Bogotá, ciudad de ciudades. Uno de los mayores dolores de cabeza de sus habitantes, la vivienda. El déficit para estratos 1 y 2: 400 mil viviendas. Pero el drama no termina ahí: se cuentan 150 mil predios o viviendas de interés social construidas directamente por familias de escasos ingresos que carecen de título de propiedad, por lo cual el Estado no puede invertir en ellos, ni siquiera para subsidios de mejoramiento. Como todos sus habitantes lo saben y lo sufren, solamente se les toma en cuenta para cobrarles impuestos.
Formada a través de las luchas sociales –con especial énfasis desde 1960- la capital del país padece la concentración de miles de familias en inquilinatos, en viviendas de baja calidad, o en casas arrendadas que no le permiten a sus inquilinos gozar de sus escasos ingresos mensuales. Esta realidad es dolorosa y demanda solución inmediata. Con tal pretensión el 15 de julio anterior el alcalde Luis Eduardo Garzón expidió el Decreto 226, “por el cual se reglamenta el otorgamiento del Subsidio Distrital de Vivienda”, decreto que está en mora de reglamentar Metrovivienda. Intenta cumplir el Alcalde una de sus promesas de campaña: que los pobres tengan techo propio.
Obras no son buenos deseos
El Subsidio Distrital de Vivienda, destinado a Vivienda de Interés Social, hace parte del proyecto “Bogotá sin Techo” del Plan de Desarrollo para Bogotá 2004–2008, y su canalización y otorgamiento está a cargo de la Empresa Industrial y Comercial del Estado, Metrovivienda, en desarrollo de su objeto: “canalizar los recursos provenientes del subsidio general de vivienda”. Su financiación (140 mil millones de pesos) la otorga la liquidación del presupuesto anual de Metrovivienda, 2004.
Establece el decreto la destinación de los subsidios en: La adquisición de vivienda nueva o usada; la construcción en sitio propio; el mejoramiento de vivienda y la legalización de los títulos de propiedad para incluirlas en los programas de vivienda de interés social.
En cuanto a los beneficiarios de los subsidios se refiere, el decreto cobija bajo el concepto solución de vivienda a sectores pobres de la población: hogares sin vivienda, vivienda sin condiciones de habitabilidad, familias vinculadas en programas de reasentamiento y legalización de títulos de propiedad, estableciendo la no superación por familia en ingresos de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes. El decreto distrital excluye de su beneficio a las familias que hayan sido beneficiarias del subsidio nacional de vivienda que establece el decreto 966 de 2004.
Establece el decreto 226 como precio máximo dos tipos de viviendas a las que se puede aplicar el subsidio: tipo 1, hasta $19‘075.000 y tipo 2 desde $19‘075.000 hasta $26‘705.000
Para la adquisición de vivienda y para la construcción en sitio propio (lote de terreno) si la vivienda cuesta $19‘075.000 el monto del subsidio será hasta $8‘011.500. Si la vivienda cuesta entre $19‘075.000 y $26‘705.000, el monto del subsidio será hasta $5‘341.000.
Para el mejoramiento de vivienda el monto del subsidio será hasta $4‘387.250. Para la titulación el monto del subsidio será de $1‘144.500.
Establece el decreto que el aporte máximo del subsidio no puede superar el 90% del costo de la solución de vivienda, lo que al parecer únicamente se cumple en el subsidio de titulación. Se limita, al mismo tiempo, a los beneficiarios del subsidio en cinco (5) años para vender o arrendar la vivienda sobre la que se ha invertido el subsidio, control que atenta contra la libertad de los beneficiarios sobre sus bienes, máxime cuando no existe hipoteca o gravamen económico alguno, dejando en entredicho el objeto del subsidio.
Pendiente lo fundamental
Si el lector toma los 140 mil millones destinados para enfrentar el problema de la vivienda en Bogotá y los divide por el total de necesitados, podrá percatarse de lo insuficiente del decreto 226. En el mejor de los casos, relacionando posibles beneficiarios por mejoramiento, vivienda nueva y demás, existirán 15 mil familias con su problema resuelto.
Fíjese que para acceder al mejoramiento de vivienda se requiere el título de propiedad, lo cual ya excluye a las 150 mil familias que viven en predios situados en barrios subnormales. Esto quiere decir que el reto para una alcaldía que de verdad pretenda “coger el toro por los cachos” es abocar una reforma urbana. Una profunda transformación de la propiedad del suelo urbano, que reivindique el derecho a un techo para todos, y democratice la propiedad en la gran urbe. Tarea difícil pero no imposible.
Por lo pronto, el decreto 266 estimulará muchas expectativas pero, sin duda, más desilusiones.
Titulación
Los jueces no pueden actuar creyendo que la titulación es un proceso homogéneo. No hay que reparar mucho para percatarse que no es lo mismo atender familias pudientes que aquellas que sobrellevan la carga de la exclusión y la injusticia. Debe reconocerse, en este último caso, que los procesos de normalización requieren de la sensibilización de los Jueces del Circuito en la Jurisdicción Civil, para que entiendan de una vez por todas que están legislando para los sectores más pobres del país, lo que demanda diligencia. Y lo que es más importante, consideración en los costos del proceso, para lo que bueno sería la participación del Consejo Superior de la Judicatura en la mesa de subsidios de titulación que se reúne en la Caja de Vivienda Popular del D.C.
Los jueces no pueden actuar creyendo que la titulación es un proceso homogéneo. No hay que reparar mucho para percatarse que no es lo mismo atender familias pudientes que aquellas que sobrellevan la carga de la exclusión y la injusticia. Debe reconocerse, en este último caso, que los procesos de normalización requieren de la sensibilización de los Jueces del Circuito en la Jurisdicción Civil, para que entiendan de una vez por todas que están legislando para los sectores más pobres del país, lo que demanda diligencia. Y lo que es más importante, consideración en los costos del proceso, para lo que bueno sería la participación del Consejo Superior de la Judicatura en la mesa de subsidios de titulación que se reúne en la Caja de Vivienda Popular del D.C.
Mejorar el decreto 226
Se discute actualmente en el Concejo de Bogotá, un proyecto de acuerdo liderado por el concejal Fernando Rojas. Pretende este resolver las inequidades que carga el decreto 226 de 15 de julio de 2005, dentro de ellas aquella que limita el subsidio distrital de vivienda a una sola vez. Al definirse el subsidio de esta manera se impide a las familias que tramitan el proceso de pertenencia con el apoyo distrital del $1‘144.500, acceder posteriormente al subsidio de mejoramiento de vivienda, como se sabe, un gran anhelo de miles de familias.
Los artículos de esta autora o autor
Autores: diplomáticos, economistas, geógrafos, historiadores, periodistas, militares, filósofos, sociólogos… 
