Permiso para el saqueo

Algún día, cuando los mexicanos derrumben a sus déspotas e impongan la democracia participativa y el estado de derecho, esos gobernantes y los congresistas tendrán que ser sometidos a juicio político y sancionados penalmente por su felonía a la nación.

El nuevo y feroz clima de linchamiento promovido desde el poder –Ejecutivo, Legislativo, la iglesia, los medios de comunicación y los hombres de presa, además de los nuevos aliados del sistema incrustados dentro de las filas del Partido de la “Revolución Democrática” (PRD)– y por diversos analistas de la derecha, “independientes”, de “izquierda” o “democráticos” en contra de Andrés Manuel López Obrador y el movimiento que encabeza, ha evitado deliberadamente ofrecer una respuesta clara, documentada, detallada y contundente del problema central: ¿el paquete de reformas aprobado por el Congreso es o no reprivatizador de la industria petrolera? ¿Es la respuesta esperada para fortalecerla y recuperarla para el desarrollo nacional socialmente incluyente?

Sólo de esa manera podrá demostrarse públicamente si esas leyes son o no reprivatizadoras. Si se demuestra fehacientemente que no lo son, entonces evidenciarán rotundamente cuán equivocados están los opositores a los cambios aprobados. Más aún, desenmascararán los fines “aviesos” que supuestamente motivan la lucha política de López Obrador, por demás legítima en un país cuyos gobernantes autoritarios y a láteres publicitan como “democrático”. Una acción de esa naturaleza desmontaría la pretendida farsa montada por Andrés Manuel. Sin embargo, no ha sido así; por el contrario, “como Fuente Obejuna, todos a una”, la vocinglería ha optado por desviar la atención social a través del rabioso descrédito de ese movimiento.

En estas notas trataré de demostrar que la razón asiste a los opositores a la reprivatización.

El antropólogo Alberto Aziz Nassif dice que “resulta desconcertante que (…) López Obrador se vaya escurriendo para quedar en un perfil que es incapaz de reconocer cuando gana una batalla. La paradoja es que, mientras Calderón proclama un triunfo con una reforma que fue la de su opositor, López Obrador no acepta que ha ganado su proyecto. Difícilmente se podrá indicar que con esta reforma no hay un triunfo de la parte que encabezó López Obrador. Saber ganar es parte de la responsabilidad necesaria para mantener la credibilidad”. Carlos Navarrete afirma que es una “victoria del PRD”. Graco Ramírez añade: “Yo no entiendo cómo una gran victoria se quiere convertir en derrota y el derrotado (Felipe Calderón) dice que es una victoria, francamente éste es el mundo al revés. Andrés Manuel debería estar celebrando, porque no es así como lo señala él, es un despropósito lo que está señalando”. Después se baña en incienso y agrega que “no soy traidor, nunca he traicionado mis convicciones. En la reforma no hay ninguna traición; tengo la dignidad y la conciencia limpia”. Ya veremos que tan pulcra la tiene. Asesores del Frente Amplio Progresista, como Rolando Cordera, sostienen que se conjuraron los riesgos evidentes de la privatización. Cuauhtémoc Cárdenas dice que “fue lo mejor que pudo pasarle a Pemex en este momento”. Pablo Gómez, cuya firma legitimó las nuevas leyes, reconoce después de los acontecimientos que el movimiento de López Obrador tiene razón. Felipe Calderón reivindica la reforma como iniciativa suya, mejorada y enriquecida. La considera como un “logro histórico” donde “ganamos todos”, y felicita a los perredistas y demás legisladores por su “patriotismo” y su “visión y altura de miras”. Gracias a ellos, Pemex “será más transparente, rendirá mejores cuentas a los mexicanos, tendrá mecanismos más eficaces para combatir la corrupción, se podrá “detonar el crecimiento y el desarrollo del país y habrá más recursos para obras sociales”.

¿Realmente se logró evitar la reprivatización petrolera? ¿La elite neoliberal mordió el polvo de la derrota, o es fracaso de los opositores y la nación? ¿La actitud de Calderón es un gesto histriónico donde aparenta la insólita dignidad republicana del “derrotado”, una peculiar dialéctica con la que trata de convertir su frustración en un éxito, al decir que “ganamos todos”, por medio del “consenso”? ¿De ahora en adelante los Francisco Labastida, el sindicato petrolero, los directivos de Pemex y los hombres de presa ya no podrán seguir saqueando y enriqueciéndose impunemente a costa de Pemex, amparados por el sistema? ¿En un guiño “patriótico”, Manlio Fabio Beltrones desechó su tentación reprivatizadora, a costa de sacrificar sus ambiciones principescas, o las fortaleció traicionando a la nación, presentándose ante la elite dominante como el priista confiable para el retorno de su partido al gobierno, el que asegurará la continuidad neoliberal ante la derrota de los panistas en 2012? ¿Graco (el legítimo debe de estar furioso en su tumba), la “nueva izquierda” –encabezada por los chuchos– Guadalupe Acosta, la patética Ruth Zavaleta, René Arce, David Mendoza y demás aceptaron la ingrata inmolación, el ser señalados como traidores, con tal de envolverse en la bandera para salvar a la nación, a costa de su descrédito, o simplemente cumplieron con su papel asignado por el sistema para asegurar la reprivatización y apoderarse del PRD para sabotear la candidatura presidencial de López Obrador? ¿Valió la pena la traición? ¿Cárdenas tiene razón o su resentimiento en contra de Andrés Manuel, que lo desplazó como líder de una parte de la izquierda, optó por traicionar la memoria de quien le rinde culto anualmente? ¿Por qué los intentos de ruptura de acuerdos en el Congreso por parte de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) y su precipitación para aprobar los “patrióticos” dictámenes sin discusión, violentando el proceso legislativo, profundizando la crisis institucional, agravando la legitimidad del Congreso con su servilismo ante el Ejecutivo y los hombres de presa, pisoteando la Constitución y los intereses nacionales? ¿Por qué no pidió la restauración de la legalidad, se renunció y se castigó penalmente a Reyes Heroles, Kessel y otros promotores de la reprivatización, cómplices de los turbios manejos de Pemex y en su lugar se propusieron funcionarios íntegros (si es que existen)? Es claro que el capo di tutti i capi es en este momento Felipe Calderón. ¿Por qué no se cancelaron los contratos privados existentes, se revisaron escrupulosamente y se aplicó el derecho?

¿“Ganamos todos”? ¿O realmente quién ganó y quién perdió?

Pareciera ser que los actores involucrados dieron un esquizofrénico y dialéctico salto mortal, como los griegos Protágoras y Sócrates (en el Protágoras de Platón). El derrotado se transfiguró en triunfador y el ganador en el vencido.

Si el dilema era reprivatizar o no a la industria petrolera, las apariencias indicarían la derrota del bloque dominante. Calderón Hinojosa quería la reprivatización. Ante la movilización social, él y la elite recularon, afinaron la estrategia para tratar de engañar a la población y darle la vuelta a la Constitución. Con Manlio Fabio, presentaron una nueva propuesta que introdujo gradual y silenciosamente la reprivatización en el Caballo de Troya de las leyes secundarias. El proceso era lógico: descuartizar a Pemex, repartir el despojo de la renta petrolera con los hombres de presa a través de los contratos y los “bonos ciudadanos”; otorgar al gobierno y a los directivos de Pemex la patente de corso con la opaca “autonomía” de Pemex y sus filiales –similar a la del Banco de México–, para que, alejados del escrutinio público, ocultaran la desnacionalización, la corrupción, el arbitrario reparto de la renta entre los amigos, las familias y los empresarios locales y foráneos; y, finalmente, reprivatizar por partes la industria bajo el argumento de que ya no es estratégica, siguiendo la experiencia destructora enseñada por Miguel de la Madrid, Carlos Salinas o Ernesto Zedillo.

Explícitamente, panistas, priistas, los traidores perredistas y demás congresistas no se atrevieron a cambiar los artículos 27 y 28 constitucionales, que prohíben las concesiones y los contratos en materia petrolera, así como el manejo exclusivo del Estado sobre el energético. Pero como diría Manuel Bartlett: si están pensando que “es una reforma diferente a la de Felipe Calderón, o se equivocan o no lo quieren ver. La iniciativa de Calderón Hinojosa y la de Manlio Fabio era ampliar las modalidades de contratos; lo lograrán con ese vació legal, que permitirá asignar áreas exclusivas a corporaciones extranjeras”. El argumento de que los cambios no son reprivatizadores es “completamente falaz: hay un gobierno de derecha que viola la ley y lo seguirá haciendo, porque la nueva ley le permite interpretar artículos y disposiciones para la privatización. No cabe la ingenuidad”, concluye Bartlett.

Tiene razón, la reprivatización ya está inconstitucionalmente sancionada en las leyes secundarias. Lo que se aprobó no fue una reforma, fue la “contrarreforma”: la traición a la nación. Es cierto que los depredadores empresarios mexicanos y las trasnacionales querían legalmente la propiedad, los yacimientos, toda la industria petrolera. En eso fallaron los siervos del Congreso. Defraudaron sus voraces apetitos. Sin embargo, como consolación, les aseguraron lo prometido por Calderón-Beltrones. Ello explica la precipitada convocatoria de Carlos Morales, de Pemex Exploración y Producción, para invertir en el sector. No se convertirán, de momento, en propietarios, pero sus servicios serán generosamente remunerados. Georgina Kessel, de Energía, dice que no habrá contratos regionales de exclusividad, pero acepta que, por razones prácticas, sí se darán zonas específicas de exploración y producción a cada inversionista. Quizá para evitar que, como diría el pueblo, alguien quiera agandallarse. Jesús Reyes Heroles, de Pemex, hace cuentas alegres: en 2008, el presupuesto de 22 mil millones de pesos (MMDP) para 2009 será de 24 MMDP: poca cosa para una “patriótica reforma”. Luego añade que en los próximos dos o tres años estaríamos hablando del doble en el gasto exploratorio. En unos nueve o 12 meses se tendría el primer contrato con los incentivos, destinados a aumentar la participación privada en tareas de exploración y extracción de crudo. Es decir, lo contrario que dice la Constitución. ¿Cuánto de ese presupuesto será repartido entre los empresarios? Reyes no dijo nada al respecto. ¿No que estaban tácitamente prohibidos los bloques y los contratos de riesgo e incentivados como dijeron perredistas y asesores del FAP? Jaime Brito, de la firma consultora PFC Energy (Washington), dice que los empresarios estudiarán las leyes, seguramente para meterse por los resquicios legales reprivatizadores concedidos por los congresistas.

Si Bartlett se refiere a “vacío legal”, el hecho de que los cambios no se impusieron en la Constitución, tiene razón. Por como veremos, en las leyes secundarias no hay vacíos ni resquicios. Alguien dijo que se dejaron muchas “rendijas” o “ambigüedades” a la reprivatización. En realidad, todo está claro. Abrieron las puertas y ventanas. Jaime Brito no tendrá que estudiar mucho las leyes.

¿Qué fue lo que aprobaron los legisladores? En la siguiente entrega daremos los detalles de la reprivatización.