Primer informe de Amnistía Internacional

El contexto

Los convulsionados años setenta presenciaron la irrupción de numerosos movimientos sociales, los cuales, a través paros y recuperación de tierras, mostraban el descontento y demandaban transformaciones de la sociedad colombiana. Los trabajadores que exigían aumento de salarios y los campesinos empeñados en mejorar la distribución de tierras, se enfrentaban a una dinámica de concentración de la riqueza de las más elevadas de América Latina2 . Esa misma década marcó el declive del Frente Nacional, por la distancia de los partidos tradicionales con los problemas nacionales, su esterilidad ideológica y la desviación de los recursos estatales para obtener riqueza personal y beneficios electorales. El descrédito de los partidos, sumado a la sospecha de fraude en las elecciones presidenciales de 1970, derivó en tasas de abstención cercanas al 70%, provocando el florecimiento de movimientos políticos alternativos, algunos de carácter armado, los cuales reclamaban democracia para los colombianos. No obstante los muchos escenarios de conflicto, los representantes del establecimiento impulsaron el despegue de una incipiente economía neoliberal. El favorecimiento a grupos financieros, dado el flujo extraordinario de divisas por efecto del tráfico de drogas, aumentó el malestar de una población que sufría el deterioro de sus condiciones de vida.

El punto álgido de la confrontación social fue el paro cívico de septiembre de 1977. La respuesta oficial fue contundente y, no obstante las trabas para obtener información confiable, los diarios de la época dieron cuenta de 3000detenidos, 18 muertos y más de un centenar de heridos, mientras las agencias internacionales estimaban las cifras en más del triple. Las elites sintieron amenazada su posición y acentuaron el modelo represivo que había garantizado cierta estabilidad en el periodo del Frente Nacional. Algunos miembros de la cúpula militar, excitados por los logros de la Doctrina de la Seguridad en el Cono Sur, decidieron pasar por alto la tradición de no-beligerancia y expresar, en carta al Presidente de la República, su preocupación por el estado de ‘inseguridad’ que amenazaba a la nación. Los generales exigían la ampliación de sus marcos de acción ‘sin detenerse a considerar las consecuencias’. El asenso al poder de Julio César Turbay en agosto de 1978 determinó una nueva fase de la represión con la promulgación de un agresivo Estatuto de Seguridad, la intensificación de los mecanismos de excepción, la militarización abierta de la sociedad y la aplicación indiscriminada del artículo 28 de la constitución de 1886, que facultaba al ejecutivo a detener personas sin previo mandato judicial.

El foro

En un marco generalizado de detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, juicios de civiles por militares, allanamientos de sedes sindicales y censura a los medios de comunicación, un grupo de abogados, médicos, periodistas y personalidades del mundo político y académico, sumados a organizaciones sociales, artísticas, sindicatos y organizaciones de derechos humanos, convocaron a un gran foro nacional para examinar las violaciones a los derechos3 . Este primer Foro (marzo de 1979), tuvo una respuesta notable, por el número de participantes, la gravedad de las denuncias presentadas y quizás, lo más significativo, porque por primera vez se recurría a la legislación universal de los derechos humanos como parámetro de denuncia de los casos de represión que sufría la sociedad colombiana. Los derechos perdieron su carácter abstracto, dejaron de revestirse con ropaje literario, anunciando desde entonces la necesidad de su vigencia. El tema se convirtió en causa de un gran movimiento popular y las discusiones sobre derechos humanos invadieron los salones de lasuniversidades, los sindicatos y los movimientos cívicos de toda índole4 .

Para la época, los derechos humanos habían sido situados como tema de debate mundial por el presidente norteamericano Jimmy Carter, en el marco de la ‘Nueva Moralidad’. Carter buscaba un nuevo marco de legitimidad para sus intervenciones, por los profundos fracasos de las tropas en Vietnam y otros países de Asia y Africa. Sin embargo, la utilización perversa del discurso sobre los derechos humanos por parte de la administración norteamericana fue clara cuando se introdujeron como ítem en la lucha por la supremacía mundial en el curso de la ‘guerra fría’5. Las denuncias de violaciones proferidas por los Estados Unidos se extendieron además a dictaduras y gobiernos de facto que, en América Latina, ejercían con ayuda norteamericana. Sin embargo, lo problemático de tales enunciados consistió en ignorar los problemas de pobreza y desigualdad de la región, descartando las transformaciones profundas de las sociedades en los países aludidos; simplemente se limitaban a implementar democracias formales que garantizaran, con ciertas restricciones, las libertades políticas y civiles. La expresión de ‘democracia restringida’, fue usada para caracterizar la única democracia que podía ser funcional a los intereses norteamericanos en América Latina6 .

Los derechos humanos como armas susceptibles de usar, se ubicaron en medio de la confrontación ideológica entre potencias y, simultáneamente, sirvieron para denunciar el carácter represivo del régimen colombiano. Por esta razón, los asistentes a este Primer Foro Nacional fueron cuidadosos al plantear los términos de la discusión, escarbando en el mismo discurso de los derechos humanos el carácter emancipador propio de las primerasdeclaraciones. El intento por sacar el discurso de la perspectiva formal de la democracia restringida, enfatizando además en su potencial emancipador, dio lugar a discusiones álgidas sobre la existencia de concepciones contrarias sobre derechos humanos7. La confrontación entre distintas concepciones fue el detonante para el señalamiento que sobre los defensores de los derechos humanos realizó la elite colombiana8 . Desde entonces, quién asuma como defensor de derechos humanos en Colombia, corre el riesgo de ser considerado subversivo o terrorista.

La ampliación del sentido de los derechos trajo consigo la expansión de las temáticas. En el Foro se abordaron temas como la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición y el desempleo9 . De esta manera, aún cuando el grueso de las denuncias se inclinaba a señalar los desmanes del presidencialismo, los efectos de la doctrina de Seguridad Nacional y los destrozos de la misma sobre el Estado de derecho, se pudo percibir en los discursos un llamado todavía tímido a la necesidad de hacer efectivos los derechos económicos y sociales para grandes sectores de la población.

El informe

Las repercusiones del amplio despliegue nacional e internacional de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Colombia, llevaron a Turbay a extender invitación a organizaciones internacionales para que visitaran nuestro país Amnistía Internacional, organización ganadora del premio Nobel de la Paz del 1977, efectuó su primera visita a Colombia en enero de 1980. De esta surgió un completo informe fechado el primero de abril en la ciudad Londres. Allí se reconoce la existencia de presos políticos y se confirman los graves casos de violación a los derechos humanos en Colombia; también se consignan algunas recomendaciones con el objetivo de aliviar la situación.

Son muchas las preocupaciones expresadas en el documento. En primer lugar la prolongación excesiva del estado de sitio; la complacencia con una legislación de facto y el correspondiente peligro de institucionalización de las medidas de excepción son correspondientes con la tendencia a una mayor violación de los derechos humanos por parte de las autoridades. En segundo término, la promulgación de un Estatuto de Seguridad (decreto 1923 de septiembre de 1978), lesivo para las libertades civiles y políticas de los ciudadanos, pues tipifica nuevos delitos, aumenta exageradamente los castigos, censura los medios de comunicación y atribuye facultades jurisdiccionales a los miembros de las fuerzas armadas. En la práctica, el estatuto amplía la categoría de subversivo a todo lo ciudadano que tome parte en la protesta social. En tercer lugar, Amnistía Internacional se mostró preocupada por la aplicación indiscriminada del artículo 28 de la Constitución de 1886, que facultaba al ejecutivo para retenerde personas por un periodo de diez días en caso de presentar alguna sospecha. Según Amnistía, las detenciones se realizaban de manera arbitraria, incumpliendo todas las vías que la constitución y la ley ordenaban para su aplicación. Además, las detenciones solían acompañarse de torturas y en muchos casos, de la desaparición o muerte de los retenidos. En el informe es notable la preocupación por el juzgamiento de civiles por parte de tribunales militares, una práctica que se consolidaba en el país, pero claramente contraria al derecho de los acusados a contar con juicios justos e imparciales. El documento también expresa inquietud sobre la suerte de los campesinos y los grupos indígenas en zonas militarizadas. Por último, Amnistía Internacional también expresa su rechazo al arresto de médicos y abogados, quienes, en cumplimiento de sus labores profesionales, son acusados de pertenecer a grupos subversivos10 .

Entre las recomendaciones de Amnistía Internacional al gobierno se encontraban: el levantamiento del estado de sitio; la abrogación del decreto 1923 o Estatuto de Seguridad; la aplicación estricta de los requerimientos legales para el arresto de personas consignado en el artículo 28 de la constitución de 1886; el traslado a la justicia ordinaria de los procesos contra civiles adelantados por la justicia militar; la garantía plena del derecho de habeas corpus, estableciendo además mecanismos efectivos e independientes para decidir la legalidad de las detenciones ordenadas por la autoridad militar; la aplicación de la Declaración Internacional contra la tortura; el establecimiento de medidas especiales en zonas militarizadas para evitar posibles abusos de autoridad; la libertad a los presos de conciencia o de carácter político.

Quizás lo más llamativo de las circunstancias que rodearon la presentación del informe sea la respuesta alterada de la administración11 . En primer lugar, procedió a la descalificación de Amnistía Internacional, diciendo que formaba parte de campaña de desprestigio contra el gobierno. De otro lado, cuestionó las cualidades morales tanto de los comisionados que visitaron al país como de varios de los testigos entrevistados. Incluso se atrevió a acusar al organismo de violar la soberanía nacional al criticar algunas reformas constitucionales. Justificó las acciones de fuerza como la respuesta necesaria de las instituciones ante el accionar violento de los grupos subversivos que intentaban desestabilizarlas. De esta manera, todas las denuncias fueron negadas por el gobierno, asumiendo irónicamente la postura de víctima. Para el caso, bastante ilustrativas resultan las declaraciones del presidente Turbay mostrándose a sí mismo como la única víctima de persecución política que para la época existía en Colombia.

Todo cambia para que nada cambie

Después de aquel informe, muchas cosas han ocurrido bajo el puente de los derechos humanos. Las víctimas se multiplicaron, el conflicto se degradó, la presencia de actores parainstitucionales hizo visibles tenebrosos métodos de violencia, aún cuando la Carta Política de 1991 concedía a la protección de los derechos humanos un carácter constitucional. Pero lo dramático de toda esta situación es que confirma la repetición infinita de un sino trágico. La impunidad en materia de derechos humanos lleva a tal extremo la inversión del sentido común, al punto que los perpetradores asumen el papel de víctimas y suelen presentarse a la opinión pública en su condición de héroes nacionales. Los responsables de la violencia fratricida en la década de los cincuenta fueron premiados con la conducción del país y la repartición burocrática del Estado en el periodo del Frente Nacional. El presidente Turbay pudo reconocerse a sí mismo como la única víctima de persecución política durante su gobierno. En la actualidad, Álvaro Uribe Vélez, uno de los representantes inequívocos de la derecha más reaccionaria del país, se presenta a los medios de comunicación como víctima inocente de la violencia guerrillera y, en virtud de su condición, eselegido para redimir al país. Siguiendo la misma lógica, y por efecto de una interpretación extraña del delito político, los jefes paramilitares, autores de crímenes de lesa humanidad, están a punto de ser reconocidos como los únicos delincuentes políticos existentes en Colombia, beneficiados con rebajas sustanciales de penas y la reinserción a la vida civil y política en condiciones bastante favorables. Así, en materia de impunidad a las violaciones de derechos humanos, en nuestro país, todo cambia para que nada cambie.