En Sinaloa, los levantones de jornaleros se dan de forma individual y en masa. En Tamaulipas, además del fuego cruzado y los asesinatos a manos del Ejército, en su mayoría son civiles las víctimas. En Coahuila y Durango, a punta de levantones, el crimen impone su ley. Y en todos impera la impunidad bajo la omisión o el manto protector de las autoridades
Este artículo es la continuación de :
1. « Levantados, la otra cara del narcotráfico »
Los levantones de jornaleros son cada vez más frecuentes en los campos agrícolas de Sinaloa, donde cada año llegan de distintos puntos del país a cultivar hortalizas, cortar tomate, pizcar algodón, aunque pocos casos se denuncian. Si el campesino tiene suerte, después de sembrar o cosechar enervantes, el narcotráfico lo devolverá sano y salvo.
El 11 de noviembre de 2008, un comando armado a bordo de 20 camionetas Hummer y Cheyenne cercó los galerones donde dormían los acasillados (originarios de Oaxaca) en el campo La Guajira, sobre la carretera Culiacán-El Dorado, municipio de Navolato. Mientras subían a 27 hombres, las mujeres fueron sometidas en las barracas y advertidas de no llamar a nadie. Tres días después, 16 de ellos fueron liberados.
El 9 de mayo de 2009, un comando se llevó a 50 jornaleros de la empacadora agrícola Nazario, en Mocorito. Una semana después, fueron liberados algunos. Ante la Procuraduría de Justicia del estado (averiguación previa 69/2009), varios narraron cómo fueron obligados a sembrar enervantes en algún punto de la sierra por sujetos encapuchados y armados.
*¿Piensan regresar? –se les pregunta a algunos de estos campesinos. La respuesta es generalizada: para todos, vale más el hambre que el miedo.
Apenas en enero, en el Campo Santa Fe de la agrícola Beltrán, ubicado en el kilómetro 2.5 de la carretera La Palma-Vitaruta, en Navolato, “se perdió” José Crescencio Ildefonso, un joven de 30 años de edad, según reportó su familia.
Hay también reporte de 26 hombres “desaparecidos” en Villa Unión, Culiacán, Guamuchil, Navolato y la carretera Sinaloa-Torreón, algunos levantados por hombres armados, según acreditan los testigos. De otros, nadie vio nada.
La mayoría se registró entre agosto y septiembre de 2008. Con un lapso de siete meses de diferencia, los hermanos Jesús Alberto y Gorgonio Rendón Yáñez, de 44 y 41 años de edad, fueron “sustraídos” de su domicilio de Altata y El Tetuán, Navolato, por sujetos armados que se los llevaron a bordo de camionetas.
Está también Francisco Manuel López Escobar, mecánico de 24 años de edad. El 26 de octubre de 2009, a su taller llegaron unas personas a pedirle revisar su vehículo varado en la maxipista. En el camino, se les atravesaron unos carros de los que descendieron hombres encapuchados y se los llevaron.
El 25 de agosto de 2009, mientras transitaba por la autopista Mazatlán-Sinaloa a la altura del municipio de Elota, el autobús número 4256 de la línea Tap, proveniente de Sonorita, Sonora, con destino a Morelia, fue detenido en un retén de supuestos agentes de la Procuraduría General de la República (PGR). Subieron a la unidad y bajaron a Noé López Rivera, de 29 años. Se lo llevaron con destino desconocido.
En las inmediaciones de un autobús, también “desapareció” Macario Urizar Quiñonez, quien regresaba a su natal Guatemala. A su paso por Sinaloa, cuando se bajó a cenar con Ludwing Zacarías, fue a un baño y no regresó al camión. Infructuosamente lo buscaron en la zona.
Apenas en marzo, cuando Calderón cacareaba los “alcances” de su “lucha contra el narcotráfico”, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos otorgó a Los Zetas la categoría de cártel, ubicándolo como el grupo más violento que opera en México. De brazo armado del cártel del Golfo, entre el foxismo y el calderonismo rápidamente se internacionalizó a Estados Unidos y Europa.
Lo que ocurre en Tamaulipas es una muestra del fracaso en la “batalla” calderonista contra el narcotráfico y en la que los civiles llevan la peor parte. Además del fuego cruzado o los asesinatos a manos del Ejército, junto con Coahuila, es la entidad que registra una vertiginosa incidencia de levantones de civiles.
Hay más de 500 casos denunciados por familiares ante la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Procuraduría Estatal y el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), particularmente en Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa. Aunque según consideraciones de Rebeca Rodríguez, del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de Derechos Humanos, AC, con sede en Reynosa, aquí tampoco se denuncian todos los casos.
Los varones “sustraídos”, mientras visitan a la novia, en el súper de la esquina, afuera del trabajo, a bordo del un auto o de la casa, son levantados también a plena luz del día. Familias diversas que viven el drama de tener más de un “desaparecido”, como los hermanos Loera Morales: Alejandro, Ricardo, Rodrigo, Cuauhtémoc, “sustraídos” en Nuevo Laredo el 6 de noviembre de 2008.
Conmueve el caso de los hermanos Gómez Gaona: Roberto, Álvaro y Noé. Jóvenes, impetuosos, llenos de ilusiones. En su trabajo como mecánicos, ahorraron por años para comprarse carros chocolate. En abril, viajaron de Apatzingán a Nuevo Laredo y de aquí a Ciudad Victoria, donde recogerían los vehículos. El día 16 llamaron a su casa para avisar que “todo iba bien”, que recogerían los autos y se regresarían. No volvieron a comunicarse. Su familia indagó los pagos de sus tarjetas de crédito, registraron movimientos en Ciudad Victoria. Los días sin noticia alguna son para sus padres una lenta agonía. Su plegaria duele: “Estamos muy espantados de lo que pudo haberles pasado. Le suplicamos que nos ayuden a encontrarlos. Somos muy pobres y jamás le hemos hecho daño a nadie”.
Los siguientes casos descritos son ilustrativos de la impunidad con que la gente es “sustraída”:
Mayo 25. Día del Maestro. Pasaban de las cinco de la tarde cuando Julio César Monroy Heredia, prefecto del Instituto Tecnológico de Capacitación para el Empleo, salió del plantel y abordó su auto. Terminado el festejo que organizó la escuela, los maestros se reunirían para ver el futbol. Subió a su Lumina blanco 1993, avanzó apenas dos calles cuando en el libramiento a Monterrey, a la altura de la carnicería El Ranchero, lo interceptó una camioneta de la que descendieron los sujetos que se lo llevaron.
Infructuosamente, sus hermanas y su madre, casi todos docentes, iniciaron la búsqueda, colocaron anuncios panorámicos en las principales avenidas y ofrecieron recompensa a quien ayudara a ubicar su paradero. Nada.
En una semana cumpliría los 20, pero en esa fotografía, la que su familia presentó al Registro Nacional de Personas Extraviadas, Álvaro Chávez Palomares aún tiene cara de niño tierno; alegre, así podría definírsele. En la imagen, exhibe un talante de ingenuidad. La visera de la gorra a la nuca, y de frente, un rostro lampiño; color azabache los pequeños ojos rasgados, las cejas espesas, y una enorme sonrisa dibujada por los gruesos labios. Originario de Guadalajara, aquel 3 de octubre de 2007 llegó a Nuevo Laredo de fin de semana. De la mano de su novia, fue subido a una camioneta por un grupo de hombres armados. Nunca más se supo nada.
Cerca de allí, en la colonia Guerrero, en el departamento ubicado en el número 1701 de la calle Chihuahua, la madrugada del 20 de junio de 2009, un comando de hombres armados, vestidos de negro y con pasamontañas, sorprendieron a nueve trabajadores de Nextel que allí pernoctaban. Los subieron a varias camionetas y se los llevaron junto con su equipo de trabajo y tres automóviles de la compañía.
Eduardo Toyota Espinoza, Vicente Romero Perea, José Hugo Camacho Fierro, Marcelino Leal Moreno, Julio César Ochoa Romo, Constantino García Jiménez, Roberto Gutiérrez Medina, y los hermanos Carlos y Ricardo Peña Mejía llegaron a la fronteriza ciudad, hacía una semana, originarios de Guasave, Sinaloa, para realizar trabajos de tendido de redes telefónicas. Entre todos, alquilaron el departamento para ahorrarle a la compañía el gasto en el hotel. La averiguación previa 483/2009 indica que los nueve “fueron privados de su libertad por personas desconocidas”. De ellos no hay rastro.
Ese mismo día “desapareció” Pedro Juan Guerrero Gutiérrez, quien, a su regreso de Estados Unidos rumbo al Estado de México, pasó por Nuevo Laredo. Llamó por teléfono a su esposa a las ocho de la mañana. Después ya no se supo nada de él.
El 11 de septiembre “desaparecieron” otras cinco personas: Martha Torres Arredondo, María del Refugio Vega Peredo y los hermanos Ezequiel, Guillermo y Juana Vega Enhorabuena. El 2 de noviembre, levantaron a Romero Matta Lozano, y el 14 de diciembre, a Filiberto Guzmán Morales y Arturo Navarro Hernández. Entre junio y diciembre de ese año, en Nuevo Laredo, se reportó el levantón de 31 civiles.
El pasado 23 de febrero, un comando de 10 hombres, todos con armas largas, irrumpió a casa de la familia Rodríguez, y se llevó a David, de 31 años. El 7 de marzo “desaparecieron” Jesús Guerrero Cortés, Mario Camacho Soto y Luis Fernando Zubia Hernández. De Luis Fernando hubo quien testificó que “un comando armado” lo levantó pasadas las tres de la tarde en el camino de Nuevo Laredo a Reynosa.
El 8 de abril, Miguel Guadarrama Caballero salió de Camargo a Tamaulipas por cuestiones de trabajo; cargó una muda de ropa y dijo que regresaría al día siguiente a primera hora. La pick up blanca 1999, con placas fronterizas ZYD5343, ya no retornó. En ese mismo tramo carretero, el 28 de febrero, desapareció José Bielma Peña junto con otras tres personas, entre ellas dos mujeres que, según un testigo, fueron detenidos en un retén por “personas dudosas”.
También en febrero, José Manuel Grajeda Estrada y Ricardo Michel González, empleados de Pegaso Baunet –en Guadalajara– viajaban en un Tsuru sedan color plata, placas JHH9202, custodiando un tráiler a Altamira. Según el itinerario, se trasladarían a Nuevo Laredo a dormir en el hotel El Pedregal. Nunca llegaron. Entre Reynosa y Nuevo Laredo se perdió toda comunicación con ellos.
El 15 de abril, Gilberto del Ángel Mejorado, de 23 años de edad, moreno, delgado, 1.80 metros estatura, viajaba con un amigo sobre la carretera Miguel Alemán rumbo a Reynosa. A la altura de Díaz Ordaz, los levantaron Los Zetas. Los supo su madre cuando se comunicaron vía telefónica. No hubo una segunda llamada. Su familia describe a Gilberto como “un muchacho demasiado serio que no hacía daño a nadie”.
Otro levantón que sus familiares atribuyen a Los Zetas es el de Jorge Ortega Gallegos, de 52 años de edad, empleado de la empresa de recuperación de autos robados Lo-Jack. La razón: recientemente les había decomisado varios automóviles reportados como robados. El 29 de octubre de 2008, Jorge salió del Hotel Sevilla hacia Matamoros, en un operativo de Lo-Jack. Allí se perdió toda comunicación con él.
Un punto caliente es la Cuenca de Burgos –la reserva de gas no asociado más importante del país, que mediante Contratos de Servicios Múltiples, Petróleos Mexicanos (Pemex) cedió su operación y control a corporativos extranjeros, responsables también de la seguridad en el área (que comprende Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León)–. Las víctimas: ingenieros y trabajadores diversos de las contratistas de Pemex, como Sergio Alberto Salinas de la Riva y Alberto Leonides Rodríguez González, empleados de Velcom y Tecpetrol, levantados en abril pasado.
El domingo 11 de abril a las 6:30 horas, salieron de Reynosa hacia la estación de trabajo en Venecia, a unos 35 kilómetros –entre el municipio de Díaz Ordaz y Camargo–, donde recogerían su herramienta en la oficina de Tecpetrol, para trasladarse al ejido Santa Getrudis a revisar una antena caída. Viajaban en una Frontier Nissan 2008 cuatro puertas, placas WH62328, propiedad de Tecpetrol, asignada a Rodríguez.
En Tamaulipas, muchos levantones involucran a corporaciones policiacas. César Enrique Salinas es uno de esos casos. El muchacho decidió festejar su cumpleaños 19 en el Tejano Saloon, uno de los más populares de Reynosa. Al salir abordó del Taurus guinda 97, echó a andar de regreso a casa. Dos Tahoe le cerraron el paso, lo sacaron y se lo llevaron a la comandancia. Cuando su hermana fue a buscarlo, lo negaron, pero ella alcanzó a ver el viejo Taurus.
“¡Ése es el carro que trae mi hermano!”, dijo la muchacha. El policía le apuntó con el arma en la cabeza y le dijo: “¡Te va a cargar la chingada!… ¡vete si no quieres que te quiebre!”. Junto con su madre regresó a la comandancia. El auto ya no estaba; les informaron que no tenían reporte de la detención de César Enrique.
El martes 30 de junio de 2009, el trailero Raymundo Medina Ayala, de 51 años de edad, pernoctaba en el hotel El Paisano, cuando a las nueve de la noche irrumpieron 20 policías municipales, le preguntaron que de dónde era: de Mazatlán, les dijo.
¡Todos los de Sinaloa traen droga!
¡Yo nunca me he dedicado a eso!
Le golpearon la cabeza, lo esposaron y lo sacaron de la habitación junto con Javier Morales Aguirre y dos choferes de tráiler. Afuera los esperaban cinco patrullas, en dos de ellas los repartieron. Al día siguiente, liberaron a dos choferes y les entregaron su unidad sin mercancía. A Raymundo y Javier nunca los regresaron; desaparecieron también sus tráileres.
Torreón y Durango comparten algo más que la geografía y la afición por el pasito duranguense. Unos dicen que los 72 kilómetros que hay entre Torreón y Cuencamé están bajo control de Los Zetas; otros, que bajo el mando del Chapo Guzmán. Lo cierto es que, a punta de levantones, el narcotráfico impone su ley, cobra sus rentas, mantiene bajo control a las poblaciones y levanta jornaleros a diestra y siniestra.
Desde marzo pasado, José de Jesús Esparza Chaires, oriundo de esa zona, y naturalizado ciudadano estadunidense, denunció en el noticiero de Carmen Aristegui que, en Cuencamé, el narco levanta civiles para explotarlos laboralmente, incluidos dos de sus hermanos. Narró una historia escalofriante: poblaciones enteras cercadas por el narco. Extrañamente, en medio de la “guerra” oficial contra el narcotráfico, ninguna autoridad se ha ocupado de atender la situación que vive Cuencamé, que a poco se convierte en pueblo fantasma.
Los datos oficiales de la PGR, SSP y las procuradurías locales registran la desaparición de choferes, un trabajador de la central de abastos, vendedores ambulantes, como el caso de Felipe Ignacio Vázquez García de 46 años de edad. Dedicado a la venta de jugos, aguas frescas y refrescos a la orilla de la carretera, se apostaba en su puesto ambulante de las ocho de la mañana a las seis de la tarde en que regresaba a su casa, a donde el jueves 23 de julio ya no volvió.
En Pueblo Nuevo, hubo testigos de que el 12 de febrero de 2009, de su negocio levantaron a Abel Cabrera González; de su cama, a Juan Manuel Galarza Cerda, baleando al hijo que les obstruía el paso y golpeando a su esposa; de afuera de su trabajo, a Francisco Carlos Vázquez, de 30 años; y cuando apenas llegaba a laborar, a David Cabrales. También Paulin Fierro Burciaga, de 39 años, fue “sustraído” por personas desconocidas.
En la capital, a plena luz del día levantaron a José Ángel González Adame, Eduardo Gómez de la Garza y Víctor Manuel Soto Avendaño, cuando jugaban squash en el Instituto Estatal del Deporte. Los sacó un comando de 15 hombres armados vestidos de negro. No hubo petición de rescate ni rastro de ellos.
En Nuevo León, los focos rojos se ubican en la capital, Monterrey, Cadereyta y Guadalupe. En Cadereyta, posterior a la “desaparición” de los 30 trabajadores de Pemex (en mayo de 2007), ha habido otros levantones.
El 27 de julio de 2008, Miguel Blanco Martínez, chofer de tráiler, viajó a ese municipio por dos unidades junto con Roberto García Martínez, Eduardo García Ramírez, Reynado Núñez Núñez y Javier Benavides. Iban en un Seat León blanco 2002, placas 209 UDV del Distrito Federal, y un Jetta gris 2003, placas 744 TTK. De regreso, Miguel vía celular le dijo a su familia que iba por la carretera Linares, que los iban siguiendo y que lo querían atacar. Sin comunicación ni noticias posteriores, su familia presentó en Cadereyta el acta 1767/08AC/794/08-4 31/07/08. La autoridad no ha investigado con el argumento de que no hay petición de rescate y no se considera como un secuestro.
En Guadalupe y Monterrey, fue levantado, el 24 de abril de 2008, José Candelario Chávez por un comando armado; también, Juan José Castillo Moreno, William Coronado Moreno, Juan José Hernández Morales y Raúl Alejandro García Mata, Marco Antonio Castillo, quien regresaba de Dallas. Su familia lo esperaba a las 12 de día en la central camionera. Se lo llevaron en la aduana del lado mexicano.
Ciudad Juárez, Casas Grandes, Cuauhtémoc y Ciudad Madera concentran los casos de civiles levantados en Chihuahua, según las denuncias de familiares ante la PGR, SSP y la Procuraduría estatal. A diferencia de lo que ocurre en otras entidades, donde casi todos son varones, en Chihuahua hay reportes de mujeres levantadas. De manera que al problema de las mujeres víctimas de feminicidio se suma este agravio. Entre ellas, Lucia Yaneth Valtierra López, de 15 años de edad, “raptada” el 12 de febrero de 2010 en la escuela Secundaria Técnica 80, en Ciudad Juárez.
Cientos de familias de esta entidad denunciaron la desaparición de sus familiares; algunos colocaron panorámicos, pegaron afiches, repartieron volantes, en una lucha que encabeza Cristina Palacios Rojí y Fernando Ocegueda, de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad, cuyos hijos fueron levantados. El de Cristina, Alfredo Hodoyán, en marzo de 1997, supuestamente por órdenes del general Jesús Gutiérrez Rebollo, y el de Fernando, Fernando Oceguera, por un comando armado en 2006.
La organización registra más de 200 personas desaparecidas, entre ellas 50 mujeres y 60 menores de edad. La magnitud del problema obligó al gobierno del estado a crear una Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas, que, según la denuncia de Fernando Ocegueda, no ha dado resultados. El problema se agudizó a partir de la declaratoria de “guerra contra el narcotráfico”, afectando a civiles que nada tienen que ver con esa lucha.
Entre febrero y noviembre de 2007, desaparecieron 20 hombres en Tijuana, de entre 18 y 54 años de edad. El 31 de agosto de 2007, un grupo armado ingresó a una vivienda al fraccionamiento Colinas de Aguascalientes y se llevó a las personas que yacían en la sala: Ariel Humberto Ruelas Rayos, de 54 años de edad; Manuel Antonio Acosta Uriarte, de 26 años; Gilberto Brambila de la Cruz, de 51 años y su hijo Antonio Brambila Navarro, de 25. El 1 de septiembre, otro comando ingresó a otra vivienda del mismo fraccionamiento y se llevó a Gerardo Cueva Díaz, de 19 años de edad.
En 2008, otras 11 “desapariciones” reportadas en Tijuana, Tecate y Mexicali, entre ellos Ramón Alberto Cázares Beltrán, quien el 16 de agosto fue interceptado por un comando mientras circulaba por la colonia La Mesa. Cristian Alfredo Meza, de 17 años: a su domicilio llegaron dos sujetos con el pretexto de una “propuesta de trabajo”. Felipe Sánchez Hernández, de 26 años, el 12 de abril salió a hacer unas compras y nunca regresó. David Alessandro Zamarripa Ortiz, oriundo del Distrito Federal.
En 2009 se reportaron ocho casos, de 20 a 53 años de edad; la mayoría desapareció del interior de sus casas o en las inmediaciones de éstas, como el caso de Miguel Reyes Amparano, quien “desapareció” a media cuadra de su casa, ubicada en Valle del Pedregal.
Aún no cicatrizan las heridas que dejó la guerra sucia, cuando ya los municipios y zonas marginadas de Guerrero viven un nuevo embate: desapariciones que se multiplican en los años de la guerra calderonista.
Julio Mata Montiel, presidente de la Asociación Mexicana de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem), documentó numerosos casos de civiles levantados por corporaciones policiacas. Se trata, dice, “de gente común sin ninguna vinculación política ni con la delincuencia”, en su mayoría “hombres, buenos trabajadores, muchachos que son buenos estudiantes, que no se dedican al narcotráfico, tampoco a la lucha social”.
Como Andrés Antonio Orduña Vázquez, de 21 años, quien según sus familiares, mientras paseaba con sus amigos en la Feria de Iguala, el pasado 1 de marzo, fue levantado junto con otros cuatro muchachos por “dos camionetas del Ejército, una Nitro color vino, una Lobo negra y un auto compacto”.
Desde 2008, se prendieron los focos rojos en la Costa Grande, cuando en Atoyac de Álvarez, el 29 de agosto, fueron levantados siete hombres dedicados a la compra-venta de oro, varios de ellos exbraceros. De acuerdo con datos aportados por sus familias, Rafael Cervantes Rodríguez, de 42 años; Fabio Alejandro Higareda Aviña, de 21; Luis Barajas Díaz, de 18; Luis Carlos Barajas Alcázar, de 17, y Joel Franco Aguilar, de 24, y los hermanos Raúl y Jesús Trujillo Herrera, de 21 y 24 años, juntaron sus ahorros (400 mil pesos) para comprar un lote del oro que revenderían. El 4 de septiembre de 2008, la Suburban gris 1994 en la que viajaban apareció calcinada en Alcholoa.
La búsqueda, el viacrucis“Un calvario” es el término generalizado en boca de los familiares de civiles levantados para explicar su tragedia desde que se llevaron a uno de los suyos. Detrás de cada ausencia, está la historia de dolor de una familia. Sulma Campos Mata, directora del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes, de la Procuraduría capitalina, dice que la sustracción de un familiar es el agravio más doloroso que una persona puede tener, un duelo perenne que consume la vida de quienes tienen que lidiar con la incertidumbre a cuestas de no saber lo que ocurre con su familiar. “Viven un duelo permanente; siempre con un sentimiento de incertidumbre, de añoramiento y, sobre todo, la necesidad de saber si su familiar tiene o no cubiertas sus necesidades básicas, si está vivo o muerto. Cuando alguien pierde a un ser querido porque fallece, es un duelo que tiene una resignación, una culminación, pero cuando la persona está ausente, el duelo es interminable”. En ese dantesco infierno son muchos los penares, algunos que, cuentan las familias, les machaca su realidad de ciudadanos de a pie: la inacción de las autoridades. La mayoría de los familiares de los casos documentados por Contralínea se ha topado con la reticencia de las autoridades a investigar el paradero, arguyendo que, como no hay petición de un rescate, no se trata de un secuestro, y que la ley no contempla este tipo de delitos. “En este contexto de violencia generalizada, de incapacidad de las instituciones para atender la demanda de seguridad de la ciudadanía, las desapariciones se han convertido en una realidad dramática y de negación de justicia para las víctimas. Las familias se han topado con toda la burocracia del sistema, presentan sus denuncias y piden que alguien les ayude a buscar a sus familiares, y la respuesta ha sido nula”, dice la abogada Blanca Martínez, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Una vez que acceden a registrar el caso, la familia debe esperar un periodo de gracia de 72 horas para que se inicie una indagatoria, pese a lo crucial que resulta ese tiempo para ubicar a una persona, según los criminalistas. Las gestiones gubernamentales se limitan, en muchos casos, a indagar si la persona está detenida por alguna implicación legal, a rastrear hospitales, clínicas y servicios forenses. En algunas entidades, como Coahuila, no se abren siquiera averiguaciones previas, sino actas circunstanciales, un proceso meramente administrativo. Este tipo de acciones, opina Blanca Martínez, “enreda a los familiares en una maraña y los hace caer en los hoyos negros de la procuración de la justicia”. Cita un ejemplo, el de los 12 vendedores de Atlanta Duramex, cuyo levantón es tan lamentable como el penar de sus familias para exigir su búsqueda, obligados a trasladarse entre el Estado de México, lugar de residencia de la mayoría, Coahuila y el Distrito Federal, asumiendo los gastos que para su nivel de pobreza les resulta un enorme sacrificio. Pero aún, explica la defensora, la negativa de la autoridad a asumir su responsabilidad a investigar da protección e impunidad a los servidores públicos involucrados en estos casos, pero, sobre todo, fomenta este tipo de agravios. En efecto, como no hay persecución del delito, el fenómeno se extiende a otros estados: Quintana Roo reporta 60 casos ocurridos de 2008 a la fecha; Guanajuato, Silao, registra el levantón de siete varones de entre 19 y 37 años el 30 de mayo de 2009. Ante la falta de acción gubernamental y proliferación de los casos, organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem) asumen la representación de este tipo de desapariciones, explica Julio Mata, representante de la organización Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, con estatus consultivo en categoría II ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Aunque Julio Mata, de la Afadem, tiene otra teoría sobre la inacción del gobierno: “Los casos de civiles levantados y desaparecidos aterrorizan a la sociedad, la paralizan hasta llevarla a pedir que el Ejército defienda las calles; creo que a esto le apuesta el gobierno de Calderón, con el grave costo social que ello tiene”. Y mientras alguien responde, tragándose el miedo y conteniendo la impotencia, muchos familiares toman la búsqueda en sus manos con los pocos recursos que tienen: reparten volantes en las calles, distribuyen correos electrónicos, abren páginas en internet, protestan en las calles; los menos ofrecen recompensa por cualquier información que los ayude a localizar a los suyos; la mayoría, aunque quisiera, no tiene con qué. ¿Qué puede ofrecer la esposa del jornalero levantado en Sinaloa, la hija de un tendero o la esposa de un vendedor de aguas frescas, o la familia de los asalariados de la telefónica? |
No buscan ni a sus bajasEn su guerra contra el narcotráfico, el gobierno calderonista ni siquiera se ocupa de investigar sus propias bajas, como el caso de los cuatro guardias rurales y un teniente del Ejército, desaparecidos el 17 de marzo de 2009 en el tramo carretero Ciudad Juárez-Ciudad Madera, al pie de la Sierra Tarahumara. Los guardias rurales, adscritos al Ejército Mexicano, Edgar René Terrazas Villasana, Pedro García Ruiz, Raúl Adrián Rodríguez, el abogado Carlos Eduardo Ramos y del teniente Antonio Hernández, salieron de Juárez en una Dodge Ram blanca. La última comunicación fue la que Edgar (robusto, 35 años de edad, 1.87 estatura) tuvo con su esposa cerca de la medianoche: le informó que casi llegaba a Cuauhtémoc. Por la presión de los familiares, el Ejército organizó un operativo de búsqueda hasta el domingo siguiente. No arrojó resultado alguno. Sólo la Comisión Estatal de Derechos Humanos se unió al reclamo. En una carta enviada al presidente Calderón, el visitador Gustavo de la Rosa recriminó la dilación para su búsqueda, pese a que los desaparecidos “iban en cumplimiento de una comisión oficial y el teniente Antonio Hernández es un militar en activo y los cuatro guardias rurales pertenecen a la Dirección General de Defensas Rurales y al Ejército Mexicano, como se acreditó ante nosotros con oficio 14358, Exp. XIV/109.3-1 CC, y credenciales firmadas por el general Felipe de Jesús Espitia Hernández, comandante de la V Zona Militar”. No es el único caso. En octubre de 2008, “desapareció” Ramón Martínez Mejía, un militar adscrito a Tamaulipas. Salió de trabajar y se reunió con sus amigos para ir a Ciudad Victoria. Nunca hubo un operativo para su búsqueda. En ambos casos, las familias registran sus casos ante el Registro Nacional de Personas Extraviadas, y apelan a que la sociedad civil arroje pistas que lleven a su paradero. |
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