El dictador Augusto Pinochet Ugarte podrá ser procesado por los asesinatos y desapariciones producidas en la «Operación Cóndor» a partir de 1975, cuando la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA, junto a aparatos represivos de otros países sudamericanos se dedicó a «eliminar» a opositores al régimen militar.
El juez Juan Guzmán tiene ya libre la vía para profundizar las investigaciones e interrogatorios (que incluyen a Pinochet) en torno de la «Operación Cóndor» y que podría derivar en el procesamiento y condena al ex jefe del Ejército chileno.
Los antecedentes señalan que Pinochet «estaba en conocimiento» de las acciones represivas y criminales de la DINA y no sólo supo sino que habría ordenado el asesinato de chilenas y chilenos.
La luz verde al juzgamiento se logró este jueves 26 de agosto cuando la Corte Suprema de Justicia de Chile, por nueve votos a favor y ocho en contra, resolvió quitarle el fuero de ex Presidente de la República a Pinochet (cargo formal que ostentó después de encabezar un Golpe de Estado en 1973 rompiendo la institucionalidad y la legalidad vigente).
En dos ocasiones anteriores la misma Corte Suprema había decidido mantenerle el fuero, sobre todo aduciendo problemas de salud del dictador.
Los abogados querellantes indicaron aquí en Santiago que tienen confianza en que el proceso avance con normalidad y que existen elementos probatorios para condenar a Augusto Pinochet quien recibe la noticia en su lujosa residencia del barrio alto de Santiago.
Hay testimonios elocuentes en este caso, como el del propio general Manuel Contreras, jefe de la DINA, quien señaló hace tiempo que «la DINA tuvo la misión de extirpar y eliminar el extremismo marxista, cumpliendo al pie de la letra las órdenes que se me impartieron directamente por el Presidente de la República de quien yo dependía. El Presidente sabía exactamente lo que hacía o no la DINA y su Delegado y Director Ejecutivo, puesto que no me mandaba solo. Y cualquier misión tendría que haber venido, como siempre vino, del Presidente de la República».
Producto de la «Operación Cóndor» fueron ejecutados y desaparecidos cientos de mujeres y hombres de varias nacionalidades en una coordinación represiva que se inició en el año 1975 después de varias reuniones de jefes y oficiales de servicios de Inteligencia y de aparatos represivos de la época de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile.
Lorena Pizarro, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD) dijo a la prensa que Pinochet debe ser procesado «por cada uno de los crímenes de los cuales él es responsable, junto a todos aquellos que fueron parte de los aparatos represivos que durante tantos años causaron daño a este país».
En tanto Eduardo Contreras, uno de los abogados acusadores de Pinochet -autor de un libro sobre el procesamiento al dictador cuando fue detenido en Londres, Reino Unido- indicó que «esta sentencia demuestra que efectivamente no hay invulnerables, no hay intocables, que Pinochet podría ser objeto de desafuero y espero que también sea objeto de procesamiento».
En todo caso existe excepticismo en varios sectores de derechos humanos y políticos aquí en Chile respecto a que finalmente sea juzgado Augusto Pinochet, cercano ya a los 90 años de edad.
De hecho el Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, reconoció que «se ha avanzado en materia de derechos humanos, en materia de conocimiento, de verdad, y quizá el déficit es lo que viene a continuación de la verdad, que es la justicia, pero eso ya es de los Tribunales» del Poder Judicial.
La derecha y los sectores pinochetistas volvieron a recurrir a su tesis de que Pinochet está «demente» y en un estado de salud que no le permitiría soportar o asumir un proceso judicial. La familia Pinochet habló de «humillante» la sentencia de la Corte Suprema. Incluso recurrieron a una periodista simpatizante de Pinochet, residente en Miami, para que dijera que cuando lo entrevistó detectó errores e incoherencias en el ex general. Todos ellos hace un par de años se respaldan en un discutido diagnóstico médico que habla de «demencia vascular» del dictador.
La opción del enjuiciamiento a Augusto Pinochet -que encabezó una dictadura en Chile desde 1973 hasta 1990 que provocó alrededor de 3 mil ejecutados y desaparecidos políticos- se produce cuando un juez está investigando millonarias cuentas en dólares del antiguo jerarca militar, de su esposa e hijos y transacciones financieras que no son justificadas y que en ningún caso corresponderían a sus ingresos profesionales.
Hace pocos días se planteó la posibilidad de interrogarlo para tener conocimiento sobre el crimen del cantaautor chileno Víctor Jara y siguen otras diligencias y querellas por casos de violaciones a los derechos humanos.
Autores: diplomáticos, economistas, geógrafos, historiadores, periodistas, militares, filósofos, sociólogos… 
