Protesta con propuesta

El conflicto que vive la Universidad Nacional se inició el primero de abril de 2003 con las reformas académicas y administrativas impulsadas por el rector, Marco Palacios. Se ahonda con la continuidad que le da desde marzo de 2005, el actual rector, Ramón Fayad. Los profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional, son conscientes que el actual conflicto tiene base en el contenido y el método de imposición de las reformas.

Como lo advierten los profesores, en su comunicado a la opinión pública, del 23 de noviembre: «Por falta de adecuada discusión y consulta democrática con los distintos estamentos universitarios, los proyectos de reforma no interpretan los más esenciales intereses de la comunidad universitaria; atentan contra la calidad de la formación, en especial en los programas de pregrado; fomentan el sentido mercantil y utilitario de la formación universitaria; menoscaban el sentido crítico de la Universidad; reducen arbitrariamente el número de créditos y por consiguiente la duración de algunos programas y reorganizan de manera improvisada e inadecuada la estructura académico-administrativa» [1]

Marcos Palacios, en el documento de presentación de la reforma académica, anunció lúcidamente, como corresponde a la tradición universal del ethos universitario: «Un proceso de reforma sólo tiene éxito si está arraigado en las convicciones de la comunidad universitaria y asume para ésta el carácter de un compromiso de largo plazo; por ello, la discusión de reforma que estamos proponiendo aspira a alentar la formación de una visión compartida por los distintos estamentos de la Universidad» [2]

Fotografía: el turbión

Pero, en la realidad, hizo todo lo contrario. Recurrió al método de la imposición burocrática, descalificando la crítica argumentada y buscando erigirse en el portador de una verdad única y del interés general de la Institución. Logró que el Consejo Superior expidiera el Acuerdo 037 de 2005, que obliga a las facultades a modificar la duración de sus programas, utilizando la creación del sistema de créditos, un sistema que en sí mismo no tiene dichas implicaciones, como lo demuestra la experiencia de otras universidades. Y, para cerrar el círculo de la recia actitud, más ejecutiva que universitaria, su reemplazo, Ramón Fayad, expidió la Resolución 964 de 2005, dando plazo perentorio a las facultades, hasta el 1 de marzo, como fecha límite para realizar las reformas, con la amenaza de prohibir su apertura a nuevos estudiantes.

El Estatuto anterior y el nuevo, demostraron que se sigue considerando el bienestar universitario en lugar secundario en los niveles de dirección nacional y de Facultad. [3]

En Junio del presente año los profesores realizaron un plebiscito que dio como resultado un 90% de rechazo a las reformas, por parte de la población consultada, pero las directivas, anteriores y actuales, siguieron aplicando la aplanadora para imponerlas a toda costa.

Con la reforma al estatuto General, se restringe la democracia y la participación, pues las consultas en los claustros y colegiaturas, quedan despojadas de su carácter vinculante y se convierten en simples formalismos de una democracia simulada, para opinar sobre la marcha de la Universidad. Se elimina la potestad del Comité de representantes profesorales de conceptuar ante los Consejos Superior y Académico sobre las reformas estatutarias y otros aspectos fundamentales de la marcha de la Universidad, que estaba consagrada en el Artículo 48° del Estatuto General.

Propiciando la tendencia a un régimen reciamente presidencialista, se concentra el poder en el Rector y el comité de los vicerrectores, nombrados y removidos por él mismo, en detrimento de la autoridad de los cuerpos colegiados internos y de las unidades académicas, rompiendo con la tradición académica y las tendencias modernas de la administración. Los decanos quedan convertidos en simples ejecutores de las políticas rectorales, al igual que los rectores lo son de las políticas gubernamentales, dentro de un caduco y anacrónico modelo napoleónico de universidad, en pleno siglo XXI.

En las universidades de prestigio, las reformas a las estructuras académico – administrativa, tienen en cuenta elementos de orden epistemológico articulados a la organización de los saberes y las disciplinas, la funcionalidad de los procesos académicos y la historia de las unidades académicas, pero, en el caso de la Universidad Nacional, paradójicamente, ha primado la improvisación y el ritmo apresurado, al estilo de la mentalidad de trimestre, que menciona el historiador norteamericano Frank Safford, para referirse a la manía en boga de actuar ahora y pensar nunca.

La reforma al Estatuto Docente, establece requisitos para el ascenso y la permanencia en una determinada categoría, que los mismos gestores y redactores del proyecto no estarían en condiciones de cumplir, en los plazos allí definidos. Dicho en otros términos, los reformadores, resultaron más exigentes con los demás que con ellos mismos, lo cual genera interrogantes sobre la eticidad y legitimidad de la norma.

Algo similar podría pensarse de la Resolución de Rectoría N° 1454 de 2004, en la cual, el Rector Palacios, interpreta de manera especial, la Ley 797 de 2003, para obligar colectivamente a los profesores de su edad al retiro de la Universidad, propiciando su desplazamiento a las universidades privadas, como la Universidad de los Andes, donde podrían eventualmente reencontrarse con él y con el profesor Fayad.

La manera especial, como lo advierte el profesor Diógenes Campo, consiste en que: «mientras que la ley 797 de 2003 confiere de manera potestativa la facultad de acudir al reconocimiento pensional como justa causa en casos individuales, la Resolución convierte esta potestad en una discriminación colectiva por razones de edad. Me vienen a la memoria elementos de la historia de la segunda guerra Mundial: en aquel entonces no se persiguió y castigó a malhechores que cometía un ilícito sino que por razones raciales se persiguió a toda una comunidad étnica, cultural e histórica» [4]

Situación financiera y algunas implicaciones

La situación financiera de la Universidad Nacional, se vio seriamente afectada por la aplicación del Artículo 84 de la Ley 812 de 2003, el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, a raíz de la demanda de inconstitucionalidad parcial, instaurada por el rector Marco Palacios, en un acto de independencia frente al Gobierno y defensa de la autonomía universitaria, que no vacilamos en reconocer como positivo, más aun, en medio del silencio cómplice o temeroso de los demás rectores de las universidades públicas.

Ante el tropiezo presentado con la manipulación de los indicadores de gestión, el Ministerio de Hacienda anunció que no entregaría los aportes de ley para cubrir los pasivos pensionales, hasta que no sean revisadas y reliquidadas las actuales mesadas de sus pensionados y sean derogadas las normas del régimen anterior a la ley 100/93. Como consecuencia, según el cálculo elaborado por el Presidente nacional de ASPU, profesor Pedro Hernández, «En el año 2005 el monto de la nómina pensional asciende a $147.450 millones, pero el Gobierno solo apropió $115.400 millones, resultando un faltante de $32.000 millones» [5]

Fotografía: el turbión

Como lo hemos expresado en la Federación, en ASPU, en diversos foros encuentros y asambleas, ninguna universidad pública será financieramente viable sin los aportes de ley para cubrir las cuotas partes y los pasivos pensionales.

Un proceso del cual es consciente el ex - rector Palacios y su grupo de asesores entre quienes se cuenta el rector Fayad, como se deja entrever en otro de los apartes del documento de presentación de la reforma académica: “En conexión con el fenómeno económico de la globalización se da una serie de cambios sociales políticos y culturales, que se expresan en la definición de un nuevo papel para el Estado. Hay una tendencia generalizada a devolver al mercado sectores que el Estado del Bienestar había asumido: el gobierno debe reducir su papel como agente proveedor de servicios y garante de derechos”.  [6],(p. 14)

Reconocen igualmente el crecimiento exponencial de las instituciones privadas de educación superior, desde las últimas décadas del siglo XX: «pues lo que se les pedía desde el Gobierno era bien poco: formar profesionales con conocimientos cocidos en otras hornillas. Así se llegó al esquema típico de 70% de universidades privadas contra 30% de públicas, lo cual resulta extraño incluso en los países más liberales del mundo» [7]

Paradójicamente, se habla de universidad de investigación sin mencionar sus implicaciones de orden financiero, ni los estudios existentes sobre el tema en las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Simplemente se afirma que en Europa se producen resultados de elite en contextos de universidad masiva, guiados por la universidad norteamericana, simplemente como argumento de autoridad, sin una fundamentación adecuada.

Cuando se establece la relación de las reformas con los cambios requeridos para el ALCA y el TLC, inmediatamente aparece el estigma de contestatarios a quienes lo mencionan y así seguramente serán tratados los profesores de la Escuela de Física, de la sede de Medellín, quienes afirman: “Según este modelo, la Universidad Nacional de Colombia debe ser capaz de convertirse en una empresa que se auto - sostenga o que sea rentable, porque el TLC le prohibirá al Estado colombiano subsidiar a las universidades públicas, pues ello violaría las normas del “libre comercio” y sería visto como una competencia desleal por las empresas de educación superior que vendrían a Colombia a explotar el “mercado educativo” [8]

Pero observando el proceso de negociación del TLC en materia de servicios transfronterizos y las experiencias internacionales con el AGCS, se nota que no es tan obvio que los servicios educativos ofrecidos como derechos por el Estado, quedarán exentos de la negociación y, en consecuencia, los subsidios a la oferta deberán ser eliminados para facilitar la comercialización.

Como si fuera poco, desmontar el derecho constitucional a la educación, para agilizar la mercantilización de la educación, se promueve la separación entre investigación y docencia, pues a las instituciones privadas que se dedican en el exterior a preparar y comercializar sus “enlatados”, lo hacen exclusivamente con paquetes de docencia, respondiendo a nichos de mercado en los cuales los estudiantes son vistos como clientes que responden a una necesidad claramente identificada. Y, de esta manera, como lo señala Jane Knight: “Los partidarios del AGCS creen que incrementar el acceso de estudiantes a la educación y la capacitación es una de las principales razones y beneficios que están vinculados a la liberación comercial» “ [9]

Triste destino de la universidad que conlleva una grave mutilación al patrimonio cultural más valioso de los colombianos, si todos unidos no defendemos la educación superior pública y paramos las reformas en la Universidad Nacional, para emprender un proceso de cambio concertado, que preserve lo mejor de sus tradiciones académicas y le permita estar a la altura de los retos del conocimiento, para cumplir con la noble misión de formar a los estudiantes al más alto nivel para servirle al país y contribuir a la solución de sus graves y complejos problemas.

Cali, 4 de diciembre de 2005.

La reforma llegó en tanqueta a la Universidad

Con la llegada de Marco Palacios a la rectoría de la Universidad Nacional arrancó un período conflictivo para estudiantes, docentes y trabajadores. Su origen: la reforma académica y administrativa que puso en marcha; pero además, el método vertical utilizado para su aplicación.

La reforma despertó intensos debates y múltiples procesos organizativos para enfrentarla. Se intentó desde diversas fuentes y por distintos caminos oponerse al proceso en marcha, pero todo fue en vano. Poco a poco, y sin consenso, los cambios -regresivos- se impusieron. No sin razón los sin sabores y la indignación crece en el centro de estudios.

El paro del 3 de noviembre, de los estudiantes de medicina veterinaria, fue una de las manifestaciones de esta indignación. Su ejemplo tomó fuerza, avisorándose la multiplicación de la protesta. Al día siguiente, fiesta anual del Aquelarre (festividad de brujas organizada por estudiantes desde hace varios años en la Sede Bogotá), las directivas con ayuda de la policía, argumentando el supuesto peligro de esta celebración, deciden cerrar el campus.

La reacción administrativa y represiva de las directivas universitarias potencia el interés de pasivos y activos. El debate en torno a lo que se cuajaba en el centro de estudios gana audiencia. Gradualmente los estudiantes paran sus distintas facultades.

El auge sorprendió a muchos, porque la protesta tomó un rumbo insospechado. Facultades caracterizadas por su silencio, se pronuncian y ganan liderazgo. Un protagonismo, por demás, sin cabezas visibles y con un gran derroche de creatividad, como la marcha carnaval que se efectuó sobre Bogotá.

La reacción estudiantil también tomó por sorpresa a la Rectoría. Su propaganda sobre las bondades de la reforma en curso había fracasado, pero también su chantaje de cancelación del semestre. Pero el ’engendro’ crecía: parte de los profesores y de los trabajadores comparte el pliego de la asamblea. Ante el tamaño de la protesta la administración de la Universidad decide cerrarla, como mecanismo para desinflar el proceso democrático en marcha. Entre el 16 de enero y el 10 de febrero del 2006, se terminará el semestre.

El movimiento intenta resistir el cierre con su presencia continúa en la entrada de la calle 26, pero finalmente se retira. De inmediato se reanudan algunas actividades internas en el campus, hasta ese momento negadas al público en general. Tal vez las directivas consideran reabrir poco a poco las funciones del centro de estudios y así aparentar que no ocurre nada. Pero todo será más difícil, pues la decisión de la Asamblea de estudiantes es continuar con el paro una vez se reinicien las clases. Lo cual se fortalece con la intención de la CNEU (Coordinadora Nacional Estudiantil Universitaria) de impulsar un paro entre universidades públicas en el primer semestre del 2006.

La pugna será intensa. En los cálculos del rector Ramón Fayad, está la realización total de la reforma para abril próximo, entregando modificada la Universidad a la nueva rectoría que le sucederá. Por su parte, con el tiempo en contra, el reto del conjunto de la comunidad universitaria implica construir un calendario para defender la Universidad Pública y Nacional. Un desafió, que para el caso de los estudiantes, les demanda ir más allá de las tradicionales formas organizativas y de protesta, potenciando otras nuevas que hagan evidente ante el país lo que realmente está en juego con la reforma en curso. Se avecina, tal vez, una rearticulación de todas las sedes a través de un Congreso de la Universidad Nacional, una Constituyente universitaria u otra iniciativa de gran convocatoria, que permita la reconstrucción colectiva de la universidad pública.

Un reto difícil de coronar, toda vez que los estudiantes se mueven entre mantener la movilización, logrando al mismo tiempo nuevos niveles organizativos y argumentativos, mientras los profesores y trabajadores dependen de la persistencia de los primeros.

Pero aquí las salidas necesitan ser en conjunto. Demandar de los docentes que asuman como sus iguales -así no hayan cursado estudios en el extranjero- a los estudiantes, valiéndose del entorno real que tienen para sus argumentaciones, y la sencillez para abordar la vida. Hoy está en juego lo público, y su defensa compete a todos.

Marco Palacios se despidió con el estatuto general

La reforma llegó a la universidad con Marco Palacios y con la Esmad en tanqueta. El exrector, luego de abonar el terreno para los cambios, presenta en marzo del 2005 el nuevo estatuto general de la Universidad; un mes después, luego de cumplir con su misión, regresa a México de donde había sido llamado expresamente para cumplir con esta tarea.

El cambio de este estatuto significó la transformación de la esencia de la Universidad. Es el origen, por tanto, de una serie de medidas que pretenden hacer permanentes y que son centrales en el pliego de peticiones en disputa, entre estas tenemos:

  El acuerdo 037 de 2005, sobre programas curriculares. Los nuevos programas de estudio tienen que medirse a partir de un criterio internacional de créditos, que obligan que las carreras tengan un número determinado de estos, en donde se determina un tiempo de trabajo requerido definido para cada materia, sin importar si es un conocimiento técnico o teórico. Esto traerá problemas a la Universidad y a los estudiantes, toda vez que se busca someter la formación académica a unos tiempos específicos que no corresponden, necesariamente, al proceso del conocimiento.
  La resolución 964 de 2005, sobre los tiempos de implementación de la reforma.
  El acuerdo 001 de 2005, sobre los trabajos de grado. Antes de la reforma, existían 12 posibilidades de graduarse, ahora se han reducido solo a tres: pasantía, un semestre de maestría o un ensayo con un limitado número de palabras. El trabajo de grado se inscribe como una materia más y ya no existen jurados.
  Las resoluciones 1454 de 2004 y 829 de 2005, sobre pensiones. Esta medida fue derogada por la misma rectoría el primero de diciembre, lo que se ha interpretado como una forma de calmar los ánimos de los profesores.
  El Plan de Regulación y Manejo de la sede de Bogotá, que busca vincular la Universidad a un diseño arquitectónico acorde a las necesidades del Transmilenio, la nueva avenida El Dorado, la venta de servicios y el control de los estudiantes. Este plan implica que se retiren de la Universidad los invernaderos y el hato, que son esenciales en la práctica de los estudiantes.
  Dentro del proceso de reestructuración académico administrativo se quiere organizar las facultades de manera diferente, sin que hayan argumentos sólidos sobre tal medida. Por ejemplo, la facultad de ciencias médicas de Bogotá, estaría compuesta por: medicina, medicina veterinaria, farmacia y odontología.

Por: Carlos Valbuena