En dos décadas, la iniciativa privada nacional y extranjera detentará la mitad del territorio terrestre, costero y marino nacional, para entonces decretado como área natural protegida. La entrega de las reservas de la biósfera a particulares, impulsada por el proyecto México 2030, es la continuación del Plan Puebla Panamá y del Corredor Biológico Mesoamericano, señalan expertos. Las unidades de conservación para la vida silvestre, “simples y vulgares negocios”
Este artículo es la continuación de :
1. « Proyecto México 2030: la venta de un país »
2. « Plan México 2030: “acotar” crimen organizado, no exterminarlo »
3. « Entrega Calderón áreas estratégicas a trasnacionales »
4. « Plan México 2030: desmantelar la seguridad social »
En México, al menos 23 reservas de la biósfera han sido parcialmente privatizadas bajo la figura de unidades de conservación para la vida silvestre (Uma), consta en reportes oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esto implica 2 millones 456 mil 142 hectáreas de “áreas naturales protegidas” en manos de particulares, por medio de 66 unidades de conservación.
Entre los objetivos del plan transexenal México 2030, Proyecto de Gran Visión, destacan el de “estimular aún más las Uma” y el de posibilitar las “contribuciones privadas e internacionales (más Uma)” (sic) a un fideicomiso nacional de tierras para la conservación, coordinado por la Secretaría de la Reforma Agraria. Dicho instrumento fiduciario incidirá en todas las áreas naturales protegidas “en tierra y mar”.
Además de las 66 unidades de conservación inmersas en 23 reservas de la biósfera, desde 1997, la Semarnat ha autorizado la operación de 9 mil 487 Uma en total; 2 mil 17 de ellas, en el actual sexenio, descubren estadísticas actualizadas al 28 de febrero de 2010, por la dependencia que encabeza Juan Rafael Elvira Quesada.
En dos décadas, el 50 por ciento del territorio terrestre, costero y marino nacional será considerado área natural protegida y su conservación y, sobre todo, su explotación serán totalmente cedidas a la iniciativa privada, revela el cuarto capítulo del Proyecto de Gran Visión. Estas áreas estarán “institucionalizadas y enlazadas por corredores biológicos”, detalla.
El documento, titulado “Eje 4. Desarrollo sustentable”, dice que “las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre son alternativas viables que permiten la conservación, reproducción y propagación de especies silvestres; así como la elaboración de productos, servicios y derivados certificados que puedan incorporarse a un circuito de mercados verdes para su comercialización”.
Según sus autores –convocados en octubre de 2006 por el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa a realizar talleres temáticos, en medio de la crisis poselectoral–, “la instalación de (las) Uma dentro de las áreas naturales protegidas ha generado varios beneficios: disminución de la presión social en la zona, conservación del medio ambiente y un mayor conocimiento de sus especies, hábitat y ecosistemas”.
El asesor en gestión ambiental Carlos Álvarez Flores –presidente de México, Comunicación y Ambiente, AC– señala que “hemos entregado nuestros recursos naturales a las grandes corporaciones internacionales a cambio de nada. Hemos permitido que se adueñen de todo: agua, minería, especies vegetales, pesca y recursos forestales, con el pretexto de que no tenemos tecnología ni dinero para investigación tecnológica, ni capital para invertir”.
Sin especificar el porcentaje, el documento indica que, en México,“la mayoría” de los bosques “contarán con un manejo sustentable mediante planes de manejo” (sic). Además, refiere que se “tendrán programas de uso sustentable dentro y fuera de las áreas naturales protegidas”.
El activista ambiental Álvarez Flores explica que las Uma han sido “convertidas en simples y vulgares negocios”. El problema, señala, es la “marcada ausencia de aplicación efectiva de la legislación ambiental vigente”; debido, sobre todo, a “la enorme corrupción e incapacidad administrativa y técnica” que hay en la Semarnat y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Agrega que existe una clara simulación en el cumplimiento normativo. “El grave y constante deterioro ambiental así lo demuestra. La poca voluntad política de nuestros gobernantes, aunada a los presupuestos dedicados al tema ambiental, permite que la depredación, la deforestación y la contaminación de nuestros recursos naturales (agua, aire y suelo) sigan su paso galopante”.
Contrario a ello, el documento –contenido en el expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, desclasificado por la Presidencia de la República– identifica la legislación como uno de los factores que inhiben el “desarrollo sustentable”.
Para los autores del plan, el problema es que la ley “privilegia la centralización por encima de la propiedad privada”. Otro inhibidor que señalan en el apartado “instrumentos de mercado” es que “no existen máximos permisibles para la explotación de los ecosistemas, recursos naturales y sistemas biofísicos”.
Carlos Álvarez Flores indica que la falta de aplicación de la ley no se reduce al manejo de las Uma: hay áreas naturales protegidas abandonadas, sin presupuesto, sin supervisión ni vigilancia; además, se padece de cuerpos de agua contaminados, zonas urbanas con aire contaminado, indebida disposición de los residuos en todas sus categorías, deforestación permanente, cambios de uso de suelo ajenos a los planes de desarrollo urbano, desarrollo turístico costero depredador y comercio ilegal de especies.
En su capítulo “Eje 4. Desarrollo sustentable”, el plan descubre que el 74 por ciento de las Uma extensivas (“donde las especies sujetas a manejo se encuentran libres en el predio”), registradas hasta 2004, se localizaba en propiedad privada. Sólo 21 por ciento, en propiedad ejidal, y el resto, 5 por ciento, en propiedad federal.
Gubidcha Matus, titular del área de comunicación y vocero del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), explica que, en materia de desarrollo sustentable, el plan transexenal México 2030 no es más que la continuación del Corredor Biológico Mesoamericano, antes conocido como Plan Puebla Panamá.
—Es una etapa más del Plan Puebla Panamá. Todas estas estrategias de supuesta sustentabilidad, proyectos, cuidado de las reservas, etcétera, tienen que ver con ese plan. Hay partes del texto (México 2030) que hablan de un corredor biológico que busca cuidar las reservas, pero que al final es la aplicación de las políticas que exige el plan para que la iniciativa privada tome y haga suyos los recursos y los servicios que tiene la población.
Matus critica que el Proyecto de Gran Visión impulsado por Calderón Hinojosa no plantee la consulta a los pueblos y comunidades, cuyos territorios se destinarán a proyectos de desarrollo sustentable.
El activista de los derechos humanos alerta que la experiencia del Frayba en Chiapas –donde se localiza una de las 23 reservas de la biósfera parcialmente privatizadas: Montes Azules– es que “siempre se ha violentado el derecho a la consulta y también el del uso y disfrute de los recursos naturales, en contra de los pueblos y comunidades que están en los lugares donde se implantan estos proyectos”.
Aclara que el centro Frayba no se opone a los proyectos de desarrollo, “pero nosotros remarcamos que éstos violentan el derecho al territorio, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo”.
De acuerdo con el Proyecto de Gran Visión, se busca “estimular la inversión privada en conservación, por medio de compra de terrenos y estímulo al manejo sustentable por las comunidades dueñas de los ecosistemas”. Según el plan, para 2030 se “aprovechará sustentablemente la biodiversidad a favor de las comunidades (dueños de la tierra)”.
Gubidcha Matus explica que la iniciativa privada es la mayor beneficiaria con este proyecto, mientras que las comunidades y pueblos indígenas y campesinos son quienes sufren más. “Generalmente son despojados, no son consultados. Violentan un proceso en el cual los pueblos no pueden dar su opinión ni su palabra acerca de lo que se va a realizar en ese territorio”.
El documento dedicado al desarrollo sustentable refiere que, “a partir de 2003, las áreas naturales protegidas con infraestructura y capacidad administrativa para cobrar cuotas de entrada ya no están obligadas a transferir esos recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que podrán utilizarlos para promover el ecoturismo y otras actividades que generan ingresos a los pobladores, desmotivando así la destrucción y/o degradación de las comunidades naturales que ahí se encuentran”.
La promoción del ecoturismo no se ciñe a las áreas naturales protegidas. Según el plan, el turismo debe ser sustentable en todos los casos y “deberá entrar en SMA” (o sistemas de manejo ambiental).
Alejandro Olivera, coordinador de la Campaña de Océanos y Costas de Greenpeace México, dice que la política de este gobierno se ha enfocado en la promoción del turismo de masas y ha dejado rezagado al turismo sustentable.
Explica que el de masas es demandante y se traduce en grandes impactos, principalmente en las zonas costeras sobre ecosistemas valiosos, como manglares y dunas. Ésas son las características que aprecia el ecologista en los principales destinos turísticos del país: Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapulco, Veracruz.
Olivera advierte que la legislación en materia de turismo es insuficiente. “No especifica una transversalidad clara con otras secretarías, como la del Medio Ambiente y la de Desarrollo Social. Para que realmente se ejerza un turismo sustentable, deben ser considerados no sólo el aspecto económico sino también el social y el del medio ambiente. En esa parte está muy débil la ley”.
Destaca que el marco legal vigente no considera al cambio climático, a pesar de que el turismo, a nivel global, es el responsable del 5 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero: el establecimiento de un nuevo hotel, un nuevo desarrollo, una nueva planta desaladora, se traduce en emisiones de gases de efecto invernadero por la demanda energética.
Agrega que los problemas sociales no son ajenos a estas condiciones: los mismos desarrollos omiten que están creando externalidades, como la demanda de tratamiento de aguas residuales, de agua que se le quita a la población, que propician la privatización de playas al cerrar los accesos al mar. La ley actual no regula nada de estas problemáticas, indica.
El Proyecto de Gran Visión asegura que, en 2030, México “manejará sustentablemente sus costas y mares; alcanzará a desarrollar un turismo responsable; protegerá sus playas, dunas, manglares y arrecifes; y eliminará las descargas de aguas residuales municipales e industriales”.
En su capítulo de economía, el plan transexenal señala que se debe impulsar nuevamente el proyecto de la Escalera Náutica. Al respecto, Alejandro Olivera opina que éste fracasó desde la administración de Vicente Fox.
—Esta nueva administración le dio un nuevo nombre: les llama centros integralmente planeados, y son desarrollados por el Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo). Sin embargo, hemos visto el fracaso de estos centros. Por ejemplo, el de Litibú (Nayarit): actualmente está parado; los terrenos están en venta y está la construcción a medias.
Olivera expone un segundo caso: “El año pasado, el presidente Calderón inauguró el centro integralmente planeado Costa del Pacífico. Ellos (las autoridades) anuncian que va a tener el doble de tamaño de Cancún; sin embargo, el presidente lo inauguró sin ningún permiso por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Y justo hasta principios de marzo sometieron a consulta pública la primera evaluación ambiental que hicieron. Es un proyecto que está totalmente fragmentado”.
El activista de Greenpeace México considera que el gobierno anuncia los nuevos desarrollos turísticos “con bombo y platillo” para aumentar la especulación, el valor de las tierras y atraer la inversión. A fines de febrero, “en Litibú, el presidente inauguró una planta de aguas residuales y una planta desalinizadora, las cuales tienen ya casi un año operando. Vemos anuncios grandes, pero no han podido desarrollar ni promover estos centros turísticos que están basados en un turismo de masas”.
No obstante, el plan México 2030 indica que “la protección y cuidado del medio ambiente no está reñida con el desarrollo; un ejemplo claro es el turismo ecológicamente responsable. Que la enorme belleza de nuestro territorio se traduzca en oportunidades de ingreso para la población que habita en las zonas rurales”.
Alejandro Olivera recuerda que entre las irregularidades más comunes se encuentran la invasión que hacen los hoteles de la zona federal marítimo terrestre y la falta de una precisión de impacto ambiental otorgada por la Semarnat. “Sucede mucho en nuestras costas, y aunque la Profepa ha actuado en Cancún, principalmente, pues sí quisiéramos verla en otros destinos turísticos como Los Cabos, la Riviera Nayarita, Puerto Vallarta, Veracruz, Huatulco”.
Entre los objetivos del proyecto transexenal está “impulsar la nueva visión de que ‘el que utiliza los recursos naturales paga’”. Otro es “consolidar la cultura de que ‘el que contamina paga’”.
El plan México 2030 le apuesta más a la privatización y la inversión que a un diálogo y un convencimiento de los pueblos que están en las reservas o cerca de ellas, dice Gubidcha Matus. El vocero del Frayba afirma que, “al final, tener algo privado conlleva tener un beneficio con la explotación de los recursos”.
El activista de los derechos humanos puntualiza que, hasta ahora, los servicios que ya están privatizados no han resuelto el problema del acceso. Por ello, indica que la solución no es privatizar. “Cuando se habla de un proyecto privatizador que soluciona todos los problemas de la pobreza, esa aseveración dista mucho de la realidad”.
Para la elaboración de este trabajo y de la serie México 2030, Proyecto de Gran Visión, se solicitó conocer la versión de la Presidencia, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
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