La segunda Semana Nacional, dedicada en México a la Transparencia de la función pública, aportó datos precisos sobre los impedimentos que afectan a la transparencia y la rendición de cuentas para fomentar una nueva cultura democrática.
La segunda Semana Nacional, dedicada en México a la Transparencia de la función pública, aportó datos precisos sobre los impedimentos que afectan a la transparencia y la rendición de cuentas para fomentar una nueva cultura democrática.
La primera conclusión es que la transparencia está en peligro por varias omisiones como la falta de garantías para el resguardo y custodia de la información documental con una Ley de Archivos, y por haber dejado sin medios de apremio ni facultades coactivas al IFAI para exigir el cumplimiento de sus resoluciones. Las disposiciones en los artículos 46 de la Ley y 92 de su Reglamento son jurídicamente insuficientes y engañosas.
La Ley de Transparencia fue un primer paso, importante pero incompleto. Mientras no se promulgue la Ley de Archivos, será fácil para funcionarios que esconden información engañar a la sociedad y actuar en la ilegalidad. Los archivos de gobierno son vitales para fortalecer la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas.
Ante ese panorama, la comisionada presidenta del IFAI, María Marván Laborde, advirtió que se empieza a vislumbrar la amenaza de un movimiento pendular en el sentido opuesto a la transparencia. Si eso ocurriera, significaría un grave retroceso, que terminaría reflejándose en un grado mayor de ilegalidad y opacidad en la gestión de los servidores públicos que rechazan actuar con transparencia y rendición de cuentas.
De inmediato surgieron voces en defensa de la transparencia, demandando que si ese valor de la democracia está perdiendo terreno, deben darse a conocer los nombres de los funcionarios y las dependencias gubernamentales que lo obstaculizan. Según el informe del IFAI entregado al Congreso, 32% de las dependencias del gobierno federal aún no han expedido sus guías públicas de archivos, siendo que tenían como límite hasta el 15 de mayo de 2005.
Sergio Aguayo, académico defensor de la integridad y el acceso a los archivos, alertó: "EEUU dedica 552 millones, Canadá 104, España 57, Chile 21 y muy alejado de todos ellos está México con 2 millones 900 mil dólares. Es decir, en 2005 Gobernación sólo dedicará 31 millones 709 mil pesos al Archivo General de la Nación". De ese modo, nuestro principal archivo recibe ahora menos recursos que antes, aunque sus nuevas necesidades son mucho mayores.
Como un ejemplo sobre la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos, comparto aquí un caso bien documentado ante el IFAI. Se trata de las decenas de informes consulares emitidos durante 1994 y 1995 sobre el ocultamiento en San Antonio, Texas, del fugitivo Manuel Muñoz Rocha, remitidos a los entonces secretarios de Relaciones Exteriores Manuel Tello Macías y Ángel Gurría Treviño, y al otrora procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, los cuales suscribí siendo cónsul general de México en San Antonio, Texas.
La Dirección General del Acervo Histórico Diplomático invariablemente aduce no localizar en sus archivos ninguno de esos numerosos informes consulares, negándose a expedir las copias certificadas. Interpuesto ante el IFAI el recurso de revisión que establece la Ley de Transparencia, se ven obligados a reconocer que obran en otros archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero pasan a declararlos bajo reserva por 12 años, o bien que como sólo encontraron copias fotostáticas, por falta de los originales declaran su inexistencia.
El pleno del IFAI disipó recientemente ese ilegal argumento, instruyendo a las autoridades a que procedan a certificar los documentos que obran en sus archivos, sin pretextar que no encuentran los originales. El criterio del IFAI dice así: «Las disposiciones legales no establecen la obligación para que dichas certificaciones se hagan de documentos originales, o de los documentos originales que obran en poder de la administración pública, es decir, lo que se certifica es que dichos documentos obran en los archivos de las dependencias o entidades».
La Resolución 1233/04 aprobada por el pleno del IFAI en su sesión del 16 de febrero de 2005, concluyó: «En virtud de que en los archivos del Consulado General de México en San Antonio, Texas, es decir, en la unidad administrativa de la secretaría de Relaciones Exteriores existe una copia del documento solicitado por el recurrente, no procede que la dependencia declare su inexistencia».
El IFAI resolvió a favor de la transparencia, ya que la falta de documentos originales de ninguna manera restringe la facultad de la autoridad para expedir las copias certificadas de los documentos localizados en sus archivos aunque no sean originales. ¿Y la rendición de cuentas? De eso responderá el titular del Órgano Interno de Control en la SRE, o por su omisión, la Secretaría de la Función Pública, para que se instaure el procedimiento administrativo sancionatorio pendiente que la Ley señala.
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