¿Prescripción o impunidad?

Vicente Fox (izquierda) y George Bush

Como si se tratara de una decisión inscrita en la normalidad de nuestro sistema de procuración de justicia y que por lo mismo no debiera causarle extrañeza a nadie, el martes 7 de este mes recibí la visita de tres agentes del Ministerio Público de la Federación, quienes se presentaron a notificarme un acuerdo de singular importancia política, que amerita una reflexión sobre el contenido actual de la política nacional.

Sucede que los informes consulares y las denuncias que presenté ante la PGR como resultado de mis actividades como cónsul general de México en Texas todas ellas sustentadas en los expedientes judiciales SA94-CR516M y SA94-CR377, donde consta lo que bajo juramento declararon ante el juez federal John W. Primomo en la Corte Federal de San Antonio, Texas, en 1994, los agentes y fiscales federales del Departamento de Justicia de EU, que ubicaron en esa ciudad al entonces diputado Manuel Muñoz Rocha, presunto cómplice de Raúl Salinas de Gortari en asesinatos políticos son delitos que, según la PGR, ya han prescrito.

La fundamentación y motivación de ese acuerdo definitivo de no ejercicio de la acción penal que la semana pasada me han notificado, es muy endeble, ya que todo su razonamiento lógico-jurídico gira en torno de un argumento repetitivo: que por el simple transcurso del tiempo desde que presenté mis denuncias los presuntos delitos que podían haber sido castigados ya prescribieron. Cuando terminé de leer el texto de ese acuerdo definitivo de no ejercicio de la acción penal me quedó la clara sensación de que quienes lo formularon lo hicieron con pena y sin estar convencidos.

Jurídicamente nadie puede ser beneficiario de su propio dolo y en este caso debo enfatizar que estamos frente a una inacción y omisión dolosa, pues lo que las autoridades encargadas de investigar me notifican es que no investigaron mis denuncias y tampoco desahogaron una sola diligencia ministerial, nunca citaron a declarar a los denunciados y, al final, por el transcurso del tiempo, sólo se les ha ocurrido que es momento de declarar la prescripción de los delitos.

Los hechos de violencia delincuencial ocurridos en México durante los últimos días no dejan lugar a dudas sobre el papel comprometido, responsable y esforzado que deberán asumir tanto el sistema político como las instituciones encargadas de la procuración de justicia si se quiere impedir un deterioro nacional progresivo.

Para calcular la magnitud de ese esfuerzo institucional que el país tendrá que hacer en defensa del estado de derecho, es oportuno leer la encuesta que Transparencia Internacional dio a conocer hace poco sobre el segundo lugar mundial que ocupa México dentro de los índices de corrupción en materia de corporaciones policiacas. Esa encuesta explica que la percepción mundial concentró su mala opinión sobre organismos corruptos en dos instituciones: los cuerpos policiacos y los partidos.

Los acontecimientos delictivos que han ocupado la atención nacional recientemente demuestran que México todavía está muy lejos de concluir el peligroso ciclo de descomposición delincuencial que envuelve al país desde que en mayo de 1984 el periodista Manuel Buendía fuera asesinado, para luego desatarse una espiral de violencia política criminal que segó las vidas entre muchos otros, de Ovando y Gil Heraldez, del cardenal Posadas, del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, del diputado electo José Francisco Ruiz Massieu, hasta desembocar en los trágicos sucesos de los últimos días que han contribuido a crear un clima de pesar y consternación en todo el país.

Los cimientos de la democracia mexicana podrían resultar dañados si esta tendencia de criminalidad arropada con impunidad política no es llevada al ámbito de la transparencia y la rendición de cuentas. De la avalancha de ofertas hechas a la sociedad mexicana en el año 2000, para realizar un cambio democrático, la única que se ha materializado es la de la transparencia gracias a la oportuna creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), sustentado en una legislación encomiable como es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El país se está acercando a un punto de alto riesgo si continúa exponiendo la convivencia pacífica de la sociedad, si muestra debilidad premiando la negligencia de las instituciones que son esenciales para la aplicación del estado de derecho y la rendición de cuentas. No hay oferta democrática que valga si la impunidad es el premio para los que desde el poder violan la ley y los derechos de los ciudadanos.

El acuerdo de no ejercicio de la acción penal que me notificó la PGR confirma con hechos que sigue vigente el pacto de impunidad que protege a un poderoso grupo político-criminal.