Miami y la corrupción de la profesión periodística

Miami es decididamente una ciudad muy peculiar, única en el territorio estadounidense. La inmensa mayoría de sus instituciones, desde la policía, pasando por la prensa y hasta los bomberos, se encuentran bajo el control de una minoría extremista de origen cubano extremadamente poderosa. El objetivo públicamente reconocido de ese influyente sector, descendiente de la oligarquía prerrevolucionaria, es el derrocamiento, por cualquier medio, del gobierno de La Habana.

El más reciente escándalo estalló en septiembre de 2006 cuando se descubrió que cerca de 50 periodistas del Estado de Florida, entre ellos tres del periódico El Nuevo Herald, cobraban de forma regular emolumentos pagados por el gobierno federal para que participaran en los programas de Radio y TV Martí en los que se encargaban de promover la propaganda anticubana de Washington. Los programas de estos dos medios públicos de difusión, dotados de un presupuesto anual de 37 millones de dólares y destinados a «acelerar el fin del régimen castrista», se transmiten únicamente hacia Cuba ya que la legislación estadounidense contra la propaganda prohíbe su difusión dentro del territorio de los propios Estados Unidos [1].

Los tres periodistas del El Nuevo Herald, (se trata de Pablo Alfonso, quien recibió no menos de 175 000 dólares desde 2001; Wilfredo Cancio Isla, que cobró unos 15 000 dólares durante los últimos cinco años, y Olga Connor, que ganó 71 000 dólares por este concepto) atendían la sección «Cuba» del Nuevo Herald. El Miami Herald, del cual dependían, los despidió a los tres [El Nuevo Herald, publicado en español y dirigido a la población hispano parlante, pertenece a la Miami Herald Media Company, empresa propietaria del diario en inglés Miami Herald. Nota del Traductor.]. Su empresa les reprochaba haber cometido una grave violación de la ética periodística. Al contraer la dependencia financiera [que implican los pagos que recibían] del gobierno de Estados Unidos, los tres periodistas entraban en un conflicto de intereses y se hallaban en la imposibilidad de llenar los requisitos de imparcialidad y objetividad que requiere el tratamiento de la información [2].

Jesús Díaz Jr., presidente y editor de la empresa The Miami Herald Media Company a la que pertenece El Nuevo Herald, expresó su profunda decepción y deploró que sus profesionales de la información hubieran violado «la sagrada confianza» que debe existir entre el público y los periodistas. «No creo que podamos garantizar la objetividad ni la integridad si alguno de nuestros reporteros recibe una compensación monetaria de alguna entidad […], sobre todo si se trata de una agencia gubernamental», subrayó [3].

Varios periodistas más recibían remuneración por parte del Buró de Transmisiones hacia Cuba, entre ellos Helen Aguirre y Ariel Remos, del Diario Las Américas; Miguel Cossío, director de información del Canal 41; Juan Manuel Cao, también periodista del Canal 41; Ninoska Pérez Castellón, de Radio Mambí, y Carlos Alberto Montaner, cronista del Nuevo Herald [4].

El gobierno cubano venía denunciando desde hace mucho tiempo que periodistas del sur de la Florida estaban recibiendo pagos del gobierno de Estados Unidos. El caso del reportero Juan Manuel Cao, quien recibió cerca de 11 400 dólares de TV Martí, apareció en los medios de difusión durante el mes de julio de 2006, cuando Cao interpeló vigorosamente al Presidente cubano Fidel Castro durante una conferencia de prensa en Argentina. La respuesta del comandante fue directa: «¿Quién te paga a ti por hacer ese tipo de pregunta?».

Muchos expertos en ética periodística, como Iván Román, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, denunciaron este conflicto de intereses, tan grave como inaceptable. « Hay un límite del que los periodistas no deben pasar», declaró. Jon Roosenraad, profesor de periodismo en la Universidad de la Florida, analizó el caso como un ejemplo típico. «Es exactamente como si un reportero especializado en asuntos económicos trabajara a la vez […] para una empresa local durante su tiempo libre y regresara a su periódico al día siguiente para escribir sobre ‘su’ empresa», señaló [5].

No es la primera vez que el gobierno estadounidense remunera generosamente a periodistas para que promuevan su agenda política. En 2005, la Casa Blanca sobornó al famoso periodista Amstrong Williams, pagándole hasta 240 000 dólares, para que defendiera la ley de reforma de la educación en su programa televisivo transmitido a todo el país [6].

Robert Beatty, vicepresidente encargado de asuntos públicos de la Miami Herald Media Company se mostró intransigente y categórico: «La ética del periodismo no puede tolerar interpretaciones con geometría variable. Cuando descubrimos actos de ese tipo, reaccionamos con firmeza”. Para Robert Beatty, la independencia del periodismo no podía mancharse con propagando gubernamental [7].

Pero Beatty subestimó el poderío y la capacidad de coacción de la extrema derecha cubana que controla la vida política y económica de Miami. En efecto, después de fuertes presiones, amenazas de boicot y de otras acciones más radicales, los propietarios del Miami Herald decidieron reintegrar a los tres periodistas despedidos y hacerse de la vista gorda en cuanto al descubrimiento dentro de su misma empresa de otros seis reporteros culpables de las mismas violaciones [8].

Tan espectacular decisión provocó la renuncia de Jesús Díaz Jr., quien decidió asumir las consecuencias de dicho viraje. El presidente del periódico consideró por su parte que el hecho de servir los intereses de un gobierno es «una violación de los principios de la ética periodística ampliamente aceptados». Fue sustituido por David Landsberg cuyo primer acto fue declarar que la empresa no aceptará nuevamente ese tipo de prácticas en el futuro [9].

No es tampoco la primera vez que el Miami Herald baja la cabeza ante el chantaje y las amenazas de la derecha radical de Miami, por miedo a represalias. Durante los años 90, el diario se plegó a las exigencias de Jorge Mas Canosa luego que este último lanzara la campaña «No creo en el Herald». Mas Canosa, entonces presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana, organización extremista implicada en hechos de terrorismo internacional, había amenazado al periódico con el boicot y con acciones de más envergadura si no mostraba más firmeza hacia el gobierno cubano.

Esta grave violación de la ética periodística y de la libertad de prensa no despertó reacción alguna en el ámbito internacional. En cuanto a la famosa organización francesa de «defensa de la libertad de prensa», Reporteros Sin Fronteras, esta ni siquiera mencionó el asunto para no ofender a ciertos conocidos del sur de la Florida [10].