Muchos no se explican por qué dos gobiernos amigos, competentes y legítimos como los de Argentina y Uruguay, no logran solucionar el diferendo acerca de la instalación de las industrias para producir celulosa en la frontera común sobre el río Uruguay.
La explicación radica en que, más que un conflicto bilateral, se trata de una anécdota que muestra algunas costuras de la globalización neoliberal.
El debate incluye a las transnacionales: Botnia de Finlandia y Ence de España, los gobiernos de esos países, el Banco Mundial, organizaciones ambientalistas, La Unión Europea, la OEA y el Tribunal de La Haya y pone al desnudo discutibles aspectos de ciertas estrategias productivas mundiales.
Se trata de un fenómeno que ilustra el modo en que, al amparo de la globalización y el neoliberalismo, opera el capital transnacional, representado por poderosas empresas que trasladan sus actividades más contaminantes e improductivas a los países pobres donde encuentran legislaciones permisivas y son respaldadas por acuerdos gubernamentales para la protección de inversiones y reglas de la Organización Mundial del Comercio.
La historia comenzó cuando en los años ochenta, aconsejados por el Banco Mundial, en varios países latinoamericanos se fomentaron plantaciones de árboles genéticamente modificados, principalmente pinos y eucaliptos, destinados a la producción de pulpa para papel. De hecho en Sudamérica se encuentra el 50 % de estos cultivos a nivel mundial.
En Uruguay se decidió utilizar para ese fin algunas tierras de las praderas tradicionalmente dedicadas a la ganadería extensiva, consideradas poco productivas. Hasta el 2005 se habían sembrado 800.000 hectáreas, aspirándose a llegar a los 3 millones. Argentina, la gran opositora, cuenta con 200 mil hectáreas de esos bosques, y 10 plantas de celulosa, en las cuales se producen alrededor de 800 000 toneladas.
Para redondear el proyecto, en el año 2002, el gobierno neoliberal de Jorge Batlle negoció la instalación de dos mega plantas de producción de celulosa, con una capacidad de 1 500 000 toneladas. La inversión es de mil ochocientos millones de dólares, la mayor en la historia de Uruguay.
El proyecto resultó controversial, no sólo por tratarse de una de las actividades industriales más contaminantes, realizada sobre un río común que aporta agua para consumo de poblaciones y la agricultura en ambas riveras y es base de una prometedora industria turística, sino por los riesgos que entraña la decisión de introducir masivamente la siembra de árboles en gran escala e iniciar la producción de pulpa en un país sin tradición en esas ramas.
Para algunos, talar los árboles en la selva tropical es ecológicamente tan disparatado como sembrarlos en la pampa. Los bosques de eucaliptos, denominados también desiertos verdes, degradan los suelos, absorben el agua del manto freático, imposibilitan la ganadería y obstaculizan todo tipo de agricultura.
El debate se ha politizado. Mientras en Argentina se percibe como una agresión a su medio ambiente, en Uruguay se aprecia como una cuestión de soberanía. Mientras unos argentinos opinan que se trata de oportunismo electoral del gobierno de Kirchner; hay uruguayos que defienden el proyecto mientras otros lo critican
Muchos recuerdan los pésimos antecedentes de algunas de las empresas europeas involucradas en los proyectos, que incluso han sido sancionadas por los tribunales de sus países. Paradójicamente los jueces que las condenaron en Europa, por daños medioambientales, no les impidieron trasladar sus actividades a otras regiones del Tercer Mundo.
Por su parte el gobierno uruguayo acata el informe encargado por el Banco Mundial, que figura entre los financistas del proyecto, según el cual, la toma y descarga de agua no producen resultados adversos para el río. Según ese informe, en las plantas se observan estándares aprobados por la Unión Europea.
El fomento de plantaciones de árboles para la producción de papel es una respuesta a la demanda mundial, que crece no sólo por los pedidos de China, sino impulsadas por los absurdos estilos de vida consumistas de Europa y los Estados Unidos.
Más del 80 % de la producción mundial de celulosa se destina a fabricar cartones y cartulinas para envases y anuncios, en un alto por ciento superfluos. Mientras en Estados Unidos se consumen 500 kilogramos de papel per cápita al año, en países emergentes, no llega a 5 kilogramos.
Las plantaciones de árboles no son una mala idea, aunque los eucaliptos se dan mejor en Australia y los pinos crecen muy bien en Finlandia. En Estados Unidos y en Europa donde se consume el papel, hay sólidas tradiciones en esa rama. ¿Para qué traerlos a América?
Ojalá el conflicto encuentre una adecuada solución. Algo debemos considerar adelantado: los culpables no están en ninguna de las orillas del río.
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