"La libertad de prensa no es tal si se la ejerce contra lo que requiere la historia. Ecuador necesita constituir pacíficamente un nuevo poder interesado en la producción. Las demandas de libertad en este cauce brotan de la Nación: un Estado soberano, un nuevo sistema político que lo represente y objetivos históricos que lo guíen...."
Ante la destrucción del aparato administrativo del país y el propósito de recuperar un Estado soberano, a partir de un nuevo sistema político, surge la necesidad de organizar un periódico de Estado que refleje las demandas de la Nación.
Toda la estructura del poder que manipuló la administración estatal en las últimas tres décadas, es políticamente responsable de un Estado saqueado, incapaz de contrarrestar las amenazas a la integridad nacional, la atroz desigualdad social, la mutilación de la población, la baja productividad del trabajo, y la ausencia de estrategias que convoquen las fuerzas de la Nación para construir un destino de progreso.
Gran responsable ha sido la banca especulativa, orientadora de un minúsculo grupo de grandes medios de comunicación que ha degradado la función de la noticia y de la propia opinión, al extremo de recrear el fenómeno del “linchamiento mediático”. Controló el sistema político y las decisiones de todas las funciones estatales, gobiernos, parlamentos, jueces, instituciones de control; auspició y desgastó liderazgos, partidos políticos, elecciones, sufragios, exit-polls, fraudes; manipuló la opinión pública con prejuicios e inexactitudes, y otros silenciosos cometidos de abuso de su autoridad.
Cuando los partidos políticos caducan y los medios de comunicación permanecen subordinados al poder, estos asumen papeles propios de los partidos.
En América Latina y Ecuador, la fragilidad de los partidos políticos ha obligado intermitentemente al poder a asumir funciones golpistas o electoralmente fraudulentas.
“De lejos”, las multilaterales han fraguado bombardeos financieros, ejercicios desestabilizadores e invasiones democratizantes. Un sistema de supuesta calificación internacional ha auspiciado la información y comprensión de los sucesos y tramado la valoración de las finanzas, créditos, operaciones contables, mediciones estadísticas.
Separar al Estado de aquello que lo ha enajenado es condición esencial para una política soberana.
Hoy, la vinculación entre banca y medios se cuestiona con más fuerza. La ciudadanía percibe que ha terminado el tiempo de una forma de representación que permitió la enajenación del Estado, la pérdida de su soberanía y recursos fundamentales, la desinstitucionalización de sus funciones.
En el presente, Ecuador contiene una disputa que emerge desde el fondo del pueblo por recuperar un Estado soberano. Aún el antiguo poder está enquistado en el Estado, aunque la representación de éste la ejerza el Presidente Rafael Correa desde un designio electoral mayoritario y propuestas electorales distintas a las de la inercia de la decadencia.
La libertad de prensa no es tal si se la ejerce contra lo que requiere la historia. Ecuador necesita constituir pacíficamente un nuevo poder interesado en la producción. Las demandas de libertad en este cauce brotan de la Nación: un Estado soberano, un nuevo sistema político que lo represente y objetivos históricos que lo guíen.
La libertad de expresión no es solo atributo de empresas de comunicación. Estuvo y estará presente en la historia e invariablemente será mayor que la libertad de prensa. Los pueblos la crean en los espacios, conflictos y procesos en los que se reproducen, más allá de los mass-media.
Ahora es posible y necesario un periódico de Estado.
En el mundo, la tendencia hacia el mejoramiento de la administración estatal se manifiesta en la diferenciación del Estado como continente y aparato único de sus diversas funciones, tales como la Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, Regional, Local, su institucionalidad y otras.
Por eso, no se trata de un periódico de una función estatal, sino de un medio de comunicación perteneciente al conjunto del Estado.
Organizar «El Telégrafo» como medio de prensa estatal, sin fines de lucro, supone una personería jurídica -a definirse aún- correspondiente con ese objetivo: institución poseedora de códigos de autoregulación, responsable de su función y objetivos, respecto de los cuales rendirá cuentas.
La Ley definirá su función de servicio público estatal, que enmarque, regule y establezca los criterios de control de los medios de comunicación de esta naturaleza. Parte fundamental será el derecho de acceso de la ciudadanía a los medios de comunicación estatal y las obligaciones de éstos frente a la sociedad y sus integrantes.
Este medio de comunicación asumirá como fuente de recursos su propia circunstancia empresarial, sujeta al más estricto control de los organismos pertinentes, el propio medio y del Estado.
Tendrá como fuentes principales: la publicidad de empresas o instituciones del Estado, en los mismos marcos legales por los que se asigna publicidad a los medios privados; la publicidad de personas naturales y jurídicas del sector privado; la venta de productos y demás que competen a su naturaleza.
Un periódico estatal independiente de controles comerciales y/o de políticas particulares, dirigido por una administración electiva, alternativa, revocable.
Su independencia profesional parte del reconocimiento de los intereses del pluralismo social, cultural, ideológico y político que constituyen la Nación.
Aspira a competir democráticamente con los demás medios de comunicación y aliados del sector privado que respondan al interés nacional. Buscará asociaciones que protejan la multiplicidad de puntos de vista que requiere el conocimiento de un suceso.
Principio fundamental será la crítica a las limitaciones del movimiento estatal y sus funciones, de la sociedad y sus representantes; reflejará las demandas que plantea el colectivo social; ejercerá la autocrítica y la defensa del lector.
No será un periódico de oposición ni subrogará a los partidos políticos en esa función. Cuidará en los matices la información objetiva, plural y veraz. Será capaz de exhibir, diferenciadas, la información objetiva de la subjetividad de la opinión libre y necesaria en su manifestación individual, colectiva o editorial.
Defenderá los valores de la paz interna e internacional. No usará jamás la fabricación de prejuicios ni la deformación del argumento del opuesto para alardear de triunfos. No se arrogará el papel de jurado que dicta veredictos o sentencias a priori.
Instruirá en los principios constitucionales y valores cívicos.
Promoverá y defenderá la integridad y cohesión territorial.
Respetará la diversidad étnica, lingüística y cultural de Ecuador.
Será espacio de debate. Afirmará la integración social de minorías y difundirá las necesidades de grupos sociales vulnerables o con necesidades específicas. Condenará toda discriminación ajena a los intereses del desarrollo.
Impulsará el conocimiento del arte, la ciencia, la historia y las culturas. Defenderá la ampliación de los derechos individuales y colectivos.
Apoyará la organización y crecimiento de la Unión de Naciones Sudamericanas, el intercambio de información y el conocimiento mutuo de los pueblos que la integran.
Promoverá los valores de protección de ecosistemas y del medio ambiente.
Propugnará el progreso tecnológico y la unión digital y multimedia de Ecuador, Latinoamérica y el mundo.
«El Telégrafo» favorecerá ser registro y testigo del tiempo de su existencia.
Solo la aproximación de la conciencia colectiva a la realidad de sus conflictos y a su superación, guiará la palabra de «El Telégrafo», sin temor ni favor.
10 de agosto de 2007
Autores: diplomáticos, economistas, geógrafos, historiadores, periodistas, militares, filósofos, sociólogos… 
