"Se acabó la fiesta neoliberal y el estado vuelve a supervisar los servicios públicos". Este mensaje difunde el gobierno para describir su nueva política de control de las empresas privatizadas. Los funcionarios afirman que con estas regulaciones se eliminarán los privilegios que permitieron a los concesionarios cobrar elevadas tarifas, invertir poco y transferir enormes ganancias al exterior.
"El regreso del estado" es un slogan oficial que busca distender la irritación popular que existe contra las empresas. Las compañías ni siquiera han respondido al 40% de las demandas que plantearon los usuarios en la última década. Sólo en el año 2002 la Comisión Nacional de Transporte recibió 12.860 reclamos y no resolvió ninguno. Más que "ausencia de controles" ha prevalecido la simple subordinación de los entes reguladores a las privatizadoras. Las empresas diseñaron esos organismos y digitaron a sus directores.
Esta dependencia no desaparecerá con el nuevo marco regulatorio porque las privatizadoras mantienen su gran poder de lobby en todos los niveles del Estado. Por eso lo relevante no es mensurar cuánto intervienen los funcionarios, sino a quién favorecen. Y hasta ahora los ministros renegocian los contratos siguiendo un criterio de "caso por caso", que se amolda a las necesidades de cada compañía. Actúan con el mandato de plenos poderes que les transfirió el Parlamento, no consultan a la población y discuten con los embajadores que tienen los concesionarios en las representaciones de España o Francia.
Mientras analiza los 61 contratos en juego, el gobierno rinde examen frente a la comisión de arbitraje del Banco Mundial que maneja las multimillonarias demandas formuladas por las privatizadoras. Los ministros también aceptan "corregir el atraso de las tarifas" sin tomar en cuenta las cuantiosas ganancias de las firmas. Basta observar los balances de las empresas de gas, electricidad o telefonía para comprobar cuán elevado es ese nivel de rentabilidad.
El gobierno ya autorizó el incremento de tarifas en varios sectores (gas, GNC) afectando por ahora más a los fabricantes o comerciantes que a las familias. Pero tarde o temprano el ajuste llegará a toda la población, porque los aumentos generalizados podrían empujar el índice anual de inflación hacia los dos dígitos.
Lavagna pretende disimular estas agresiones al bolsillo popular subsidiando a quienes no puedan pagar los servicios con los recursos de un "fondo solidario". Pero como estos fondos surgirán de una subvención estatal y del propio aumento de tarifas, el auxilio les permitirá a las empresas eludir la morosidad de los más pobres con el aporte de todos los usuarios. La clase media y las finanzas públicas solventarán los servicios de los indigentes para asegurar los beneficios de las empresas.
La renegociación de los contratos es sin embargo muy conflictiva porque los años 90 ya quedaron atrás. Ahora el gobierno necesita disfrazar las concesiones, conciliar disputas millonarias y arbitrar las pujas de poder (Lavagna versus De Vido), en el cuadro de ahorro fiscal que impone el FMI.
El "retorno del estado" a los servicios públicos se inicia con un perdón de todos los incumplimientos de las privatizadoras. Aguas Argentinas quedó eximida de multas impagas a pesar de su récord de irregularidades [1]. Los concesionarios de peaje recibirán ajustes escalonados del 40% en tres años por su esforzada labor de instalar casillas de cobro. Los transportistas de cargas ferroviarias quedarán exentos de pagar el canon adeudado [2].
Siguiendo el modelo del primer convenio revisado (concesiones viales) el Estado tiende a asumir el costo y riesgo de muchas inversiones, mientras delega la cobranza a las compañías. Las grandes obras paralizadas se realizarán con subsidios oficiales (electricidad) o con la recaudación futura (aguas, caminos), mientras que los compromisos de inversión obligatoria se fijan en un bajo porcentual de la facturación (ferrocarril de carga).
Pero lo más escandaloso es la impunidad otorgada a los culpables del "ferrocidio". Quienes loteron activos, remataron talleres y sustrajeron cuatro mil vagones continuarán recibiendo 500 mil pesos de subvención diaria. Kirchner amenazó varias veces con la rescisión de estos contratos y quizás anule alguno. Pero solo inauguró un pintoresco "tren social" que funciona peor que las restantes líneas sabiendo que sin inversiones significativas el colapso ferroviario no tiene solución. Las compañías no piensan aportar dinero en el transporte popular de un país empobrecido y el pago de la deuda externa inhibe la inversión pública. Por el gobierno patea la pelota, apostando a desgastar las protestas de los trabajadores y la indignación de los usuarios.
Es evidente que Kirchner y Lavagna se orientan a emprolijar el modelo privatista. Por eso el Estado solo retomó el manejo de una empresa muy salpicada por la corrupción (espectro radioeléctrico) y de otros dos sectores con perspectivas de ganancias inciertas (Dinar- Lapa y Correo). Además, en ambos casos está prevista la reprivatización si los números le cierran a algún empresario. Con los nuevos pliegos del Correo se intenta remover los obstáculos que trabaron el negocio de una actividad que el Estado administra en cualquier parte del mundo.
El eje de la política oficial se localiza en el petróleo y el gas. Son dos recursos estratégicos, sustentados en rentas naturales y generadores de enormes ganancias. En este terreno Kirchner avaló hasta ahora todas las irregularidades cometidas por las compañías que se endeudaron en divisas para financiar sus escasas inversiones, mientras giraban utilidades al exterior. Además, aprueba la extracción privada del crudo que descubierto previamente por YPF y acepta la abrupta caída de las reservas (de 35 a 16 años de abastecimiento) que ha provocado la baja perforación de nuevos pozos. En el caso del gas esta misma declinación ha sido el efecto de un incremento exportador (1180% entre 1990 y 2003) divorciado del repunte de la producción (solo 36%).
Algunos economistas justifican la continuidad de estas privatizaciones argumentado que favorece los principios de la competencia. Pero solo cuatro compañías (Repsol, Total, Petrobrás, Panamerican) monopolizan la extracción, el transporte y la distribución del petróleo y el gas. Y los precios se establecen a través de periódicas negociaciones con el estado en un marco de espeluznante ausencia de información. Los únicos datos existentes provienen de las declaraciones juradas no auditadas que presentan las empresas.
Pero, además, el precio del combustible no está relacionado con los costos locales sino con la cotización internacional del crudo. El gobierno se alegra porque en estas conversaciones estableció un techo de 30 dólares, cuándo en el país la extracción de petróleo no cuesta más de 4 o 6 dólares. Y lo peor es que las empresas tienden a encarecer sus productos cuándo trepa la cotización mundial sin abaratarlo cuándo ese precio declina [3].
Lo ocurrido durante la crisis energética del primer semestre ilustra cómo las empresas petroleras chantajean a un gobierno que concede. En abril se anunciaban grandes cortes que en julio se desvanecieron porque entre tanto Kirchner aceptó aumentar el precio del gas en boca de pozo. Bastó una fuerte extorsión para que el presidente otorgara el incremento que reclamaban las firmas (35% al 50% en el plazo de 15 meses). Una vez logrado el compromiso de cobrar el precio internacional en el 2006, las empresas normalizaron la oferta de combustible. Pero esta ofrenda no ha sido una excepción por parte de un presidente que mantiene una estrecha relación con los petroleros, desde que en 1992 facilitó en el Congreso la privatización de YPF.
Es una ilusión suponer que el aumento del gas no será transferido a los usuarios. El plan de "premios y castigos" ya anticipa un incremento generalizado de las tarifas. En el caso del gas esta suba fue legitimada en una audiencia pública bien menemista, porque el incremento ya estaba oficializado antes de la consulta. Este tipo de conducta se perfila en un gobierno que aplica el código penal a los piqueteros que manifiestan frente YPF, mientras premia a los petroleros que según el propio Kirchner "no invierten, ni exploran".
La crisis energética que montaron las compañías fue integralmente financiada por el Tesoro, con dos mil millones de pesos inicialmente destinados al Anses. Ese dinero fue en parte utilizado para pagar la importación del fuel-oil de Venezuela que algunos kirchneristas festejaron como un hito latinoamericanista. Pero aquí olvidaron que la adquisición fue solventada con fondos públicos y a un costo cuatro veces superior al gas argentino.
También el combustible importado desde Bolivia duplica el precio local, pero el gobierno se propone aumentar la escala de estas compras, porque aquí participan dos peces gordos: YPF-Repsol que maneja la producción del Altiplano y Technit que seguramente construirá el gasoducto para transportar ese combustible. Kirchner intervino activamente en apoyo al referéndum que diseñó el presidente Mesa para avalar estas exportaciones. Aunque aquí el Parlamento también aportó lo suyo, al votar un subsidio oficial de 300 millones de pesos para la construcción del gasoducto. En este caso la división neoliberal del trabajo ha funcionado a pleno: el Tesoro financia las inversiones y los privados gestionan el negocio.
El gobierno ha introducido una regulación mayor del precio del combustible a través de los impuestos a la exportación (retenciones) que son objetados por las compañías. Pero este control coexiste con la preservación del inédito privilegio que gozan estas empresas para liquidar en el exterior el 70% de las divisas surgidas de la venta de crudo.
Las retenciones fueron últimamente elevadas por encima del 20%. Pero esta suba solo compensó la reducción al 5% que anteriormente había dispuesto Lavagna (entre ambas medidas la cotización internacional del crudo se duplicó). Las retenciones se ubican actualmente en la mitad del promedio histórico de este impuesto.
El gobierno ha instaurado recientemente un sistema móvil de estos gravámenes (suben o bajan en proporción a la cotización mundial), que les preserva la renta a los petroleros, incrementando simultáneamente el superávit fiscal destinado a pagar la deuda. Si el propósito oficial fuera controlar el precio local del combustible -y no para satisfacer a los acreedores- se podría regular la cotización sin recurrir al mecanismo indirecto de las retenciones.
Pero a falta de hechos Kirchner necesita símbolos y por eso fue creada Enarsa con el entusiasta apoyo de quienes primero aplauden y luego reflexionan. Es evidente que la compañía no reeditará a YPF, ni recreará una empresa testigo porque carece de facultades reguladoras. Lo que se ha gestado es una oficina con 25 personas que se auto-promociona como socias de empresas reales (Pemex, Pdvsa). Por eso actuará como una Pyme entre gigantes o como una unidad de contrataciones externas.
El sospechoso manejo de una compañía -que sin capital ni recursos quedaba eximida de auditorias oficiales para manejar la explotación de la plataforma submarina- condujo a cambios legislativos de último momento. Pero aunque estas modificaciones amplíen los controles oficiales y la participación estatal en el paquete accionario, Enarsa continuará convalidando el modelo energético privatista porque las áreas concesionadas no se recuperan. Lo esencial es esta liquidación del patrimonio público y no la forma espúrea o intachable que asuman los futuros negocios de exploración.
Algunos analistas presentan a Enarsa como un instrumento indefinido, cuyo destino se mantiene abierto ante la ausencia de una clara política energética. Por eso se afirman que el ente podría apuntalar la reconstrucción de una fuerte petrolera estatal o por el contrario, podría favorecer los beneficios de los actuales oligopolios. Pero este supuesto de neutralidad es pura fantasía. Las incógnitas solo giran en torno al futuro manejo de la plataforma submarina. La continuidad de la usurpación privatizadora de los pozos explotados en el territorio no es puesta en duda y por eso las concesiones seguirán en manos de las compañías. Enarsa legitima esta confiscación y además cuenta en su directorio con varios lobbystas de estas empresas y de sus socios bursátiles.
¿Existen alternativas frente al privatismo maquillado que impulsa el gobierno? Los funcionarios eluden cualquier discusión sobre estas opciones y en los hechos preservan lo esencial del modelo que tanto objetan. Lo ocurrido durante la crisis energética es muy ilustrativo, porque se podría haber garantizado el abastecimiento sin otorgar ninguna concesión a las empresas.
Pero el rumbo elegido tendrá graves consecuencias para la mayoría. El invierno ha concluido sin la aprobación de una garrafa social para los 15 millones de argentinos que carecen de provisión directa y soportaron desde la devaluación un encarecimiento del 140% del gas licuado. El gobierno apenas consiguió negociar un precio de 18 pesos en pocos puntos de venta, para una garrafa que se podría comercializar a 5 pesos [4]. En realidad todas las tarifas de gas podrían reducirse drásticamente si fueran adaptadas a los costos locales y si el Estado asegurara el servicio, suspendiendo las exportaciones frente a la eventual insuficiencia del abastecimiento.
Un proyecto energético sustentable en el mediano plazo requiere recuperar la propiedad estatal. Los argumentos a favor de la reestatización han sido expuestos por los propios funcionarios que justificaron la rescisión de algunas concesiones (Thales Spectrum, Correo). Los incumplimientos observados en estos casos se verifican especialmente en todas las privatizaciones de los hidrocarburos (falta de inversión, explotación de áreas no permitidas, desvío no autorizado del combustible hacia las exportaciones).
Algunos economistas estiman que basta con recapturar la renta petrolera a través de impuestos para alcanzar los mismos objetivos de una reestatización. Pero olvidan que no es indiferente quien maneja efectivamente las empresas y quien controla los datos requeridos para discriminar la renta de la ganancia.
La reestatización no implicaría ningún gasto de indemnizaciones, porque los concesionarios han violado los contratos y a ellos les corresponde reparar los incumplimientos. Obviamente el tribunal del Banco Mundial no aceptaría este criterio, pero los derechos legítimos del país no pueden dirimirse en los juzgados que digitan las empresas. Bastaría con generar una "Conadep de la energía" para demostrar la magnitud de los ilícitos perpetrados por las privatizadoras.
La reestatización del complejo energético es una necesidad estratégica para financiar la exploración y adaptar el ritmo de extracción al mantenimiento de las reservas. No alcanza con recuperar la "acción de oro de YPF". El petróleo no es un sector más. Es un recurso particularmente apetecido por el imperialismo (invasión a Irak) que define un costo general de la producción.
La reestatización no implicaría resucitar el viejo esquema de manejo burocrático de las empresas públicas. Un nuevo modelo de gestión democrática compartida entre funcionarios, trabajadores y usuarios podría ensayarse mientras se reunifica la actividad, superando la fragmentación privatista. Esta articulación sería vital para distribuir racionalmente las inversiones e impedir el desguace de los sectores que permanecen bajo la órbita estatal.
Recuperando la propiedad estatal de la energía se podrían reunir los fondos necesarios para reconstruir otros servicios públicos devastados. Las rentas excedentes de un sector podrían canalizarse hacia actividades más deteriorada (por ejemplo los ferrocarriles) [5]. Esta reorientación es también necesaria para evitar el tipo de tragedias que se han producido en Rio Trubio y que no derivan solo de la desinversión, sino también de la complicidad de los gobiernos provinciales con las privatizadoras.
Pero construir gasoductos, explorar el petróleo, ampliar el abastecimiento hidroeléctrico o concluir el plan de centrales atómicas exige un manejo soberano del presupuesto. Por eso el futuro energético está muy entrelazado con la resistencia al ajuste permanente que impone el FMI.
El carácter conjunto de esta lucha es percibido por muchos sectores de la población, que identifican a YPF-Repsol con el nefasto proceso de empobrecimiento que ha vivido la Argentina. Por eso la demanda de trabajo genuino y de aumentos salariales confluye con la crítica a la depredación energética. Reconstruir el empleo y reconquistar el petróleo son dos caras de un mismo proyecto popular.
[1] La compañía violó desde 1993 todos sus compromisos de inversión (de 390 millones de dólares solo aportó 550 millones), elevó las tarifas en un 88% y obtuvo una rentabilidad anual del 23% frente al exiguo 8% que consigue en Francia
[2] Además podrán incrementar los fletes en 130% lucrando con la extensión de la concesión hasta el 2034
[3] Desde que comenzó la actual escala alcista internacional la negociación con las compañías se ha vuelto permanente y puede derivar en nefastas consecuencias para un país de exportación frágil como es Argentina. La cotización mundial osciló entre 15 y 25 dólares durante la década pasada, alcanzó los 30 dólares en el 2000 y ahora bordeó el pico de 50 dólares. Este repunte obedece a causas coyunturales (fracaso imperialista en Irak, conflicto en Rusia entre el gobierno y las compañías, coberturas especulativas frente a la devaluación del dólar, maniobras de los bancos para reciclar ganancias multimillonarias, inestabilidad en Arabia Saudita). Pero algunos analistas también destacan ciertas motivaciones estructurales. La demanda de ciertos países como China aumenta explosivamente, las inversiones en perforaciones y refinación fueron muy bajas en los últimos años y la creciente eficiencia en el uso de la energía se ha estancado. Si bien el precio actual se ubica aún en la mitad del récord de la última gran crisis (73 dólares a precios constantes en 1981) no puede descartarse la reiteración de un nuevo shock frente al cual el país se encuentra desamparado
[4] Esta cotización surge de un cálculo realizado por la Federación de Trabajadores de Energía (Fetera) a partir del costo de producción del gas en el proceso integrado de generación del combustible. Pero la iniciativa duerme en los laberintos del Parlamento porque quienes votan de la noche a la mañana las leyes que exige el FMI se resisten a recortar la ganancia de las empresas
[5] Resulta engañoso evaluar al sector ferroviario en términos de "déficit". Ciertas estimaciones del beneficio social que aportaron los trenes por ejemplo indican que en 1983 lo que se computaba como una pérdida de 300 millones de pesos representaba en realidad un beneficio de 600 millones
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