Es sabido que, en los medios, el concepto de democracia apenas se utiliza para denostar al viejo sistema de partidos. Si de concentración se trata, nadie elige, nadie vota, y el mercado nunca compite mientras cualquier esbozo de regulación no controlada es pulverizado.
En apenas tres meses se desvaneció el impulso de un nuevo proyecto de ley de Radiodifusión del oficialismo mientras las audiencias públicas en materia de radiodifusión se desterraron de la agenda legislativa, a pesar de no ser vinculantes y de un peso más bien simbólico a la hora de las decisiones reales. Se creó una comisión para recomendar al Estado qué norma de TV digital elegir (entre empresas y Estado), se reconoció a 126 emisoras sobre las cinco mil existentes en el espectro y se volvió a demorar la venta de pliegos para adjudicar servicios complementarios de radiodifusión (televisión por cable).
Fue hace un año cuando el gobierno nacional sancionó el decreto 527/05 con el que premió a los monopolios mediáticos "suspender" por una década el cómputo de tiempo de sus licencias. La medida cobra actualidad en momentos en que comenzó la definición sobre qué norma técnica va a aplicar Argentina para digitalizar su televisión, mientras tres lobbies extranjeros aguardan una definición oficial (Estados Unidos, Unión Europea y Japón).
El memorioso recordará que un argumento para el decreto 527 fue que los licenciatarios debían presentar "un plan que prevea la incorporación de nueva tecnología, como la digital, que implique mejora e innovación en los servicios que presta". Son posibles dos lecturas: la de la exigencia estatal hacia las empresas y la de la adjudicación automática a los mismos dueños actuales de la grilla ampliada por la tecnología que tendrá la TV.
El paso del sistema analógico al digital cuadriplica el espacio debido a que las señales digitales de TV ocupan un menor ancho de banda y permite la interacción, lo que pulveriza el antiguo concepto de televisión, telefonía e internet. "Ello reposiciona, en un lugar central, la cuestión de quién y cómo, y con qué criterios, asigna las señales" señala Martín Becerra, en el artículo, Perspectivas de promesas en multiplex. "Siendo auspiciosas las promesas de la TV digital (como las que ofrece cada salto tecnológico en comunicación)... Hoy esas promesas están, al igual que el conjunto del sistema audiovisual, en manos de unos pocos gestores gubernamentales cuyo pasaje por la administración (antes de reciclarse como consultores de las empresas que hoy deberían controlar) es contingente y breve, pero cuyas decisiones condicionan durante décadas las mediaciones comunicacionales de los argentinos".
La magnitud de la conversión hacia la digitalización, implica renovación de equipos -televisores, computadoras y celulares- y la infraestructura para la recepción de señales. Quién fabrica, dónde se fabrica, localmente o ensamblados, con patentes de qué origen. Quién produce los conversores (set top boxes) que se adosan a las viejas TV analógicas, obsoletas en pocos años. Se trata de "un mercado cercano a los u$s 25.000 millones si se tienen en cuenta todos los productos asociados. Esto incluye grabadoras digitales personales, reproductores de DVD y consolas de juegos de alta definición" (Infobae, 5 de mayo de 2006). Pero el principal negocio, al margen de la conversión, es qué modelo de negocios se va a priorizar. De allí, la disputa por la norma elegida. La publicación Convergencia señala que "el Grupo Clarín apoya la tecnología norteamericana mientras que Telefé -Telefónica-, que en un principio acompañó la elección de ATSC, ahora tiene una postura de revisión del estándar". Telefé se inclinaría por DVB porque el canal pertenece a un grupo de origen europeo y debido a que ese estándar ofrece movilidad, que le permitiría al grupo español complementar sus negocios de televisión y telefonía celular". Mientras tanto, el 13 se jugó por el ATSC norteamericano. "Canal 13 anunció que a partir de mayo todos los noticieros saldrán al aire en ese sistema, mientras la decisión sobre cuál será la norma de TV digital que adoptará la Argentina sigue sin resolverse" señaló RTA en su número de abril.
En pocos días, debería expedirse una comisión de estudio y análisis de los sistemas de TV digital, integrada por cuatro áreas del Estado y dos organizaciones empresariales: la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), y la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), que recomendará al gobierno una de las tres normas en danza. Además, la Argentina y Brasil firmaron un acuerdo de adopción de una norma común y la fabricación de televisores en ambos países, pero ya Brasil dio señales de inclinarse por la japonesa ISDBT a instancias de la Red O Globo(radiodifusiondata.com.ar).
Quedó en el anecdotario nacional la eterna espera de las tropas del General Alais para auxiliar a la democracia en peligro. De igual modo, la necesidad de la sanción de una ley de Radiodifusión en democracia y la democratización del espectro radioeléctrico se convirtió en una bandera que merece figurar entre las batallas más añejas de la comunicación. En 25 años, desde la aprobación de la ley 22.285 de Radiodifusión de la dictadura, las gargantas se han quedado afónicas en el reclamo por el ordenamiento del espectro, la legalización de las emisoras y el respeto al trabajo periodístico, recreativo o comunitario de unas cinco mil radios. Aunque de hecho, la 22.285 ya sufrió más de treinta modificaciones, nunca en un cuarto de siglo, revolución comunicacional mediante, se logró una normativa superadora específica.
Como lo señala un editorial de ww.radioeter.com.ar, "Salvo para ser permeable a los intereses de esos grupos (mediáticos), la llamada ’clase política’ en su conjunto y recatadas excepciones que se cuentan con los dedos de una mano, jamás mostró siquiera alguna inquietud acerca del marco legal de los medios... ¿Qué podía esperarse de castas partidarias y oficiales de esa naturaleza en materia de avanzar contra la lógica oligopólica de los trusts comunicacionales? Y, claro: ¿hay ahora una calidad institucional distinta o siquiera diferente? ¿Hay, por fuera de los discursos de una etapa declamada como ’progre’, la voluntad política de cambiar estas reglas de juego?". El espíritu del 527 sobrevuela estas preguntas que se formula más de un sector.
El titular del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), Julio Bárbaro, se sinceró cuando dijo que pensar en una ley integral de radiodifusión es algo quimérico, "me da la impresión que de a pedazos vamos a resolver mejor el problema que modificando toda la estructura" (DyN, 4 de abril). Mientras tanto, el COMFER prorrogó por otros noventa días la venta de pliegos para adjudicar licencias de servicios complementarios, lo que provocó un reciente fallo en contra de la Corte Suprema de Justicia (9 de mayo de 2006) que afirma: "La suspensión de venta de los pliegos respectivos -algo en esencia transitorio- se ha vuelto una metodología permanente. No se puede afirmar que tal proceder obedece al propósito de mantener una reserva de mercado a favor de los grandes operadores de la televisión por cable del país. Ello no surge de autos. Sin embargo, en los hechos, provoca ese resultado". Este fallo se refiere a una intimación al COMFER para entregar los pliegos de prestación de TV por cable a la Cooperativa de Servicios Públicos de Santa Rosa de Río Primero, en Córdoba (ver Cautivos de las licencias a contunuación de esta nota).
El COMFER invocó un inminente ordenamiento del espectro radioeléctrico en la última postergación de la entrega de pliegos, demora que lleva cuatro años según la Corte. En ese sentido, inició un relevamiento propio y reconoció a 126 emisoras cuyos titulares son personas jurídicas sin fines de lucro, quienes deberán presentar documentación ante el organismo en julio. Si son aprobadas, el reconocimiento de la operatividad actual de estas radios se mantendrá hasta que se efectúe el postergado ordenamiento del espectro. Sin dudas 126 emisoras son mejor que ninguna, pero el COMFER omite en su resolución a las que quedaron afuera, es decir la abrumadora cantidad de unas 5 mil radios aproximadamente a nivel nacional. Cabe aclarar que, de las 126 postuladas por el COMFER, solamente siete emisoras pertenecen al Gran Buenos Aires (una sola corresponde a una organización gremial), cuando se estima que salen al aire unas dos mil frecuencias en el conurbano. Y conviene recordar palabras recientes del titular del COMFER, el Estado va a "castigar duramente a las ilegales". Pero, como los seres humanos, ninguna radio es ilegal.
El espectro radioeléctrico, al igual que los glaciares, es un bien escaso, considerado patrimonio de la humanidad por la legislación internacional a la que suscribe Argentina. ¿Entonces por qué tantos miles no pueden acceder a esos glaciares de la comunicación, como son las frecuencias del espectro?
"A las cooperativas nos tienen como a un auto de gitano: Duro de chapa, pero flojo de papeles" dice con tonada cordobesa Miguel Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista y presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC) y asesor de cooperativas y mutuales en doce años de litigios en la justicia.
"Para algunos la inconstitucionalidad vale, para otros ni los derechos. Este acuerdo entre el poder y los monopolios son tremendos para un Estado. En el país solamente existen siete ciudades con más de un canal de TV por aire gratuito, muchas que tienen uno solo y muchísimas en las que no se puede captar ninguna señal de TV sin una inversión de envergadura. No alcanza con dar bolsones de comida porque hay alimentos que hacen a la dignidad humana. Y en materia de radiodifusión se debería aplicar el principio de progresividad respecto a los derechos. Esto significa que no se puede retroceder en la concreción de un derecho, sólo se puede avanzar. Cuando ya se adquirió el derecho a la televisión, por un problema entre licenciatarios y el COMFER, no se puede retroceder. Se debe garantizar un piso de servicios. Y aunque existe una verdadera estructura de monopolios, una vez que se abre un agujero en un dique, nadie puede parar la grieta."
No obstante, la decisión del actual gobierno -en 2004- de devolver a esferas del Estado el control del espacio radioeléctrico argentino, la justicia sigue investigando en la causa, a cargo del juez Jorge Urso, para saber si el ex presidente Carlos Menem cobró coimas por 25 millones de dólares para darle a la empresa Thales Spectrum el control del espacio radioeléctrico. Mientras las empresas se empeñan por perfeccionar día a día, minuto a minuto, dispositivos que permitan el ejercicio del seguimiento de personas y organizaciones, los Estados han ido cediendo áreas de contralor al sector privado.
En Argentina, una de las experiencias pioneras, de ribetes escandalosos, fue la privatización del espacio radioeléctrico que remite a los años del menemismo. En 1998 el control de dicho espacio, en todo el territorio nacional, fue cedido a la empresa Thomson, luego de una maniobra político-legal, hoy denunciada. La operatoria fue decidida luego que uno de los dos únicos oferentes fuera rápidamente rechazado. De tal manera, la empresa Thomson, hoy Thales Spectrum, ejerció desde entonces y hasta enero de 2004, el control sobre los 30 mil usuarios de las frecuencias de radios AM y FM, canales de TV, radioenlaces, telefonía celular, comunicaciones de transporte aéreo y marítimo, entre otros. El contrato por 15 años, adjudicado por 500 millones de dólares, le permitía a la "ganadora" el cobro de un canon por el uso del espacio.
El decreto 127/98, que facilitó la gestión de Thales Spectrum, fue firmado por el entonces presidente Carlos Menem, su ministro de Economía, Roque Fernández, y el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez. Un supuesto descontento en el ámbito de las Fuerzas Armadas restó la firma del entonces ministro de Defensa, Jorge Domínguez. Según lo publicado en la revista francesa Le Point, la empresa francesa habría pagado 25 millones de dólares en concepto de coimas para ganar la licitación, Y, de acuerdo a informes de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Thales no cumplió con las pautas establecidas en los pliegos. En tanto, se habría enriquecido con una rentabilidad extraordinaria del 113 por ciento anual, como se revela en informes de la Auditoría y la Sindicatura General de la Nación.
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