Se constituyó la Coordinación Nacional de Inmigrantes en España, cuya plataforma de lucha es la regularización de todas las personas que residen actualmente en este país; fin de la irregularidad sobrevenida; anulación de las órdenes de expulsión; fin del acoso policial, entre otras.
El 5 de junio de 2004, dos mil inmigrantes y la sociedad civil catalana realizaron una “encerrona" apoyados por los religiosos de la Catedral de Barcelona y de la iglesia del Pi del reconocido párroco antifranquista Mosen Vidal. En enero de este mismo año, una manifestación de 50.000 personas marchó por las calles de Barcelona apoyando a los inmigrantes con la consigna “Papeles para todos y todas”. Esta jornada coincidió con “encierros” en Murcia, Valencia, Madrid, Almería, etc, lo que sirvió para constituir La Coordinación Nacional de Inmigrantes en España, cuya plataforma de lucha es:
El nuevo gobierno del PSOE está hablando de una supuesta y confusa regularización individual de inmigrantes con oferta de trabajo y ha descartado cualquier proceso de regularización extraordinaria.
La mayoría de inmigrantes no pueden obtener una oferta de trabajo.
Las mujeres y los niños sufren una doble desigualdad. En conclusión:
la vía de la “regularización con oferta laboral” no soluciona ningún problema, es necesaria una regularización general sin condiciones: niños, mujeres, discapacitados, explotados por las mafias en las profundidades de la economía sumergida, todos.
Personas “con papeles”, por irresponsabilidad de la Administración se convierten en “sin papeles”, debido a la tardanza en trámites, barreras burocráticas y gastos excesivos. El departamento de Extranjería tiene más de 43.000 correos electrónicos sin contestar y 53.000 solicitudes de renovaciones de estancia pendientes de tramitar.
Muchas personas han perdido ofertas de trabajo, no han podido viajar al extranjero o han tenido problemas con la policía. 20.000 personas han perdido ya sus permisos de residencia y trabajo o están a punto de hacerlo, según la propia Subdelegación del Gobierno en Barcelona. La cifra aumenta cada día, porque entran más solicitudes de las que se resuelven.
El Ministerio del Interior abre expedientes de expulsión a personas detenidas arbitrariamente por las calles. Por ley, estas personas jamás podrán ser regularizadas. El resultado es que miles de personas quedan desamparadas en las calles sin poder acceder a un trabajo o alquilar una vivienda.
El constante control, acoso y detención de la policía provoca el miedo permanente y la sensación de persecución.
Además, acusa a la inmigración del aumento de la delincuencia y el terrorismo.
Los inmigrantes con expediente de expulsión (que no es un delito sino una falta administrativa) son recluidos en espacios de condiciones denigrantes que fueron construidos como cárceles.
La relatora especial de la ONU informó recientemente que estos centros están sobreocupados y que allí los inmigrantes no disponen de protección judicial o consular, ni de defensa jurídica adecuada, ni de intérpretes, ni de información sobre los procedimientos necesarios para regularizar su situación.
La Ley de Extranjería institucionaliza la desigualdad y establece un sistema de “castas” en grave apartheid jurídico:
por un lado, los nacionales y comunitarios, con plenitud de derechos, los extracomunitarios “regulares”, con derechos muy restringidos; por el otro lado, los “sin papeles”, sin derechos, que legalmente no existen. La Ley de Extranjería considera a los extranjeros pura mercancía. Su “acogida” se autoriza sobre la base de criterios exclusivamente productivos. Esto supone la vulneración de principios fundamentales de los Derechos Humanos y Constitucionales: se hace distinción entre sus titulares por razones de raza, origen y condición. La última reforma, pactada entre el PP y el PSOE, es el reflejo de cómo el poder político entiende el fenómeno migratorio y la causa de que cerca de un millón de personas sean consideradas “ilegales”.
El actual modelo de política migratoria desatiende prestaciones sociales, condiciones laborales, integración, diálogo intercultural, no garantiza la plenitud de derechos civiles y deberes en igualdad de condiciones que los nacionales.
No reconoce el derecho a inmigrar a España, la libertad de circulación, el reconocimiento de la ciudadanía universal y el respeto a un auténtico derecho de asilo en todos los países. Para ello es necesario abolir el Tratado racista de Schengen.
La autoorganización de los trabajadores inmigrantes ha demostrado no estar dirigida por aparatos tradicionales que intentar someterlos al gobierno.
Emergen como protagonistas de su lucha y toma de decisiones. Comunidades enfrentadas en sus países en guerra declarada, han sido capaces aquí de unirse y luchar juntos, por encima de sus diferencias culturales, religiosas, lingüísticas, etc. El gobierno español intentó repetidas veces favorecer a unos para separarlos de los otros. Por ejemplo, el servicio secreto marroquí atemorizaba a los dirigentes de los “encerrados” e intentaba sobornar a los más míseros, pero no consiguieron romper la unidad de la lucha del 50% de emigrados a España que se encuentran sin papeles, conculcados sus derechos bajo políticas racistas, explotados como mano de obra semiesclava bajo la amenaza del despido, y utilizados como arma electoral por los gobiernos del PP y el actual del PSOE. La Delegación del Gobierno en Cataluña ha abierto expedientes administrativos de expulsión a los agitadores de los encierros, lo que hace prever que el nuevo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no tiene ninguna intención de propiciar una regularización generalizada, ya que advirtió que «la inmigración ordenada es la legal» y avaló el desalojo de los “encerrados”.
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