En la protocolización de la constitución de la sociedad concurrieron como socios iniciales -sin perjuicio de la participación de nuevos socios-, la Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público), Ecopetrol, Ecogas, Teleandina Ltda., Audiovisuales, quedando abierto el espacio para la vinculación de todas aquellas entidades oficiales que determine el Gobierno Nacional. [1]
El Documento Conpes 3184 de 2002 consideró la alternativa de privatizar Telecom y eventualmente las empresas Teleasociadas. Pero, inicialmente, buscó “sanear” sus finanzas y hacerla más atractiva a las transnacionales, para posteriormente entregársela, tal como ocurrió con el Banco Cafetero y está por suceder con Granahorrar.
La liquidación de Telecom significó el despido de cerca de 10.000 trabajadores (entre Telecom y las teleasociadas), en momentos en que se registraban altas tasas de desempleo a nivel nacional. A los trabajadores de la nueva empresa se les vinculó, desconociendo todas las conquistas salariales y prestacionales obtenidas por los trabajadores de Telecom en muchos años de luchas sindicales y políticas.
La supresión y liquidación de Telecom y la creación de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., como una sociedad anónima, fue el método escogido por el Gobierno –la primera acción- para implementar la política pública de privatización de la empresa de telecomunicaciones más importante del país.
Apropiación, privatización y desnacionalización
La apropiación. El 26 de agosto de 2005, Telmex, de propiedad de Carlos Slim, suscribió con Telecom (con el aval del Presidente Álvaro Uribe y la Ministra de Telecomunicaciones Martha Pinto De Hart) un extraño documento denominado “Memorando de entendimiento” [2].
Según éste, de materializarse el acuerdo, si en un plazo de treinta y cinco días posteriores a su firma, no existen otras “propuestas” mejores, Telmex adquiriría el 50% más una acción de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y queda con la posibilidad de adquirir el 100% de las acciones.
La condición de accionista mayoritario, en la cual quedaría Carlos Slim, dueño de Telmex, le permitiría ejercer el control de la Junta Directiva de la Empresa estatal y de sus trece teleasociadas, dejando al Estado colombiano en condición de socio minoritario. Se perdería de esta manera el control de la empresa de telecomunicaciones más importante del país, por su experiencia acumulada, cobertura, infraestructura, tecnología y por la diversificación de sus servicios.
La privatización y la desnacionalización: La Ley 142 de 1994, que regula los Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia, establece en su artículo 14.7, que “Empresa de servicios públicos privada es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares”. En consecuencia, Telecom dejaría de ser oficial (100% estatal), se transformaría en una empresa privada, abriéndose el paso a la conformación de un oligopolio privado transnacional, interesado en elevar de inmediato y en perjuicio de los usuarios, el precio de las tarifas del servicio público domiciliario de las telecomunicaciones. No son casuales, por tanto, que en sus primera declaraciones Carlos Slim precisara que las tarifas existentes en Colombia, son de las más bajas del mundo, muy por debajo de las latinoamericanas, de las europeas y que únicamente es posible encontrar tarifas más bajas en China e India [3].
El economista y analista Eduardo Sarmiento Palacio, al aludir a este "negocio", manifestó que están tratando de configurar un marco institucional adverso a las empresas nacionales.
«Los hechos revelan más bien -dice Eduardo Sarmiento-, que el sector de las comunicaciones se ha visto abocado a un proceso de desregulación mediante sustitución del monopolio público por múltiples oligopolios privados y mixtos, el fraccionamiento de las empresas y ahora la eliminación del cargo a la infraestructura de redes y satélites. Por este camino de las equivocaciones, los gobernantes, más que la globalización, configuraron un marco institucional adverso para las empresas nacionales, que tarde o temprano, terminan en la quiebra o en la venta por debajo del valor histórico [4].
El regalo
Según lo acordado, la adquisición se hará por debajo del costo de oportunidad, por la cuantía de 350 millones de dólares, 260 millones de dólares, para inversiones en infraestructura y banda ancha (internet) y 90 millones de dólares, representados en Telmex Colombia, filial colombiana de Telmex, empresa que registró en el año 2004 pérdidas por la suma de 7.736 millones de dólares.
El pasivo pensional sigue siendo responsabilidad exclusiva de la empresa Telecom en liquidación y no de la nueva surgida del acuerdo. La nueva empresa hará aportes a la vieja (por concepto de explotación de su infraestructura) con destino al pago del pasivo pensional en quince años y cuando finalice esos pagos, será la dueña de la infraestructura.
El tres por ciento de los ingresos de la nueva sociedad serán a favor de Telmex, como pago “por la gestión, administración y transferencia de conocimiento” [5]. Telmex decide las inversiones necesarias para mantener la actualización tecnológica del negocio y ofrecerá la rentable y en ascenso telefonía móvil, hasta la fecha prohibida a Telecom., y su heredera Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
La simulación del gobierno
Hay que enfatizar que este proceso ha sido rodeado de simulación como el de “alianza estratégica” y “fusión” y de mentiras como “se está protegiendo el patrimonio público colombiano” y “no hay privatización”. Es evidente que se trata de algo totalmente distinto.
Con el “Memorando de entendimiento” y su contenido aquí analizado, queda en evidencia, la segunda fase de la política pública de privatización de Telecom, iniciada hace dos años por parte del actual Gobierno.
La respuesta nacional
Además de las observaciones críticas realizadas por múltiples dirigentes políticos y sociales, es de resaltar las efectuadas por el Contralor General de la República Antonio Hernández Gamarra, quien fue enfático en señalar la oscuridad en el procedimiento y el perjuicio al patrimonio público contenido en el “Memorando de entendimiento”.
El martes 30 de agosto, este funcionario “criticó fuertemente el preacuerdo, asegurando que el proceso no ha sido transparente, que la valoración de Telmex por 90 millones fue inflada en 51 millones de dólares, mientras que la de Telecom se depreció en 163 millones de dólares” [6].
Ante estas observaciones, la Junta Directiva de Telecom, “determinó la suspensión de la firma del memorando de entendimiento con Telmex, hasta que el Contralor General de la República, se pronuncie” [7] . Habrá que esperar qué pesa más, si la sensatez del Contralor y la oposición nacional a este “negocio”, o las presiones de la banca multilateral que desde hace años exigen una desregulación del sector.
13-09-05
Los artículos de esta autora o autor
Autores: diplomáticos, economistas, geógrafos, historiadores, periodistas, militares, filósofos, sociólogos… 
