Considerado por las autoridades federales como “foco rojo”, el conflicto agrario del pueblo yaqui, que afecta a ocho poblados y más de 5 mil hectáreas, se agrava. Eduardo Bours amenaza a los indios de Vícam con la represión si no admiten como autoridades a quienes pretende imponer su gobierno, por encima de la tradición.
Vícam, Son. Los secos golpes del tambor son la señal para iniciar la danza. Los niños corren y se agolpan en derredor del joven yaqui —yoeme, en su lengua— quien se yergue al cielo con fuertes y elegantes movimientos. Su torso moreno y brillante es espejo de la luz lunar. Un trapo blanco le envuelve la cabeza y desciende hasta ocultar parcialmente su rostro, ahora cuello. Parsimonioso, el venado vuelve la mirada en todas direcciones: de la alerta pasa al acecho y luego a la sorpresa. Busca demonios, dicen los músicos dedicados a arrancar sonidos a los hirúkiam (raspadores de madera) y a los baa-wéhai (tambores de agua).
Acompañando el ritmo, los capullos de mariposa de los tenabaris —que se enredan en las pantorrillas del danzante— chocan unos contra otros. Un rebozo negro, ceñido en la cintura por el blanco paliacate bordado con flores rojas y un delgado cuero del que cuelgan cascabeles, cubre sus muslos en forma de pañal. Dos demonios –pascolas– acechan al venado y corrompen, con chistes y cigarros, a su público.
La danza del venado —o maaso yiihu— concluye con el cuerpo del joven casi abatido, pero el antiguo problema de los yoemes por la tenencia de la tierra, considerado por las autoridades agrarias como “foco rojo”, permanece. “Las autoridades blancas nos tienen el pie en el buche”, se quejan.
El conflicto por la posesión de más de 5 mil 564 hectáreas de territorio yaqui, conocido como La Cuchilla, y de 458 mil hectáreas reconocidas como suyas por el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1940 -pero desconocidas por las administraciones subsecuentes- es uno de los saldos pendientes de la administración de Vicente Fox y que divide a los ocho pueblos de esta etnia: Tórim, Pótam, Huiribis, Rahum, Vícam, Loma de Guamúchil, Loma de Bácum y Belem.
Los yaquis señalan que su territorio es amenazado por el gobierno estatal que encabeza Eduardo Bours Castelo. Y es que, dicen, la administración local incentiva el desarrollo turístico en la zona y pretende construir una carretera en la costa del Valle del Yaqui. De acuerdo con los ancianos, en esta área se edificarán hoteles y casinos. Para los indios, el peligro no se reduce al despojo de la tierra, sino de su trabajo: varios pobladores de Las Guásimas, Bahía de Lobos, Rahum y Huirivis subsisten de la pesca.
Tomás Rojo, asesor de la autoridad tradicional yaqui, dice que el problema de la tierra es como una guerra de baja intensidad. “Nuestros indígenas y pueblos están considerados dentro de los pobres más pobres, eso no se puede ocultar con las cifras oficiales ni con la propaganda. Sabemos que tenemos derechos por ser originarios, pero eso no se nos quiere reconocer”.
Además del conflicto agrario y la pobreza, los yoeme resisten la intromisión del gobierno de Bours, quien pretende imponer una autoridad por encima de las tradicionales.
Ésta no es la primera ocasión en que el Estado actúa en contra de los usos y costumbres de los yaqui. En 1997, la administración federal encabezada por Ernesto Zedillo y la estatal a cargo de Armando López Nogales —ambos de extracción priísta— se niegan a reconocer los gobiernos tradicionales de los ocho pueblos.
Durante ese mismo año y por decreto presidencial -publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero- fueron expropiadas 2 mil 600 hectáreas del territorio yaqui, lo que empeoró aún más la situación.
Según cuentan los indios, esta intrusión deterioró el sistema interno de gobierno y dividió a los pueblos. Además, indican, las políticas impulsadas por López Nogales son ahora promovidas por Bours Castelo.
Sobre la tensa situación que se vive —el 1 de enero pasado, durante la conmemoración de 13 aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Oventic, Chiapas— el subcomandante Marcos alerta: “El digno pueblo yaqui no es respetado por los malos gobiernos y le quieren imponer una autoridad sin tomar en cuenta el pensamiento y el sentimiento de la comunidad de Vícam. En estos momentos el pueblo yaqui está amenazado con la represión del gobierno de Sonora. Hay que estar pendientes para apoyar si atacan a estos compañeros y compañeras”.
Caminos sin pavimento conducen a Vícam, territorio del pueblo guerrero yaqui. A espaldas de la Segunda Santa Iglesia cuelga una manta con la leyenda: “Por la autonomía y el respeto a nuestros derechos”, y frente al humilde recinto religioso se ubica la enramada ceremonial. Unos pasos más adelante hay una pequeña cruz de madera azul, clavada en la tierra, ante la cual cada tarde, a las seis en punto, los yoeme se persignan tres veces y tocan el tambor.
Aquí las casas tienen en promedio un terruño de cinco por ocho metros. Algunas, las más humildes, son de madera y cartón. Aún no cuentan con drenaje y la luz eléctrica es deficiente.
Silverio Jaime León, autoridad tradicional, explica que la problemática territorial de este grupo étnico es ancestral: “Desde 1543, cuando los españoles pisaron territorio yaqui, inició el despojo. Han transcurrido 473 años desde que llegó el primer español a nuestra tierra, 473 años de pobreza, marginación y despojo. Eso todavía está latente en nuestras mentes y de muchos de nuestros hermanos, que hoy exigen sus derechos como pueblo y nación”.
En la enramada, considerada como lugar sagrado y sitio de reunión de las autoridades tradicionales, los yaquis señalan que la administración de Eduardo Bours privilegia a los mestizos y margina a los pueblos indios, además de dividirlos al tratar de imponer autoridades.
Jaime León indica que “en la tribu hay pobreza extrema. Necesitamos servicios de salud, vivienda, luz, drenaje, educación. Sabemos que un pueblo educado puede luchar mejor por sus intereses”.
Agrega que otro problema severo que padecen en Vícam, al igual que en el resto de los pueblos, es la discriminación racial: “ustedes los indios y nosotros los otros” [...] “No hay políticas de gobierno que manejen la equidad en nuestras sociedades. La prueba somos nosotros y todos los hermanos indios del país.”
La autoridad tradicional advierte que “a pesar de las políticas de exterminio no acabaron con nosotros”. Añade que “la historia del pueblo yaqui es de lucha, de rebeldía en contra de las autoridades. Tenemos memoria de las grandes rebeliones”.
Tomás Rojo dice que los gobiernos estatal y federal han mentido al pueblo yoeme. “Hay desprecio, saqueo y represión del Estado en nuestra contra y de los luchadores sociales. A nosotros sí todo el peso de la ley, mientras los delincuentes de cuello blanco andan sueltos”.
El Valle del Yaqui, donde ahora se pretende construir un mega desarrollo turístico, fue despojado hace más de un siglo. A finales de 1870 y principios de 1890 la dictadura de Porfirio Díaz entró en una guerra de exterminio contra los yoeme.
Jaime León, reconocido activista yaqui y autoridad tradicional, narra la historia: “El porfiriato es el que se propuso exterminar totalmente a los ocho pueblos yaqui. Nosotros somos producto de esas generaciones que nacieron en las haciendas henequeneras, de Yucatán, y cafetaleras, de Oaxaca, y que huyeron para reencontrarse con su tierra y sus raíces”.
Y es que la conocida guerra del yaqui no sólo les arrebató el valle, sino que como castigo por su rebeldía, Porfirio Díaz envió a familias enteras -incapaces de refugiarse en las zonas áridas de las montañas- a las haciendas del sureste. Los indios fueron empleados casi en calidad de esclavos.
Silverio Jaime León dice: “La etapa del porfiriato es de esas que nunca se quisieran recordar, porque fueron políticas inhumanas y sangrientas, y eso tiene un costo. En ese transcurrir de la historia murieron yoeme que lucharon con el corazón para preservar nuestra tierra”.
Añade que las luchas de los yaqui han sido para recuperar el territorio saqueado desde el Virreinato, “y no sólo este pedacito de tierra”. Hasta ahora las autoridades gubernamentales no sólo no han dado solución al conflicto sino que han generado mayor encono.
Jaime León recuerda que a pesar del decreto presidencial de Lázaro Cárdenas, signado en 1940 —que dota a los pueblos yaqui de 458 mil hectáreas de territorio ancestral: una parte del río, una del valle y una de la sierra—, las administraciones subsecuentes se negaron a ejecutarlo.
“Nuestro pueblo sigue viviendo grandes rezagos porque somos considerados ciudadanos de segunda. Aun siendo originarios y dueños, no somos dueños de nada”, dice, con coraje, Silverio Jaime León.
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