sin alternativas educativas, psicosociales, sin empleo e ingresos estables. Miles de ellos se organizaron en bandas, las llamadas maras, que han hecho de la delincuencia común su forma de vida y de subsistencia.

Con la excepción de Medellín en donde de manera responsable y solitaria el municipio ha emprendido una política de reinserción con componentes de subsidio (600 mil pesos mensuales) de atención psicosocial, de alternativas educativas y de resocialización y generación de alternativas de empleo estable, en el resto del país la política de reinserción simplemente consiste en un subsidio de 350 mil pesos mensuales durante 18 meses y ocho millones de pesos al final del proceso para que el excombatiente emprenda un proyecto productivo. Esta es la política de reinserción del gobierno la cual enfrenta grandes riesgos hacia el futuro como lo advierte claramente tanto el informe de la OEA como el documento y la posición del Alcalde Sergio Fajardo Valderrama. Ahí pues esta planteado otro problema para este proceso tan poco transparente y tan poco claro.