Otra vez buscan la municipalización de la educación

De una manera lamentable, al interior de la Asamblea Constituyente han surgido voces para impulsar la propuesta de municipalización de la educación y la salud, dando uso a los criterios neoliberales impulsados en esta dirección inicialmente por el Banco Mundial y aplicados por Pinochet en Chile y luego por gobiernos reaccionarios en Argentina, Colombia y Perú (con Fujimori y hoy con Alan García). Los ofrecimientos de mayor calidad en los servicios siempre han fallado, pero los dogmas neoliberales continúan impulsándose sin considerar los hechos reales.

Por espacio, hoy toparemos la municipalización de la educación como una amenaza que pende sobre los niños, niñas y adolescentes. Partamos de un hecho: el neoliberalismo en educación está ya en crisis en el Ecuador. Todo lo que se critica hoy en la educación ecuatoriana es el resultado de gobiernos y ministros que aplicaron esa perspectiva, que incluye, como en todas las demás áreas, el debilitamiento del Estado, la promoción de la privatización en forma de escuelas “charter”, los bouchers educativos, cierre de escuelas públicas para que los padres no tengan más opción que la educación privada (de igual o menor calidad), subsidios a la educación privada (religiosa o no), autonomía escolar bajo conducción de los padres y caciques locales, apadrinamiento de escuelas por parte de empresas que se adueñan de la toma de decisiones, capacitación en manos de ONGs privadas y municipalización.

En sentido teórico, dicen los neoliberales, los municipios son parte del Estado y, por lo tanto, al municipalizar no hay privatización. Según ellos, pero la verdad es muy distinta porque en los países donde se ha realizado la municipalización de la educación se han producido al menos resultados como estos:

 la educación se ha elitizado, dejando a grandes sectores al margen del sistema; basta ver que Chile, ejemplo de municipalización, posee un sistema escolar segregado por nivel socioeconómico, lo que produce un efecto negativo no sólo sobre los aprendizajes de los alumnos más pobres, sino sobre la cohesión social del sistema;
 la participación de los padres se concreta cada vez en el mayor pago de pensiones, con lo que la calidad educativa se relaciona con la capacidad de pago, creando tipos de educación según los sectores sociales;
 la descentralización anunciada solo se concreta en esos ámbitos administrativos, mientras la toma de decisiones queda en manos de sectores de poder y a nivel nacional se evalúa el cumplimimiento de las propuestas neoliberales, teniendo a la evaluación centralizada como mecanismo de imponer una educación diferenciada para cada clase social;
 como consecuencia del pago por resultados, en los establecimientos se toman exámenes de ingreso que son otro instrumento para segregar a la población y excluir a los más pobres;
 la presencia de empresas “padrinas”, al estilo de las ‘redes amigas’, hace que aquellas asuman la dirección de las escuelas en función de los intereses privados; siendo la empresa privada la que toma las decisiones, hay una privatización de hecho;
 los municipios que no tienen recursos, pasan la factura a los padres de familia (en Quito, los planteles municipales son para clase media, pensionados, pero el municipio no quiere más que los pocos que tiene porque no tendría recursos para más con un aporte por alumno diez veces superior al del Estado central);
 el aporte estatal llega de acuerdo al número de alumnos, lo que obliga a cerrar escuelas distantes con pocos estudiantes;
 las formas de dirección se basan en el estilo privado de control de calidad creado para empresas de lucro y no para una escuela, que debe ser espacio de vivencia de derechos de niños, niñas y adolescentes, a quienes los neoliberales consideran materia prima que llegan a la empresa educativa por elección de los ‘clientes’ (padres);
 consecuentemente, se flexibilizan las condiciones laborales del magisterio, colocándolo incluso frente a contratos anuales y sin ningún derecho;
 se plantea la calidad de la educación disociada de la equidad, lo que demuestra su estrechez de miras;
 se continúa la política neoliberal y autogestión, bajo el criterio de que la educación es un servicio, cuando debe ser considerada un derecho humano;
 se buscó la municipalización como manera de destruir las organizaciones de maestros (al menos en Argentina se exhibió “sinceramente” este objetivo). Este es el resultado de la experiencia que llevó a Ana Luisa Machado, directora de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, a señalar en la reunión de Ministros de Educación realizada en Bolivia en 2002, a calificar a la municipalización como un tipo de “descentralización perverso, en la medida que solo conduce al aumento de la inequidad: las escuelas recibirán el apoyo de entidades que disponen de diferentes capacidades de gestión”, es decir que el Estado se desentiende de su responsabilidad y aumenta la inequidad. Añade que la municipalización “solo promueve el crecimiento de la burocracia, que impide que los cambios ocurran a nivel de la escuela y de la sala de clases”, lo que quiere decir que la municipalización nada tiene que ver con la calidad educativa, a la que en todo caso hace más daño.

Otro dato surge desde Chile, país en el que en el año 2000, por todas las razones expuestas, el Congreso de Educación realizado por maestros y padres de familia concluyó en la demanda de que las escuelas municipalizadas retornen a manos del Estado y, seis años más tarde, se realiza la gran huelga de los estudiantes secundarios con apoyo popular que también cuestiona la municipalización. En los últimos años, tanto en Colombia como en Argentina, miramos también cómo el compromiso de los gobiernos por entregar los recursos para educación era fuertemente reducido, dejando a los gobiernos locales y padres en la obligación de financiar casi toda la educación.