Por una Ley en defensa de la vida, en defensa del agua

El agua constituye un derecho fundamental de uso público, es irrenunciable y forma parte de los sectores estratégicos del Estado. La Constitución aprobada hace un año en Montecristi fue pionera a nivel regional y mundial en garantizar el derecho humano al agua. El Ecuador es uno de los países de América Latina con la mayor cantidad de recursos hídricos por habitante. Sin embargo, ¿está el líquido vital repartido equitativamente?, ¿se garantiza la conservación de los recursos hídricos?, ¿en manos de quién verdaderamente se encuentra el agua?

Cuenca, Otavalo y Salasaca fueron testigos de los Encuentros por el Agua organizados por la Ecuarunari y la Conaie. Miles de indígenas concentrados en estos puntos del país discutieron acerca de su derecho humano al agua y principalmente protestaron contra la privatización que con la propuesta de Ley de Aguas del Gobierno podría permitirse. “El agua no se vende, el agua se defiende” fue el lema común con el que los indígenas se comprometieron a defender la riqueza hídrica de todos los ecuatorianos.

Según el Foro de Recursos Hídricos, el sector privado, que corresponde al 1%, controla un caudal de 80%, mientras que el 86% que es el sector comunal solamente tiene un 20% de los caudales de agua para el riego. Además, empresas transnacionales tienen concesiones de las fuentes de agua, entre ellas se encuentran empresas mineras que para extraer tan solo una onza de oro contaminan alrededor de 8.000 litros de agua, que no son tratados nuevamente sino regresados en esas condiciones a los ríos.

Según investigaciones del Centro de Verificación de Agua de la Provincia de Cotopaxi, a nivel nacional más del 60% de agua dulce del país está contaminado. Esta cifra se acrecienta cada año, pues cada litro de agua contaminada infecta ocho más. Empresas transnacionales, petroleras, mineras, textiles, han sido las causantes del nivel de contaminación, pues no hay leyes fuertes para que se sancionen estos actos.

Este problema afecta a los pueblos cercanos a las fuentes hídricas, pues reciben agua contaminada, situación que crea enfermedades en la población y también perjudica a los pequeños agricultores de esas zonas. Por eso, la nueva Ley de Aguas debe garantizar no solo la conservación, recuperación y manejo de los recursos de agua sino que debe plantear una distribución equitativa real de este recurso, prohibiendo la privatización y el acaparamiento de agua por parte de sectores privados y establecer sanciones a empresas que la contaminen.

La propuesta de Ley que plantea el Gobierno, a pesar de que en su Art.3 prohíbe la privatización, en los Arts. 70, 73 y 74 se plantean mecanismos encubiertos de privatización, como la entrega del agua a actividades industriales como las hidroeléctricas y las mineras.

Por otra parte, el Art. 65 señala que “la autorización para el aprovechamiento económico del agua podrá otorgarse a personas naturales o jurídicas, entidades de los sectores público y privado de la economía popular y solidaria…” Es decir, sí se permite que sectores privados accedan al agua y lucren de ella. Es más, en el Art.67 se ratifica que para estas autorizaciones “priman las consideraciones de carácter económico y de mercado”.

En los actuales momentos las concesiones de agua imposibilitan a sectores y pueblos el acceso libre del líquido vital, pues se ven obligados a pagar por este derecho, por lo que se hace necesario el cumplimiento de la Transitoria 27 de la Constitución que señala que: “el Ejecutivo revisará la situación de acceso al agua con el fin de reorganizar el otorgamiento de las concesiones, evitar el abuso y las inequidades en las tarifas de uso y garantizar un acceso más equitativo, en particular a los pequeños y medianos productores agropecuarios”.

Por otra parte, a pesar de que la Constitución dice que el agua será utilizada prioritariamente para el consumo humano, el proyecto del oficialismo plantea que en cualquier momento, según el Plan Nacional de Desarrollo, se puede cambiar el destino del agua de una prioridad baja a una alta. Es decir que si el Gobierno plantea que es prioridad para el Estado las concesiones antes que el consumo humano, por el Art. 70 de su Ley lo podría hacer.

Este es un escenario importante en el actual proceso que vive el Ecuador en defensa de la vida. Los sectores populares, en disputa con el Gobierno, han iniciado movilizaciones para defender los derechos de: estudiantes, maestros, trabajadores, indígenas. Además, es momento de defender los principios constitucionales por los que lucharon activamente en la Asamblea Nacional Constituyente las fuerzas organizadas.