Petras, Evo, Chávez y el imperialismo

Estos últimos años, una nueva serie de polaridades sociales y nacionales complejas ha dominado la vida política del hemisferio occidental. A comienzos del nuevo milenio, la confrontación nacional se produjo entre Cuba y el tándem EEUU/UE, mientras que las confrontaciones sociales oponían a los movimientos rurales-indígenas y urbanos-desempleados contra toda una serie de regímenes neoliberales que abarcaban todo el continente. Esta polaridad fue el resultado del anterior cuarto de siglo (1975-2000), la Edad de oro del saqueo imperial.

Transferencias masivas de propiedades, riqueza, beneficios, intereses y pagos por regalías fluyeron de América Latina hacia Estados Unidos y la Unión Europea. Las más lucrativas empresas públicas, de un valor superior a los 350.000 millones de dólares, se privatizaron sin tener en cuenta sutilezas constitucionales, y acabaron más tarde en manos de corporaciones multinacionales y bancos estadounidenses, españoles y de otros países europeos. Los decretos presidenciales obviaron a los respectivos parlamentos y electores, y otorgaron un lugar privilegiado al capital extranjero. Las protestas de los citados parlamentos, cuerpo electoral y auditores nacionales se ignoraron totalmente. La Edad de oro del capital multinacional coincidió con el reinado de los regímenes cleptocráticos electos, alabada en los círculos políticos europeos y estadounidenses, y jaleada en los medios de comunicación como “la era de la democracia y el libre mercado.” El saqueo llevado a cabo por las empresas y los bancos transnacionales entre 1975 y 2000 asciende a más de 950.000 millones de dólares. El saqueo sin desarrollo condujo inevitablemente a una crisis socioeconómica general y puso al borde del colapso el modelo centrado en el imperio de acumulación capitalista de Argentina (1998-2002), Ecuador (1996-2006) Bolivia (2002-2005), y Brasil (1998-2005). Desde comienzos de la década de 1990, se produjeron en toda América Latina movimientos extraparlamentarios sociopolíticos masivos, acompañados por alzamientos populares a gran escala que llevaron al derrocamiento de diez presidentes neoliberales clientes de EEUU/UE: tres en Ecuador y Argentina, dos en Bolivia y uno en Venezuela y Brasil.

Visto en retrospectiva, es evidente que una nueva oleada de movimientos sociopolíticos potencialmente revolucionarios alcanzó su máxima expresión en 2002. Dotados de apoyo masivo y de legitimidad generalizada, opuestos a una clase política corrupta, desacreditada e internamente dividida, y a economías en crisis, los movimientos sociopolíticos estaban en situación de iniciar una serie de cambios estructurales profundos, siempre que consiguieran transformar el poder social en poder estatal.

Sin embargo, los movimientos de masas titubearon y sus líderes se detuvieron ante las puertas de los palacios presidenciales. En cambio, fueron en busca de una nueva clase de políticos electoralistas de centro-izquierda nuevos y reciclados, que reemplazase a los viejos partidos desacreditados y a los líderes de la derecha neoliberal. En 2003, los movimientos sociales masivos comenzaron a replegarse, a medida que muchos de sus líderes eran cooptados por la nueva oleada de políticos autotitulados de centro-izquierda. Las promesas de realizar transformaciones sociales se limitaron al patronato, las subvenciones y las políticas macroeconómicas ortodoxas, según el mismo dogma neoliberal. No obstante, en algunos países, las luchas populares que se producen desde la década de 1990 hasta 2002 llevaron al poder a gobiernos nuevos que ni eran clientes de Estados Unidos ni estaban exentos de influencias neoliberales, como por ejemplo en Venezuela y Bolivia. En 2006 surge una nueva y compleja configuración en la que las polaridades nacionales dejaron en segundo plano en gran medida a las divisiones por clases sociales. La nueva divisoria internacional produjo un nuevo terreno de juego en el que estaban colocados, a un lado, Estados Unidos y la Unión Europea, y, al otro, Venezuela y Bolivia. Esta polaridad primaria halla su mejor expresión en América Latina, entre, por una parte, la nueva derecha neoliberal liderada por ex izquierdistas y pseudopopulistas en América Central y del Sur, y, por otra parte, los gobiernos nacional-populistas de Bolivia y Venezuela. Entre ambos grupos, hay un gran grupo de países que pueden evolucionar en cualquiera de las dos direcciones. Entre los promotores de la nueva derecha y el libre mercado figuran el gobierno de Luis Inázio Lula da Silva, en Brasil; el presidente saliente de México, Vicente Fox; los cinco gobiernos centroamericanos; el gobierno de Tabaré Vázquez, en Uruguay; el gobierno de Alvaro Uribe, en el Estado terrorista de Colombia; y los gobiernos de Michelle Bachelet, en Chile, y el gobierno próximamente saliente de Alejandro Toledo, en Perú.

En un punto intermedio se encuentra el gobierno de Néstor Kirchner, en Argentina, que refleja un deseo de profundizar los vínculos comerciales con Venezuela, neutralizar las presiones nacional-populistas internas y promover una alianza capitalista nacional-extranjera con Estados Unidos, la Unión Europea y China. Ecuador, los países del Caribe, Nicaragua y posiblemente Perú son lugares en disputa. Debido al petróleo subvencionado que reciben, toda la cuenca del Caribe (con excepción de la República Dominicana) ha negado su apoyo político al tándem EEUU/UE contra Venezuela/Bolivia, aun cuando los países que la componen hacen lo posible por promover el acceso a los mercados del Norte. Al margen de Europa y América del Norte, el grupo de países no alineados, China, Rusia, Irán y algunos países árabes productores de petróleo se han alineado, abierta o discretamente, con la alianza nacionalista cubano-boliviana-venezolana.

Entrecruzándose con las divisiones nacionalistas, están las polaridades de clase. Los principales puntos de inflexión se hallan en Ecuador, Venezuela, Colombia, Costa Rica, México, Bolivia, Paraguay y, más recientemente, Brasil. En Ecuador, la CONAIE [1] ha reconstruido su base de masas (tras la debacle producida por su apoyo a la presidencia del pseudopopulista Gutiérrez, en 2002) y su alianza con los sindicatos urbanos ha sido efectiva para la derrota del Acuerdo de libre comercio ALCA, respaldado por EEUU, y la cancelación de los contratos de hidrocarburos de Occidental Petroleum, una compañía petrolera estadounidense. En Venezuela se vive una doble polaridad: por una parte, la clase trabajadora y los pobres urbanos contra los terratenientes pro estadounidenses, las élites de los negocios y los medios de comunicación; y, por otra parte, dentro del amplio espectro de seguidores de Hugo Chávez, los ricos directores de empresas estatales, burócratas de alto nivel, empresarios nacionales y generales de la Guardia Nacional, y los sindicatos, los agricultores sin tierras, los habitantes de los ranchos [2] urbanos y los trabajadores informales subempleados. En Bolivia, las contradicciones de clase siguen en gran parte latentes debido a la polaridad nacional, pero hallan su expresión en el conflicto entre las políticas macroeconómicas ortodoxas del régimen de Evo Morales y los modestos aumentos salariales de los trabajadores públicos de la educación y la salud, entre otros sectores.

En los países en que la polaridad entre el nacionalismo latinoamericano y el imperialismo EEUU/UE es más fuerte, la lucha de clases ha remitido, al menos por ahora. En otras palabras: la lucha nacionalista toma el lugar de la lucha de clases con la promesa de que un mayor control nacional tendrá por resultado más recursos estatales y por consiguiente nuevas medidas redistributivas.

En Brasil, los conflictos de clase han disminuido como resultado de la subordinación de la confederación sindical tradicional, y en menor medida del Movimiento de los Sin Tierra (MST), al gobierno neoliberal de Lula da Silva. No obstante, dada la drástica reducción de las pensiones de los funcionarios y su oposición a unos incrementos sustanciales de los salarios, incluyendo el salario mínimo, los sindicatos representantes de los funcionarios, los metalúrgicos y los trabajadores de la construcción fundaron, los días 5 y 7 de mayo de este año, una nueva y dinámica confederación de sindicatos denominada CONLUTA. Con más de 2.700 delegados de 22 estados, que representan a 1.800.000 trabajadores, CONLUTA representa un polo social alternativo a las decenas de millones de trabajadores y brasileños pobres abandonados tras el paso de Lula da Silva al campo de los banqueros, la agroindustria y las transnacionales. En su estructura operativa, CONLUTA ha adoptado una organización de tipo movimiento social, del que forman parte organizaciones de trabajadores empleados y desempleados, movimientos de trabajadores rurales y asociaciones de vecinos, estudiantes, mujeres, ecologistas y organizaciones de trabajadores sin tierra. La representación en su congreso se basó en elecciones directas realizadas en asambleas democráticas. La emergencia de una nueva confederación de trabajadores representa la primera ruptura importante con el gobierno neoliberal de centro-izquierda de Lula da Silva, y como tal presagia la revitalización de las políticas de la clase obrera, a la vez que plantea una alternativa real al poder decreciente de la confederación sindical pro oficial.

Realidades y mitos en las tensiones internacionales

Existe un gran número de interpretaciones incorrectas y una gran confusión, tanto en la derecha como en la izquierda, en relación con la naturaleza de los conflictos entre los nacionalistas latinoamericanos y los Estados y compañías transnacionales de EEUU/UE. El primer punto que merece aclararse es la naturaleza de las medidas nacionalistas adoptadas por el presidente Chávez, en Venezuela, y el presidente Morales, en Bolivia. Sus respectivos gobiernos no han abolido los principales elementos de la producción capitalista, es decir, los beneficios privados, la propiedad extranjera, la repatriación de beneficios, el acceso al mercado de suministro de gas, energía y otros bienes primarios, ni tampoco han vetado por ley futuras inversiones extranjeras.

De hecho, los inmensos yacimientos petrolíferos del Orinoco, en Venezuela, que son las mayores reservas del mundo, siguen estando en manos del capital extranjero. La controversia en relación con las radicales medidas económicas del presidente Chávez gira en torno a un incremento en los impuestos y las regalías que va del 15% al 33%, porcentajes que siguen siendo inferiores a los devengados por las compañías petroleras en Canadá, Oriente Próximo y Africa. Lo que produjo una avalancha de envenenados artículos de los medios de comunicación estadounidenses y británicos (The Wall Street Journal, Financial Times, etc.) no fue un análisis comparativo de los tipos de interés y de regalías utilizados en la actualidad, sino una comparación retrospectiva con un pasado virtualmente libre de impuestos. De hecho, tanto Hugo Chávez como Evo Morales están simplemente modernizando y poniendo al día las relaciones en sus países productores de hidrocarburos con los estándares mundiales actuales. En cierto sentido, están normalizando las relaciones contractuales ante unos beneficios inesperados excepcionales por parte de las empresas, que son posibles gracias a acuerdos fraudulentos conseguidos por mediación de altos funcionarios corruptos. La brutal reacción de los gobiernos de EEUU y la UE, y de sus transnacionales de la energía, es el resultado de un hábito de pensamiento que concibe sus excepcionales privilegios como una norma del desarrollo capitalista y no el resultado de sus tratos con funcionarios venales.

Por consiguiente, se resistieron a la normalización de las relaciones capitalistas en Venezuela y Bolivia, en las que empresas conjuntas comparten sus beneficios entre el sector público y los inversores privados, práctica común en la mayor parte de los países. No ha causado sorpresa que el presidente de Royal Dutch Shell, Jeroen van der Veer, aconsejase a sus colegas petroleros que la posición nacionalista de los países productores de petróleo y la renegociación de los contratos constituye una nueva realidad que las compañías internacionales de la energía deben aceptar. Van der Veer, el realista, pone en contexto las reformas nacionalistas: “En Venezuela, fuimos una de las primeras compañías en renegociar y, dadas las actuales circunstancias, estamos muy satisfechos de nuestras perspectivas operativas en ese país. Mantenemos relaciones armoniosas con el gobierno, lo que es muy importante. Y en Bolivia espero que lleguemos a una solución.” (Financial Times, 13.5.2006, p. 9). Del mismo modo, Pan Andean Resources (PAR), una compañía irlandesa de gas y energía ha realizado declaraciones públicas afirmando su intención de seguir operando en Bolivia, tras las declaraciones nacionalizadoras de Morales. David Horgan, presidente de la citada PAR, al explicar la creación de una empresa mixta dedicada al gas boliviano afirmó: “No nos importa realmente los precedentes que nuestro acuerdo con el gobierno boliviano pueda crear. Donde las grandes compañías petroleras ven un problema, nosotros vemos una oportunidad.” (Ibíd.)

De hecho, el 29 de mayo de 2006, el gobierno boliviano anunciará la oferta ganadora, de entre las presentadas por principales compañías mineras del mundo, en el concurso de adjudicación de la explotación del yacimiento del Mutún, de propiedad estatal, con 40.000 millones de toneladas mineral de hierro. Las nuevas condiciones establecidas por el gobierno boliviano, tal como las expuso su principal ideólogo, el vicepresidente Alvaro García Linera, ofrecen garantías judiciales estables para todas las inversiones, a cambio de un reparto de los beneficios y de programas de gestión conjunta. Es evidente que las grandes corporaciones mineras forman parte de la escuela realista que opta por conseguir altos beneficios de las materias primas estratégicas que actualmente se cotizan a precios elevados, a cambio de pagar más impuestos y de incluir a los tecnócratas del gobierno boliviano en sus equipos de gestión.

Los principales puntos de conflicto no son la aversión capitalista al socialismo, ni tampoco la oposición entre propiedad privada y propiedad nacionalizada, y mucho menos la revolución social conducente a una sociedad igualitaria. Los principales conflictos se concentran en 1) los incrementos de los impuestos, los precios y los pagos por regalías, 2) la conversión de las empresas en empresas conjuntas, 3) la representación en las juntas directivas, 4) la distribución accionarial entre los ejecutivos nombrados por las empresas extranjeras y los nombrados por el Estado boliviano, 5) el derecho legal a revisar los contratos, 6) los pagos compensatorios por supuestos activos, y 7) la gestión de la distribución y la exportación.

Las normativas y las reformas propuestas pueden incrementar las reservas y la influencia del Estado, pero en ningún caso implican la transformación revolucionaria de la propiedad o de las relaciones sociales de producción. Los cambios propuestos son reformas que traen ecos de las políticas desarrolladas por los partidos socialdemócratas europeos entre 1946 y 1960, en la década de 1970, por los países productores de petróleo, entre otros las monarquías árabes y las repúblicas islámicas o seculares. De hecho, los anteriores gobiernos tanto de Venezuela, en 1976, como de Bolivia, en 1952 y 1968, adoptaron medidas mucho más radicales con la nacionalización del petróleo y de algunos sectores mineros.

Venezuela ha aumentado las regalías y los impuestos que devengan las compañías petroleras internacionales porque antes estaban por debajo de los niveles mundiales. Excepto algunas explotaciones de pequeño tamaño que rechazaron las nuevas reglas del juego y fueron expropiadas, ninguna de las grandes firmas sufrió expropiación, ni tampoco se modificaron las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PVDSA) o en ninguna de las empresas extranjeras. Las estructuras verticales convencionales siguen intactas, lo que motiva las quejas de muchos sindicalistas de a pie. En estos últimos tres años, todas las empresas estadounidenses o europeas que operan en Venezuela han obtenido cifras récord de beneficio que superan en miles de millones de dólares, o de euros, sus anteriores beneficios máximos. A pesar del discurso revolucionario bolivariano, ninguna de las principales empresas petroleras ha manifestado el menor interés en abandonar sus lucrativos acuerdos con el Estado de Venezuela, a pesar de las inflamadas invectivas provenientes de Washington o de Bruselas.

El conflicto entre el tándem EEUU/UE y Venezuela tiene que ver con la política y la ideología, tanto como con el poder y los beneficios de sus compañías petroleras. La preocupación proviene del modelo de economía mixta y mayores impuestos que sustituye al modelo desregulado, de bajos impuesto, privatizado y desnacionalizado preponderante en América Latina desde la década de 1970, y que se está intentando promover en otros lugares, como Libia, Irak, Indonesia, Brasil y México. El problema central reside en que el presidente Chávez, a partir de una base económica y política nacional fuerte derivada de los recursos provenientes del petróleo, propone una mayor integración regional, libre de la dominación de Estados Unidos y Europa. Esto ha provocado las iras de Washington y Bruselas, por cuanto temen que una mayor integración latinoamericana puede limitar la futura penetración de mercados e inversiones. En el marco de las políticas mundiales, la adopción y la defensa de la autodeterminación de todas las naciones que propone Chávez lo ha colocado en situación de oposición a la intervención militar de EEUU en Irak, la ocupación EEUU/UE en Afganistán, y sus amenazas conjuntas de guerra contra Irán. La posición de Chávez se debe, en parte, a la participación estadounidense en el frustrado golpe militar que sufrió su país en 2002.

En resumen, el conflicto se produce entre, por una parte, líderes nacionalistas democráticamente elegidos que defienden una economía mixta que les permita financiar los servicios sociales, y, por otra parte, la construcción imperial de EEUU y la UE y sus políticas intervencionistas destinadas a prolongar la Edad de oro del saqueo de economías privatizadas y no reguladas, y sus privilegios consistentes en un bajo nivel fiscal en la explotación de los recursos energéticos.

Los conflictos nacientes entre Bolivia y Brasil, España y Argentina, y sus defensores en EEUU/UE siguen un patrón similar al conflicto de Venezuela con Estados Unidos. En primer lugar, los propagandistas de las grandes corporaciones petroleras transnacionales intentan presentar al presidente Morales como un discípulo seguidor de Hugo Chávez, y presentan sus políticas nacionalistas como una simple subordinación a las proyecciones de poder del presidente venezolano. Pero estas acusaciones de maquinaciones externas carecen de base. Hubo huelgas promovidas por la oposición y huelgas generales en Bolivia durante el proceso de privatización de 1996, dos años antes de la elección de Chávez. La oposición a los acuerdos de privatización del gas se intensificó en 2003 mediante un alzamiento popular que derrocó al presidente Sánchez de Losada y exigió la nacionalización del gas y el petróleo. En 2004, el 80% del electorado aprobó un referéndum en el que se pedía el aumento de los impuestos y las regalías y el control estatal de los recursos energéticos. A diferencia de Venezuela, Evo Morales se halla ante una fuerte presión interna por parte de sindicatos y organizaciones de masas para que lleve a cabo sus promesas electorales. Los programas de reforma socioeconómica, la estabilidad política y la legitimidad del gobierno de Evo Morales dependen de la posibilidad de conseguir ingresos fiscales adicionales de las compañías transnacionales. Teniendo en cuenta que heredó un déficit presupuestario muy importante y una deuda exterior sustancial (que se considera obligado a pagar) y que esta sujeto a un programa de austeridad del estilo de los del FMI, su única solución consiste en conseguir más ingresos por el petróleo y el gas. Pero el aspecto más importante, teniendo en cuenta que Evo Morales fue elegido para “traer dignidad al pueblo indio”, no puede ignorar la arrogancia con la que las compañías petroleras y de gas recibieron sus propuestas iniciales de negociar nuevos tipos de impuestos y nuevas empresas mixtas. Con el respaldo financiero y político de Venezuela, Morales decretó la nacionalización como táctica de presión para forzar a las compañías a negociar. Del mismo modo que el presidente Chávez radicalizó sus políticas socioeconómicas a raíz del golpe militar apoyado por EEUU y del lockout de los altos ejecutivos de la industria petrolera, Evo Morales ha radicalizado sus tácticas para conseguir concesiones económicas y llegar en situación de fuerza a las negociaciones con las transnacionales de la energía. El objetivo del presidente Morales es negociar de buena fe y garantizar algún tipo de reparto de beneficios y de incremento fiscal. La intransigencia continuada de las compañías de la energía y una política de “todo o nada” podría radicalizar la base electoral de su gobierno. “Los que hacen imposibles las reformas, hacen inevitables las revoluciones.” Por supuesto, Bolivia bajo Morales está muy lejos de adoptar un programa revolucionario anticapitalista. Incluso el incremento fiscal de hasta el 82% es una medida transitoria que habrá de negociarse. Sin embargo, ha demostrado su buena disposición a movilizar el Estado y ampliar su influencia sobre las operaciones de las grandes empresas, a la vez que ha dejado claro que los actuales contratos de hidrocarburos son inconstitucionales. A mediados de mayo, las principales compañías de gas y petróleo seguían sin caer en la cuenta de que tienen más que ganar de la negociación con el gobierno de Evo Morales que de la excitación de los movimientos sociales. Como máximo, las negociaciones probablemente desembocarán en un incremento de impuestos y regalías de en torno al 50%. El precio de venta del gas se incrementará modestamente, y se firmará algún tipo de acuerdos de gestión conjunta Estado-sector privado, a la vez que los líderes políticos de Brasil y la UE podrían pasar de una etapa de enfrentamiento a una de negociaciones y cooptación. En cambio, la propuesta de Morales de favorecer la creación de empresas mixtas y establecer una economía también mixta debe hacer frente a presiones del FMI, de Pedro Solbes, ministro español de Hacienda, y de Celso Amorin, ministro brasileño de Asuntos Exteriores, de pagar las acciones al precio de mercado, lo que podría llevar a la bancarrota del Estado. Las amenazas judiciales y de ruptura diplomática siguen utilizándose a fin de limitar un controlo estatal efectivo de las empresas de gas. Entretanto, Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno español, y Lula da Silva, presidente de Brasil, tienen el papel de policía bueno y confían en las negociaciones, las presiones interiores y las ayudas estatales para rebajar aún más las reformas de Morales.

Sea cual sea el acuerdo general, la clave estará en los detalles. Más concretamente en los procedimientos operativos específicos, el control de la información, la producción y los procesos de comercialización, donde cabe esperar que los ejecutivos titulares hagan todo lo que esté en su mano para socavar un control efectivo por parte del Estado boliviano. Al tiempo que las polaridades políticas y económicas a escala internacional se intensifican, en el interior de Estados Unidos se está larvando una crisis. La debacle militar en Irak ha dejado sólo dos opciones: por una parte, una retirada que permita reconstituir el poder imperial y, por otra parte, planes para una guerra aérea contra Irán, a fin de reivindicar el poder imperial. Existe una coalición liderada por las principales organizaciones pro Israel, los militaristas civiles del Pentágono, la mayor parte de los medios de comunicación y una minoría de la opinión pública, que apoya un ataque militar. Se oponen a esta opción un gran porcentaje de altos oficiales retirados, los líderes de la industria petrolera, la mayor parte de las organizaciones cristianas y musulmanas y una mayoría del pueblo estadounidense.

Las múltiples guerras de Oriente Próximo y Asia Septentrional y el creciente descontento interno por los costes de la guerra han debilitado sustancialmente la capacidad de Estados Unidos de meterse de lleno en una intervención a gran escala en América Latina. En cambio, está obligado a confiar en sus regímenes clientes latinoamericanos y sus aliados europeos para aislar y debilitar a los presidentes nacionalistas Chávez y Morales, y para contener la creciente oposición popular y electoral en México, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. El problema de Washington es que, actualmente, sus presidentes-clientes latinoamericanos están en posición de debilidad o bien a punto de dejar la presidencia. A finales de 2006, casi todos los más serviles presidentes-clientes de Washington habrán abandonado su cargo. En algunos casos, serán reemplazados por clones políticos, pero en otros los nuevos líderes electos pueden resultar menos dados a provocar conflictos con sus vecinos nacionalistas.

Contrariamente a la euforia de la izquierda estadounidense y europea occidental, los nuevos gobiernos nacionalistas y Cuba se hallan ante graves retos internos provenientes de sus propias poblaciones. Aunque han conseguido enfrentar con éxito las presiones imperialistas e incrementar sus ingresos fiscales provenientes de los capitales extranjeros, han descuidado llevar a cabo reformas sociales de máxima urgencia para sus seguidores.

Tanto Venezuela como Cuba, a pesar de las promesas gubernamentales, se retrasan en cubrir los enormes déficit de alojamiento y transporte, y sus esfuerzos por diversificar sus economías son muy insuficientes, en particular en la agroindustria (transformación del azúcar en etano, y producción de alimentos en Cuba; carne, aves, pescado y cereales en Venezuela), la manufactura (en particular armas, bienes duraderos, tecnología de la información y electrónica) y el procesado de minerales. Además, en Venezuela hay importantes sectores, quizás el 50% de la fuerza de trabajo, que tienen un acceso mejorado a los servicios sociales gratuitos, pero que están empleados en el sector informal, de salarios muy bajos.

En Bolivia, Morales ha anunciado un programa de reforma agraria basado en la expropiación de tierras subutilizadas, que excluirá las grandes propiedades agroindustriales, productivas y provechosas, de los fértiles llanos de Santa Cruz. En cambio, se propone distribuir tierras estatales menos fértiles y alejadas de los mercados y las carreteras. La clave del éxito de esta reforma agraria dependerá del método de llevar a la práctica y de adjudicación, así como de la disponibilidad de crédito y asistencia técnica. Además, las políticas salariales y de ingresos de Morales son sólo marginalmente mejores que las de sus predecesores liberales: los incrementos salariales de los maestros y otros trabajadores del sector público están por debajo del 5% de crecimiento real por encima de la inflación. Su promesa de doblar el salario mínimo de 50 a 100 dólares al mes ha sido reemplazada por un incremento de sólo 6 dólares. En otras palabras, si la polaridad internacional no cuenta con el respaldo de políticas internas redistributivas que afecten a la riqueza y las propiedades de los más ricos, tanto en Venezuela como en Bolivia, sectores populares estratégicamente importantes, necesarios para dar sostén en caso de confrontación internacional, podrían desvincularse. Algunos gestos internacionales grandilocuentes, la solidaridad humanitaria y las políticas antiimperialistas no pueden sustituir la profundización de los cambios estructurales internos y satisfacer las demandas interiores esenciales en materia de alojamiento, empleo y mejores salarios.

Polaridad y crisis social y regional en Bolivia

Si, como venimos afirmando, la polaridad emergente en América Latina se produce entre los regímenes neoliberales centrados en el imperio y los regímenes populistas, nacionalistas y reformistas, se sigue que la resolución exitosa de este conflicto depende en parte de las premisas de los estrategas reformistas y su creencia de que las reformas socioeconómicas son compatibles con el desarrollo capitalista nacional. En el caso del presidente Morales, puede decirse que su estrategia política electoral y programática dictaba su análisis político y socioeconómico. Las políticas reformistas de Morales se basan en algunas premisas dudosas: en primer lugar, la creencia de que el capital productivo puede separarse del capital improductivo, y por consiguiente que una reforma agraria limitada a las tierras no explotadas o a las “tierras sin una función socioeconómica” no va a generar la oposición de las élites y va a ser compatible con una coalición electoral interclasista. Esta premisa ha demostrado ser incorrecta: los grandes terratenientes productivos se oponen con toda firmeza a la reforma agraria y cuentan con el apoyo de las élites de negocios y bancarias, especialmente en Santa Cruz, porque tienen diversos holdings de inversión transectoriales, que incluyen bancos, industria, tierra productiva destinada a la exportación y tierra improductiva mantenida con fines de especulación.

La segunda falsa premisa de su estrategia consiste en un diagnóstico erróneo de la dicotomía entre capital extranjero y capital nacional. El presidente Morales que mediante la nacionalización, o más concretamente la conversión de las compañías extranjeras de la energía en empresas de propiedad conjunta pública y privada, podrá financiar el desarrollo capitalista nacional y con ello ganar su apoyo. Este análisis subestima radicalmente los vínculos económicos y políticos entre las grandes y medianas empresas y las empresas de propiedad extranjera. Muchas firmas bolivianas son suministradoras, subcontratistas e importadoras que dependen de los mercados, el crédito y la financiación extranjeros provenientes de las empresas transnacionales y de los gobiernos extranjeros. No es sorprendente que tanto la oposición política en el Congreso como los principales grupos de negocios bolivianos se hayan opuesto a las reformas de Morales, aun cuando sean sus futuros beneficiarios.

La tercera falsa premisa de la estrategia reformista-nacionalista de Morales es la idea de que los gobiernos considerados de centro-izquierda de Brasil, Argentina y España van a estar dispuestos a negociar y aceptar modificaciones de los contratos de explotación de sus multinacionales y aceptarán unos aumentos modestos de los precios de compra del gas. Morales sobrestima la efectividad de su diplomacia personal y su afinidad ideológica con Lula da Silva, Kirchner y Rodríguez Zapatero, y subestima completamente sus poderosos y duraderos vínculos con sus respectivas empresas transnacionales. Como resultado, el gobierno de Lula ha rechazado todas las propuestas de Morales, entre otras su oferta de negociar un incremento de dos dólares en el precio del gas, y más aún su propuesta de crear una empresa mixta con Petrobras. Del mismo modo, el gobierno de Kirchner ha pospuesto varias reuniones en las que se debía discutir un aumento similar del precio del gas, y su representante no ha fijado una nueva fecha, ni siquiera para discutir la propuesta. Rodríguez Zapatero, con el apoyo del FMI, ha insistido en que se compense total y rápidamente a las empresas españolas (REPSOL y BBVA), tarea imposible teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias bolivianas.

Es realmente irónico que mientras que los presidentes de centro-izquierda (Kirchner, Lula da Silva y Rodríguez Zapatero) rechazan la propuesta de Morales de incrementar los ingresos fiscales a costa de sus transnacionales, el reaccionario Congreso de Estados Unidos aprobó una ley para aumentar la parte del gobierno de EEUU en los beneficios petroleros hasta 20.000 millones de dólares (Financial Times, 20-21.5.2006, p. 3). Además, mientras que EEUU paga seis dólares por mil metros cúbicos de gas, Lula y Kirchner han puesto objeciones al aumento del precio hasta cinco dólares por mil metros cúbicos. Con amigos del pueblo boliviano como éstos, ¿quién necesita imperialistas explotadores del país más pobre de América del Sur?

En resumen, todos los supuestos políticos de Morales se basan en datos imaginarios que no corresponden a las realidades económicas y políticas en las que se proyectan. La falta de análisis empíricos serios de las realidades estructurales ha dado como resultado la imposición de una estrategia electoral basada en alianzas interclasistas, en un mundo polarizado por el imperio y los conflictos de clase. La ideología reformista de Morales ha creado una visión ilusoria del mundo político, en el que se ve capaz de unir a capitalistas productivos, gobiernos amigos de centro-izquierda, trabajadores y campesinos frente a terratenientes improductivos y transnacionales corruptas, en busca de una economía mixta, un presupuesto equilibrado y mayores reformas sociales.

El actual impasse en que se halla Morales, impuesto por sus involuntarios socios, plantea un serio dilema a su gobierno y a sus aliados internacionales Venezuela y Cuba: si el programa reformista no es viable, ¿debería diluir aún más su programa nacionalista y mantener el aspecto de un gobierno de progreso, o bien debería radicalizar su programa y recabar el apoyo de sus aliados internacionales en una confrontación continental más acentuada?