Desde hace dos años, trabajadores de la compañía Perforadora Central alertaron al gobierno federal de las condiciones de inseguridad y agravios laborales en las plataformas que la compañía, en sociedad con la Japan Drilling Company, renta a Pemex, pero nadie les hizo caso.
Socios
Propietaria de la plataforma Usumacinta, cuyo accidente es uno de los más graves ocurridos en Petróleos Mexicanos (Pemex) en los últimos años, la empresa Perforadora Central tiene un negro historial en la paraestatal. Fue beneficiada con millonarios contratos, algunos otorgados vía adjudicación directa para la renta de plataformas marinas; trabajos de perforación de pozos petroleros, marinos, terrestres y lacustres; y el arrendamiento de equipos de perforación.
En marzo de 2005, Contralínea documentó las irregularidades en materia de seguridad y de violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores de la plataforma Usumacinta, contratada a Perforadora Central, mediante un contrato otorgado vía adjudicación directa desde 2001, que originalmente concluyó en 2006, pero fue ampliado por el director de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil.
Se documentó que, a partir del despido injustificado y maltrato del trabajador Cliserio Domínguez, cuyo caso fue llevado por algunas organizaciones de defensa de los trabajadores petroleros ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Perforadora Central desató una cacería de brujas contra los trabajadores que ventilaron sus abusos.
El 4 de marzo de 2004, Cliserio, asignado a trabajos de perforación en la Plataforma Hakuryu V (propiedad de Perforadora Central y la japonesa Japan Drilling Company), fue gravemente golpeado por su jefe, el japonés Tomio Nakao, encargado del área de mantenimiento. Nakao lo golpeó porque Cliserio no entendía las órdenes que éste le daba en japonés.
Cuando Cliserio se quejara con el superintendente de la empresa, Juan Domínguez González, otros trabajadores denunciaron situaciones similares, pero el representante de Perforadora Central, Juan José González, les advirtió que no se metan en problemas con los japoneses “porque podrían despedirnos”, comentó Cliserio, quien fue despedido el 17 de diciembre de 2004.
Ese mismo mes, los trabajadores Efrén Cámara Ruiz, Hernán Aguilar Méndez y Mauricio Castillo Jiménez, que se desempeñaban como ingeniero electrónico, ayudante mecánico y perforador de la plataforma Usumacinta, presentaron una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en la que detallan las irregularidades de perforadora Central y su socia, Japan Drilling Company, la falta de programas de seguridad y el encubrimiento de los funcionarios de Pemex para proteger a la empresa.
Tres días después de que SFP dio entrada a su demanda, los trabajadores fueron despedidos. Así inició el acoso contra el resto de trabajadores de Perforadora Central, propiedad del empresario Patricio Álvarez Morphy Camou.
El caso trascendió a instancias internacionales y fue expuesto en el Foro Social Mundial en Porto Alegre, Brasil, como ejemplo de la explotación de trabajadores mexicanos en la paraestatal más importante del país, llevado también a la CIDH y la Organización Internacional del Trabajo.
Trabajadores de la empresa en los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche explicaron a Contralínea que, a partir de que sus compañeros denunciaron el maltrato del que eran objeto, inició una campaña de acoso e intimidación a tal grado, que cuando los trabajadores salían de la Sonda, y durante los días en que permanecían en sus domicilios, los superintendentes de las plataformas, convertidos en capataces, los llamaban telefónicamente para advertirles que si denunciaban algo de “lo que pasa en plataformas”, se olvidaran de que tenían trabajo.
Incluso, hace unos años, los trabajadores Antonio González Bocanegra, Leopoldo Bernabé Pinto, Francisco Castillo Rivera, Mauricio Pardo Jiménez y Andrés López López, quienes acudieron al Senado de la República en representación de sus compañeros para denunciar las irregularidades de la compañía, fueron despedidos,
Entre sus múltiples irregularidades, la compañía Perforadora Central, cuyo edificio corporativo se ubica en Montes Urales 520, Lomas de Chapultepec, utiliza al Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Excavaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana, como sindicato blanco o de protección.
Desde 2005, organizaciones como el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), organizaron una campaña para que, en solidaridad con los trabajadores de esta empresa, reclamaran su intervención al entonces presidente Vicente Fox Quezada; al secretario del Trabajo, Carlos Abascal Carranza; y al director de Pemex, Luis Ramírez Corzo. Sin embargo, ninguna autoridad federal se comprometió a revisar las condiciones denunciadas por estos trabajadores.
El Cereal explica que, pese a que las condiciones de trabajo en Cantarell son de alto riesgo, durante años, Pemex ha permitido a la empresa trabajar sin invertir en equipos de seguridad para sus empleados.
Reyes Heroles, el ausente
Tropiezo tras tropiezo, la estancia de Jesús Reyes Heroles en Petróleos Mexicanos (Pemex) es cada vez más incierta. A la polémica licitación para entregar a una empresa privada el sistema de ductos más importante del país, se suman los graves accidentes ocurridos en la Sonda de Campeche en menos de dos semanas.
La racha de accidentes la encabezó el incendio y hundimiento de la lancha Seba’an, de la empresa Oceanografía, ocurrido el 10 de octubre, que dejó un muerto. Doce días después, se registró el hundimiento del barco abastecedor Oficina Porvenir, rentado a Pemex por la empresa Transformación y Servicios Marinos. Al día siguiente, el accidente de la plataforma Usumacinta, de la Compañía Perforadora Central, S.A. de C.V., que dejó una veintena de muertos.
En medio del accidente de la plataforma Usumacinta, que, por el número de muertos, confirmó las condiciones de inseguridad que privan en la Sonda de Campeche, el pasado 25 de octubre, el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, acudió al Senado de la República, citado a comparecer por las irregularidades observadas por los legisladores en el proceso de la licitación pública internacional 18575111-006-07, para otorgar a una empresa privada la operación y mantenimiento del sistema de ductos más importante del país.
Durante la comparecencia, el funcionario fue cuestionado por el senador Graco Ramírez Garrido, quien lo definió como “un director ausente” que ha dedicado su gestión a preparar la “venta de garage de Pemex”.
En su intervención, Ramírez dijo que “no contamos con la secretaria de Energía, porque ella está más preocupada en ver a cuál de sus muchachos va a poner en la dirección de Pemex, que en trabajar por Pemex”.
El senador Pablo Gómez reclamó que el Ejecutivo hace uso discrecional del manejo de la petrolera por “las malas mañas”. También dijo que se trata a Pemex como una empresa pero “es un organismo público”.
La reunión, que se prolongó durante más de tres horas y en la que legisladores del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática acusaron a Reyes Heroles de preparar a Pemex para una quiebra técnica, fue sorpresivamente cortada por el funcionario, quien argumentó que tendría que viajar al Campeche, para verificar las condiciones del accidente ocurrido en la plataforma Usumacinta.
“No estaba agendado, entiendan la situación que estamos enfrentando allá”, dijo Reyes Heroles, luego de evadir los duros comentarios sobre su gestión. El anuncio lo hizo luego de que Felipe Calderón dijo que iría a Campeche a visitar a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la tragedia.
Sin embargo, minutos antes de que los reclamos de los senadores subieran de tono en su contra, fuentes de la paraestatal habían comentado a Contralínea que, por consejo de sus asesores, Reyes Heroles había decidido no ir a Campeche. “Nosotros le dijimos lo importante que era que estuviera allí desde el día del accidente”, comenta la fuente. “Por lo menos para que se hiciera la
foto”, señala. (ALP)
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