Luis H. Alvarez Burócrata indigenista

En un comunicado del 9 de febrero pasado, el subcomandante Marcos describe a Luis H. Álvarez como: “antiguo e inútil comisionado para la paz con Fox, y burócrata indigenista con Calderón”.

Sin embargo, el presidente de la república colocó a Luis H. Álvarez por “su amplio conocimiento” al frente de las políticas federales en materia indígena.

Como presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI), el viejo panista creó incertidumbre y descontento. Los dirigentes indígenas coinciden: luego de su fracaso como comisionado para la paz en Chiapas, no ofrece más que el regreso del antiguo indigenismo mexicano.

Juan Anzaldo Meneses, del Centro Ce- Acatl explica: “Álvarez se distinguió por tener bajo perfil para darle seguimiento al problema en Chiapas. Durante seis años no hubo un solo contacto, por el contrario, el distanciamiento se hizo cada vez mayor. Se dedicó a entregar recursos a comunidades para que abandonaran la causa zapatista. Tiempo después, estas mismas comunidades reconocieron el error que cometieron, pues no vieron resueltas sus necesidades más inmediatas y fueron usadas como un arma en la estrategia de desgaste del gobierno federal.”

Meneses, miembro del Congreso Nacional Indígena, prevé: “Alvarez va a continuar este método de compra de voluntades por la vía de despensas, pero con el nulo interés por resolver las causas que originan los conflictos indígenas”.

Abelardo Torres, de la organización Nación Purépecha Zapatista, opina: “fiel a la doctrina del PAN, Luis H. Álvarez no hizo nada para mejorar la relación del gobierno con los pueblos indígenas. Su nombramiento es un ejemplo de que el PAN no quiere atender de manera seria el trabajo con los pueblos indígenas. Los pueblos no requieren de dádivas o políticas.”

A cargo de la Unidad de Planeación de la CDI está el indígena purépecha Prisciliano Jiménez, ex presidente municipal de Uruapan, Michoacán, y partidario del entonces candidato Felipe Calderón, en su estado natal. Cuando se habló de la posibilidad de que en Jiménez recayera la dirección del organismo, agrupaciones indígenas lo calificaron como “un auténtico desconocedor de los problemas indígenas”.

“Le hace falta mucha experiencia, sobre todo una visión de carácter nacional. No tiene trayectoria de atención, ni la experiencia para lo que las comunidades exigen que se les reconozca”, considera Torres.

Eliseo Eugenio Gómez, originario del pueblo mixe y presidente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo en Oaxaca, indica: “Álvarez es la persona menos adecuada para atender las demandas de los pueblos indios porque no tuvo la capacidad para desempeñar un buen papel en el conflicto chiapaneco”.

Bajo ese mismo tenor, Pedro González Gómez, miembro de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, juzga: “cubrirá una plaza burocrática para simular atención y trabajo con los pueblos indígenas”.

Manuel Iñiguez, integrante de la Coordinación Nacional de Pueblos Indios (Cenpi), señala: “con la designación del nuevo titular de la CDI nos olvidan, dicen que hay cambios en el desarrollo de los pueblos indios, pero la persecución, la masacre, el encarcelamiento, el abuso no ha cambiado”.

Por el contrario, el sacerdote Javier Ávila, activista y presidente de la Comunidad Tarahumara de Derechos Humanos, considera que Álvarez es una figura importante por su compromiso con la sociedad civil. “Lamentablemente un puesto como el asignado supone movilidad por la diversidad de comunidades a las que la Comisión está llamada a servir, lo que le va a significar una carga muy pesada.

“El problema no fue tanto de Álvarez, sino de la negligencia del gobierno federal en negar lo que ya estaba aceptado en los Acuerdos de San Andrés. Estoy totalmente de acuerdo con el EZLN en que el problema no es del EZLN. Que regresen al diálogo, el diálogo lo rompió el gobierno federal por su terquedad, necedad y cobardía. Creo que Luis intentó recuperar el diálogo”.

CDI: Asistencialismo

Con el argumento de que el entonces Instituto Nacional Indigenista ya había cumplido su función y de que era tiempo de modificar la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, se creó en 2001 la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) como “un órgano dedicado a coordinar -y no a operar como lo hacía el INI- las políticas hacia la población que atiende”.

No obstante, la CDI no ha sido capaz de responder a las demandas indígenas. “Sentimos que con el INI había más posibilidades. Hace falta presupuesto, recursos humanos, económicos y técnicos que los pueblos indígenas requieren”, enuncia Abelardo Torres, de Nación Purépecha Zapatista.

Eliseo Eugenio Gómez, presidente de la Ucinozoni, coincide: “Xóchitl Gálvez tuvo un cargo más o menos aceptable, pero también tuvo sus fallas cuando le dio juego al foxismo”.

Fortino Hernández, zapoteco y miembro de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la ciudad de México, resalta: “La CDI se dedicó al asistencialismo: caminos, drenaje, agua y luz para las comunidades más pobres”.

A decir de Pedro González Gómez, integrante de la misma organización, “en la oferta política de este gobierno no aparecen los indígenas, “nos mencionan como ‘esos vulnerables’”.

“El Estado ve en los pueblos indígenas a grupos imposibilitados para responsabilizarse de su destino. Desde luego todo programa que venga con esta visión no contribuye al desarrollo y ciertamente hemos sido puestos en un estado de vulnerabilidad, pero eso no quiere decir que nuestros valores y principios no puedan ser ventajosos para México”, reitera.

En opinión de Juan Anzaldo Meneses, del Centro Ce- Acatl, la desaparición del INI y la creación de la CDI significó “un cambio de membrete y despilfarro económico, pero en el fondo se siguieron aplicando políticas indigenistas e integracionistas con esta idea de dosificar la lucha indígena, que ha sido reconocida por muchos sectores como una propuesta de vanguardia”.

Jorge Alberto González, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, admite que luego de la transformación del INI en CDI, las tareas del organismo son limitadas: “Ya no ejerce programas, su función es muy reducida en el ámbito de políticas públicas para pueblos indígenas porque sus tareas están relacionadas con gestoría, diseño, pero no en la incidencia para la aplicación de las mismas. Entonces el Congreso disminuyó las facultades que ya tenía y por eso la Comisión sigue ahí como si no estuviera”.

Javier Ávila Aguirre, de la Comunidad Tarahuamara de Derechos Humanos, sugiere que el papel de la CDI deberá ser más proactivo: “Para que se le dé a los pueblos indígenas el lugar que merecen”.

Extinción y segregación

Para los representantes indígenas, la visión de derecha del PAN excluye a los pueblos indios condenándolos a la desaparición: “Mientras buscamos el reconocimiento de nuestros derechos, Calderón actúa de acuerdo a los preceptos de la globalización para enterrar la diversidad cultural”, reprueba González Gómez.

“Hay una política indígena, pero desde la homogeneización de acabar con los pueblos desde su diversidad. Ya no somos dueños de la tierra, ello con la intención de volvernos migrantes, consumidores o mano de obra barata. A eso responde lo que el presidente ofertó en Europa: la mano de obra sin valor porque al gobierno les somos un estorbo, una negación”, expone.

A propósito, Eliseo Eugenio Gómez, presidente de la Ucizoni, afirma: “El PAN viene a rematar todo, porque es un gobierno de gente con dinero. Para un gobierno panista no existen los pobres”.

De acuerdo con el académico, Jorge Alberto González, el PAN “no se ha caracterizado por su sensibilidad para los temas sociales, mucho menos los asuntos indígenas.

“No se le puede ‘pedir peras al olmo’. Por desgracia, los rezagos son muchos y los indígenas se ven obligados a abandonar sus tierras para buscar mejores condiciones, es entonces cuando pierden el sentido de comunidad. Y sólo con políticas de atención a los 60 millones de pobres que hay en México –no únicamente a pueblos indígenas– se va evitar esa necesidad de desertar de sus comunidades”.

Abelardo Torres, de Nación Purépecha Zapatista, observa: “No hay interés, pero sí un indicativo de racismo en contra de los pueblos indígenas. No vemos la intención de mejorar nuestra situación de vida.”

Desamparo como garantía

En junio del 2003, Rodolfo Stavenhagen, entonces relator especial de la ONU sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los indígenas en México, dijo: “El gobierno debe prestar atención a la prevención y solución de los conflictos sociales en regiones indígenas, que se revise a fondo el sistema de justicia indígena, que se desarrolle una política económica y social integral en su beneficio y que se examine la reforma constitucional de 2001 para lograr la paz en Chiapas y satisfacer la demanda de los pueblos por el reconocimiento y respeto a sus derechos”.

Desde su aprobación, la modificación decretada en el 2001 –que incluiría los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y garantizaría la libre autodeterminación de los pueblos indios–, provocó la reprobación de representantes indígenas y del propio EZLN. En el análisis Observatorio Ciudadano de Pueblos Indígenas de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el organismo describe así dicha disposición:

“El nuevo contenido del artículo segundo presenta problemas serios frente a los Acuerdos de San Andrés, el Convenio 169 de la OIT, la iniciativa Cocopa y la lógica misma de la Constitución. Enuncia en un primer apartado el reconocimiento de la autonomía para los pueblos indígenas y una serie de garantías importantes, aunque provistos de dificultades y ambigüedades que entorpecen su aplicación”.

Al respecto, el académico Jorge Alberto González advierte: “La caución que el Estado debe guardar para los derechos indígenas está estancada porque la reforma constitucional de 2001 no ha sido aprovechada aplicando todo el rigor de las disposiciones constitucionales”

Aunque reconoce la suficiencia de las leyes para asegurar las condiciones de vida del sector indígena, el académico comenta: “El derecho a la autonomía, que implicaría una ‘remunicipalización’ de las entidades, no se ha respetado. Por otro lado, las políticas públicas han desatendido las condiciones mínimas de desarrollo de los pueblos indígenas”.

Manuel Iñiguez, de la Coordinación Nacional de Pueblos Indios (Cenpi), reclama: ”Nunca van a estar de acuerdo en crear una ley que realmente deje a los pueblos naturales ser autónomos en sus costumbres y sus autoridades, aunque nosotros sabemos conducirnos”.

Desde esa perspectiva, para Juan Anzaldo Meneses, del Centro Ce-Acatl, las modificaciones a los artículos 1º, 4º, 18 y 115 constitucionales “quedaron evidenciadas como argucias para mantener en declaraciones las aspiraciones de justicia, democracia y libertad de los pueblos indígenas.

“Afirmaban que los recursos iban a ser suficientes para establecer esa nueva relación afín al espíritu de los Acuerdos de San Andrés. Años después nos damos cuenta que la situación sigue muy mal. Calderón recibe la administración con un diagnóstico dramático, los municipios más pobres del país siguen siendo indígenas y aunque hay inversión, cada año el dinero distribuido a programas sociales se diluyen”.

Meneses reflexiona: “Hasta que no haya verdaderamente voluntad política para resolver de fondo las necesidades indígenas, las instituciones públicas aparentarán la aplicación de recursos y en la realidad, los pueblos seguirán viviendo en la miseria”.

En tanto para González es necesario el diálogo entre el gobierno federal y el mundo indígena: “Se requiere retomar la discusión sobre temas pendientes como justicia, democracia, desarrollo y mujeres indígenas.”

Fuente: Revista Contralínea: Publicado: Marzo 2a quincena de 2007