Con muchas esperanzas y decisión, los pueblos fronterizos del Departamento de Putumayo (Colombia) y de la provincia de Sucumbíos (Ecuador) que viven a orillas de los ríos San Miguel y Putumayo, se reunieron con sus organizaciones en el recinto Puerto Nuevo –Lago Agrio-, reunión a la cual fueron invitados asambleístas y autoridades provinciales, y a la que solo asistieron el asambleísta del MPD, Linder Altafuya, y el alcalde del cantón Putumayo, Segundo Londoño.

En esta Asamblea de los pueblos de frontera, los campesinos participantes denunciaron que los gobiernos de sus respectivos países nunca han atendido los requerimientos y necesidades de los pueblos. En el caso colombiano respondieron aplicando el Plan Colombia y fumigando con productos químicos que enferman a sus habitantes, matan plantas y animales.

Se denunció que el ejército colombiano asesinó a campesinos ecuatorianos, como la señora Blanca Vega y su hijo Héctor Monar, hecho acontecido el 15 de octubre del 2006. También se informó que elementos del ejército ecuatoriano, presentes en la zona, producto de las decisiones del gobierno actual, asesinaron a los campesinos colombianos y ecuatorianos Orlando Tapia, Sabino Pérez y Francis Tamayo el 28 enero del 2010, sin que en ningún caso haya alcanzado los esclarecimientos respectivos y peor las sanciones a los responsables. Además, se acusó al ejercito ecuatoriano de una serie de atropellos a los derechos humanos y de impedir la circulación de víveres e insumos agrícolas que se requieren para trabajar y vivir, así como se señaló al Gral. Hugo Villegas de haber presentado una lista de 430 personas, a quienes se les vincula con el narcotráfico, el contrabando y apoyo a la insurgencia colombiana, listado que se lo hizo llegar al INDA para que se proceda a no legalizar las tierras donde se encuentran asentados desde hace mucho tiempo y å que se los desaloje, sin que exista ninguna prueba para esta temeraria acusación.

También se dio a conocer al asambleísta que ONG`s calificadas como humanitarias, entre las cuales están ACNUR, OIM, CARE, Cruz Roja, realizan actividades diferentes, por las cuales fueron creadas y que incluso interfieren en las propias instituciones públicas.

Los presentes aprobaron la creación de una organización denominada Asamblea de los Pueblos de Fronatera y propusieron que se conforme la realización de una veeduría, con el propósito de hacer seguimiento de las denuncias entregadas a la Asamblea Nacional y a las instancias gubernamentales, para que lo denunciado no solo quede en palabras, sino se establezcan responsabilidades y se sancione a los culpables de las muertes, así como se les permita a los habitantes de frontera tener libre circulación, como un derecho que consta en la Constitución aprobada en Montecristi.