Organismos financieros presionan la educación pública

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) elige su primera rectoría del siglo XXI en un complejo escenario político y económico. Aunque su aporte académico la lanzó al sitio 74 del ranking mundial y el primero en Iberoamérica, debe regatear su subsidio anual al Congreso. Tampoco logra integrar a la mayoría de sus egresados en el mercado de trabajo y el porrismo se enseñorea en sus instalaciones. Sin embargo, los mayores desafíos para la universidad son la falta de espacios internos de concertación y la presión de los organismos financieros internacionales para privatizar la educación pública en el país, señalan especialistas.

Este relevo del rectorado ocurre también en el segundo gobierno federal del Partido Acción Nacional. Desde la universidad se reprocha a ese instituto político su vocación empresarial y su rechazo a la pluralidad ideológica que contrastan con la misión de social de su educación y pensamiento plural que promueve la máxima casa de estudios. Su espíritu popular se confirma al conocer que “siete de cada diez alumnos provienen de familias que por primera vez tienen hijos en ese nivel educativo”. Así lo señala el análisis titulado Hacia una nueva rectoría (13 de agosto de 2007), realizado por académicos de distintas disciplinas.

Fisuras y amenazas

En el marco de la renovación de la rectoría, el contexto político del país y el de la propia Universidad son examinados por catedráticos de esta institución. John Saxe Fernández, Premio UNAM en el área de Docencia en Ciencias Sociales, pasa revista a la tendencia de comercialización en la educación pública. Considera que México vive una situación difícil por la gran injerencia de instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que debilitan la educación pública superior y media laica.

Para Saxe, ese esquema de comercialización –que probó ser desastroso en otras latitudes–, se intenta imponer en México por la vía de los mecanismos de financiamiento a través de la secretaría de Hacienda. Por esa razón, explica, el país ha padecido esquemas económicos orientados a satisfacer las necesidades de las grandes empresas extranjeras o de grupúsculos internos.

La creciente mercantilización de las funciones de docencia, investigación y extensión universitarias, explica el también coordinador del seminario México en el siglo XXI, impone a la UNAM el reto de fortalecer su programa científico tecnológico bajo un proyecto histórico. Considera que la única forma de impedir la tendencia a disminuir los recursos al sistema universitario público “es con la defensa de la autonomía” y, para ello, se requiere una rectoría que articule los intereses públicos nacionales.

Además de ese desafío, el también autor del libro Globalización, poder y educación pública aprecia que la UNAM carece de mecanismos de auscultación para que la comunidad académica y científica emita su voto. Subraya que el estudiantado ni disfruta de residencias universitarias como las que existen en Europa, Estados Unidos y otros lugares del mundo. “Noto también la ausencia de un gobierno estudiantil y la falta un periódico estudiantil”, expresa.

Alejandro Álvarez Béjar, coordinador del seminario de Economía Internacional, coincide al señalar que la tendencia de mercantilizar la salud y la educación en México es añeja, y, aunque con matices, esa política se refleja en la UNAM con la restricción al presupuesto. Es decir, “se castigan espacios de manera presupuestal y se renueva periódicamente el intento de imponer las cuotas o de modificar los apoyos estatales”.

Por esa política, ahora son comunes los pagarés o vouchers, así como la iniciativa de becas crédito de la banca. Esa práctica “apunta más a mercantilizar la educación que a solucionar problemas de fondo; sigue ciegamente el modelo estadunidense, en donde se beca a los estudiantes que las pagan al finalizar sus estudios porque tienen trabajo. Sin embargo, en México no existe una oferta suficiente de trabajo y ese es un problema del mundo profesional, no de la universidad pública”, asegura el especialista en Economía.

Para Álvarez Béjar, otra grieta muy grave que existe en la estructura de la UNAM radica en lo que caracteriza como la “mala costumbre de las elites universitarias, de dialogar consigo mismas, de realizar acuerdos corporativos e ignorar todo lo que ocurre fuera de los espacios controlados”. Aquí, afirma, “toda la participación está bajo control y por tanto la UNAM da la impresión de que está en calma hasta que un elemento estalla y entonces todos se sorprenden. ¡Qué ingenuos!”

Esa situación, señala el académico de la facultad de Economía, se manifiesta en los cuerpos colegiados, el consejo universitario y los cuerpos técnicos, que tienen votaciones que escasamente llegan al 30 por ciento de los estudiantes y profesores. “Eso, que en cualquier otro lugar sería indicio de que el sistema está en crisis, se permite en la Universidad”, por lo que es urgente transformar a la UNAM en un espacio de política democrática.

En ese contexto, el discurso de universalidad que sostienen las autoridades contrasta con la realidad. En los hechos, explica Álvarez, “no hay posibilidad de que coexistan espacios para la reflexión o espacios de planteamientos e iniciativas” y cita como ejemplo el conflicto universitario de 1999, cuando se suspendieron las actividades académicas por casi un año. “Ahí, no hubo nunca el menor intento de negociar, de acercarse y ver qué pasaba. Se trató de agotar a la comunidad sobre la base de no atenderla; por eso es necesario un rector que no hable retóricamente de pluralidad”, asegura.

Es en ese esquema, la rectoría sí se usa como peldaño hacia otros cargos políticos, señala el académico, quien enfatiza: “por supuesto que la UNAM es un trampolín para desarrollar una gama importante de actividades, sobre todo en el gobierno federal; por esa razón, lo que más se aplaude de los rectores es su capacidad de mantener el control”. Así, los rectores se proyectan hacia cargos públicos y en otros casos, desde la administración pública se regresa a la universidad para ocupar la rectoría. Ese intercambio, señala, “convierte a la universidad en un espacio de reciclaje para políticos desplazados”.

Con relación al desempleo entre los egresados de la UNAM, Álvarez Béjar apunta: “se dice que los economistas están desempleados porque son marxistas, pero en la facultad de Odontología no se imparte esa materia, tampoco en Arquitectura; el problema es que los espacios de trabajo intelectual están restringidos por la falta de inversión pública para desarrollar iniciativas o crear instituciones para desarrollar los mercados”.

Tampoco la Universidad genera trabajo para los jóvenes y por lo tanto, tiene una planta envejecida de profesores de tiempo completo. “No hay posibilidad de hacer carrera completa para los jóvenes; basta preguntar cuántas plazas se han creado para ellos y encontrará una realidad miserable. Este asunto no ha estallado pero es un asunto pendiente y se lo debemos a los gobiernos priistas que iniciaron este giro en la política económica, así como a los panistas, sus continuadores”, concluye.

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: Noviembre 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 90